El Gobierno avanza con una reforma de seguridad y planea enviarla al Congreso durante este segundo semestre. Se trata de un paquete de leyes en el que los equipos técnicos del Ejecutivo trabajan basados en el marco legal de Estados Unidos y que buscará ordenar cambios sobre Seguridad, Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado.

En la Casa Rosada explican que la iniciativa todavía no está terminada, pero la ubican dentro de los proyectos que Javier Milei quiere impulsar en los próximos meses. “No está listo todavía. Una vez que se termine, entrará en la hoja de ruta legislativa”, expresan en Nación.

El paquete se apoya en modelos como la Ley de Seguridad Nacional estadounidense, que creó en 1947 el Consejo de Seguridad Nacional y la CIA. En Balcarce 50 sostienen que el objetivo es avanzar hacia un esquema más integrado de coordinación frente a amenazas como narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, ciberataques, operaciones extranjeras y delitos transnacionales.

Uno de los puntos centrales que analiza el Ejecutivo es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, inspirado en el esquema estadounidense. La idea es conformar un órgano de coordinación estratégica que reúna al Presidente, Seguridad, Defensa, Cancillería, la SIDE y el Estado Mayor Conjunto, entre otras áreas, para ordenar decisiones sobre amenazas externas, crimen organizado, terrorismo, inteligencia y cooperación internacional.

El Gobierno ya sancionó la Ley Antimafia, impulsó cambios sobre reincidencia y reiterancia, modificó por decreto los estatutos y funciones de las fuerzas federales, creó herramientas de ciberseguridad y actualizó el marco de Defensa. El nuevo paquete buscará ampliar esa agenda bajo una lógica más amplia de seguridad nacional.

En el Ejecutivo lo presentan como una segunda etapa. La primera incluyó medidas penales, administrativas y operativas; la nueva apunta a darle mayor coherencia institucional al vínculo entre fuerzas federales, Fuerzas Armadas e Inteligencia. En Nación sostienen que el objetivo es evitar superposiciones, ampliar capacidades y establecer reglas más claras para escenarios de mayor complejidad.

La iniciativa se inscribe además en el alineamiento de seguridad que Milei profundizó con Washington. En marzo, el Presidente adhirió al Escudo de las Américas, una coalición regional impulsada por Donald Trump para coordinar acciones contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y la influencia de China en la región.

En Seguridad, uno de los ejes será consolidar las nuevas atribuciones de las fuerzas federales. En los últimos meses, el Ejecutivo actualizó por decreto el régimen de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Esos cambios tocaron estructura, carrera, régimen disciplinario, control interno, modernización tecnológica y funciones operativas.

Leé también: El Gobierno posterga el envío del acuerdo con EE.UU. al Congreso y reordena su agenda legislativa

En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por ejemplo, el Gobierno incorporó nuevas misiones vinculadas a seguridad del Estado, seguridad aeroportuaria compleja e investigación de delitos relacionados con narcotráfico, terrorismo, contrabando y organizaciones criminales. También habilitó que, a requerimiento del Poder Ejecutivo, pueda prestar otros servicios de seguridad interior y asumir responsabilidad primaria en seguridad del transporte.

En Gendarmería, el Ejecutivo avanzó con un nuevo estatuto para actualizar una normativa que consideraba desfasada frente al crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas, armas y recursos naturales. En el Gobierno sostienen que esa reforma buscó fortalecer capacidades institucionales para enfrentar amenazas complejas.

En Prefectura, la modificación apuntó a actualizar su rol como fuerza de seguridad federal, reforzar la prevención frente al crimen marítimo, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero, la trata y el tráfico ilícito de personas. También le dio mayor jerarquía normativa al Sistema Guardacostas, usado para vigilancia, control, monitoreo e inteligencia criminal en espacios marítimos, fluviales y lacustres.

El Servicio Penitenciario Federal también quedó dentro de esa primera etapa. La reforma lo consolidó como fuerza de seguridad federal bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, con foco en el control de bandas criminales dentro de las cárceles, modernización tecnológica, formación, carrera administrativa, seguridad penitenciaria y mecanismos de integridad.

En paralelo, el Gobierno ya avanzó con herramientas vinculadas a ciberdelito y ciberseguridad. En Balcarce 50 entienden que ese capítulo deberá integrarse al nuevo paquete, en especial por el crecimiento de delitos digitales, amenazas sobre infraestructura crítica, operaciones de desinformación y uso de plataformas tecnológicas por parte del crimen organizado.

Leé también: Tras el anuncio del plan financiero, el Gobierno se enfoca en su agenda legislativa y retoma las conferencias de prensa en Casa Rosada

En Defensa, una de las propuestas que vuelve a estar sobre la mesa es reforzar el marco legal para la protección del espacio aéreo. La Argentina ya cuenta con reglas que autorizan, de forma excepcional, el derribo o destrucción de vectores declarados hostiles, pero el Gobierno busca darle mayor respaldo normativo y operativo a ese esquema frente a vuelos irregulares, narcotráfico y amenazas transnacionales.

El capítulo de Inteligencia será otro de los ejes. El Gobierno quiere reformar el estatuto del espía, la escuela de inteligencia y ampliar el margen de acción de los agentes dentro y fuera del país. En Balcarce 50, sostienen que la Argentina necesita un régimen más profesionalizado, con plan de carrera, jerarquías claras, formación permanente y reglas operativas más precisas.

También se analiza revisar la estructura de coordinación entre la SIDE, la inteligencia criminal y la inteligencia militar. En el Ejecutivo vienen estudiando modelos de integración más vertical, con una conducción centralizada que evite superposición de áreas, mandos dispersos y circuitos paralelos de información.

La intención política es usar esta agenda también en campaña. En el oficialismo creen que la seguridad puede funcionar como uno de los ejes de contraste con la oposición, junto con la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la reforma del Código Penal, que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en las próximas semanas.

Gobierno, reforma, seguridad

Conforme a

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se pronunció este jueves en contra de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en contraposición a la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional. El mandatario, que participó de los actos por el 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán, tomó distancia de la postura oficialista y defendió el sistema de primarias como una herramienta válida para la democracia argentina.

La declaración de Sadir se da en un momento en que el debate sobre el futuro de las PASO gana terreno entre gobernadores de distintos signos políticos. Mientras el Ejecutivo nacional busca convencer a sus aliados de acompañar una reforma que derogue o suspenda las primarias para facilitar el camino electoral de cara a 2027, las posiciones entre los mandatarios provinciales distan de ser uniformes.

El gobernador jujeño no cerró la puerta por completo: admitió que la Unión Cívica Radical (UCR) – partido al que pertenece – podría considerar una suspensión transitoria del mecanismo pero descartó de plano su eliminación definitiva. Esa distinción, aparentemente técnica, marca una diferencia con la iniciativa que promueve La Libertad Avanza (LLA).

En declaraciones a Radio Rivadavia, Sadir explicó que el tema fue objeto de conversaciones entre varios gobernadores radicales. “Hemos hablado bastante de ese tema, pero obviamente no hay una definición. Dependerá del Congreso”, sostuvo, y agregó que el debate “demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara”. Su conclusión fue precisa: “Pensaría que podríamos suspender pero no eliminarla”.

La postura del mandatario jujeño contrasta con la del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien días antes había respaldado abiertamente la derogación de las primarias. “Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”, afirmó el catamarqueño en declaraciones a Futurock. Jalil, uno de los jefes provinciales que se identificaron con el peronismo pero tiene cercanía al Gobierno, sí condicionó su apoyo a que la medida contara con “el mayor consenso posible” y con la adhesión de la mayoría de los gobernadores, tanto justicialistas como de otras fuerzas.

También el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se había expresado en sentido contrario a la derogación. Jaldo fue categórico: “Nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Eso ya lo hemos dicho, y para que quede claro cuál es la posición del bloque Independencia”. La coincidencia entre Sadir y Jaldo muestra que hay una franja de gobernadores que resiste la propuesta del Ejecutivo.

Sadir también se refirió a la situación electoral de Jujuy. Confirmó que la provincia tiene la posibilidad de desdoblar sus comicios respecto del calendario nacional —algo que, según señaló, ya viene ocurriendo desde hace varios años— aunque aclaró que todavía no tomó una decisión al respecto. “Todavía no hemos definido. Falta bastante”, dijo, y subrayó que esa resolución dependerá, en parte, de lo que se acuerde con el Gobierno Nacional y del resultado de las negociaciones en torno a la reforma política.

En paralelo al debate electoral, el mandatario jujeño valoró el clima de diálogo que, a su juicio, caracteriza al flamante jefe de Gabinete Diego Santilli. Coincidió con la lectura del gobernador Jaldo, quien había descripto incluso al presidente Milei con “una posición más dialoguista que antes”, y anticipó que esa tendencia podría profundizarse con la llegada de Santilli a la jefatura de Gabinete. “Ya veníamos teniendo buen diálogo con él como ministro y me parece que eso todavía se puede mejorar”, señaló Sadir sobre el ex titular del Ministerio del Interior.

El gobernador también respaldó la Ley de Modernización Laboral impulsada por LLA, al sostener que sus disposiciones “favorecen las inversiones” y actualizan una normativa que requería ser reformada. Sobre el acto del 9 de Julio, precisó que no mantuvo una reunión privada con el presidente: “No hubo una charla a solas. Solo hicimos la foto después de cantar el himno, saludó a todos y se fue”.