Siete candidatos pasarán por la Comisión de Acuerdos del Senado, que encabeza el libertario Juan Carlos Pagotto, para defender sus postulaciones al Poder Judicial. Varios de ellos buscan extender su vínculo con la Justicia luego de haber alcanzado el límite de 75 años de edad.

Se da luego de la sesión de la semana pasada, en donde se aprobaron 74 pliegos, incluido el de María Verónica Michelli, pese a que Javier Milei quería retirarlo.

Entre los postulantes está Leopoldo Jorge Rago Gallo, actual juez federal de San Juan, propuesto para continuar por otros cinco años al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de esa provincia. En una situación similar se encuentra Víctor Arturo Pesino, cuyo pliego es uno de los más cuestionados: el Poder Ejecutivo propuso extender su nombramiento como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

Los otros cargos corresponden a María Claudia Jueguen, postulada como vocal de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Marina Edith Pisacco, propuesta para la Sala VI; Diego Javier Tula, para la Sala II; Diego Fernando Manauta, para la Sala V; y Claudio Fabián Loguarro, también propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Cuestionamientos a Pesino

La bancada justicialista, que lidera José Mayans, cuestiona el pliego de Víctor Pesino por su actuación en causas laborales sensibles. Uno de los planteos apunta a su rechazo a las presentaciones contra la reforma laboral impulsadas, en primer término, por la Confederación General del Trabajo (CGT). También lo cuestionan por la anulación de las elecciones del gremio de la UOM y el posterior dictado de la intervención del sindicato.

En el bloque de Mayans, tras reunirse con el desplazado secretario general de la UOM, Abel Furlán, señalaron: “Este ataque contra la UOM está claramente alineado con las políticas de industricidio desplegadas por la administración de Javier Milei, ya que en lo que va del actual gobierno se perdieron 25 mil puestos de trabajo en el sector y el poder adquisitivo del salario de los metalúrgicos se redujo en el orden del 20%”.

Pesino fue uno de los camaristas que firmó la intervención de la UOM y también integró el tribunal que rechazó el planteo de la CGT contra la reforma laboral. Para varios de los participantes de la reunión con Furlán, esas decisiones expusieron un presunto intercambio de favores entre el postulante y la administración central.

En ese encuentro, además, se sostuvo que “la medida judicial busca disciplinar y castigar a la conducción de la UOM por ser uno de los gremios que más viene enfrentando las políticas de ajuste y de destrucción de la industria promovidas desde el Poder Ejecutivo”.

La Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), que encabeza Matías Cremonte, también cuestionó el envío del pliego de Pesino al Senado. “El juez Pesino, luego de hacerle un gran favor al Gobierno del presidente Javier Milei al poner en vigencia la reforma laboral, pide al Senado la prórroga de su mandato. La abogacía laboralista en unidad les pide a las y los senadores que, por el bien de la Justicia, rechacen ese pedido”, señalaron desde la entidad.

Pesino integra la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y, como alcanzó los 75 años, su continuidad requiere un nuevo acuerdo del Senado. Ese trámite es resistido por asociaciones de abogados laboralistas y por sectores sindicales.

Otra de las observaciones al pliego fue presentada por el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart, quien cuestionó la actuación de Pesino en una causa de un trabajador de 65 años, trasplantado renal, portador de sarcoma de Kaposi e internado de urgencia con tres stents mientras esperaba sentencia.

Según la denuncia, el magistrado tardó 18 meses en resolver el expediente sin solicitar la autorización de su superior, como exige el Reglamento para la Justicia Nacional. La sentencia que finalmente dictó fue confusa y derivó en que ambas partes pidieran aclaratorias el mismo día para saber qué había resuelto el tribunal.

Los considerandos del fallo proponían declarar válido el acuerdo indemnizatorio objetado por el trabajador tras su despido. Sin embargo, la parte resolutiva confirmaba la sentencia de primera instancia que lo había declarado nulo. Es decir, los fundamentos decían una cosa y el dispositivo, otra.

El fiscal general interino propuso declarar la nulidad de todo lo actuado y Pesino terminó firmando la nulidad de su propio fallo. El trabajador lleva nueve años desde el despido sin sentencia firme.

Reclamos gremiales

Mientras se realizan las audiencias en el Senado, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato, realizará este martes 9 de junio un paro en el Fuero Nacional del Trabajo y una movilización en defensa de esa jurisdicción.

La medida forma parte del plan de lucha contra el proyecto de transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno podría avanzar en los próximos días con el traspaso del fuero del trabajo de la órbita nacional a la porteña.

Desde la UEJN sostienen que la Justicia Laboral cumple un rol central en la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores. Además, advierten sobre las consecuencias institucionales que, a su entender, podría generar la concreción de la transferencia.

Pliegos sin dictamen

Pagotto todavía no logró construir las mayorías necesarias para que otros pliegos, aún frenados en la Comisión de Acuerdos, consigan las firmas suficientes para llegar al recinto. Se necesitan al menos nueve firmas.

Entre ellos están los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Ambos magistrados cosecharon ocho firmas y están a una de alcanzar la mayoría requerida para que sus nombramientos queden en condiciones de ser tratados por el pleno del Senado.

En una situación más compleja aparece el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuestionado por la UCR y el PRO por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima. Su designación consiguió apenas tres firmas.

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“Patricia se corta sola”, planteó este lunes un integrante de la mesa política ante Infobae para describir las diferencias entre la Casa Rosada y Patricia Bullrich. La frase resumió el clima que dejó la sesión del jueves pasado, cuando el Senado aprobó 74 pliegos judiciales y postergó el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que expuso las diferencias entre las distintas tribus libertarias.

La decisión de aplazar el debate abrió una fuerte discusión interna. En la mesa política, que tiene previsto volver a reunirse el próximo jueves, cuando la legisladora cumpla 70 años, hay tantas posiciones como integrantes y las diferencias internas impactan directamente sobre los planes legislativos.

Mientras algunos interpretaron la maniobra como un intento por dejar abierta la posibilidad de convocar una nueva sesión para avanzar con el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, desde el entorno de Bullrich desmintieron la versión y expresaron que era necesario ganar tiempo para consolidar apoyos. Una tercera posición sostiene que se trató de un acuerdo con la bancada peronista a cambio de la aprobación de los pliegos tratados.

“La semana pasada nos faltaban dos votos. Estábamos en 35 y Patricia no se la juega con dos menos. Mirá si alguien se levantaba al baño”, sostuvo un ladero bullrichista.

Aunque dos de los nueve integrantes de la mesa política ponían en duda -durante la tarde del lunes- la realización de una sesión el próximo miércoles, desde el bloque oficialista garantizan haber instrumentados los cambios necesarios en el proyecto que les permite contar con los respaldos necesarios para aprobarlo por lo que aseguran que la convocatoria sigue en pie.

Lo cierto es que la medida, pensada para ser tratada el pasado jueves junto a los pliegos de jueces y fiscales, debió ser postergada por orden directa de la cúpula de poder tras la falta de acuerdos reportados por la senadora. El aplazamiento habilitó un cruce de versiones y acusaciones entre las tribus libertarias en pugna.

Por estas horas, el optimismo reina en la bancada violeta liderada por la ex ministra, donde garantizan contar con -al menos- el piso de los 37 votos necesarios para la sanción del proyecto de ley diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “El problema era el capítulo de Tierras, pero está resuelto. Los votos están”, sostuvo un legislador.

En sintonía, una fuente de Casa Rosada sostuvo que el capítulo 3 -que incluye modificaciones en las leyes de manejo del fuego, de expropiaciones y de tierras rurales- encontró resistencia en un grupo de radicales, entre ellos los senadores Maximiliano Abad, Flavio Fama y Carolina Losada, algo que había comunicado la senadora al Poder Ejecutivo el pasado jueves. Además, reveló que por estas horas hay conversaciones cruzadas para aplicar modificaciones en el articulado que genera el rechazo de los aliados.

“Hubo pedido expreso de que hubiera margen para seguir negociando una vez que nos enteramos que Patricia no llegaba con los votos para tratarlo el jueves pasado”, contó un alfil legislativo, y sumó: “Necesitamos tiempo para seguir las negociaciones internas y externas. Por eso, el miércoles no sería un día para sesionar”.

De cara a una eventual sesión el próximo miércoles, estiman reunir entre 39 y 40 votos, con el respaldo de bloques aliados si se habilita los cambios en el capítulo 3.

Sin embargo, un tercer actor del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei habló de “mala praxis” por parte de la senadora y puso en duda su versión respecto de la falta de consensos para avanzar con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. “Estaba previsto que se tratara, incluso bajaron con un dictamen firmado por todos. No bajas a sesionar si no tenes los votos. Patricia hace lo que le gusta hacer: traicionar”, definió ante este medio.

Al respecto, el titular de la bancada de uno de los bloques de la Cámara Alta sostuvo ante este medio que el pasado jueves, “los votos estaban”, y que se optó por posponer la discusión del proyecto debido a cambios de último momento. “Para evitar un inconveniente, la pasamos porque íbamos a tener otra sesión este jueves”, justificó.

En algunos despachos de Balcarce 50 reflotaron las acusaciones contra la senadora a la que responsabilizan de haber diseñado la sesión en función de sus necesidades y de trasladar planteos alarmistas al Ejecutivo para postergar la ley y así volver a sesionar la semana siguiente con el objetivo de avanzar en el tratamiento del pliego de Verónica Michelli. La versión fue categóricamente desmentida desde su entorno. “El pliego de Michelli se iba a discutir en la primera sesión, si se votaba tierras”, contrapusieron.

Las acusaciones no quedaron circunscriptas a la legisladora. En medio de los cuestionamientos cruzados, hay quienes sostienen que Bullrich actuó en coordinación con el asesor presidencial, Santiago Caputo, al que le facturan haber intentado restringir algunos pliegos judiciales como el de Emilio Rosatti, hijo del cortesano Horacio. “Bullrich enquilombó la sesión y empiojó la ley, dijo que se caía tierras y la extranjerización cuando no era así. Lo hizo con la anuencia de Caputo. Es su esencia, no les importa si es bueno o malo para el Gobierno”, se expidieron desde uno de los campamentos violetas.

En paralelo, una fuente legislativa intentó vincular los movimientos de Bullrich con la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya relación con el Poder Ejecutivo es nula. “Durante el cuarto intermedio, desde el Salón Rosado, Villarruel le pedía a algunos legisladores que acompañaran a Bullrich”, reveló una fuente legislativa. No obstante, del entorno de la titular del Senado rechazaron categóricamente el postulado.

Pese al malestar que sobrevuela entre las autoridades de la administración libertaria, en el Poder Ejecutivo descartan la ruptura con la legisladora, algo que intentaron descartar con el retrato entre Karina Milei y Patricia Bullrich. “Está todo más que bien. Tuvo algunas diferencias que manifestó, pero tiene buena imagen y es valorada por el Presidente”, se expidió un alfil karinista. “Es un espacio plural, diverso y amplio”, coincidió otro funcionario.

Ajena a dardos y elogios, pero por sobre todas las cosas fiel a su estilo, la senadora hizo caso omiso a las críticas internas y externas y publicó un video musicalizado con canción de Tita Merello, “Se dice de mi”, interpretada por La Joaqui. Con mucha interacción digital, Bullrich hizo mención al desafío electoral que le atribuyen rumbo a 2027. Horas antes, su intérprete, el diputado Damián Arabia había asegurado que la senadora “va a estar donde el proyecto la requiera”.

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Depende de que lado del mostrador se lo analice, el llamado telefónico que volvió a unir a Máximo Kirchner con Axel Kicillof puede servir para destrabar un conflicto político de larga data. Como si esa comunicación estrictamente operativa para organizar el velorio del Indio Solari fuera una luz impensada que alumbra sobre una relación tumultuosa, plagada de recelos, resquemores y desconfianza.

En lado cristinista del mostrador hay, desde hace unos cuantos meses, la voluntad de reencauzar la relación con el gobernador bonaerense. Con exigencias y pretensiones típicas de un lazo afectado por la historia y sin las presiones extremas de un presente electoral donde si pierde uno, pierden todos. Pero la intención está. Y eso solo ya es un pequeño paso adelante para generar expectativas hacia el interior del peronismo.

El llamado del líder de La Cámpora rompió el muro de hielo que lo separaba del Gobernador desde el domingo 26 de octubre para organizar el funeral de su amigo. Porque el histórico cantante tenía una relación personal desde hace varios años y fue el eslabón político que tuvo la familia para poder organizar un sepelio fuera de cualquier normalidad. Porque se despedía a un ícono de la cultura popular, no solo a Carlos Solari.

Kirchner habló con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y Kicillof en el lapso de unas horas. Fue un diálogo completamente operativo, apremiados por el reloj y la necesidad de organizar un evento triste y masivo. Lo resolvieron con exactitud suiza, dejando las rencillas actuales a un costado. “Fue un acto de madurez hablar, organizar y solucionar”, analizó un funcionario bonaerense, de los que cree que es necesario destrabar los conflictos internos que atormentan peronismo bonaerense.

A partir de ahora se abre una posibilidad de reencauzar la conversación privada. Aunque el inicio no haya sido una cuestión meramente política, la opción de convertirlo en un punto de partido para aplacar la guerrilla, parece ser una alternativa que cautiva a los que están alrededor. No a todos, pero si a muchos. Porque hacia el lado B del peronismo existe una necesidad de que las peleas sean menos, más cortas y con menos anclas en el pasado.

“Es una buena oportunidad para dejar abierta la puerta y seguir conversando las cuestiones de fondo que están en el tintero”, analizó un dirigente influyente de La Cámpora. En el cristinismo ven con claridad que un hecho atípico como el del fin de semana debe ser aprovechado en forma positiva. En definitiva, en ese enroque de llamadas y órdenes, el peronismo volvió a mostrar que tiene capacidad de organización y logística cuando de masas se trata.

Cerca de Máximo Kirchner creen que “en términos de la interna, lo sucedido no significa nada” porque el diálogo tuvo un marco de “lógica absoluta”, pero desmuestra que hubo “un grado de maduración” en el diálogo. “Cuando articulamos todos juntos, en la misma sintonía, sale bien”, se sinceró un nombre propio cercano al líder camporista.

En paralelo, en su entorno más chico resaltan que “no hay intención de sacar ningún tipo de ventaja ni hecho política de las comunicaciones” del fin de semana, ya que fueron solo a efecto operativo, “para que todo salga bien, como salió”. El límite por el que caminan es muy fino, porque el trasfondo del reencuentro telefónico es híperdelicado.

En el kicillofismo creen que la muerte del Indio “era una circunstancia que ameritaba dejar a un costado cualquier diferencia”, por lo que hubo acuerdos fáciles para organizar el velorio. Sin embargo, no visualizan que haya demasiados cambios en la relación de Kicillof y Kirchner. Porque en ese vínculo entra en juego los menesteres diarios de la política. La interna de poder no se resuelve tan fácilmente.

“Ojalá que la conversación que tuvieron sirva para allanar el camino. No tiene ningún sentido seguir sin hablar. Porque la política es conversar y acordar”, se sinceró un intendente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que visualiza que, tarde o temprano, tendrá que haber un acuerdo entre las partes para forjar una opción competitiva.

El deshielo llegó con el rock de fondo. Dependerá de los actores protagonistas dejar el marco actual de la relación y darle otro tono al diálogo, o volver a foja cero y seguir transitando la interna, hasta al día en que las próximas elecciones los obliguen a sentarse en una misma mesa. Porque, al final del camino, todos tendrán que estar buscando un acuerdo de unidad.

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