POLITICA
Nicolás Trotta cuestionó el acuerdo con las universidades: “Es un alivio, pero no una solución definitiva”

El Gobierno nacional acordó con las universidades y los gremios docentes un incremento salarial del 24,3%, además de refuerzos para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento, con el objetivo de reducir la tensión tras casi tres años de conflicto. El entendimiento estableció una tregua en la negociación, aunque la demanda por la aplicación de la ley de financiamiento universitario sigue en la Corte Suprema y el reclamo por el cumplimiento de esa norma permanece abierto.
El exministro de Educación de la Nación y diputado nacional Nicolás Trotta sostuvo que el conflicto provocó consecuencias sobre el sistema universitario y cuestionó la falta de aplicación de la ley de financiamiento. “Este gobierno, durante dos años y medio, extendió un conflicto generando un daño en parte irreparable a nuestro sistema universitario“, indicó.
En este sentido explicó que se perdieron “más de diez mil docentes investigadores, se interrumpieron procesos de creación de conocimiento y estudiantes abandonaron sus carreras universitarias”, afirmó.
Qué implica el acuerdo
El acuerdo contempla un aumento del 21,3% para junio y un 3% adicional previsto para octubre. Además, incorpora un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% para las becas Manuel Belgrano.
En cambio, las becas Progresar no forman parte del entendimiento. La negociación salarial ingresó en un cuarto intermedio de 90 días y el Ejecutivo asumió el compromiso de retomar la discusión.
La decisión del Gobierno respondió al avance del conflicto con los gremios y al proceso judicial que permanece en la Corte Suprema. También remarcaron que el entendimiento representa un alivio parcial para los trabajadores universitarios, aunque no implica la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Críticas al rol de la Justicia y al alcance del acuerdo
Trotta señaló que el Congreso aprobó la norma en dos oportunidades y que el Poder Ejecutivo mantiene un incumplimiento. “Estamos frente a un incumplimiento de una ley que fue aprobada dos veces por el Congreso”, expresó.

El exministro indicó que el acuerdo anunciado representa una porción de los recursos contemplados en la legislación. Según explicó, “de los 2,8 billones que debería invertirse en el sistema universitario para compensar la inflación, se invierten 0,8”. Además, sostuvo que “menos del 40% de la pérdida salarial docente se recupera con este esquema”.
Al mismo tiempo, Trotta cuestionó la demora de la Corte Suprema para resolver la disputa judicial. “No solo existe un conflicto de poderes, sino también un riesgo institucional enorme en el capital social educativo de la Argentina, que son las universidades”, afirmó.
Además, consideró que la instancia judicial no debería frenar la aplicación de la ley. “No podría haber una suspensión del cumplimiento de la ley. Se puede discutir el fondo, pero el daño continúa mientras tanto”, señaló.
El exfuncionario también sostuvo que la resolución parcial no modifica el escenario estructural del sistema universitario. “Esto no es una solución definitiva. Es resultado de la movilización social, pero no resuelve los problemas que atraviesa el sistema universitario”, afirmó.
En el mismo sentido, remarcó que muchos docentes impulsan reclamos individuales para exigir el cumplimiento de la norma y reclamó una intervención más rápida de la Justicia para resolver el conflicto institucional.
Trotta aseguró que el debate debe centrarse en las prioridades del gasto público. “Hay cosas de las que se puede prescindir, pero la inversión en educación no puede formar parte de una política de ajuste”, sostuvo.
Y afirmó que la discusión incluye la estructura tributaria y la distribución de los recursos públicos. “La prioridad uno es el sistema educativo y no debe tocarse”, expresó.
El diputado agregó que el acuerdo anunciado mejora parcialmente los ingresos de los trabajadores, pero no modifica el reclamo central. “Cuando perdés casi la mitad de tu ingreso y recuperás solo una parte de esa pérdida, existe un alivio, pero no una solución definitiva”, indicó.
Sobre la continuidad del conflicto, Trotta rechazó la idea de una tregua prolongada. “No debería haber tregua porque no existe una resolución definitiva del problema”, afirmó. Y sostuvo que el compromiso de reabrir la negociación salarial en septiembre no garantiza una salida permanente para el sistema universitario ni para los trabajadores del sector.
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POLITICA
Kristalina Georgieva se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada y participó de una reunión de Gabinete ampliado

El presidente Javier Milei recibió por la tarde en la Casa Rosada a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que luego fue invitada a participar de una reunión de Gabinete ampliado.
Del encuentro con el Presidente, que se extendió por más de una hora, también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, según informó la Oficina del Presidente en su cuenta de X.
La foto oficial del encuentro se hizo en el despacho presidencial, con la emblemática motosierra que Milei tiene exhibida sobre la mesa. La reunión se dio horas después de que Georgieva y Caputo ofrecieran una conferencia de prensa conjunta en el Palacio de Hacienda, donde la titular del FMI descartó que la Argentina necesite un nuevo programa de financiamiento con el organismo.
Allí, la jefa del FMI respaldó el plan económico del Gobierno y destacó que en la actualidad “todos los indicadores muestran una escena más saludable” que en diciembre de 2023.
“No me preocupa que la Argentina no tenga el dinero para pagar (la deuda), porque miro el Banco Central, que siga comprando”, remarcó la jefa del Fondo. También afirmó que la Argentina “no necesitará financiamiento adicional” a los US$20.000 millones que Milei y Caputo ya negociaron.
“Vemos que una gran determinación en la acumulación de reservas, que el Banco Central aplicó desde el inicio y llegó a cobrecumplir la meta. Y hay una estrategia abarcativa de cómo lograrlo. El país está por un buen camino y va a llegar el momento en que la Argentina se una a las economías emergentes que reformaron su economía y dejaron de pedir prestado”, enfatizó la directora del Fondo.
La agenda oficial de Giorgieva se completará este lunes con una exposición ante estudiantes universitarios en el Palacio Libertad programada para las 16.30. Luego, la funcionaria búlgara viajará el martes a Neuquén para visitar Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente de la petrolera estatal YPF, Horacio Marín.
Leer más: La jefa del FMI le dio un fuerte respaldo al plan de Milei y afirmó que la Argentina “no necesitará financiamiento adicional”
Antes de llegar a Economía, Georgieva hizo un posteo en la red social X en el que marcó su intención de “interactuar con personas de toda la Argentina y aprender más sobre las oportunidades y ambiciones del país”.
“Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero”, indicó la jefa del FMI.
Kristalina Georgieva, Javier Milei
POLITICA
El canciller de Lula recibió al embajador argentino en Brasilia y le transmitió el “repudio” de su gobierno

BRASILIA.- La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil, abierta el sábado por los agravios del presidente Javier Milei a Lula da Silva, suma nuevos capítulos. El canciller brasileño, Mauro Vieira, recibió el domingo por la tarde al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, le transmitió el “repudio” de su gobierno por los dichos del mandatario argentino en San Pablo y le exigió explicaciones.
Ese mismo domingo, y también por determinación de Vieira, Brasil llamó a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. Bitelli llegó a Brasilia este lunes y espera una conversación con el canciller que podría ocurrir esta tarde, según confirmó a una fuente calificada.
En la cancillería no descartan que, además de ese encuentro, el propio Lula converse directamente con él. El llamado a consultas de un embajador es, en sí mismo, un gesto de descontento que Brasil no había utilizado con la Argentina en las últimas décadas.
Vieira relató que durante el encuentro con Raimondi, sucedido el domingo, le transmitió “el desagrado del gobierno brasileño” con el discurso de Milei en San Pablo y le pidió además al embajador argentino que le transmitiera al gobierno argentino ese mensaje y pidiera explicaciones por lo sucedido.
Del lado argentino, la orden que bajó a la embajada en Brasilia es de “silencio total”: ni Raimondi ni nadie de la delegación hará declaraciones por ahora.
“No tiene mucho sentido comentar la protesta, es un instrumento diplomático que tienen los gobiernos”, evaluó una fuente argentina ante , y consideró “nada fuera de lo esperable” la reacción brasileña. En el Gobierno, además, advierten que no habrá un pedido de disculpas oficial por los dichos del Presidente hacia la cabeza de su principal socio del Mercosur.
Una nota oficial de Itamaraty, difundida el domingo por la noche, calificó la crisis abierta por la visita de Milei a San Pablo para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro como una situación “sin precedentes”. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, nunca un presidente extranjero llegó a territorio brasileño para agredir al jefe de Estado, a las instituciones democráticas -incluido el Poder Judicial- y al pueblo brasileño. La nota agregó que resulta “especialmente lamentable” que el hecho involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación, y que es, además, su principal socio comercial.
El canciller Vieira calificó como “inaceptables” las declaraciones de Milei. Definió la visita del mandatario argentino como “una interferencia en asuntos domésticos, en asuntos nacionales”, agravada -según dijo en una entrevista con el canal Globo- por el hecho de que el mandatario argentino, en un viaje privado, terminara involucrado en “una cuestión político-partidaria”.
“No conozco ningún precedente con este nivel de gravedad, de la forma en que ocurrió”, dijo el canciller de Lula, categórico.
El gobierno brasileño descarta, por ahora, medidas más duras, como el retiro de la representación diplomática brasileña en Argentina: “No vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño a hacer este tipo de manifestaciones?”, planteó.
Extraoficialmente, en la cancillería tienen una respuesta a la pregunta levantada por Vieira: leen la actitud de Milei y sus funcionarios como una ruptura con la tradición diplomática argentina hacia sus vecinos, y como un complemento a la posición de Donald Trump de injerencia en el proceso electoral brasileño, previsto para el 4 de octubre.
El origen de todo esto se remonta al sábado, cuando Milei viajó a San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro en la convención del Partido Liberal. En un discurso de unos 25 minutos, el presidente argentino llamó “ladrón” y “presidiario” a Lula -sin nombrarlo-, además de advertir sobre el “riesgo Lula” para la economía brasileña.
Arriba del escenario lo acompañaron el canciller argentino, Pablo Quirno, y el cónsul argentino en San Pablo, Luis Kreckler. Quirno, ubicado junto a la hermana del presidente, Karina Milei, celebró cada arremetida contra los “zurdos de mierda” y el “socialismo”, algo que en Brasilia también leen como un respaldo institucional, y no solo personal, al tono del discurso.
Milei también cargó contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, a quien acusó de haberle bloqueado, días antes, el pedido para visitar a Jair Bolsonaro -condenado a 27 años de prisión por liderar el intento de golpe de Estado que buscó impedir la asunción de Lula en 2023- y a quien calificó de “basura calva”.
En el gobierno de Lula también hubo nuevas reacciones. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, tildó a Milei de “payaso” y rechazó las críticas del presidente argentino a la economía brasileña, al sostener que el riesgo país, la deuda y la inflación de la Argentina son mayores que las de Brasil.
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Reelecciones indefinidas: Kicillof las respaldó y el peronismo busca un camino para que intendentes vayan por otro mandato

Un sector del peronismo impulsa una avanzada para habilitar la reelección indefinida de intendentes en la provincia de Buenos Aires. El debate se instaló durante los últimos días tras las declaraciones de Axel Kicillof, gobernador bonaerense, quien manifestó su respaldo a la discusión, aunque dejó en claro que la definición debe pasar por la Legislatura provincial. Fue entonces cuando la presidenta del Senado, la vicegobernadora Verónica Magario, defendió la posición del mandatario provincial y señaló a la oposición como parte responsable del freno al tratamiento del tema. Entre las alternativas que se analizan, apareció la opción de que los Concejos Deliberantes de cada municipio definan la habilitación de las candidaturas.
“Lo hemos dicho varias veces. Yo no tengo reelección, soy gobernador y no estoy buscando mi reelección”, dijo Kicillof y distinguió la situación de los intendentes: “Es muy infrecuente que, a nivel de gobiernos locales, no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce y que son cercanos. Si se mandan alguna o están en alguna situación, los conoce el pueblo”.
En el Senado bonaerense, el peronismo cuenta con quórum propio, lo que en los papeles facilitaría el tratamiento de una reforma. Desde el sector identificado con el kirchnerismo prevalece la expectativa de que sea Kicillof quien envíe un proyecto de ley propio para habilitar el debate. La estrategia y los tiempos dependen de la discusión interna del peronismo, donde conviven posturas divergentes respecto al alcance y el momento de la reforma, entre otras diferencias.

La vicegobernadora y también titular del Senado dijo que Kicillof “propone algo de absoluta lógica” y que es “evitar que se excluya, en el momento de elegir, a los intendentes que más cercanía tienen con la gente”. Magario también aseveró: “Resulta difícil entender que quienes alguna vez gobernaron la provincia hayan decidido limitar la posibilidad de que sea la propia gente la que elija si un intendente debe continuar o no. Una vez más, demuestran que nunca terminaron de comprender a la provincia de Buenos Aires». El mensaje fue a la oposición. Sin embargo, en el peronismo también hay matices.
Tiempo atrás, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, lo expuso: “Con un sector del peronismo estamos totalmente de acuerdo y creemos que se tiene que discutir este año lo más temprano posible”, dijo sobre cambios a la ley que limita los mandatos. “Esa ley es proscriptiva: la Constitución sólo establece límites para gobernador y vice”, reiteró.
Uno de los impulsores para trazar la estrategia para que sean los concejos deliberantes los que resuelvan es el intendente de Castelli, Francisco Echarren. El jefe comunal, perteneciente al espacio Fuerza Patria, avanza con la redacción de la primera Carta Orgánica Municipal bonaerense, que podría habilitar la autonomía municipal para definir el régimen electoral y la posibilidad de reelecciones indefinidas. Esta iniciativa cuenta con respaldo mayoritario del Concejo Deliberante y prevé la convocatoria a una convención constituyente para trazar el nuevo marco institucional para el distrito.
El debate por la reelección indefinida se da en un contexto de fuerte tensión política. Si la ley no se modifica, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán competir por otro mandato en 2027. De ese total, 51 pertenecen al peronismo, 16 son radicales, siete del PRO, cinco de partidos vecinales y uno de La Libertad Avanza tras haber abandonado el PRO. La actual ley, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, fijó un máximo de dos mandatos consecutivos. Una reforma aprobada en 2021 determinó que el primer período a computar sería el iniciado en 2019, permitiendo que quienes fueron reelegidos en 2023 no puedan volver a presentarse en 2027 si no hay cambios.

El oficialismo presentó en el Senado bonaerense un proyecto de Ayelén Durán que elimina las restricciones a la reelección de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. La iniciativa permanece en estudio en la Comisión de Legislación General, que preside Germán Lago, un senador de Kicillof y Magario.
La oposición, en cambio, no muestra un respaldo amplio a la reforma. El PRO y La Libertad Avanza rechazan la posibilidad de extender los mandatos, mientras que la Unión Cívica Radical exhibe posiciones divididas y el Frente Renovador mantiene su defensa de la ley vigente. Sin embargo, algunas fuentes admiten que si el peronismo -básicamente los intendentes- consigue los votos mediante aliados, el espacio no será un obstáculo.
En el Senado bonaerense, el bloque de La Libertad Avanza cuenta con 10 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados la fuerza libertaria dispone de 20 diputados. Ante este escenario, el peronismo podría buscar consensos con bloques aliados, como Nuevos Aires (tres diputados) o Unión y Libertad (tres senadores en la Cámara Alta), para explorar la aprobación de una eventual reforma.
La vía municipal para sortear la ley
En el terreno local, la autonomía municipal surge como alternativa ante la falta de apoyo para modificar la ley a nivel provincial. Bajo este principio, cada comuna podría establecer sus propias reglas sobre la continuidad de sus autoridades, lo que permitiría a los intendentes esquivar la restricción legal. La iniciativa sumó apoyos entre intendentes alineados con Kicillof, que buscan evitar que decenas de jefes comunales queden impedidos de presentarse en 2027. Además, de haber cambios a la actual ley —habilitando las reelecciones—, algunos intendentes que hoy empiezan a mostrar un perfil provincial y que podrían estar en la conversación para la sucesión de Kicillof en el Ejecutivo bonaerense podrían seguir al frente de su municipio. “Es un eje ordenador, ¿dónde van a ir los 80 intendentes si no pueden ir por una reelección más?”, desliza un diputado peronista que pregona los cambios a la actual normativa.
Entre los intendentes que no podrán ir por un nuevo mandato aparecen algunos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), entre otros.
El debate trasciende las fronteras del oficialismo. Algunos intendentes, como Federico Otermín de Lomas de Zamora, han planteado en público una postura favorable a la renovación de los equipos de gobierno. “Tengo una mirada a favor de la renovación. Son lugares de tanto compromiso y tarea que los proyectos, cuanto más colectivos sean, mejor”, sostuvo recientemente Otermín durante una entrevista al streaming Uno Tres Cinco. Mariel Fernández, de Moreno, también abona a la renovación dirigencial y eso incluye a intendentes. Otros, como Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Federico Achával (Pilar) o Andrés Watson (Florencio Varela), defienden la iniciativa original que permite las reelecciones consecutivas.
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