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El caso Vinicius-Prestianni sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol. En el encuentro de este miércoles entre Cruzeiro y Corinthians en el Estadio Mineirão, de la jornada 4 del Brasileirão, el empate (1-1) pasó a un segundo plano. El acontecimiento más importante sucedió instantes previos al silbatazo del colegiado. Los futbolistas del ‘Timão‘ saltaron al césped con la camiseta subida hasta la boca, replicando el gesto que días atrás protagonizó Gianluca Prestianni en un cruce con Vinicius Júnior en Champions. Si en Europa aquella acción fue interpretada como la forma de ocultar un presunto insulto racista, en Brasil se transformó en denuncia pública.

La Inspección General de Justicia solicitó formalmente al Ministerio de Justicia de la Nación que se designe veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Chiqui Tapia, para acceder a información contable y financiera que no fue entregada pese a los requerimientos realizados. En ese contexto, la entidad emitió un comunicado como respuesta que llevó la firma de su mandatario.

“La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”, afirmaron en uno de los 7 puntos titulado “nuestra respuesta”.

Según la IGJ, la información fue requerida y no entregada por la entidad. La decisión se plasmó en una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, quien reportó la detección de “graves irregularidades” dentro de la AFA. Tras conocerse este accionar, desde la Casa Madre difundieron un comunicado institucional compuesto por 7 ítems que llevó la firma de Tapia. Allí aseguran que la resolución de la IGJ “no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración de la entidad” y que se trata de una “medida preparatoria” con el fin de “determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.

“La pregunta es obligada: Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en “graves irregularidades”? Porque si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace. Dice que “no es una sanción”. Entonces, ¿de qué “gravedad” estamos hablando?“, plantearon en un punto definido como ”contradicción insoslayable».

También hacen referencia al cambio domiciliario de la AFA a la Provincia de Buenos Aires que fue reconocido en las últimas horas. “La IGJ insiste en que la sede de Pilar es “falsa” porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente“, argumentaron.

En el descargo aseguran que hay un “trasfondo político” en este accionar: “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”.

Finalmente, hay un mensaje dirigido “al fútbol argentino y al pueblo” donde remarcan que este deporte “no será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía”.

“Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de “graves irregularidades” si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial», sentenciaron.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se dirige a la opinión pública, a las instituciones del fútbol y a toda la ciudadanía para exponer su posición frente al comunicado emitido en el día de ayer por la Inspección General de Justicia (IGJ).

1. La contradicción insoslayable: ¿es o no es una sanción?

El Inspector General de Justicia ha reiterado en su resolución que la veeduría dispuesta contra la AFA “no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración de la entidad”. Afirma que se trata de una mera “medida preparatoria”, un relevamiento de información para “determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.

Sin embargo, el comunicado oficial de la IGJ califica los hechos que se investigan como “graves irregularidades”, menciona “millones de dólares de origen y destino desconocido” y habla de una “sede social falsa”.

La pregunta es obligada:

Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en “graves irregularidades” Porque si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace. Dice que “no es una sanción”. Entonces, ¿de qué “gravedad” estamos hablando? No hay peor contradicción que aquella que destruye la propia premisa del acto. Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho. Y si es un capricho, lo único grave aquí es la utilización política de un organismo de control.

2. Las “graves irregularidades” que en realidad son trámites en curso

El comunicado habla de balances “no presentados desde hace más de ocho años”. Eso es falso.

Los balances de los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados en tiempo y forma y se encuentran con “vistas pendientes” de contestación, es decir, en procedimiento administrativo ordinario. La propia resolución de la IGJ lo reconoce cuando menciona las “vistas contables corridas” y la “interpelación a auditores”.

Si hay vistas pendientes, hay un procedimiento abierto. Y si hay un procedimiento abierto, mal puede hablarse de “irregularidades firmes”. Lo que la IGJ califica de “grave” es, en realidad, la morosidad de sus propios empleados para resolver esas vistas.

El balance 2025 no fue presentado ante la IGJ porque, desde noviembre de 2024, la AFA tiene su domicilio legal inscripto en la Provincia de Buenos Aires, por resolución firme de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (RESO-2024-9000-GDEBA). Si la IGJ cuestiona esa inscripción, el conflicto debe dirimirlo la Corte Suprema, no una medida unilateral.

3. La mudanza “falsa” que es legal para la Provincia

La IGJ insiste en que la sede de Pilar es “falsa” porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente.

4. El precedente que la IGJ no puede ignorar: el caso Bullrich

La IGJ debería explicar por qué utiliza hoy contra la AFA el mismo libreto que en 2023 utilizó contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido entonces por Patricia Bullrich, actual senadora nacional.

En aquel entonces, la IGJ también habló de “graves irregularidades” y dispuso una intervención. La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en fallo firme, anuló esa intervención por violación al debido proceso y ordenó suspenderla con efecto inmediato.

Los argumentos que la IGJ esgrime hoy –falta de información, sospechas sobre el manejo de fondos– son los mismos que la justicia ya desestimó.

Lo que antes fue persecución contra una dirigente opositora, hoy es “control institucional” contra el fútbol argentino. La única diferencia es el destinatario. La metodología es la Misma. Y la justicia ya habló: ese método es nulo.

5. El trasfondo político: SAD y disputa de poderes

El comunicado de la IGJ cierra con una frase reveladora: “En la nueva Argentina del Presidente Javier Milei no hay privilegios”.

Esa confesión deja al desnudo la verdadera naturaleza de la medida. No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales.

Todo esto ocurre en simultáneo con una escalada del conflicto entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires por la jurisdicción sobre nuestra entidad. La AFA ha quedado en el medio de una disputa de poderes que nada tiene que ver con el control administrativo.

6. Nuestra respuesta

La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley. Por eso, en las próximas horas presentaremos las presentaciones judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich. Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto.

7. Al fútbol argentino y al pueblo

El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía.

Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas.

Y dejamos una pregunta final:

Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de “graves irregularidades” si, según sus propios términos, sólo está recolectando información?

La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial.

Quieren que seas cliente.

Pero sos parte.

Quieren que seas espectador.

Pero sos protagonista.

Porque sin vos no hay clubes.

Sin vos no hay historia.

Sin vos no hay fútbol.

El fútbol argentino es del pueblo.

Y el pueblo no se vende.

Claudio Fabián Tapia Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino