Cerró el escrutinio y el equipo del ministro Sergio Massa, aliado del gobernador Gustavo Sáenz, que acababa de ser reelegido, lo celebró con un comunicado titulado “Una elección sin precedentes en Salta”. Sáenz había ganado en los 23 departamentos y había logrado el 47,5% de los votos, pero además, con menos de la mitad de los sufragios totales, se quedaba con las 11 bancas en juego en el Senado provincial y con 26 de las 30 de la Cámara baja.

Esto fue posible gracias a un sistema electoral que favorece al ganador –establece, por ejemplo, que cada departamento elige un solo senador y no hay representación de las minorías– y a que “Gustavo Gobernador” fue un frente de frentes –impugnado sin éxito en la Justicia por un sector opositor–, una “super alianza” transversal.

La estrategia de Sáenz, apodado “El equilibrista”, fue plantear la elección como “absolutamente provincial”. Esta semana, después de su triunfo, se reunió con Alberto Fernández, pero además dialoga con Horacio Rodríguez Larreta y convivió en buena sintonía con Mauricio Macri cuando eran intendente y presidente.

Forma parte de un fenómeno, advierten los analistas políticos, de provincias cada vez más autónomas, desenganchadas de lo nacional. Gobernadores “marca blanca”, que toman distancia de un gobierno nacional sumergido en la crisis económica. Se hacen fuertes puertas adentro, controlan de manera desproporcionada las Legislaturas y eso les permite nombrar jueces y dominar los espacios de control, frente a una oposición que queda desarticulada ante semejante poderío institucional.

Sáenz es de origen peronista, pero su vecino radical, el gobernador Gerardo Morales, logró algo comparable en Jujuy. Su delfín Carlos Alberto Sadir se convirtió hace dos semanas en gobernador electo con el 49% de los votos y ahora la fuerza de Morales tendrá mayoría agravada por sí misma en la Legislatura (hasta ahora estaba muy cerca, pero no la alcanzaba). Su próximo paso será avanzar con una reforma constitucional que no tendrá problemas para aprobar una convención constituyente en la que tiene mayoría. Además, Morales nombró a seis de los nueve jueces de la Corte, incluidos su exfiscal de Estado y dos de los legisladores radicales que habían votado en favor de que se ampliara el tribunal, un proyecto que Morales presentó el día después de asumir en 2015.

Ricardo Quintela, en La Rioja, reelegido con el 50% de los votos, también tiene en marcha una reforma constitucional. En las últimas elecciones consiguió hacerse de 27 de los 36 constituyentes que van a modificar la Constitución; entre otras cosas, revisarán la “periodicidad” de los jueces y la integración del Tribunal Superior de Justicia.

Ocho provincias votaron ya a sus gobernadores desacopladas de las elecciones nacionales. En siete ganó el oficialismo: Río Negro, Jujuy, La Rioja, Misiones, La Pampa, Tierra del Fuego y Salta. Solo perdió en Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, donde fue electo gobernador Rolando Figueroa, un disidente del Movimiento Popular Neuquino, que llevaba 60 años en el gobierno. El tiempo dirá si es un caso extremo en el que la hegemonía oficialista es tal que le permite trasladar su interna al electorado general.

Que ganen los oficialismos no es algo nuevo, destacaron a los politólogos Andrés Malamud (que explica que desde 1983 hasta ahora en más del 80% de los casos ganaron candidatos oficialistas) y Miguel De Luca (que advierte que desde el 83, nueve de cada diez gobernadores que compitieron por la reelección la lograron).

“La gente vota cercanía”, dice Malamud, que se opone -con un dejo de ironía- a que se hable de provincias “feudales”. Afirma Malamud: “El feudalismo era un modo de producción: los siervos producían y el señor les exigía. No estaban contentos porque tenían que trabajar. Las provincias son un sistema rentístico; viven de no producir”.

De las ocho provincias que votaron gobernador hasta ahora la mayoría tiene una enorme dependencia de los fondos que recibe del Estado Nacional. Salvo Neuquén y Tierra del Fuego, las otras seis están por encima de la media en cuanto al porcentaje de sus ingresos totales que tienen origen en transferencias automáticas y no automáticas de la Nación. Además, tienen altos índices de empleo público sobre el total de empleo registrado: La Rioja, 67%; Jujuy, 59%; Misiones, 55%; La Pampa, 47%; Salta, 45%; Tierra del Fuego, 45%; Neuquén, 44% y Río Negro, 40%, según datos oficiales a enero de 2023.

De Luca advierte: “La ventaja de los oficialismos es un fenómeno de todas las democracias contemporáneas, que en el mundo anglosajón llaman la ventaja del incumbent. Las tasas de éxito de esos incumbent son altísimas”. El politólogo destaca que hay algunos “componentes institucionales” que potencian los triunfos oficialistas, como ciertas leyes electorales y las cláusulas de reelección inmediata.

“Solo dos provincias no tienen reelección consecutiva y siguen siendo bastante competitivas: Mendoza y Santa Fe”, explica. “En el 83, ningún gobernador tenía la reelección inmediata a nivel constitucional y desde entonces, 22 reformaron [las constituciones] para tener al menos una reelección consecutiva. Eso hace que los oficialismos ganen o tengan más chances de ganar”, afirma.

De Luca advierte que, en general, cuando ganan su reelección, los gobernadores consiguen hacerse de mayorías más abultadas en las Legislaturas. “Tienden entonces a designar jueces más cercanos en las cortes provinciales, que a su vez relajan los controles. Después, si tienen un rival interno en su partido, utilizan ese poder para tratan de neutralizarlo. Y lo mismo si tienen un rival al frente de una ciudad importante”.

Pero De Luca dice que hay que contemplar un aspecto más, que son “otras condiciones de la competencia que no tienen que ver con las reglas, sino que se dan en el plano de cómo se emite la información política y cómo se consume” y con cómo es la estructura de la sociedad civil. “Si hay medios provinciales opositores a la provincia; si existe una estructura productiva menos dependiente del aparato estatal; si hay organismos de la sociedad civil que monitorean”.

Para De Luca, las oposiciones deben “aprender a jugar con esta cancha inclinada” porque “si cooperan, pueden derrotar a los oficialismos”.

El politólogo Pablo Touzon advierte que cada vez son más los oficialismos locales que decidieron “ponerle un alambre de púa a las provincias” y “no disputar el poder nacional, en una especie de pacto implícito con el gobierno central de ‘yo no salgo de acá, pero vos no entrás tampoco”.

Según Touzon, este “proceso de desacople entre la realidad política de las provincias y la Nación” empezó, sobre todo, durante el kirchnerismo. “Cuando el kirchnerismo empieza a tornarse un partido casi exclusivamente bonaerense”, sostiene.

“El Frente de Todos tuvo en algún momento la premisa explícita de volver a juntar a los 24 gobernadores, pero nunca se realizó”, relata Touzon, que afirma que “hoy está todo 100% atomizado”, a tal punto que “el Frente de Todos termina siendo una especie de partido de la provincia de Buenos Aires y el Pro, uno de la ciudad”.

En este escenario, explica, “lo que lograron hacer muchos gobernadores es trasladar los malos costos de su gestión”. Tanto hacia arriba, a la Nación, por ejemplo en cuanto a la inflación, como hacia abajo, donde los costos más operativos caen en los municipios.

“Hoy cualquier gobernador quiere ser [Carlos] Rovira, el mandamás de un poder que se perpetua sin siquiera estar sujeto a esta tómbola de las reelecciones, que puede terminar como termina en la Corte, y consolidar un formato que prescinde absolutamente de lo nacional”, dice Touzon.

Rovira es caudillo que maneja desde hace más de dos décadas el poder en Misiones. Fue gobernador, pero extendió su hegemonía incluso cuando se le obturó el camino para otra reelección propia. En las elecciones de hace dos semanas celebró el triunfo de Hugo Passalacqua con su sello, el del Frente Renovador de la Concordia, que nombró a ocho de los nueve jueces del Superior Tribunal de Justicia provincial y hoy tiene 27 de los 40 legisladores provinciales (dos tercios) gracias a la elección de 2019, en la que consiguió más del 70% de los votos. Esta vez Passalacqua ganó con el 64%. A partir de diciembre, tendrá 25 legisladores propios, pero en Misiones descuentan que para el rovirismo no será difícil hacerse de dos aliados que le garanticen los dos tercios.

Alberto Weretilneck, en Río Negro, también intentó una reelección que se le frustró. Fue en 2019. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia lo había avalado, pero la Corte Suprema nacional falló en su contra. Debió esperar y el mes pasado volvió a ganar la gobernación con el 42% de los votos. Sucederá a la actual gobernadora, Arabela Carreras, que en 2019 iba a ser su vice pero, tras el fallo de la Corte, ocupó su lugar. El triunfo del oficialismo fue menos holgado esta vez. En 2015, Juntos Somos Río Negro había conseguido más del 52% de los votos. A partir de diciembre Weretilneck tendrá una mayoría más ajustada en la Legislatura.

En La Pampa y en Tierra del Fuego fueron reelegidos los dos gobernadores. En Tierra del Fuego, se impuso el actual mandatario, Gustavo Melella, con más del 50 por ciento de los votos. En La Pampa, en una elección más ajustada, Sergio Ziliotto ganó nuevamente, con el 47 por ciento.

Ziliotto y Rolando Figueroa son los dos gobernadores elegidos este año que deberán trabajar para consolidarse en las Legislaturas. El caso de Figueroa es particular: derrotó en las urnas al candidato del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y eso fue muy celebrado por los opositores al partido como el fin a 60 años de hegemonía absoluta en Neuquén del poder del movimiento que fundó Felipe Sapag. Pero, ¿es realmente el fin? La misma noche de su elección, Figueroa declaró: “Yo no reniego de mi pertenencia. Soy un hombre del MPN”.

Con la colaboración de nuestros corresponsales

Todos los argentinos nativos o por opción (es decir, cuando una persona es hija de padres argentinos y elige esta nacionalidad) desde los 16 y hasta los 70 años están obligados a votar en las elecciones de 2023. En el caso de las personas naturalizadas (extranjeros que obtuvieron la ciudadanía del país), el deber rige desde los 18 años.

En caso de no votar, estos electores deben afrontar el pago de una multa o pueden recibir sanciones, salvo que se encuentren dentro de los grupos de exceptuados y justifiquen su ausencia en los comicios, de acuerdo con el Código Electoral Nacional.

En esta nota, te contamos quiénes están obligados a votar, qué pasa si una persona no vota y cómo justificar la no concurrencia a votar.

El voto es considerado un derecho pero también una obligación, que -en caso de no ser cumplida- puede ocasionar multas y sanciones. No obstante, es importante aclarar que el Código Electoral Nacional no establece ninguna penalidad para los votantes de 16 y 17 años.

Luego de cada votación nacional, la Cámara Nacional Electoral elabora un listado por distrito, con nombre y apellido de los electores mayores de 18 años y menores de 70 años de quienes no se tiene constancia de emisión del voto. Esta información queda a disposición del Poder Ejecutivo y de los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Acá podés consultar si aparecés en el registro de infractores al deber de votar.

Las personas que no asistan a votar, y no justifiquen su inasistencia ante la Justicia Electoral Nacional dentro de los 60 días posteriores a la elección, deberán pagar una multa de entre $ 50 y $ 500. El monto a pagar depende de la cantidad de infracciones previas, de acuerdo con lo que establece la Acordada 37/2013 de la Cámara Nacional Electoral.

En caso de no hacerlo, el Código Electoral Nacional dispone en su artículo 125 que el infractor no podrá desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años. Tampoco podrá realizar gestiones o trámites durante 1 año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales.

Alejandro Tullio, profesor de Derecho y Administración Electoral en la Universidad Nacional de San Martín y director de la Dirección Nacional Electoral entre 2001 y 2015, explicó a Chequeado que “el Código Electoral establece sanciones para quienes no voten, como la imposibilidad de renovar el pasaporte o realizar otros trámites; sin embargo, es suficiente con el pago de la multa para quedar nuevamente habilitado”.

El especialista planteó que “la extensión real de la imposibilidad de generar trámites debería ser un poco más amplia: por ejemplo, para acceder a un cargo público de cualquier naturaleza tendría que estar regularizada esta situación, es decir, no ser infractor, pero en la realidad no se verifica”.

Consultado sobre la efectiva aplicación de multas y sanciones, Tullio aseguró que “existe la idea de que no hay consecuencias por no cumplir con la obligación de votar” y planteó que esto está asociado con “la simplicidad para realizar el pago de la multa ya que se puede realizar en forma electrónica, y con el monto excesivamente bajo de la misma”.

Ana Natalucci, investigadora y directora del Observatorio de Protesta Social en el Conicet, consideró que “la aplicación de sanciones y multas no tiene efecto sobre las personas, en términos de que se sientan obligados a votar”. Y agregó: “Tampoco creo que esa sea una herramienta válida. Es importante que exista un compromiso ciudadano ya que el voto es una manifestación explícita para reafirmar un modelo económico y político, u optar por otro”.

El Código Electoral Nacional dispone que algunos votantes no están obligados a sufragar. Se trata de los jueces y auxiliares que deban cumplir funciones durante los comicios; y las personas que se encuentran a más 500 kilómetros del lugar de votación y que justifiquen que el alejamiento se debe a motivos razonables. En este último caso, deben presentarse ante la comisaría más próxima, en la cual se le otorgará un certificado por escrito.

También están exceptuados los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, que les impida asistir al acto y que cuenten con certificado médico; y el personal de organismos o empresas de servicios públicos que deba realizar tareas que le impida asistir al comicio.

En este caso, el empleador deberá comunicar al Ministerio del Interior y Transporte el listado de afectados a tareas el día de los comicios con 10 días de anticipación.

Para el resto de los trabajadores, el Código Electoral establece que “tienen derecho a obtener una licencia especial de sus empleadores con el objetivo de concurrir a emitir el voto o desempeñar funciones en el comicio, sin deducción alguna del salario ni posterior recargo de horario”.

En caso de que no se pueda justificar la ausencia, se debe pagar la multa electoral (ver acá el paso a paso sobre cómo realizar el trámite).

Edición 1: Matías Di Santi

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