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POLITICA

Milei, Lula y la nueva Guerra Fría

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La pelea entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva parece, a primera vista, una disputa bilateral entre dos presidentes que tienen diferencias ideológicas profundas y una relación personal particularmente mala. En realidad, es algo bastante más importante. La crisis entre Argentina y Brasil es uno de los síntomas latinoamericanos de una transformación mucho mayor: el mundo relativamente unipolar que conocimos después de la Guerra Fría terminó y estamos entrando en una nueva etapa de competencia estratégica entre Estados Unidos y China.

No estamos frente a una repetición exacta de la Guerra Fría del siglo XX. No existen dos bloques perfectamente cerrados ni una división ideológica absoluta del planeta. Estados Unidos y China compiten en comercio, tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, infraestructura, energía, defensa y cadenas de suministro, pero sus economías siguen profundamente interconectadas. Al mismo tiempo, potencias como India, Brasil, Turquía y otras buscan preservar márgenes de autonomía. Por eso resulta más preciso hablar de una bipolaridad competitiva, en la que Washington y Beijing son los dos grandes polos de poder, mientras los actores intermedios intentan evitar convertirse en simples piezas de ese enfrentamiento.

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En ese nuevo escenario, América Latina vuelve a adquirir relevancia. No porque Washington pueda tratarla como su patio trasero, como ocurrió en otros momentos de la historia, ni porque Beijing esté construyendo una esfera de influencia tradicional. La región posee alimentos, energía, minerales críticos, mercados, infraestructura estratégica y una posición geográfica excepcional respecto de Estados Unidos. China ya es un actor económico central y Estados Unidos conserva una enorme gravitación financiera, tecnológica, comercial y militar. América Latina es, por lo tanto, otro escenario de la competencia entre las dos grandes potencias.

Argentina decidió tomar posición. Javier Milei entendió algo que durante demasiado tiempo buena parte de la dirigencia argentina se resistió a reconocer: el mundo cambió y la Argentina necesita definir cuál es su espacio estratégico. El acercamiento a Estados Unidos, la alianza con Donald Trump y la decisión de reconstruir una identidad internacional claramente occidental tienen fundamentos que exceden la simpatía personal entre presidentes. Argentina necesita inversiones, tecnología, mercados, cooperación en defensa y seguridad y una relación privilegiada con la principal potencia occidental.

Desde esa perspectiva, el giro de Milei tiene una lógica. El problema aparece cuando una definición estratégica comienza a convertirse en una obligación de acompañar automáticamente cada batalla de Washington. Estados Unidos es un socio estratégico. No es la Argentina.

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Donald Trump tiene intereses estadounidenses que coinciden con los argentinos en numerosos asuntos, pero no necesariamente en todos. Washington quiere contener el avance estratégico de China, proteger sus cadenas de suministro, recuperar influencia en América Latina y evitar que Beijing transforme su enorme presencia económica en influencia política y militar. Argentina quiere crecer, atraer inversiones, exportar y aumentar su poder relativo. Las agendas pueden converger. Pero no son idénticas. Ésta es la diferencia entre alineamiento y subordinación.

Argentina puede ser firmemente occidental sin renunciar a su capacidad de decisión. Puede profundizar su relación con Estados Unidos sin transformar cada disputa estadounidense en una disputa argentina. Puede considerar a China un competidor estratégico de Occidente y, al mismo tiempo, negociar con Beijing cuando eso resulte conveniente para nuestros intereses. La autonomía no significa neutralidad. Significa tener capacidad para tomar decisiones propias. Y esa discusión aparece con particular claridad en Brasil.

Las diferencias de Milei con Lula son reales y, en muchos casos, legítimas. La visión económica del Partido de los Trabajadores es mucho más estatista que la que impulsa el gobierno argentino. La política exterior de Lula privilegia una autonomía frente a Washington que puede entrar en contradicción con determinados intereses occidentales. Su relación con los BRICS y con China merece ser seguida con atención, y sus posiciones frente a Venezuela, Israel y otros conflictos internacionales han generado diferencias profundas y justificadas con Buenos Aires. Pero también sería un error reducir a Lula a la caricatura de un presidente socialista que simplemente quiere acercar Brasil a China y enfrentar a Estados Unidos. Lula es algo bastante más complejo: un dirigente nacionalista y pragmático que entiende que Brasil tiene una escala suficiente para intentar jugar su propio partido.

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Brasil no quiere ser un aliado automático de Washington. Pero tampoco quiere ser un satélite de Beijing. Quiere ser Brasil. Ésa es una característica de su política exterior que atraviesa gobiernos de izquierda, centro y derecha. Itamaraty construyó durante décadas una cultura de autonomía estratégica que busca mantener relaciones simultáneas con las grandes potencias y preservar el mayor margen de maniobra posible.

Incluso si Flávio Bolsonaro llegara a la presidencia, sería ingenuo imaginar que Brasil abandonaría esa tradición para convertirse simplemente en un aliado subordinado de Estados Unidos. Un gobierno brasileño de derecha probablemente sería mucho más próximo ideológicamente a Milei y Trump, pero Brasil seguiría defendiendo sus intereses nacionales. Eso es lo que Argentina debería entender.

Porque el verdadero problema no es que Lula tenga una política exterior diferente a la nuestra. El problema sería que Argentina confundiera su oposición a Lula con una política de confrontación permanente hacia Brasil. La presión de Washington sobre Brasil agrega otra variable a considerar. La administración Trump ha decidido incrementar la presión económica y política sobre el gobierno brasileño. Los aranceles estadounidenses pueden ser explicados desde una lógica comercial, pero resulta imposible ignorar el contexto electoral en el que se producen. Washington tiene un interés evidente en que la derecha brasileña recupere el poder y en limitar la influencia de Lula.

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Pero aquí puede aparecer una paradoja clásica de la política internacional: la presión externa puede fortalecer al gobierno que se pretende debilitar.

Si Lula consigue presentar la disputa con Washington como una cuestión de soberanía brasileña, puede transformar una dificultad económica en una herramienta electoral. Cuanto más aparezca Estados Unidos interviniendo en la política interna de Brasil, más sencillo será para Lula presentarse como defensor de los intereses nacionales frente a una potencia extranjera.

Y hay un dato todavía más incómodo para Washington: el nacionalismo brasileño no pertenece exclusivamente a la izquierda. También atraviesa a la derecha. Por eso Trump puede estar apostando a debilitar a Lula y, al mismo tiempo, ayudándolo a construir el relato político que necesita para resistir.

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Esto no significa que Lula sea una víctima inocente ni que la oposición brasileña carezca de posibilidades. Significa que las grandes potencias también pueden equivocarse al calcular los efectos de su presión sobre actores más pequeños. La elección brasileña, entonces, tiene una importancia que excede ampliamente a Brasil.

Una victoria de Flávio Bolsonaro abriría una oportunidad extraordinaria para Buenos Aires. Podría existir una convergencia mucho mayor en seguridad, defensa, energía, infraestructura y comercio, además de una coordinación más estrecha con Washington. Después de años de distancia ideológica, Argentina podría encontrarse con un gobierno brasileño mucho más próximo.

Pero una victoria de Flávio también podría generar una paradoja para la propia estrategia argentina. Si Brasil volviera a alinearse políticamente con Washington, Argentina podría dejar de tener algo que hoy posee: un valor diferencial como principal socio sudamericano de Estados Unidos. Brasil tiene una escala económica, demográfica, territorial y estratégica muy superior a la argentina. Para Washington, un Brasil alineado con sus intereses tendría un peso que Argentina sencillamente no puede igualar. El éxito del acercamiento argentino a Estados Unidos podría, paradójicamente, fortalecer a un competidor regional mucho más grande por la atención de Washington.

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La victoria de un gobierno brasileño ideológicamente cercano a Milei sería, por lo tanto, una buena noticia para la relación bilateral, pero no necesariamente para la posición relativa de Argentina dentro de la estrategia estadounidense hacia Sudamérica.

Si Lula continúa en el poder, el desafío será diferente: Buenos Aires deberá administrar una relación ideológicamente incómoda con un país con el que comparte comercio, industria, frontera, infraestructura y numerosos intereses concretos. Ninguno de los dos escenarios debería ser una catástrofe.

El escenario realmente peligroso sería otro: que Argentina construya una política exterior que solamente funcione cuando gobiernan nuestros amigos. Eso no es estrategia. Es apostar. Y los Estados no deberían apostar su política exterior.

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Aquí aparece una de las principales restricciones estratégicas de la Argentina: la geografía. Estados Unidos puede ser nuestro principal socio estratégico. China puede ser un mercado indispensable. Europa puede ofrecer inversiones y tecnología. India y Medio Oriente pueden convertirse en mercados cada vez más relevantes. Pero Brasil es nuestro vecino. Y la geografía no se negocia.

Brasil continúa siendo nuestro principal socio comercial y uno de los pilares de la estructura productiva argentina. La relación bilateral no se limita al intercambio de bienes: existe una integración industrial profunda, particularmente en sectores como el automotriz, donde empresas de ambos países forman parte de cadenas de valor que atraviesan las fronteras.

Argentina puede diversificar mercados. No puede diversificar vecinos. Ésa es una diferencia fundamental.

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En un mundo bipolar, además, la relación con los vecinos adquiere todavía más importancia. Una Argentina enfrentada con Brasil pierde capacidad de negociación frente a Estados Unidos y China. Una Argentina capaz de mantener una relación pragmática con Brasil también aumenta su poder relativo. Esto no significa idealizar el Mercosur. Este bloque de integración comercial necesita reformas profundas. Argentina tiene razones para reclamar mayor flexibilidad comercial, acuerdos con terceros mercados y una estrategia de inserción internacional mucho más ambiciosa. El bloque no puede convertirse en una estructura burocrática que impida a sus miembros aprovechar oportunidades globales.

Pero reformar el Mercosur es muy diferente de destruirlo. La integración regional no debería defenderse por nostalgia, sino por interés.

Una Argentina y un Brasil con mayor coordinación económica, energética, industrial y de infraestructura tienen más capacidad de negociación frente a Washington y Beijing que dos países enfrentados y compitiendo por separado. En un mundo de grandes bloques económicos y tecnológicos, cierta escala regional puede convertirse en una fuente de poder.

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La cuestión, entonces, no es si Argentina debe elegir entre Estados Unidos y Brasil. Es una falsa disyuntiva. Argentina puede ser el socio estratégico más cercano de Estados Unidos en América del Sur y, al mismo tiempo, tener una relación pragmática con Brasil. Puede ser firmemente occidental y negociar con China. Puede criticar a Lula y sentarse con él a discutir comercio, energía, seguridad fronteriza e infraestructura. Eso no es contradicción. Es realpolitik.

Las grandes potencias lo hacen permanentemente: Estados Unidos compite con China y, al mismo tiempo, negocia con Beijing; India profundiza su relación con Washington mientras conserva vínculos estratégicos con Rusia; Turquía pertenece a la OTAN y mantiene canales con Moscú. Los Estados no necesitan admirarse para cooperar. Necesitan identificar intereses convergentes. El desafío argentino es precisamente ése: abandonar tanto la vieja tentación de mantenerse al margen de las grandes disputas como la nueva tentación del alineamiento automático.

Argentina no necesita ser neutral entre Washington y Beijing. Tampoco necesita convertirse en una pieza pasiva de la estrategia estadounidense. Necesita aumentar su propio poder. Ésa debería ser la vara con la que se evalúe cada decisión de política exterior. ¿Esta decisión aumenta nuestras exportaciones? ¿Atrae inversiones? ¿Mejora nuestra seguridad? ¿Nos permite acceder a tecnología? ¿Fortalece nuestra capacidad de negociación? ¿Reduce vulnerabilidades estratégicas? ¿Amplía nuestro margen de maniobra? Si la respuesta es afirmativa, hay una estrategia. Si la respuesta es simplemente que “nuestros aliados están contentos”, probablemente no.

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La elección brasileña debería ser leída desde esa perspectiva. Más allá de quién gane en octubre, Argentina tendrá que relacionarse con un Brasil que seguirá siendo una potencia regional y un actor relevante dentro de la competencia entre Washington y Beijing. En ninguno de los dos casos Argentina debería convertir esa relación en una extensión de sus preferencias ideológicas.

Brasil no tiene que ser nuestro aliado porque gobierne la derecha, ni nuestro adversario porque gobierne la izquierda. Tiene que ser nuestro socio porque es Brasil. Ésta debería ser la base de una política exterior pragmática. La relación con Brasil necesita menos épica y más estrategia. Menos personalización y más institucionalidad. Menos discusión sobre quién gobierna en Brasilia y más atención a los intereses permanentes de ambos países.

Eso no significa relativizar nuestras diferencias con Lula ni abandonar el acercamiento estratégico con Estados Unidos. Significa entender que una cosa es definir de qué lado estamos en la competencia global y otra muy distinta decidir cómo nos relacionamos con cada país desde nuestros propios intereses. Argentina puede elegir Occidente. Puede profundizar su alianza con Washington. Puede cuestionar a China cuando corresponda. Puede criticar a Lula y preferir a Bolsonaro. Pero también puede sentarse a negociar con todos ellos cuando los intereses argentinos así lo requieran.

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En definitiva, la Argentina necesita dejar atrás dos tentaciones que históricamente le hicieron daño: la idea de que debemos mantenernos al margen de las grandes disputas internacionales y la idea opuesta de que alinearnos con una potencia implica acompañarla automáticamente en todos sus conflictos.

El mundo que viene no funciona así. En esta nueva bipolaridad competitiva, Estados Unidos y China tendrán cada vez más capacidad para condicionar las decisiones de los países intermedios. Pero precisamente por eso Argentina necesita aumentar, no reducir, su margen de maniobra. Y allí Brasil adquiere una importancia que ninguna coyuntura electoral debería hacernos olvidar. Brasil no es Lula. Tampoco será Bolsonaro. Brasil es una potencia vecina con la que Argentina va a convivir, gobierne quien gobierne.

La política exterior argentina debería ser capaz de distinguir entre una diferencia ideológica coyuntural y un interés estratégico permanente. Podemos cambiar de presidente. Podemos cambiar de gobierno. Podemos incluso cambiar de orientación económica. Lo que no podemos cambiar es la geografía.

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Y en geopolítica, la geografía suele tener más memoria que la política.

Argentina ya eligió Occidente. Esa definición puede ser correcta y, al mismo tiempo, insuficiente. El verdadero desafío consiste ahora en transformar ese alineamiento en poder, inversiones, tecnología, seguridad, mercados y capacidad de negociación. No se trata solamente de elegir un lado. Se trata de tener algo que ofrecer desde ese lado. Porque los presidentes pasan, las elecciones terminan y las ideologías cambian. Los intereses nacionales permanecen.

Y una política exterior verdaderamente estratégica no debería preguntarse primero quién gobierna en Brasilia, Washington o Beijing. Debería preguntarse qué necesita la Argentina de cada uno de esos actores y qué está dispuesta a hacer para conseguirlo.

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Lilia Lemoine: "Me agradaría una fórmula Bullrich-Milei"

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Con un claro mensaje hacia la interna y los desacuerdos en la cúpula del oficialismo, la diputada libertaria Lilia Lemoine sostuvo que le “ilusionaría” una fórmula presidencial encabezada por Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich para las elecciones de 2027. Por otro lado, apuntó contra el “adoctrinamiento” en las universidades tras la Marcha Federal que se realizó en el Congreso, y cuestionó a quienes “querían tirar el DNU 70/23” para “dañar al Gobierno”.

En una entrevista con Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Maia Jastreblansky, Lemoine expresó su respaldo a una oferta electoral Milei-Bullrich para asegurar la continuidad de La Libertad Avanza, a pesar de la tensiones internas por lo movimientos de la exministra de Seguridad. “Me agradaría una formula. A mi me gustaría, me ilusionaría una fórmula así”, dijo.

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Consultada por la movilización de docentes, trabajadores y alumnos universitarios, la legisladora se refirió al episodio que vivió en las inmediaciones de Congreso, que quedó registrado en video. Entre otros puntos, recordó que caminaba con la diputada mendocina Mercedes Llano cuando comenzaron las agresiones verbales. “Estábamos esperando en la esquina. Obviamente, a mí me reconocen. Se acerca una chica y me empieza a insultar”, reconstruyó sobre el incidente que registró con su teléfono.

La diputada diferenció a quienes participaron de manera pacífica de otros grupos que, según afirmó, se acercaron a la zona con una dinámica organizada. “Había una parte pacífica de la marcha”, dijo, antes de cuestionar la presencia que observó en las inmediaciones. “Empezaban a llegar personas de municipalidades, que salieron organizadas de los consejos deliberantes y algunas universidades de la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad vi muy poco estudiante ahí”, planteó.

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Lemoine también mencionó algún hecho puntual donde hubo estudiantes que afrontan presiones políticas dentro de las universidades. Citó un caso en la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, donde aparentemente un docente -según su versión- pidió una foto de asistencia a la marcha para aprobar la materia. “Eso es extorsión a los alumnos. Adoctrinamiento político”, expresó.

Ante la observación de que esos casos no necesariamente describen la totalidad del sistema universitario, Lemoine aseguró que sería atacada si ingresara a una facultad. “A mí me tirarían piedras adentro de la universidad (pública). Te lo apuesto”, agregó. “El asco que me tienen la feministas y la izquierda es tan grande, y son tan violentos y tan cobardes, que cuando están en grupo son extremadamente agresivos”, afirmó.

La diputada consideró que detrás de la movilización y del debate parlamentario había un propósito político contra el Poder Ejecutivo. “Ayer querían tirar el DNU 70/23 no porque estaban preocupados por la educación pública o la soberanía, todo eso es mentira”, dijo, e insistió que el objetivo era desestabilizar al oficialismo. “Querían subir el riesgo país, querían ver si tiraban un muerto, querían ver si podían dañar al gobierno”, enumeró, sin presentar pruebas durante la entrevista.

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El rumbo del Gobierno: “Podría estar mejor”

Por otro lado, Lemoine reconoció dificultades en la situación económica, aunque aseguró que el Gobierno atraviesa una recuperación después de la crisis profunda de 2023. “Podría estar mejor. Estamos saliendo de una crisis muy profunda que podría haber terminado en una hiperinflación”, sostuvo, y consideró que resolver en dos años los efectos de los gobiernos anteriores era imposible. “Es fantasioso si alguien pensó en algún momento que se podían resolver veinte años de populismo y de miseria en dos años”, agregó.

En ese marco, afirmó que la baja de la inflación es un indicador central. “Este es el primer presidente desde la vuelta de la democracia que va a entregar el gobierno con menos inflación de la que tenía cuando empezó”, sostuvo, al destacar la eliminación de restricciones cambiarias. “No hubo plan Bonex, no hubo corralito, se quitó el cepo”, enumeró.

Sobre la actividad comercial y el consumo, planteó que existen problemas derivados del retiro de subsidios y de las políticas aplicadas durante dos décadas. Y también defendió que el cambio de la composición del empleo sea con contrataciones precarias. “Ser monotributista no es algo malo, no es un insulto. Yo soy monotributista, no he tenido problemas con eso”, afirmó. Tras ser consultada por el cierre de empresas, respondió con interrogantes sobre nuevos emprendimientos e inversiones. “¿Y cuántas abrieron y cuántas migraron? ¿Y cuántas inversiones llegan?”, planteó.

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Más allá de las dificultades, Lemoine aseguró que el Gobierno debe mantener su programa económico. “Hay que seguir avanzando en lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo ha dado sus frutos”, afirmó.

En el cierre, pidió apoyo electoral para el mandatario libertario. “Javier Milei es el primer presidente que hace lo que dice que va a hacer. No hay sorpresas. Con este presidente vos tenés previsibilidad, tenés un camino de libertad por delante”, concluyó.

Durante la entrevista, defendió las reacciones del Presidente frente a las críticas de la prensa.

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El gobierno de Trump envía a la Argentina a dos altos funcionarios para avanzar con un ambicioso proyecto de infraestructura

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WASHINGTON.- Luego de la visita de Javier Milei a esta capital, el gobierno de Donald Trump anunció este viernes que dos altos funcionarios del Departamento de Estado viajarán la semana próxima a la Argentina para promover el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una ambiciosa iniciativa de infraestructura con inversión norteamericana sellada entre ambas administraciones el mes pasado.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos y con un rol clave en el vínculo de la administración Trump con la región, llegarán a la Argentina tras un paso previo por Asunción, en Paraguay. La gira será del 19 al 26 de octubre, aunque no se especificó la fecha exacta de su arribo a Buenos Aires.

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en el consulado argentino en Nueva York.Guillermo Idiart

“En Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta de Estados Unidos y la Argentina suscripta durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, señaló en un comunicado difundido esta mañana el Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio.

“El viaje del Landau refleja el compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”, añadió la nota.

El 23 de septiembre pasado, los gobiernos de Milei y Trump anunciaron el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital.

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El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones hacia 2027.

El anuncio se realizó durante el foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino en Nueva York. Landau y el canciller Pablo Quirno encabezaron la presentación en representación de ambos gobiernos, una nueva muestra de la alianza estratégica entre las administraciones de Milei y Trump.

En ese momento se había anticipado que la cooperación tendría una próxima instancia este mes con el viaje de Landau a la Argentina para reunirse con representantes del sector público y privado e impulsar proyectos vinculados con el corredor.

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El canciller Pablo Quirno y del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en el consulado argentino en Nueva York.Guillermo Idiart

El miércoles pasado, en Washington, Quirno se reunió con Segura, con quien repasó la agenda bilateral en distintos ejes, como el acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura, según supo . El funcionario norteamericano también había estado presente en la presentación del acuerdo en Nueva York.

Para Washington, la iniciativa “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y une a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico del país, según señaló el Departamento de Estado. Además, apunta a conectar la matriz productiva argentina con los mercados de Occidente a través de inversión estadounidense.

El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental, que se suma a los de otras regiones. El objetivo es ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas, de los que la Argentina tiene amplios recursos.

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La novedad más concreta figura en el capítulo energético: el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank) presentó al proyecto de Gas Natural licuado Argentina LNG, liderado por YPF, una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$6000 millones.

Los fondos se destinarían a la compra de bienes y servicios estadounidenses para desarrollar la infraestructura y la producción. El crédito todavía no está aprobado: la propuesta es indicativa y no vinculante, y su eventual otorgamiento requiere la aprobación final del directorio de EXIM.

YPF desarrolla el proyecto junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. La primera fase prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de GNL y el inicio de operaciones proyectado para 2031.

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La visita de Landau y Segura se producirá en la previa del viaje del vicepresidente norteamericano, JD Vance, a Buenos Aires en noviembre próximo, en un viaje oficial. Aún restan conocer detalles de la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país que tendrá el número dos de la Casa Blanca.



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La Iglesia le pidió a Villarruel que el Senado trate la ley contra la ludopatía antes de que pierda estado parlamentario y se archive

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La Iglesia volvió a reclamar por la ley de prevención de la ludopatía. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le mandó una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, y a todos los senadores para pedirles que retomen “de manera urgente” el tratamiento del proyecto que regula los juegos de azar y las apuestas online.

La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero está frenada en el Senado. Según la CEPAS, existe “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”. Si eso pasa, el texto se archiva y el debate tiene que empezar de cero.

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“Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”, plantea la carta, en la que los obispos les piden a los legisladores que lleguen a los acuerdos necesarios para que el proyecto se convierta en ley.

En el texto, la Pastoral Social sostiene que la ludopatía dejó de ser una advertencia a futuro y se convirtió en un problema con consecuencias visibles. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias”, señala. También advierte que no hacer nada también es una decisión y que sería “profundamente lamentable”.

Victoria Villarruel recibió un reclamo de la Iglesia por la ley de ludopatía. (Foto: Luciano Ingaramo/ Comunicación Senado)

La CEPAS remarcó que el Estado tiene que proteger a los más vulnerables y cuestionó que los intereses económicos del sector sigan avanzando. Según la carta, los costos humanos, familiares, sociales y sanitarios no los pagan quienes ganan dinero con el juego, sino las personas, las familias y las comunidades. Para respaldar su planteo, citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre el impacto de las apuestas online en chicos y adolescentes y en personas sin protección.

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La carta también retoma una frase del papa León XIV en la encíclica Magnífica Humanitas, en la que habla de “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. Y cierra con un pedido directo a los senadores: “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”.

No es la primera vez que la Iglesia presiona por esta ley. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron la campaña “Apostar no es un juego”. En noviembre de ese año, la CEPAS les pidió a los diputados que trataran el proyecto con urgencia y, en febrero de 2025, llevó el mismo reclamo al Senado, donde habló de una “cultura de la timba y del azar”.

En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina fue más allá y afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. En ese momento, los obispos advirtieron que, sin controles, cada celular podía convertirse en un “casino”.

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En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. (Foto NA)
En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. (Foto NA)

Lo que propone la ley

Diputados aprobó el proyecto el 27 de noviembre de 2024, con el voto en contra de La Libertad Avanza. La iniciativa, impulsada por la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro como autor principal, prohíbe la publicidad de apuestas en medios, plataformas online, eventos y camisetas deportivas, y prevé sanciones para los influencers que las promocionen. También exige verificación biométrica para entrar a las plataformas de juego online, crea un régimen de autoexclusión, prohíbe el uso de tarjetas de crédito para apostar y no permite que los dueños de empresas de apuestas sean dirigentes de clubes.

Las universidades volvieron a reclamar que se cumpla la Ley de Financiamiento: “Estamos en riesgo”

En mayo de este año, el Gobierno mandó al Senado su propio proyecto sobre ludopatía, con diferencias importantes. La propuesta oficial permite la publicidad de las plataformas con licencia y apunta las sanciones a los operadores clandestinos, con penas de 3 a 6 años de prisión. Además, deja en manos de las empresas el control de la edad de los usuarios, en lugar de la verificación biométrica con el Sistema de Identidad Digital que aprobó Diputados.

Victoria Villarruel, apuestas, Iglesia

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