Dos nuevos testigos declaran esta mañana en la fiscalía de Gerardo Pollicita, en la causa por presunto enriquecimiento contra Manuel Adorni. Se trata de funcionarios públicos que le pagaron gastos personales al exjefe de Gabinete, que luego les restituyó el dinero.

La sospecha de los investigadores es que Adorni pretendía así que no quedaran rastros de sus erogaciones, que no se condecían con sus ingresos.

La primera en llegar a los tribunales de Comodoro Py 2002 fue Gisela Kocsis, que el 2 de junio pasado pagó en efectivo sommiers y ropa de cama en un local de blanquería para su entonces jefe. La factura se hizo a nombre de ella, pero las compras estaban destinadas a equipar la casa de fin de semana de los Adorni en Indio Cua.

Después entró a la fiscalía Luis Enrique Aluju, también empleado de la Casa Rosada, que según las constancias que están en poder de la Justicia, es el dueño de dos tarjetas de crédito con las que Adorni pagó dos proyectores para videojuegos que costaron $1.831.795 cada uno.

Anteayer, se presentó a declarar Laura Schiuma, quien confirmó que le había prestado a Adorni la tarjeta Mastercard con la que él adquirió un monitor para videojuegos por $2.184.999,05.

Según Schiuma, el entonces vocero, que además de su jefe era su amigo, le pidió su tarjeta para hacer una compra de unos 2,2 millones de pesos, pero no le contó qué iba a adquirir ni cuál sería el destino de esa compra. Ella le dio los datos de la tarjeta y él hizo la operación. Schiuma no precisó si él anotó los números o le sacó una foto al plástico. Dijo que fue la única vez que esto pasó y que no guarda en su teléfono ningún mensaje alusivo a esta operación.

Schiuma añadió que, cuando llegó el resumen de los gastos de su Mastercard, Adorni le reintegró personalmente el importe en efectivo.

La funcionaria, que hoy es directora general de Actividades Presidenciales, contó que entró a la administración pública por una convocatoria personal de Adorni, que le dijo que necesitaba “gente de confianza”, informó a una fuente al tanto de la declaración judicial. Se habían conocido trabajando en una agencia comercializadora del Plan Rombo-Renault, según Schiuma.

Noticia en desarrollo

MAR DEL PLATA.- El empresario Mauricio Ríos, recordado por protagonizar la usurpación de una vivienda en Cariló en tiempos de pandemia por coronavirus, quedó detenido luego de una serie de allanamientos ordenados por la justicia federal en el marco de una causa que lo involucra en el robo de una camioneta secuestrada junto a otros vehículos en aquella localidad.

La medida judicial, ordenada por el juez Santiago Inchausti, con intervención de la fiscal Laura Mazzaferri, sumó un segundo detenido, el secuestro de distintos elementos de interés para la causa y mantiene como sospechosos a otros dos sujetos que continúan en libertad.

Ríos está radicado en Mar del Plata, se ha movido durante los años en negocios vinculados a la gastronomía, la nocturnidad e incluso se lo vincula con la actividad en servicios de playa. Y su despliegue y crecimiento, según fuentes de la investigación, estaría relacionada a su cercanía con Rudy Ulloa, uno de los hombres fuertes del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz.

A Ríos lo encontraron en su domicilio del barrio Chauvin, hasta donde llegaron unidades de la Policía Federal para cumplir con el allanamiento y la detención. Según se pudo conocer, tenía programada una intervención quirúrgica por un problema de salud, por lo que la justicia hizo lugar al pedido de afrontar esta instancia bajo la condición de prisión domiciliaria.

El caso que se le imputa mantiene la calificación de encubrimiento agravado, por robo con armas, falsificación y uso de cédula verde y supresión de la numeración registral de un automotor. Se trata de una de las camionetas secuestradas frente a la casa de calle Leñatero ocupada de manera ilegal por aquellos días de 2020, dominados por restricciones de circulación que imponía el protocolo de seguridad sanitaria por circulación y contagio de coronavirus.

El desalojo se concretó a mediados de noviembre de ese año, luego de que los propietarios advirtieran no solo que había extraños en la casona con fondo de parque que tenía salida directa al Cariló Golf. Cuando anduvieron por allí, la encontraron pintada de otro color, en tonos más próximos al bordó, y hasta con nuevo nombre en el frente: “Volver a vivir”, la habían bautizado, según se leía en un cartel.

Allí se anoticiaron de denuncias de vecinos por ruidos molestos derivados de noches de cumbia a alto volumen e intenso movimiento de vehículos. Pronto supieron que era un rumor a voces, en ese bosque, de fiestas que allí se advertían en tiempos de limitación para reuniones.

Ríos, conocido por aquí como “El Gordo Maury”, quedó procesado entonces en la justicia ordinaria, que lo acusó de usurpación de vivienda, con intervención de la Fiscalía de Pinamar. Según se pudo conocer, la causa está encaminada a juicio. En la puerta de esa vivienda se secuestraron varios vehículos con algunas irregularidades en sus dominios. De allí viene la causa que ahora tiene la justicia federal en Mar del Plata y mantiene al empresario en prisión domiciliaria.

No es el único escándalo que involucra a Ríos. En 2022 su nombre volvió a asomar como tercero de un caso de asesinato: durante la celebración de su cumpleaños 51, en el local gastronómico de un parador lindero al faro, hubo una discusión entre dos de los más de 200 invitados, balas y un muerto.

La víctima fatal fue Maximiliano Rihl, de 44 años, oriundo de Canning. Recibió impactos de bala a manos de Juan Jesús Piero Pinna, también empresario, oriundo de Tucumán y conocido por allí como El Faraón del Pollo, nombre de su distribuidora avícola. Entonces trascendió que su novia por aquellos días y a quien acompañaba esa noche en esa fiesta era, precisamente, una hija de Rudy Ulloa.

El caso tomó aún mayor dimensión porque el autor del crimen escapó de Mar del Plata y fue buscado hasta que se entregó, paso que dio en la provincia de Tucumán, a la que había llegado sin ser interceptado por los policías que lo buscaban.

Ríos quedó ahora a disposición del juez Inchausti y se espera a que supere esta cirugía programada que tenía para ponerle fecha a la audiencia de formalización de imputaciones, que se realiza en sede del juzgado y con presencia de los imputados y sus respectivas defensas.