La detención de un hombre que estuvo 14 años prófugo, pero que fue sobreseído porque la causa prescribió, volvió a poner en discusión los límites de la Justicia frente a los abusos sexuales cometidos durante la infancia. En ese contexto, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzó a analizar 12 proyectos que buscan evitar que el paso del tiempo impida que las víctimas accedan a la Justicia.

La diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la comisión, encabezó la semana pasada una reunión informativa para iniciar el tratamiento de las iniciativas. La cantidad de proyectos —firmados por cerca de treinta legisladores de distintos espacios políticos— y la diversidad de temas que incluye cada uno llevaron a los integrantes de la comisión a buscar un punto de consenso que permita avanzar hacia un texto común, en lugar de tratar cada propuesta por separado.

“Estamos frente a un tema que no tiene color político. Hay doce proyectos de legisladores de distintos espacios y todos coinciden en lo esencial: el paso del tiempo no puede ser un obstáculo para que una víctima de abuso sexual cometido durante su minoría de edad sea escuchada por la Justicia”, sostuvo Rodríguez Machado al abrir el encuentro.

El caso de Yamila Segovia y su hermana

Alberto Martín del Valle fue detenido en agosto pasado, después de permanecer 14 años prófugo. Está acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años, hija de su entonces pareja, de quien era padrastro. El hecho ocurrió en 2009 y la víctima quedó embarazada.

Del Valle, de 56 años, fue localizado en Florencio Varela luego de una investigación y tareas de inteligencia. Tenía un pedido de captura desde 2012 por los abusos denunciados en Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó una denuncia disciplinaria ante el Consejo de la Magistratura contra cinco jueces federales que, según consta en el sitio web de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), integran actualmente órganos internos de la entidad.

Los jueces denunciados son Sergio Fernández, Pablo Morán, Roberto Minguillón, Matías Mancini y Juan Pablo Rodríguez. La organización sostiene que el ejercicio de esas funciones resulta incompatible con la judicatura y solicitó que se investigue su conducta y se determinen las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la presentación, Sergio Fernández, juez de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, forma parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Los restantes —Pablo Fernando Morán, titular del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, Roberto Minguillón, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Matías Mancini, juez del Tribunal Oral Federal de San Martín N° 4, y Juan Pablo Rodríguez, juez de la Cámara Nacional en lo Civil— integran el Tribunal de Ética de la AFA.

ACIJ argumentó que esta labor está prohibida por el artículo 9 del decreto-ley 1285/58, que impide a jueces y juezas el ejercicio de toda otra actividad profesional. Quienes integran los tribunales de la AFA tramitan expedientes, valoran pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias vinculantes para clubes, dirigentes, jugadores y demás afiliados.

Para la organización, se trata de funciones asimilables a las de la judicatura, y la función jurisdiccional no admite desdoblamientos. ACIJ agregó que, aun cuando se considerara compatible la actividad, el Reglamento para la Justicia Nacional exige autorización previa de la Corte Suprema para integrar comisiones directivas de asociaciones, y no surge de los registros públicos que esa autorización haya sido otorgada ni siquiera solicitada.

La denuncia también planteó que la participación de estos magistrados en órganos disciplinarios de la AFA genera riesgos objetivos de conflictos de interés y afecta su apariencia de imparcialidad. Según los estándares internacionales, no basta con que los jueces sean imparciales, sino que también deben parecerlo.

Comenzó este lunes en Rosario el juicio oral contra representantes del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, acusados de haber participado en el bloqueo de 90 días que paralizó a la empresa Razzini, dedicada a la distribución de materiales de construcción, en 2020.

El caso, que estuvo cerca de prescribir, puede derivar en penas de dos a seis años de prisión por desbaratamiento de empresa, pero el principal acusado ya falleció.

Tal como anticipó Infobae, la primera testigo que declaró fue la diputada libertaria Verónica Razzini, que durante el bloqueo era una de las dueñas de la empresa, y su testimonio se extendió a lo largo de cinco horas, que fue acompañado por fotos y videos que fueron registrados durante los episodios de hace seis años.

Por ese motivo, sólo pudo declarar luego la coordinadora operativa de la empresa y pasaron para este martes el resto de los testigos previstos en la primera audiencia: declararán, entre otros, un hermano de la diputada, que también fue amenazado por los sindicalistas; su ex esposo, a quien le dijeron que lo iban a matar y que sabían dónde estaban sus hijos, y la escribana que verificó que se estaba impidiendo el acceso a la empresa.

El juicio, que se realiza en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, es llevado adelante por el tribunal que integran Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, y seguirá en principio hasta el jueves próximo, cuando están previstos los alegatos finales.

Los imputados son Marcelo Ortiz, Víctor Manuel Kamiñsky, Gustavo Coronel y Damián Beiber, aunque el primero, según se constató recién el viernes pasado a pedido del fiscal Germán Mazzoni, ya falleció.

Razzini, que a partir de su traumática experiencia creó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), contó en detalle todo lo que padeció junto a sus dos hermanos y el resto de la familia cuando el 8 de junio de 2020 comenzó el bloqueo del sindicato liderado por Sergio Aladio, un opositor de Hugo Moyano, que reclamaba a la empresa que 18 de sus 100 empleados se afiliaran al sindicato, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento, según la normativa vigente, les correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA.

El conflicto comenzó sin una notificación previa. Un grupo de unas 150 personas cortó la avenida donde se ubica la empresa, acampó en los accesos e impidió la entrada y salida de vehículos durante la pandemia de COVID-19.

Los bloqueos escalaron desde la interrupción de las operaciones de la empresa hasta amenazas contra proveedores, empleados y miembros de la familia Razzini. “Unos 10 empleados salieron a la puerta, dijeron que no trabajaban más y en ese momento buscamos escribano, tratamos de hacer certificaciones notariales de la situación, y automáticamente todo se transformó en una guerra”, afirmó Razzini a Infobae.

Según la empresaria, los manifestantes exhibieron armas de fuego, interceptaron su auto y advirtieron que conocían la ubicación de sus hijos. También recibió amenazas de que irían a la casa de su padre, con problemas de salud, para provocarle un infarto.

La situación la obligó a abandonar su casa, ubicada a cinco cuadras de la empresa, para ir a un lugar seguro y a contratar adicionales y móviles de la Guardia de Infantería para proteger al personal y las instalaciones.

Como los accesos de la compañía estaban cerrados por el bloqueo, se produjeron enfrentamientos entre clientes y proveedores con quienes sostenían la protesta. Razzini recordó que en una de esas peleas un activista sindical sacó un cuchillo, lo que llevó a la familia a evaluar el cierre y la liquidación de la compañía.

La empresa realizó la denuncia penal el 12 de junio ante la Fiscalía, después de que el Ministerio de Trabajo provincial se declarara incompetente, archivara el reclamo y recomendó que se hiciera la denuncia penal. Razzini cuestionó que las autoridades laborales luego intentaran imponer una conciliación obligatoria mientras persistían el bloqueo y las amenazas.

“¿Cómo voy a conciliar con 20 personas que me están amenazando y van a prender fuego la empresa?”, planteó la empresaria, que sostuvo que permanecieron 5 horas en una oficina bajo presión para firmar el acuerdo. Tras contactar al fiscal de flagrancia, fueron detenidos 10 empleados y 3 delegados que participaban del bloqueo.

La orden judicial, según Razzini, contemplaba la detención de 21 personas, aunque fueron arrestadas 13. La actual diputada afirmó por entonces que los responsables “negociaron con la comisaría” para que no se concretaran todas las detenciones previstas.

Más allá de los arrestos, los problemas no terminaron para los Razzini: en julio de 2022, la fachada de la empresa recibió 3 disparos y dejaron en la puerta un mensaje intimidatorio (”Retirá la denuncia porque no abrí (sic) nunca más. Att. Camioneros”).

La causa por el bloqueo, pese al avance inicial, quedó trabada en la Justicia durante años y estaba cerca de prescribir hasta que hace poco, por iniciativa de un nuevo fiscal, Germán Mazzoni, pudo reactivarse y llegar finalmente al juicio oral que comenzó este lunes.