Luego de que el Gobierno implemente un aumento de más de 100.000% de las multas automáticas —las que se aplican ante la demora de apenas un día en la presentación de la declaración jurada—, la discusión volvió al centro de la escena. Es que el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió un proyecto para graduarlas en función del tipo de contribuyente.

En diciembre de 2025, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal disparó el monto de las sanciones por incumplimientos formales. La multa para personas humanas saltó de $220 a $220.000, y para personas jurídicas, de $400 a 440.000 pesos. El ajuste generó preocupación en el sector privado y en especialistas tributarios, que advirtieron sobre el carácter desproporcionado de la medida. Durante el debate parlamentario, la oposición planteó la necesidad de establecer escalas diferenciadas según la capacidad contributiva, pero la bancada de La Libertad Avanza (LLA) no modificó la propuesta original.

El impacto de este esquema se volvió motivo de debate en la comunidad tributaria y en los despachos oficiales. La contadora Sonia Becherman, integrante del equipo que asesoró al ministro en el diseño del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, relató la dinámica de esos intercambios: “Si lo planteamos en las reuniones (lo de las multas automáticas). Es más, Miriam Roldan, muy voluntariosa, hizo un proyecto para explicar la situación y trata de enviar algún aporte para que sea tomado. Fue recibido en mano, pero no podemos dar ninguna cuestión positiva”.

En Economía no hubo ningún tipo de manifestación al respecto de esta iniciativa, aunque según pudo saber anteriormente Infobae, no hay intención en revertir la situación.

El texto presentado al equipo económico propone un “régimen de proporcionalidad, incentivo y subsanación formal”. Cuando el infractor califica como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, o es persona humana, sucesión indivisa o entidad sin fines de lucro que no figura como gran contribuyente, las multas fijas o graduables se reducirían entre un 80% y un 20% según el segmento.

Además, contempla un “plazo de gracia” para regularizar la situación sin sanción, que puede llegar a 90 días corridos para microempresas y personas humanas. Si la omisión se subsana dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, la sanción queda condonada totalmente. El proyecto también incluye una cláusula de exclusión: si el contribuyente incurre en la falta más de seis veces en el mismo año calendario, pierde todos los beneficios y se le aplican los montos completos.

El documento explica que la actualización de valores respondió a la inflación, pero advierte que la sanción tal como está diagramada no contempló diferencias en la capacidad de pago. La autora de la iniciativa remarca que un monto uniforme puede resultar asfixiante para un pequeño contribuyente y, al mismo tiempo, insignificante para una gran empresa. Por eso el proyecto busca que la escala de sanciones guarde relación con la estructura y recursos de cada obligado. En la práctica, los contribuyentes más chicos suelen tener menos recursos administrativos y contables para cumplir al día con sus obligaciones, por lo que requieren plazos más razonables de notificación y subsanación.

El aumento de más de 100.000% de las multas automáticas y las repercusiones negativas que generó llevaron a que en su momento Caputo prometiera cambios en como las iba a implementar ARCA: cuando ocurra el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada, en vez de intimar y aplicar la multa automáticamente ARCA iba a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles y una vez transcurrido ese plazo recién ahí va a intimar y aplicar la multa, pero eso no se cumplió.

Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, sostuvo: “Hoy por hoy, ese plazo de 15 días que se había prometido no se está cumpliendo. Lo que sí está pasando es que los contribuyentes tienen un plazo de espera para poder gozar de los beneficios de la reducción de la multa del 50 por ciento. La norma, como estaba redactada, ya preveía que, si el contribuyente regularizaba la multa dentro de los 15 días en los que le llegaba la notificación, podía acceder a una reducción del 50% del valor de la misma”.

En esa misma línea, CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, detalló que si la declaración jurada vence y no se presenta, la infracción se configura en ese momento, aunque exista un plazo adicional. “Antes de la reforma, el fisco intimaba y, si dentro de los 15 días hábiles administrativos se presentaba la declaración y se abonaba la multa, la reducción del 50% era de pleno derecho. Ahora, el plazo adicional depende de la categoría del contribuyente”, aseguró.

Así, aquellos que acceden a este plazo pueden regularizar sin que se intime la sanción de inmediato. Pero si persiste la omisión, ARCA notifica y aplica la multa. Domínguez aclaró que la sanción no se ejecuta de modo automático y que, si existe una causa de fuerza mayor, no correspondería aplicar la multa. Por lo que si el contribuyente no paga, y se inicia un sumario, puede ejercer su defensa.

En el sector tributario, la preocupación por la actualización de las multas automática y la aplicación por parte del fisco nacional continúa. Es por eso que los contadores que se reunieron con el ministro le reiteraron en cada uno de los encuentros que se debe encontrar una solución al respecto sobre todo por el impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes) en un contexto de caída del consumo.

La confianza del consumidor volvió a caer en julio. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 40,67 puntos, con una baja del 4,78% respecto de junio.

La cifra interrumpió tres meses consecutivos de recuperación. En mayo y junio, el indicador había mostrado señales de mejora.

La comparación interanual resultó aún más preocupante. El ICC retrocedió 12,3% frente a julio de 2024, marcando la mayor caída anual desde julio de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 había provocado un desplome del 13,6%.

El índice lo elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. El relevamiento estuvo a cargo de Poliarquía Consultores, que trabajó sobre una muestra de 1.000 casos en 40 centros urbanos entre el 2 y el 16 de julio.

Qué mide el índice de confianza del consumidor y por qué es clave

El ICC captura la percepción de los hogares sobre tres dimensiones: su situación económica personal, la evolución de la economía general y la predisposición para comprar bienes de mayor valor como electrodomésticos, autos o inmuebles.

El indicador también separa entre condiciones presentes y expectativas futuras. Esta distinción permite ver si el problema es solo la coyuntura actual o si los hogares también perdieron esperanza en lo que viene.

Los economistas siguen de cerca este índice porque suele anticipar el comportamiento del consumo privado. Y el consumo privado, a su vez, representa uno de los principales motores de la actividad económica.

Cuando la confianza cae, las familias postergan compras importantes. Ese freno termina impactando en las ventas, la producción y el empleo.

La confianza sigue lejos de su mejor momento reciente

El ICC alcanzó su punto máximo en enero de 2025, cuando llegó a 47,38 puntos. Desde entonces acumula una caída del 14,16%.

Sin embargo, todavía se mantiene 14,24% por encima del piso registrado en enero de 2024. En ese momento, el índice había descendido a 35,6 puntos durante las primeras mediciones del año.

La trayectoria del indicador muestra un patrón volátil. Tras tocar fondo a principios de 2024, recuperó terreno durante gran parte del año hasta alcanzar su pico en enero de 2025. Desde ahí comenzó un deterioro gradual que se aceleró en julio.

El deterioro llegó a todas las regiones del país

La caída de la confianza no respetó geografías. Se registró en las tres regiones relevadas, aunque con distinta intensidad.

El Gran Buenos Aires (GBA) sufrió el mayor golpe mensual. El ICC cayó 6,35% hasta los 38,12 puntos. En la Ciudad de Buenos Aires, la disminución fue del 6,24%.

El Interior mostró una retracción más moderada del 1,68%. Aun así, esta región continuó exhibiendo el nivel de confianza más elevado del país, con 45,55 puntos.

En la comparación interanual, todas las regiones marcaron retrocesos significativos. CABA registró una caída del 15,66%, el GBA descendió 13,56% y el Interior retrocedió 8,72%.

Los hogares de menores ingresos fueron los más golpeados

Entre los sectores de ingresos bajos, la confianza se desplomó 11,47% respecto de junio y quedó 20,42% por debajo del nivel de un año atrás, evidenciando un deterioro mucho más pronunciado que en otros segmentos.

Los hogares de ingresos altos, en cambio, mostraron una caída mensual de apenas 1,45%. La baja interanual alcanzó el 7,70%, menos de la mitad que en los sectores vulnerables.

La brecha entre ambos extremos volvió a ampliarse. El índice quedó en 35,99 puntos para los hogares de menores ingresos y en 43,45 puntos para los de mayores recursos.

En los sectores de bajos ingresos, el deterioro atravesó todos los componentes del indicador. La percepción sobre la situación personal cayó 11,93%, la visión sobre la economía general retrocedió 11,87% y la predisposición para adquirir bienes durables e inmuebles disminuyó 10,20%.

La diferencia en la intensidad de la caída sugiere que la incertidumbre económica impacta de manera desigual. Los hogares con menos margen financiero reaccionan con mayor sensibilidad ante señales negativas.

La visión sobre la economía general fue el componente que más cayó

El subíndice de Situación Macroeconómica registró el mayor descenso mensual entre todos los componentes. Cayó 8,49% en julio.

Por su parte, el indicador de Situación Personal retrocedió 3,89%. La disposición para la compra de Bienes Durables e Inmuebles mostró una disminución más moderada, del 0,48%.

En la comparación con julio de 2024, el componente de Situación Personal fue el que evidenció la mayor caída, con un retroceso del 14,98%. El índice de Bienes Durables e Inmuebles descendió 11,46%, mientras que el de Situación Macroeconómica cayó 10,54%.

Dentro de este último componente, la evaluación de la economía en el corto plazo mostró el mayor deterioro. Registró una baja mensual de 10,4% y una caída interanual del 17,9%.

Estos números reflejan que los consumidores no solo están preocupados por su situación personal. También perdieron confianza en el rumbo general de la economía.

Las expectativas futuras también se derrumbaron

El deterioro no se concentró únicamente en la percepción del presente: el subíndice de Expectativas Futuras disminuyó 7,19% respecto de junio, mientras que el de Condiciones Presentes retrocedió solo 1,24%.

En términos interanuales, las condiciones actuales se ubicaron 13,55% por debajo de las registradas en julio de 2024. Las expectativas para los próximos meses mostraron una caída del 11,38%.

La combinación de ambos factores resulta particularmente preocupante. Indica que los hogares no solo evalúan negativamente el presente, sino que tampoco ven mejoras en el horizonte cercano.

La intención de comprar bienes durables mostró comportamientos dispares

La predisposición para adquirir bienes durables e inmuebles mostró una baja marginal a nivel nacional. Sin embargo, hubo diferencias marcadas entre regiones.

En la Ciudad de Buenos Aires, el subíndice registró una caída del 17,5% mensual. La intención de compra de electrodomésticos se desplomó 21,8%, mientras que la de automóviles e inmuebles descendió 11,3%.

En contraste, el indicador aumentó 4,2% en el Gran Buenos Aires y 1,8% en el Interior del país.

A nivel nacional, la intención de compra de estos bienes se mantuvo prácticamente estable respecto del mes anterior. Aun así, continuó ubicándose más de 11% por debajo de los niveles observados un año atrás.

La disparidad regional sugiere que el impacto de la incertidumbre económica no es uniforme. En algunas zonas, los consumidores mantienen cierta disposición a realizar compras importantes, mientras que en otras la cautela se profundiza.

El mercado internacional del petróleo volvió a encender las alarmas. El barril de Brent, la referencia para gran parte del comercio mundial de crudo, superó nuevamente los 100 dólares. Ahora fueron nuevos atentados de rebeldes hutíes contra petroleros sauditas en el Mar Rojo, que afectaron el transporte de crudo.

A diferencia de otros ciclos alcistas impulsados por una recuperación de la demanda mundial, esta vez el detonante es el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. La escalada entre Estados Unidos e Irán, sumada a los ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo y a las amenazas sobre el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo que consume el planeta— volvió a instalar el temor a una interrupción del suministro global.

Los mercados reaccionaron casi de inmediato. Ante la posibilidad de que una parte significativa de la oferta quede comprometida, los operadores comenzaron a incorporar una “prima de riesgo” en el precio del crudo. El resultado fue un fuerte rally que llevó al Brent nuevamente por encima de los tres dígitos.

Para el mercado local el escenario presenta una combinación de oportunidades y desafíos.

El primer efecto positivo aparece por el lado de las exportaciones. Con un barril más caro, cada tonelada de petróleo exportada genera mayores ingresos de divisas. Esto beneficia especialmente a Vaca Muerta, cuya producción viene creciendo sostenidamente y se consolidó como uno de los principales motores de generación de dólares del país.

Según estimaciones del mercado, Un barril de petróleo a USD 100 le permite a la Argentina sumar unos USD 5.000 millones adicionales en sus exportaciones de hidrocarburo. Además, ya avanzado el segundo semestre puede implicar un ingreso adicional de divisas en épocas de mayor escasez por motivos estacionales. Es decir que ingresarán pocos dólares del campo, pero habría más oferta por la balanza energética.

Las empresas argentinas del sector que cotizan en Wall Street tuvieron ayer un impacto favorable. Vista fue la más beneficiada, con una suba en la cotización de 3%, rozando nuevamente los USD 70. YPF operó casi todo el día en alza pero terminó con una leve baja del 1%. Igual se mantuvo cerca de los USD 52, un precio muy alto para su recorrido histórico.

Además del incremento en las exportaciones, un precio internacional elevado mejora la rentabilidad de las compañías petroleras y vuelve económicamente viables proyectos que con un barril de USD 60 o USD 70 resultarían menos atractivos. En otras palabras, un petróleo caro acelera inversiones, aumenta la perforación de nuevos pozos y fortalece las perspectivas de expansión del sector energético argentino.

Sin embargo, el beneficio para las exportaciones convive con un efecto menos favorable para los consumidores. Aunque la Argentina produce petróleo, el mercado local no está completamente desconectado de las cotizaciones internacionales. Las refinerías toman como referencia el valor del crudo y también enfrentan mayores costos cuando deben importar combustibles o derivados.

Por esa razón, un Brent por encima de los USD 100 suele traducirse en una mayor presión para aumentar los precios de la nafta y el gasoil. El traslado no siempre es inmediato, ya que depende de la política económica y de las decisiones regulatorias, pero el incentivo económico para ajustar los valores internos aumenta considerablemente. Por ahora, no habría planes de YPF de volver a incrementar el valor en los surtidores, pero depender de cómo sigue la cotización internacional.

La economía más dinámica impulsada por mayores exportaciones energéticas puede favorecer el ingreso de divisas al país. Pero, al mismo tiempo, el sector agropecuario depende intensamente del gasoil para sembrar, cosechar y transportar la producción.

Si el combustible aumenta, también lo hacen los costos operativos del productor, reduciendo parte de la rentabilidad. Para Argentina, el regreso del petróleo a los USD 100 resume una de las paradojas de las economías productoras de energía.

Por un lado, significa más exportaciones, más ingreso de dólares y un fuerte incentivo para el desarrollo de Vaca Muerta. Por otro, implica una presión creciente sobre el precio de los combustibles, mayores costos para el transporte y la producción y un nuevo desafío para contener la inflación.

El otro aspecto a tener en cuenta es que el salto adicional del barril complica la baja de la inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, se aleja la posibilidad de una rebaja de tasas por parte de la Reserva Federal. Al contrario, crecerían las temores de una próxima suba de tasas, que había quedado casi descartada.

De hecho, la tasa a diez años voló hasta 4,70% anual, lo que impactó negativamente en los mercados. Los bonos argentinos lo sufrieron y el riesgo país volvió a superar los 430 puntos básicos, lo que aleja la posibilidad de salir a buscar financiamiento a los mercados.