POLITICA
Milei: lo que logró y lo que perdió

Su principal aliado internacional, Donal Trump, tiene un ala herida. Y su otro cercano amigo en el mundo, Benjamin Netanyahu, que constituyen con el presidente norteamericano el dueto casi exclusivo de la política exterior de Javier Milei, se enojó con Trump porque a este se le ocurrió poner fin a la guerra con el Irán temible de los ayatollahs sin consultarlo y, para peor, en condiciones casi perdidosas. Tales peripecias las está viviendo el presidente argentino en días en los que también debe observar cómo su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deambula hacia ninguna parte.
Le están arruinando la fiesta que merece la importante caída del riesgo país, una condición indispensable para que la Argentina y las empresas accedan a los mercados financieros internacionales. Es decir, al crédito, que tiene mucho más volumen fuera que dentro del país. Durante el mayor período de tiempo de la administración Milei el riesgo país osciló entre los 550 puntos básicos y los 600. Esos números significaban que tanto el Estado argentino como las empresas debían tomar créditos en el exterior con tasas de interés muy altas. No los tomaban, porque era lo mismo que si los mercados financieros les hubieran cerrado las puertas al país y al capital privado.
Es cierto que el riesgo país se desplomó desde el acceso de Milei a la presidencia en 2023, cuando heredó 1290 puntos hasta los 426 que el banco JP Morgan registró ayer. El índice del JP Morgan es la medición más popular del riesgo que se corre cuando se invierte en un país. Y el riesgo país es la sobretasa que se debe pagar por encima de la tasas de interés que establece para sus bonos la Reserva Federal de los Estados Unidos, bonos que son considerados los más seguros del mundo.
Sin embargo, era extraño que el gobierno de Milei, que había logrado eliminar el déficit fiscal y buscó (aunque no siempre lo logró) ser el alumno más disciplinado del Fondo Monetario, no pudiera bajar el riesgo país de los 550 o 600 puntos básicos. Brokers de Wall Street y directivos de empresas internacionales explicaron siempre que los problemas de la Argentina, aun en la era Milei, son el excesivo endeudamiento en dólares del país, las escasas reservas internacionales y la crispación política constante de la política vernácula.
La confrontación perpetua en épocas del mileísmo tiene el mismo autor que la conquista de haber logrado el superávit fiscal o la caída de la inflación: el Presidente. No obstante, los estrategas de la política oficial y el propio carácter del jefe del Estado no percibieron nunca que el desprecio a las instituciones y al respeto político y humano podían afectarlos.
La novedad consiste, entonces, en que ese índice se acerca ahora a los 400 puntos. Es el menor nivel desde abril de 2018, cuando bajó a 419 puntos y aún gobernaba Mauricio Macri, si bien el índice más bajo del gobierno macrista se registró en octubre de 2017, cuando el nivel fue de 342 puntos. Hace ocho años entonces, si tomamos el índice de 2018, que la Argentina no ronda los 400 puntos básicos de riesgo país.
“Es una buena noticia, aunque no lo suficiente como para ir a festejar al Obelisco”, ironiza el economista Enrique Szewach. Su razonamiento se respalda en que el acuerdo de Trump con Irán construyó una economía más previsible en el mundo y que, por lo tanto, cayó el riesgo país de todos los países de América Latina, sean de izquierda o de derecha. Con todo, la Argentina solo está cerca del de Ecuador, que ayer tenía 378 puntos básicos de riesgo país. El Brasil del izquierdista Lula da Silva, según las categorías políticas de Milei, registró ayer 175 puntos de riesgo país, mientras el Uruguay de otro presidente izquierdista, Yamandú Orsi, fluctuaba apenas entre los 50 y los 70 puntos básicos. Perú, que vive la mayor inestabilidad política de la región y que ahora tiene en vilo a la propia presidencia de la Nación, alcanzó los 134 puntos. El México de otra izquierdista, Claudia Sheinbaum, el riesgo país se estableció en 204 puntos. Chile, donde gobierna un hombre de derecha, José Antonio Kast, tocó ayer los 87 puntos básicos de riesgo país. Nada.
No obstante, sería necio negarle a Milei que logró el nivel más bajo de riesgo país en casi una década. Pero, ¿es ese su mayor trofeo económico? Es más justo detenerse en la inflación, que podría estar este mes por debajo de los 2 puntos. Es una inflación alta según los estándares del mundo serio, pero Alberto Fernández le dejó una inflación de 211 por ciento anual; esto es: alrededor del 18 por ciento mensual. La inflación acumulada en los cuatro años del presidente peronista fue del 1020 por ciento. Desde Roberto Lavagna, que en tres años y medio dejó una inflación acumulada de apenas el 40 por ciento, el país nunca volvió a tener números tan bajos del aumento de los precios. De hecho, cuando Lavagna abandonó el Ministerio de Economía, el aspirante a púgil Guillermo Moreno intervino el Indec para que no se conociera el número real de la inflación. Pero la sociedad prefiere medir la inflación según los precios de las cosas en las góndolas de los supermercados, no en los informes del Indec. Nunca nadie le creyó ciegamente.
Milei no puede ofrecer todavía la inflación de cero por ciento de Domingo Cavallo, como fue la de febrero de 1995, pero al menos bajó casi nueve puntos la que le dejó Alberto Fernández. La pregunta que el presidente argentino se debe estar haciendo es hasta cuándo durara su primavera política. El destino de su nuevo mejor amigo, Trump, es incierto. Acaba de anunciar un acuerdo con Irán, después de una guerra que el propio líder norteamericano descerrajó inútilmente. Casi la unanimidad de los diarios del exterior concluyó que Trump perdió esa guerra, aunque en los ataques de los primeros días haya muerto el entonces líder supremo de la nación persa, Ali Khamenei.
El presidente de los Estados Unidos comenzó anunciando que bombardearía Irán hasta derrocar al gobierno de los ayatollahs, pero estos se han fortalecido por el ataque externo y porque han aprovechado el momento para aumentar la crueldad con que tratan a la disidencia de ese país. El pretexto de la necesaria cohesión nacional solo ha provocado un mayor sufrimiento para un sector enorme de la sociedad iraní. La segunda promesa de Trump consistió en que dejaría sin arsenal nuclear a los ayatollahs. Aunque les asestó una destrucción importante a los armamentos de las Fuerzas Armadas de Teherán (sobre todo los de la Armada y de la Fuerza Aérea), lo cierto es que el régimen teocrático retiene 450 kilos de uranio enriquecido por encima del 60 por ciento. Nadie sabe dónde esconde esa cantidad de uranio, según precisaron los principales diarios del exterior. El enriquecimiento de uranio al 90 por ciento permite ya la fabricación de una bomba atómica, que el mundo prefiere que los ayatollahs no la tengan.
Según el siempre verbalmente desmesurado Trump, él habría conseguido que los iraníes no avancen aún más con el enriquecimiento de uranio. Nada nuevo: Barack Obama ya había logrado ese compromiso en 2015 si romper ningún bazar. Irán, cuyo jerarquía está integrada por criminales que ordenaron dos ataques fulminantes en la Argentina, los que volaron la embajada de Israel y la sede de la AMIA, logró, a pesar de todo, el control del estratégico estrecho de Ormuz. El bloqueo iraní de esa vía naval, por la que se transporta gran parte del petróleo de los países árabes, desestabilizó la economía mundial. ¿Nadie imaginó en Washington que Irán estaba en condiciones de cometer semejante daño? ¿Creyeron acaso que se trataría de un paseo por Teherán, como lo fue el paseo por Caracas para detener y extraditar al déspota venezolano Nicolás Maduro? Se equivocaron, del principio al final.
En ese mundo raro y cambiante se están peleando Trump y Netanyahu. Milei consideraba a esos dos líderes, a la primera ministra italiana Giorgia Meloni y a él mismo como un cuarteto indestructible, según les contaba a varios interlocutores hasta no hace mucho tiempo. Trump destrató también a Meloni, porque esta se puso del lado del papa León XIV en la disidencia del Pontífice con el presidente de los Estados Unidos. Ponerse al lado del Papa es lo que debe hacer todo jefe de gobierno italiano si no quiere morir en el intento mientras prueba otra cosa. “Cobarde”, le dijo Trump a Meloni sin respetar la investidura de la jefa del gobierno de un país que no es el suyo. Meloni había calificado de “inaceptable” el mal trato de Trump al Papa y se negó a involucrar directamente a Italia en la guerra contra Irán.
Milei no puede volcarse hacia ningún lado porque su país no tiene el poder necesario ni siquiera para intentar una mediación. El fracaso de Trump puede medirse fácilmente: es, a estas alturas de su segundo mandato, más impopular que todos su predecesores anteriores. Una derrota en las elecciones legislativas de noviembre próximo, que son las de mitad de mandato, es previsible; así lo indican, al menos, las encuestas de ahora. Un Trump derrotado sería un aliado mucho más débil para Milei, justo un año antes de que este se juegue la reelección. Es difícil que en 2027 haya un nuevo cheque del poderoso secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, para financiar una victoria del amigo argentino. El propio Milei podría ser más importante que Bessent y ayudar a su suerte solo con un poco de sosiego político.
Joaquín Morales Solá,Javier Milei,Manuel Adorni,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas: caso Adorni y movimientos en la oposición,,Mercados. El riesgo país abandonó su tendencia bajista, pero se mantuvo en valores mínimos en ocho años,,Reaparición. Pablo Moyano insultó a Adorni, presionó a la CGT y envió un duro mensaje a la interna peronista
POLITICA
Salud mental: senadores del PJ díscolo firmaron un dictamen de minoría y permiten que el tema llegue al recinto

La falta de un par de firmas en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado impidió, el jueves pasado, acelerar una nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). La ayuda llegó esta tarde, tras la presentación de un texto —ahora, dictamen de minoría— de parte de tres ex kirchneristas y, con ello, La Libertad Avanza se quedó con el despacho de mayoría -por sumatoria de voluntades- y la posibilidad de llevar al tema a una potencial sesión de cara a la próxima semana.
A pesar de la buena noticia para los libertarios, la disidencia de varios dialoguistas representa una eventual traba a la hora de contar votos, por lo que nadie asegura un acuerdo cerrado al ciento por ciento. Las firmas que permitieron generar la orden del día -y, por ende, los dos dictámenes- fueron los reflotados justicialistas de Convicción Federal Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). El primero fue uno de los que advirtió sobre los recursos que implicaría una nueva ley. Algunos aliados comparten la preocupación.
En concreto, el texto de oficialismo y dialoguistas plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento. Para el primer punto, Convicción Federal casi que equipara las profesiones, ya que se requiere al menos uno de ellos para actuar, algo considerado en varios despachos como un “delirio”. Andrada se recibió de cirujano.
Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -ahora, con luz verde para el recinto- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata. Lo que también reclama Convicción Federal, que pasó de cuestionar el fallo que mandó a prisión a Cristina Kirchner -como planteó Moisés, en 2025- a enfrentarse con sus ex compañeros vía redes sociales.
En cuanto a familiares, la iniciativa limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.
En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.
Deudores alimentarios morosos
Más temprano, un plenario de las comisiones de Legislación General y de Población de la Cámara alta buscó congeniar, sin éxito, dos proyectos relacionados con la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos. Ante diferencias entre los articulados del peronista Pablo Bensusán (La Pampa) y la filo radical Edith Terenzi (Chubut), se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, con el fin de llegar a un documento consensuado.
POLITICA
Senado: consiguió dictamen el proyecto y los cambios a la ley de salud mental quedaron un paso más cerca del recinto

Tras una semana de incertidumbre, el oficialismo consiguió este miércoles emitir dictamen de comisión del proyecto de reforma de la ley de salud mental y dejó, así, a la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo en condiciones de ser tratada en la próxima sesión de la Cámara alta.
La clave para destrabar el camino del proyecto hacia el recinto del Senado fue la presentación de un dictamen de minoría, impulsado por un grupo de peronistas escindidos del bloque kirchnerista. Con estas firmas se alcanzó el pronunciamiento de más de la mitad de los miembros de las comisiones de Salud y de Legislación General.
La presentación oficializada esta tarde favoreció al oficialismo, que podrá así llevar al recinto el despacho de mayoría que había acordado con sectores de la oposición dialoguista. No obstante, la bancada que preside Patricia Bullrich (Capital) todavía no tiene asegurados los votos para imponer su postura.
La propuesta oficialista fue anunciada el martes de la semana pasada en una conferencia de prensa en la que Bullrich (Capital) estuvo escoltada por sus compañeras de bloque Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), presidentas de las comisiones de Salud y de Legislación General, respectivamente.
A pesar de que Bullrich sostuvo en aquella reunión que el texto había sido consensuado con varios bloques de la oposición −llegó incluso a hablar de apoyos peronistas−, lo cierto es que el jueves último el texto no reunió la mayoría requerida y, por lo tanto, las comisiones de Salud y de Legislación General no pudieron emitir dictamen.
Esa mayoría de pronunciamientos se alcanzó este miércoles con el despacho de minoría impulsado por los peronistas Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), integrantes del bloque Convicción Federal.
El texto de mayoría contempla varias modificaciones, entre los que se destaca la eliminación de la posibilidad de volver a crear instituciones especializadas para la internación de casos psiquiátricos, medida que proponía el texto remitido por la Casa Rosada al Senado el 20 de abril último.
La iniciativa también extiende la cobertura de la ley a todas las adicciones, ya no sólo a las vinculadas con el consumo de estupefacientes, y permite las internaciones involuntarias cuando el paciente no esté en condiciones de tomar esa decisión, aunque deberán ser confirmadas por un equipo interdisciplinario dentro de un plazo perentorio.
A pedido de senadores de diferentes bloques y de varios ministros provinciales que participan del Consejo Federal de Salud (Cofesa), el texto mantuvo la prohibición de los manicomios establecida por la ley de Salud Mental sancionada en 2010.
Uno de los puntos más destacados del dictamen de mayoría es la flexibilización de la exigencia psiquiátrica y la inclusión de un diagnóstico interdisciplinario como proceso obligatorio para la internación de personas con trastornos mentales o adicciones.
En ese sentido, la evaluación para una internación podrá ser realizada por un médico psiquiatra o por un profesional con formación en salud mental, junto con un segundo firmante, preferentemente un psicólogo.
Además, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica y se reconoce la firma del psicólogo tanto para la evaluación como para la concesión del alta del paciente.
Como parte de la negociación para alcanzar el consenso, el oficialismo aceptó restituir el financiamiento nacional a las provincias. De acuerdo con el dictamen, el Estado nacional estará obligado a brindar cooperación técnica, económica y financiera a las provincias para la aplicación de la norma.
Para las internaciones de urgencia se fija un plazo de revalidación cuando la medida sea dispuesta por un solo médico ante la existencia de un riesgo grave. En esos casos, la confirmación interdisciplinaria deberá realizarse dentro de las 48 horas.
En este punto radica una de las principales diferencias del dictamen de minoría, en el cual mantiene el proceso de revalidación de la internación en un plazo perentorio de 24 horas.
Otra diferencia radica en la integración del equipo evaluador. Mientras el oficialismo requiere la evaluación de dos profesionales de distintas disciplinas, en el de minoría se establece que al menos uno de los miembros evaluadores debe ser psicólogo o médico psiquiatra.
Los senadores peronistas también difieren en el capítulo referido a financiamiento nacional, en el que incorporan un esquema rígido que garantiza la asistencia técnica, económica y financiera a las provincias. También exige la aprobación de un Plan Nacional de Salud Mental a 5 años con metas cuantificables y obliga al Ministerio de Salud a enviar al Congreso un informe anual detallado sobre la ejecución presupuestaria del sector.
Además, incluye un artículo con acciones dirigidas específicamente a niños y adolescentes, enfocadas en la prevención del suicidio, de adicciones y en el uso responsable de redes sociales. También reconoce el derecho explícito al acompañamiento terapéutico post-internación para la reinserción social y laboral.
Por último, el dictamen de minoría se prohíbe de forma expresa que la falta de vivienda o las problemáticas exclusivamente sociales y de pobreza justifiquen la indicación o prolongación de una internación, responsabilizando al Estado de proveer dispositivos habitacionales y de apoyo.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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Hotesur y Los Sauces: qué cambia con la unificación de las causas y por qué complica a Cristina y Máximo Kirchner

La Cámara de Casación resolvió este martes unificar las causas Hotesur y Los Sauces y ambos expedientes serán juzgados en un mismo juicio que comienza el próximo viernes en los tribunales de Comodoro Py.
Estarán en el banquillo de los acusados 19 personas, entre ellas la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.
La fiscalía les imputa, según el caso, los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, en el marco de un esquema que, según la acusación, permitió canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio familiar a través de sociedades hoteleras e inmobiliarias.
La decisión de Casación va en línea con el pedido del fiscal que aseguró que ambos expedientes se encuentran en condiciones de ser debatidas conjuntamente.
“El desdoblamiento condiciona sin intervención fiscal el alcance con que podrá sostener cada una de sus acusaciones y conlleva el riesgo de valoraciones fragmentadas, pronunciamientos contradictorios y cosa juzgada parcial”, dijo el fiscal Mario Villar cuando apeló. Es decir, la fiscalía puso de manifiesto que separar ambos expedientes podría debilitar la acusación y, por ejemplo, si alguno de los imputados resultara absuelto en una causa, inevitablemente, también quedaría sin delitos en la otra porque la acusación sostiene que se trató de un mismo circuito de desvío de fondos.
Para el fiscal, separar las cusas, genera incluso una contradicción estructural insalvable a los propios jueces porque los obliga a pronunciarse primero en “Los Sauces” sobre plexos probatorios indivisibles y comunes a “Hotesur”. Y eso “condicionaría el segundo fallo a partir de una base probatoria parcial, propiciaría pronunciamientos incompatibles y generaría el peligro concreto de que las defensas opongan excepciones de cosa juzgada”.
Además, que los hechos se analicen de una sola vez permitiría, profundizó Villar, reconstruir con mayor nitidez cómo se utilizaron ambas empresas para desviar fondos.
Tanto la expresidenta como su hijo presentaron un recurso en los últimos días para que las causas sean tratadas por separado y otro para que no tengan que acudir de manera presencial. Este último se encuentra pendiente de resolución.
A quiénes se juzga
De acuerdo con los requerimientos de elevación a juicio, la expresidenta está acusada como jefa de una asociación ilícita y por lavado de activos en el tramo de Los Sauces. A su hijo Máximo se le atribuye el rol de organizador de esa asociación, además del lavado de dinero. En el expediente de Hotesur, en cambio, a ambos se les imputa principalmente el delito de lavado de activos, sin reiterar la asociación ilícita para evitar un doble juzgamiento por el mismo hecho.
Entre los principales imputados también figuran el empresario Lázaro Báez, a quien se le atribuye haber actuado como organizador de la asociación ilícita y por lavado de activos en ambos expedientes, y su hijo Martín Báez. Completan el núcleo más visible Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo, acusados de asociación ilícita y lavado principalmente por los pagos realizados en Los Sauces a través de sociedades como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia.
En Hotesur, la empresa central es Valle Mitre, firma vinculada a Báez que, según la acusación, pagó más de 28 millones de pesos a Hotesur entre 2008 y 2015 por habitaciones y servicios del Alto Calafate y de Las Dunas que, para los fiscales, no se correspondían con un uso real.
También están imputados Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta y su esposo Patricio Pereyra Arandia; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, administrador del entramado; el contador Víctor Manzanares; y el escribano Ricardo Albornoz.
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