El exdiputado libertario José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero en la causa en que se investiga el aporte de US$200.000 que recibió en 2020 del empresario Federico “Fred” Machado, quien se declaró culpable en los Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico.

“Se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado, ni acusado formalmente, y revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”, escribió el exdiputado.

Advirtió: “Seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que le pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio”. Espert era primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones legislativas y bajó su postulación por esta denuncia.

Espert argumentó que no está probado que ese dinero tenga un origen ilícito, por lo que pidió que la Cámara Federal de San Martín lo sobresea y revoque el embargo que dispuso el juez federal Lino Mirabelli de 1000 millones de pesos sobre sus bienes.

Espert planteó dos recursos ante Mirabelli, uno por su propio procesamiento y otro por el de su empresa Varianza SA, la consultora que constituyó con su esposa en 2019 y que también fue procesada.

Espert pidió que la Cámara Federal de San Martín revoque el procesamiento, dicte su sobreseimiento y deje sin efecto el embargo de $1000 millones y la prohibición de salir del país.

En caso de que no lo sobresean, pidió que declaren que no hay mérito suficiente ni para procesarlo ni para sobreseerlo.

Mediante un comunicado de prensa escrito en primera persona, con su firma, Espert calificó el fallo de “contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”.

Su argumento es que el juez lo procesó sin tener evidencia, dijo, de que el origen de los 200.000 dólares sea ilegal.

Según Espert, el fallo reconoce que el juez exhortó a Estados Unidos hace un año para acreditar la procedencia del dinero, pero el envío sigue sin respuesta. “Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”, escribió.

También sostuvo que la creación de Varianza y la falta de declaración fiscal de la transferencia serían compatibles con una cuestión impositiva, no penal.

El exdiputado remarcó además que el juez Mirabelli descartó parte de lo que pidió la fiscalía, pues no vinculó ese dinero con un fideicomiso en la costa ni un vehículo pagado a fines de 2024, rechazó agravantes y reconoció su idoneidad para prestar el servicio de consultoría.

A su juicio, la imputación quedó reducida a la transferencia desde los Estados Unidos, su uso para comprar dos autos y la contabilidad de la sociedad.

Espert argumentó que no hubo ocultamiento, condición que considera esencial para el lavado; señaló que la transferencia fue a una cuenta a su nombre, uno de los autos se compró en concesionaria con factura y el otro se pagó por transferencia bancaria. Dijo que Varianza tiene domicilio en su casa y sueldos declarados.

Señaló que el contrato de consultoría nunca fue exhibido ante ningún banco ni organismo en cinco años, por lo que, dijo, no pudo servir de pantalla.

Espert cuestionó con dureza el tramo final del fallo, que alude a la “financiación de figuras de un espacio político” y de “campañas electorales”.

Sostuvo que nunca fue indagado por esos hechos, que tramitan en otra causa y otro juzgado, y que su inclusión “revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”.

Un fallo judicial puso en alerta al Banco Central. El juez federal Ernesto Kreplak rechazó el pedido de aplicación de sanciones de multa planteado por el Banco Central contra Karuna Group, una casa de cambio de La Plata muy vinculada a la política platense y al Frente Renovador, el partido cuyo líder es Sergio Massa. Los abogados del BCRA y la Fiscalía apelaron por lo que la disputa podría terminar en la Cámara Federal de La Plata.

Según un extenso informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) e incorporado en una de las causas sobre el rulo financiero, esa casa de cambio pertenece a Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, ambos dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Héctor Rubén Eslaiman, exvicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

La casa de cambio ubicada en la calle 7 de La Plata también está vinculada a Juan Ignacio Agra, uno de los financistas que tenía llegada directa a la política y que es investigado por su cercanía con Megalatina, una de las cuevas que más dólares compró durante el cepo.

El BCRA inició un sumario contra Karuna Group por operaciones de cambio que tuvieron lugar en el verano de 2023. Concretamente, se impugnó la compra de divisas entre el 31 de enero y el 31 de febrero de ese año por un monto total de US$ 1.600.000 a Stema Cambios y la posterior venta a Soy Vos SAS.

Entre otros cargos, el organismo regulador destacó que Karuna Group “no recabó de sus contrapartes elementos que le permitieran constatar que las operaciones guardaran relación con los usos y costumbres, la realidad económica y la lógica del mercado”.

En su defensa, los Melzi plantearon la prescripción de la acción penal cambiaria, la nulidad por violación a la garantía constitucional del debido proceso, la nulidad de la Resolución 112/25, la inconstitucionalidad de la Ley de Régimen Penal Cambiario, y la inconstitucionalidad del decreto 609/2019. Por su parte, Agra opuso las excepciones de falta de acción, “con sustento en su carácter de accionista ajeno al directorio y a la toma de decisiones, y en la prohibición de doble juzgamiento (non bis in idem)”.

Los Melzi son dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Eslaiman. Ambas familias, los Melzi y los Eslaiman, conocen la política y las finanzas. Natalia Carolina Eslaiman, hija de Héctor, fue contratada por Karuna Group durante ocho meses y en 2015 en la Cámara de Diputados bonaerense.

Al momento de decidir, el juez federal de La Plata sostuvo que la operatoria “se encontraba expresamente autorizada (…) toda vez que el límite cuantitativo objetivo para transacciones entre operadores de cambio recién fue establecido mediante la Comunicación “A” 7901″. Además, destacó que hubo otro sumario del BCRA, en 2024, contra Karuna y sus accionistas.

“Karuna Group obró amparada por la confianza legítima que le otorgaba la matrícula vigente también de la entidad cambiaria de su contraparte y que el organismo sancionador no puede encubrir sus propias deficiencias de supervisión imputando culpabilidad a un privado”, dijo el juez federal en su fallo.

Al momento de apelar, los abogados del Banco Central calificaron la resolución como un “fallo escandaloso”. “El hecho atribuido no consistió en superar un límite cuantitativo para operar entre entidades cambiarias, como pretende el fallo apelado, sino en haber dado curso a aquellas operaciones sin contar previamente con elementos suficientes para constatar su carácter genuino y su correcto encuadramiento, l segundo párrafo del punto 1.2 de la Comunicación “A” 6844″.

Sobre los dos sumarios contra Karuna, el BCRA explicó que en el sumario cambiario 8407 se examina si las cuatro operaciones analizadas fueron cursadas sin satisfacer el deber previo de constatar su genuinidad y correcto encuadramiento. En cambio, en el sumario financiero 1650 se investigan irregularidades disciplinarias vinculadas con el tipo de operatoria que podía desarrollar la entidad y con el cumplimiento de las normas de funcionamiento aplicables a los operadores de cambio.

La Fiscalía, a cargo de Ana Miriam Russo, también apeló el fallo y pidió que la definición quede en manos de la Cámara Federal de La Plata. “En atención a la naturaleza definitiva de la decisión adoptada por el Señor Juez y a la eventual relevancia de los planteos formulados por el Banco Central de la República Argentina, corresponde procurar mediante este remedio procesal, que una interpretación restrictiva de las facultades recursivas de dicho organismo no impida el tratamiento de los agravios introducidos, ni el debido control de la resolución impugnada, por parte del tribunal de alzada”, dice la apelación.