La Constitución le da al Presidente la llave de la continuidad de los jueces que llegan al límite de edad y la usa sin disimulo: no hay una doctrina, sino casos en los que los beneficiados son cercanos al poder o fallaron en consonancia con sus deseos.

Cuando se le pregunta al Gobierno por qué el juez Martín Irurzun debió jubilarse y no otros jueces que cumplieron 75 años, como Carlos Mahiques y Víctor Pesino, la respuesta oficial es: “Esa discrecionalidad es propia de la atribución del Presidente”. Así de tajante lo admitió a una fuente confiable del Ministerio de Justicia.

La frase es veraz en lo formal y reveladora de una decisión política. La gestión de Javier Milei no niega que aplica la misma norma con criterios opuestos; sostiene que tiene derecho a hacerlo.

Ahora, acerca de cuál es el criterio, la comparación de los casos de Irurzun, Mahiques y Pesino permite presumirlo. El artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994 y convalidado por la Corte, establece que el juez que cumple 75 años cesa en sus funciones, salvo que obtenga un nuevo nombramiento del Presidente con acuerdo del Senado.

Los convencionales imaginaron un mecanismo de renovación generacional con una excepción para magistrados valiosos. Pero en estos casos la excepción se basa en la voluntad del poder político. El límite de edad es automático; la supervivencia es discrecional. Carlos Mahiques es el padre del ministro de Justicia y Pesino es el juez que habilitó la reforma laboral de Milei cuando estaba frenada en otra instancia judicial inferior.

Con ese mecanismo, cada juez que se acerca a los 75 años ingresa en una zona donde tiene expectativa de quedar. Y su continuidad depende de una decisión discrecional que nadie está obligado a fundar.

En el caso de Irruzun, las razones políticas son sencillas de leer. El Gobierno, con la gestión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanzó en solo cuatro meses y medio en el rediseño de la Justicia federal de Comodoro Py 2002.

Esto no ocurría desde la presidencia de Mauricio Macri, cuando Mahiques era viceministro de Justicia y propuso a más de un centenar de jueces. Ahora, ya lleva más o menos la misma cifra que durante el macrismo, pero en solo 150 días.

En esta renovación cayó la Cámara Federal porteña, tribunal clave porque confirma y abre el camino al juicio o revoca y entierra los casos de corrupción.

Tras el concurso del Consejo de la Magistratura que Mahiques propuso, el Senado le dio acuerdo y Milei le firmará el decreto de designación a Pablo Yadarola, allegado suyo, y a Pablo Bertuzzi, un camarista que ya está en el tribunal.

Señales de independencia

Con Irurzun prefirieron no arriesgarse a reconfirmarlo. El juez demostró señales de independencia y sus gestos en otras ocasiones fueron suficientes para entender que no admite sugerencias del poder, con las que no está de acuerdo.

Por eso prefirieron dejar caer su pliego, no enviarlo al Senado y hacer un concurso nuevo para designar a un camarista según los deseos del Gobierno, no uno que es parte de los fundadores de Comodoro Py y orientador de votos y doctrinas.

Irurzun integraba la Cámara Federal porteña desde 1994, presidió su Sala II y fue durante décadas uno de los hombres más influyentes de Comodoro Py.

El Gobierno quiere la Cámara Federal nueva. La edad de Iruruzun es el pretexto y no la razón.

En cambio, a Mahiques padre y a Pesino les renovaron su acuerdo. A Carlos Mahiques le renovaron su acuerdo en el Senado para ser juez de la Cámara de Casación cinco años más. Cumple 75 años el 1° de noviembre, pero ya en febrero su trámite no conoció la incertidumbre. El Poder Ejecutivo impulsó su renovación, la Comisión de Acuerdos le dio dictamen en abril, el Senado lo votó en mayo por 58 a 11 votos afirmativos y el decreto 367/2026 lo dejó instalado en Casación hasta 2031.

Todo con meses de anticipación, sin apuros. El beneficiario es el padre del ministro de Justicia. El oficialismo argumenta que el pliego se envió días antes de que Juan Bautista Mahiques asumiera el ministerio, con la idea de desconectar una cosa de la otra.

El otro caso es el de Víctor Pesino, camarista laboral de un fuero en disolución.

Pesino explicó en el Senado que su designación no forma parte de que hubiera firmado con efecto suspensivo una apelación contra la ley de reforma laboral, lo que la mantenía en vigor.

Contó que los plazos desmienten que hubiera existido una transacción entre esa decisión y el acuerdo que le dio finalmente el Senado la semana pasada por cinco años más. Se sintió dolido especialmente por esas denuncias que hizo el kirchnerista Mariano Recalde en el recinto del Senado.

Pesino necesitaba el acuerdo antes del 27 de julio para no jubilarse. Su pliego apareció en el Boletín Oficial al día siguiente de que firmara el fallo que reactivó la reforma laboral del Gobierno, suspendida por una cautelar de la CGT.

Pero las conversaciones con el Ministerio de Justicia habían comenzado mucho antes. Él mismo admitió ante el Senado que se reunió con el ministro Mahiques antes del fallo a favor de la reforma y que en ese encuentro se le comunicó que su trámite avanzaría.

La discrecionalidad de Milei es la explicación oficial para cada caso, pero las circunstancias en que los jueces obtuvieron o no un nuevo acuerdo ayudan a entender mejor la decisión presidencial.

Como ocurre cada vez que se cierran nuevas paritarias en el Congreso, los senadores nacionales se verán beneficiados con un aumento acumulado en sus dietas del 6,64% que se pagará en tres tramos y por el que superarán los 12 millones de pesos en bruto a partir del próximo mes de agosto.

Si se suma la cifra de este nuevo acuerdo al 12,5% que percibieron entre marzo y mayo de este mismo año, los ingresos de los senadores alcanzarán a lo largo del año una mejora de 19,97%, por encima del 16,8% que lleva acumulada la inflación.

Esto es así por la polémica resolución que votaron los senadores en abril de 2024 que “enganchó” sus dietas con los salarios de los empleados del Poder Legislativo al establecer el ingreso de los miembros de la Cámara alta en módulos, que es la unidad que se usa para el pago de sueldos en el Congreso, y no en una suma fija como se hacía hasta ese momento.

Así, según el último acuerdo salarial firmado por los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado), el módulo que se utiliza para calcular los salarios legislativos pasará a valer $3.065 en agosto, lo que llevará el ingreso de los senadores a $ 12.260.000 en bruto.

La cifra surge de multiplicar los 4000 módulos que se establecieron los senadores en concepto de ingresos mensuales en la sesión del 18 de abril de 2024, de acuerdo a la siguiente distribución: 2500 módulos de dieta, 1000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Aquella polémica resolución (8/24) incluyó un inédito aguinaldo, conocido como dieta 13, y los senadores la votaron a mano alzada después de que tanto Villarruel como Menem dieran marcha atrás con un aumento para los miembros de ambas cámaras en respuesta a una queja pública del presidente Javier Milei. Era la época en la que en la administración libertaria se repetía el “no hay plata” como un mantra.

La última paritaria legislativa estableció, como viene siendo costumbre desde hace varios años, un aumento en tres tramos por los meses de junio (2,4%), julio (2,2%) y agosto (1,9%). Esto da un acumulado del 6,64% en los ingresos de los trabajadores legislativos y, por el enganche, también en la de los legisladores.

Como viene ocurriendo cada vez que se firma un acuerdo salarial en el Congreso, los diferentes bloques reaccionan tomando distancia de la decisión ante la negativa repercusión pública que genera el aumento de sus ingresos.

La última vez, en marzo último, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) informó que sus integrantes no aceptarían el aumento. También mostraron pruritos con el aumento los bloques de la UCR y el Pro.

Villarruel siempre se ha desmarcado del escándalo, aclarando que los aumentos de los senadores no son dispuestos por ella sino que fue una decisión adoptada por los legisladores.

En medio de la última polémica, en marzo último, la vicepresidenta llegó a anunciar que su gestión había firmado un convenio con la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para que los legisladores que así lo quisieran donasen el aumento. Sin embargo, la propuesta fue rechazado por la mayoría de los bloques y senadores, que defendieron su derecho a elegir el destino de sus donaciones.

Desde el año pasado, sólo el kirchnerismo tomó la decisión de aceptar de manera pública los aumentos en su totalidad.

Además de las renuncias voluntarias, hay excepciones de senadores que no cobran el adicional por desarraigo. Es el caso de los representantes de la Ciudad de Buenos Aires: el kirchnerista Mariano Recalde y los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.

Por su parte, Alicia Kirchner (Justicialista-Santa Cruz), declinó percibir ingreso alguno desde que llegó a la Cámara alta ya que optó por cobrar su pensión como exgobernadora de la provincia patagónica.

Tras un primer semestre en el que acumuló proyectos sin lograr convertirlos en ley, el Gobierno redefine su estrategia parlamentaria para la segunda mitad del año. La prioridad estará puesta en tres frentes: la reforma político-electoral, el Presupuesto 2027 y un paquete de iniciativas económicas con las que Javier Milei busca llegar a la carrera por la reelección con mayor estabilidad financiera.

La primera batalla que el oficialismo no resigna es la reforma electoral, frenada en el Senado desde abril. La Libertad Avanza (LLA) intentará eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la próxima elección presidencial. Si no consigue los votos necesarios, buscará repetir la fórmula de 2025 y suspenderlas de manera transitoria.

“La prioridad por encima de todo es la reforma política”, aseguró un referente legislativo del oficialismo a .

La otra discusión ineludible será la del Presupuesto, que el Presidente deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre. Esta vez, el oficialismo evalúa contemplar parte de los reclamos de los gobernadores para asegurarse su respaldo legislativo, clave para el resto de la agenda parlamentaria.

El tercer eje es un paquete económico que todavía no ingresó formalmente al Congreso. Incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una ampliación del régimen de inocencia fiscal y un proyecto para prohibir el déficit presupuestario que Milei bautizó “shutdown”.El objetivo de estas iniciativas es reducir la volatilidad financiera durante la campaña electoral.

La primera en ingresar al Congreso sería la ampliación del régimen de inocencia fiscal -un esquema de blanqueo-, que el Gobierno prevé enviar “en los próximos días”. Está previsto que este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, comunique su presentación durante una conferencia de prensa. La iniciativa buscará ampliar el universo de adherentes para incrementar el ingreso de dólares al circuito formal.

En tanto, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que prohibirá expresamente la emisión monetaria sin respaldo y el financiamiento del Tesoro, y la ley de “shutdown”, que limitará la ejecución del gasto cuando se agoten las partidas presupuestarias, serían remitidas al Congreso en agosto, según pudo saber .

Su tratamiento estará estrechamente ligado a la negociación del Presupuesto y al vínculo con los gobernadores, cuyos legisladores resultan indispensables para aprobar la mayoría de los proyectos oficiales. En particular, la reforma electoral requiere mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 diputados y 37 senadores.

Ese capítulo también incluye otro objetivo político de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además de eliminar -o volver a suspender- las PASO, el oficialismo trabaja en un esquema de colectoras que permita que distintas listas de categorías inferiores adhieran a una misma candidatura presidencial. La idea es ampliar el respaldo territorial de Milei mediante acuerdos con gobernadores aliados, cuyas listas “colectarían” votos para la categoría presidencial mientras conservan identidad propia en las elecciones legislativas locales.

Otros proyectos en espera

Entre las prioridades también figuran dos proyectos de perfil económico que ya obtuvieron media sanción en Diputados pero permanecen estancados en el Senado: el denominado Súper RIGI, que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a US$1000 millones en “nuevas industrias” o “empresas del futuro”, y la reforma del régimen de subsidios al gas por zona fría.

En un segundo plano aparecen las iniciativas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El paquete sobre propiedad privada -que habilita, entre otras medidas, la venta de tierras nacionales a extranjeros y agiliza los procesos de desalojo- volvió a postergarse en la última sesión por falta de apoyos. Tampoco avanzó el proyecto conocido como “Hojarasca”, destinado a derogar normas que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad económica.

El equipo de Sturzenegger también redactó una nueva Ley General de Sociedades, enviada al Senado a fines de mayo, que propone un régimen societario más flexible e incorpora figuras automatizadas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial. Hasta ahora no registró avances.

Más atrás en la agenda quedaron otras reformas de peso: un nuevo régimen de pensiones por discapacidad para reemplazar la emergencia sancionada por el Congreso, una ley de salud mental, una reforma sobre ludopatía enfocada en combatir el juego clandestino sin ampliar las restricciones sobre las plataformas legales y la derogación de la ley de etiquetado frontal. Todas permanecen en el Senado, a la espera de tratamiento en comisión.

En Diputados, por su parte, siguen pendientes el proyecto para regular la actividad de lobby -que genera resistencias en casi todo el arco político-, la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), demorada a la espera de definiciones de Estados Unidos sobre los compromisos arancelarios asumidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.