Movimientos financieros por decenas de millones de dólares, transferencias a entidades sin actividad real y un entramado de relaciones opacas marcan la administración de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su cuenta en Estados Unidos. Según una investigación de La Nación, al menos USD 42 millones distribuidos desde esa cuenta llegaron a cuatro sociedades registradas en Florida que carecen de empleados y actividades declaradas, cuyos titulares presentan antecedentes de insolvencia y relaciones sociales poco vinculadas al mundo empresarial. Estas operaciones se suman a un circuito bancario global que en cuatro años canalizó más de USD 260 millones, sin transparencia suficiente sobre el destino final de los fondos ni sus verdaderos beneficiarios.

La pieza central de esta estructura financiera es TourProdEnter LLC, una firma fundada en agosto de 2021 en Florida que, a los pocos meses de su creación, se convirtió en agente comercial exclusivo de la AFA en el extranjero. Bajo un contrato aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia, la empresa quedó a cargo de recaudar ingresos provenientes de sponsors, derechos televisivos y partidos amistosos, realizar pagos y, tras deducir comisiones, transferir los excedentes a la AFA. En ese período, TourProdEnter LLC manejó más de USD 260 millones a través de cuentas abiertas en Bank of America (USD 146 millones), Synovus (USD 72,4 millones), Citibank (USD 41 millones) y JP Morgan, según surge de registros bancarios confidenciales.

Los ingresos canalizados por TourProdEnter provenían en su mayoría de empresas patrocinadoras y compañías vinculadas a la Selección Argentina, como Adidas, cuyas transferencias en Bank of America sumaron USD 78,6 millones. También destaca la participación de Argentina Football Distribution (encargada del streaming AFA Play) y Reporter Broadcasting Company, que explican parte importante de los ingresos. Sin embargo, no todo el flujo se dirigió a actividades institucionales: una fracción considerable tuvo como destino Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de USD 110 millones y actuó como intermediario para la operatoria de cambio de bonos, pasando por jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y Argentina.

Portavoces de Adcap Uruguay reconocieron su función como agente financiero y afirmaron a La Nación que sus transacciones encuadraron en la normativa vigente y se respaldaron documentalmente, asegurando que los fondos provenientes de TourProdEnter LLC se transferían a cuentas de la AFA en bancos argentinos tras liquidar bonos. Sin embargo, en los balances oficiales de la AFA –presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ)– sólo consta una mención a TourProdEnter LLC, identificada como deudora, y sin señalar su rol en la estructura internacional de cobros y pagos.

Al menos USD 42 millones se depositaron en Soagu Services LLC (USD 10,8 millones), Marmasch LLC (USD 13,4 millones), Velp LLC (USD 3 millones) y Velpasalt LLC (USD 14,7 millones), sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Florida que carecen de empleados, no registran actividad comercial y muestran los rasgos de “sociedades fantasma” utilizadas como vehículo para canalizar fondos a individuos no identificados.

Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en Bariloche, Argentina, cuyos perfiles resultan inusuales para el manejo de sumas tan elevadas: beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y sujetos con deudas importantes en el sistema financiero.

Por ejemplo, Javier Alejandro Ojeda Jara, asociado a Soagu Services LLC, enfrenta deudas millonarias en Argentina y trabaja en una farmacia en Bariloche. Su pareja, Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC, también reside en esa ciudad y cuenta con antecedentes judiciales y bancarios negativos. Un patrón similar se observa en el caso de Verónica Inés López, responsable de Velp LLC, y su pareja Roberto Salice, vinculado a Velpasalt LLC, quien fue declarado en quiebra en 2019 bajo sospecha de fraude, con el proceso cerrado por ausencia de activos. Al ser consultado, Salice negó vínculos con TourProdEnter LLC y aseguró que su papel era únicamente el de “manager”.

Las direcciones registradas en Miami para estas sociedades corresponden a servicios de “oficina virtual” ofrecidos en alquiler temporal, y no se encuentran en los listados de empresas del edificio donde constan como domiciliadas. Además, dos de las firmas utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas..

Allegados a la administradora de TourProdEnter afirmaron que esa firma cumple con la organización logística y financiera de la AFA según lo estipulado por contrato. Por parte de Adcap Uruguay, voceros insistieron en la regularidad y formalidad de sus operaciones. Intentos de contactar a los titulares de las sociedades señaladas resultaron infructuosos.

En los balances de la AFA entregados a la IGJ, TourProdEnter LLC aparece mencionada por primera vez en junio de 2024 como deudora con un saldo pendiente de 13.296 millones de pesos (equivalente a USD 14,5 millones a la cotización oficial de ese momento), encabezando la lista de empresas de sponsorización con deuda hacia la entidad.

El documento fue aprobado en asamblea presidida por Claudio Tapia, quien destacó el alcance del “fair play financiero” y la renegociación de contratos de sponsors. Sin embargo, hasta entonces en los balances la AFA agrupaba a sus deudores bajo categorías genéricas que impedían identificar a los actores individuales y rastrear el flujo de dinero.

El incremento de ingresos por sponsorización desde 2021 coincidió con los éxitos deportivos y con la consolidación del acuerdo con TourProdEnter LLC, aunque la divergencia entre las transferencias gestionadas fuera del país y su reflejo incompleto en los balances oficiales ha generado una zona gris, reconocida incluso por autoridades de la IGJ, que advierten la ausencia de desagregación como un obstáculo para la interpretación legal y pública.

Dentro de la AFA, Tapia y su equipo defendieron la gestión financiera y el superávit obtenido tras el Mundial de Qatar, justificando la operatoria internacional como respuesta al cepo cambiario en Argentina. No obstante, la negativa a transparentar la trazabilidad y a identificar a los beneficiarios finales de las transferencias mantiene abiertos los interrogantes sobre la integridad del sistema montado.

En el seguimiento de estos movimientos societarios, se verificó que una de las LLC receptoras, Velp, recibió incluso una transferencia relevante incluso después de haber sido oficialmente disuelta, lo que refuerza las dudas sobre el destino último de los fondos y la transparencia de todo el entramado financiero.

La investigación que realiza la Justicia argentina por presunto lavado de dinero en torno a la propiedad de una mansión de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar, podría tomar un giro relevante este lunes, cuando Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte comparezcan por primera vez ante el juez Marcelo Aguinsky. Ambos están acusados de oficiar como testaferros de los principales dirigentes de la AFA, que serían lo verdaderos dueños de la casona.

El juez Aguinsky inició su investigación instruyendo notificar a Pantano y Conte que tenían la posibilidad de declarar, junto a su abogado Mariano Morán. Ellos eligieron hacerlo, a pesar de no estar formalmente obligados, y se conectarán por videoconferencia a las 11 horas. Sus participaciones no tienen el carácter de indagatoria ni de testimonio común, sino que responden al artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual otorga al imputado el derecho a explicar los hechos y proponer pruebas.

Las pesquisas contra Pantano y Conte se centran en su sociedad, Real Central SRL, titular no solo de la mansión investigada, sino también de cincuenta y cuatro vehículos de lujo y colección y de una residencia en el barrio Ayres Plaza de Pilar. Durante la instrucción, la justicia procedió a levantar el secreto fiscal, bancario y tributario de ambos, constatando que ni Pantano ni Conte presentan fondos declarados ni capacidad contributiva acorde con el valor y volumen de los bienes a su nombre. Esta comprobación ha reforzado la hipótesis judicial de que ambos serían prestanombres.