“Es medio fanfarrón, siempre fue un bocón”, dicen los que no lo quieren. “Es un buen abogado”, replican los que no ocultan su aprecio por él. Pero hay algo en lo que todos se ponen de acuerdo y es en que el presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto (La Rioja), “es hombre de los Menem”, lo que en la interna libertaria implica que reporta, sin cortapisas, en el bando de Karina Milei.

Es este vínculo con la hermana de Javier Milei el que entronizó a este abogado que, a pesar de haber nacido en Mendoza habla con una inconfundible tonada riojana, al frente de la Comisión de Acuerdos, una aduana estratégica por la que pasarán los candidatos que el Gobierno proponga para completar más de 300 vacantes del Poder Judicial.

A Pagotto le espera un arduo trabajo. A partir del próximo 30 de abril y durante las dos primeras semanas de mayo (el 6 y el 7 y el 13 y el 14) tendrá que conducir las audiencias públicas por las que desfilarán los más de 70 postulantes impulsados hasta ahora por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con el aval del jefe del Estado.

Desde el sitial de privilegio que ocupa desde febrero de este año, este riojano por adopción se ha convertido en los ojos de Karina Milei para controlar el diseño de una nueva Justicia argentina.

Los primeros planos parecen haber jugado a las escondidas con este senador libertario, que recién a los 73 años los avatares de la política argentina lo han ubicado en un rol protagónico, a pesar de que se reconoce militante peronista desde hace casi seis décadas.

“Empecé a militar a los 15 años”, recuerda Pagotto, quien fue diputado provincial por el departamento de Chilecito entre 1993 y 1997 antes desparecer de la política por más de dos décadas. “Me fui de la política, se me agotó la capacidad de asco y me fui”, sentencia, sin abundar en detalles sobre qué fue aquello que lo disgustó tanto.

Con o sin cargo político, lo concreto es que Pagotto nunca dejó de estar vinculado al apellido más famoso de La Rioja, mostrando una lealtad que viene de larga data. “Ramón Hernández siempre dice que el último de los amigos de Carlos que queda en el Congreso soy yo”, se jacta.

“Tuve una gran relación con Menem, cuando dejó de ser Presidente, mucho más”, insiste. Extiende su lealtad a Eduardo Menem, el exsenador y hermano del fallecido expresidente, con quien también comparte una amistad de muchos años.

Lo corrobora un viejo habitué de las tertulias políticas del pago chico: “Todo el mundo sabe que es miembro de la mesa del Eduardo en el café del Naindo”, afirma este veterano exlegislador que vio innumerable cantidad de veces a Pagotto en el bar del hotel que está, en línea recta y plaza de por medio, enfrentado a la Casa de Gobierno provincial y que es la vidriera donde ese exhibe todas las tardes la clase dirigente riojana.

Pagotto asegura que durante los años que estuvo retirado de la política activa nunca dejó de ser “consultado por dirigente de ambos partidos políticos, del peronismo y del radicalismo”.

“Me tenían como un búho sensato para pedirme consejos, lo cual me halagaba, pero no quise ocupar ningún cargo público más, ni ser candidato, nada. Hasta que bueno… me convencieron y aquí estoy”, explica.

Lo que logró convencerlo y sacarlo del ostracismo autoimpuesto fue el fenómeno libertario. “Cuando surge Milei los chicos jóvenes, tanto Martín, como Lule y mi hijo, me convencieron”, explica Pagotto. “Además, me convenció Eduardo Menem, que es mi amigo de toda la vida”, agrega.

Martín y “Lule” son la anteúltima generación de políticos en el árbol genealógico de los Menem, hoy convertidas en figuras clave del gobierno libertario. Martín es presidente de la Cámara de Diputados. Eduardo, el Lule, es subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia y, por sobre todo y lo que realmente importa, la mano derecha de Karina Milei.

El hijo es Juan María Pagotto, mano derecha que lo acompaña a sol y a sombra y que es su principal asesor, nombrado con la categoría más alta, desde diciembre de 2023, fecha en la que el senador Pagotto desembarcó en la Cámara alta como miembro del reducido grupo de pioneros libertarios que, por aquel entonces, eran totalmente desconocidos en las grandes ligas de la política nacional.

Eran las épocas en que La Libertad Avanza era una inédita minoría en el Senado para un partido de gobierno. Tan sólo siete senadores, más la presidencia de la Cámara alta, en la figura de Victoria Villarruel, eran toda la dotación oficialista en una terreno en el que el kirchnerismo contaba con 34 senadores, a tan sólo tres de la mayoría absoluta, y pretendía continuar moviéndose como dueño de casa, como lo había hecho en los cuatro años anteriores con Cristina Kirchner en la vicepresidencia.

Aquel primer grupo tuvo que tomar un hierro caliente y defender como podría a un Gobierno también plagado de inexperiencia. En aquel primer reparto de responsabilidades, a Pagotto le tocó la presidencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Pero iba a haber algo más. A poco de andar como senador, también le tocó hacerse cargo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Fue en ese sitial que su papel parlamentario empezó a cobrar relevancia, ya que tuvo la difícil misión de demorar el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia más irritantes para la oposición de la administración Milei, empezando por el polémico y kilométrico 70/23.

En poco más de dos años Pagotto se ha ganado en la Cámara alta el cariño de muchos de sus colegas, que le reconocen su bonhomía y su estilo campechano; pero, también, recoge críticas, tanto en la oposición más dura como entre los bloques aliados y hasta entre sus compañeros de bancada. “El gordo es macanudo y se nota que sabe mucho, pero a veces habla de más y complica las cosas”, dice un libertario que trata a diario con el legislador por La Rioja.

En el kichnerismo no lo pueden ni ver. “Es un facho”, dice una legisladora como toda respuesta cuando se le consulta su opinión sobre el senador. Se entiende el encono: Pagotto es pro-vida, aunque “como buen liberal” apoya el matrimonio igualitario. Además, desde 2024 se embanderó, junto a la radical Carolina Losada (Santa Fe), en la causa de agravar las penas por el delito de falsas denuncias, un tema que el colectivo feminista considera una jugada para desalentar las acusaciones por violencia y abuso.

El sentimiento de rechazo es mutuo. “El kirchnerismo nunca estuvo dentro del peronismo”, sostiene Pagotto. “Jorge Antonio decía que Perón era el último de los conservadores inteligentes”, agrega, antes de recordar que el fundador del partido “echó a los montoneros de la Plaza”. “Se inventaron un relato para justificar la dictadura kirchnerista”, insiste, antes de recordar que “Cristina hacia funcionar el Senado cuando se le ocurría”.

Este martes, desde las 11, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volverá a recibir a representantes del gobierno nacional y del bonaerense en la segunda audiencia convocada para tratar el pedido de una deuda de $2,2 billones que la administración del gobernador Axel Kicillof le exige a la del presidente Javier Milei. Se trata de fondos por transferencias de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a la caja previsional provincial.

El encuentro en la Corte está pautado desde el 17 de marzo, cuando se realizó la primera audiencia convocada por el máximo tribunal para forzar un diálogo entre los gobiernos nacional y provincial, que sostienen un fuerte enfrentamiento. Kicillof será parte de la audiencia, adelantó a una fuente del gabinete provincial.

En la primera audiencia, que se realizó ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, se definió que se hará un nuevo encuentro, y que, para ese momento, ambas administraciones deberían haber avanzado con intercambios de información. En la reunión, tendrán que informar “acerca del estado de las conversaciones que se desarrollen con el propósito de alcanzar un acuerdo”.

El gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que el gobierno nacional afirma que no está finalizada.

Ante la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal, en la primera audiencia, el gobierno provincial estuvo representado por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general, Santiago Pérez Teruel, y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti. Por el gobierno nacional, asistieron el secretario legal y técnico de la Anses, Andrés Gutiérrez; la directora general administrativa y técnica de esa dependencia, María Agustina Terribile Riva, y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.

En la audiencia del mes pasado, se especificó que el Instituto de Previsión Social; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia intercambiarán información con la Anses.

En marzo de 2024, con el decreto 280, el gobierno de Milei suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para todo ese año. Esos artículos establecían cómo se debían liquidar mensualmente los fondos a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias, que dejaron de recibir el dinero.

Este lunes, el gremio docente Suteba -que conduce Roberto Baradel, un aliado de Kicillof- marchó a sedes de la Anses en la provincia de Buenos Aires, junto a representantes de otros sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense y de otros rubros. En un comunicado, el Suteba informó que se manifestó “para exigir la inmediata devolución de los fondos retenidos por el gobierno nacional, pertenecientes al Instituto de Previsión Social y a los trabajadores bonaerenses”.

“Ante esta situación y en la antesala de la audiencia que la Provincia y Nación mantendrán el martes 21 de abril en la Corte Suprema de Justicia, denunciamos que el gobierno nacional y la Anses están violando la normativa vigente al interrumpir las transferencias. Este accionar irresponsable encubre un objetivo mayor: avanzar sobre las condiciones de acceso a la jubilación, poniendo en riesgo los derechos adquiridos de los jubilados y de los que se jubilarán”, se subrayó en el comunicado del gremio docente.