La regulación del sector cripto dejó de ser un recurso meramente reactivo y pasó a ocupar un lugar central en la agenda económica de los Estados. Esa es la conclusión principal del Global Crypto Policy Review & Outlook 2025/26 de TRM Labs, que analizó la evolución normativa en 30 jurisdicciones que concentran más del 70% de la exposición mundial a activos digitales. El informe apunta a un cambio estructural: los gobiernos ya no actúan solo ante episodios de inestabilidad, sino que diseñan marcos normativos para incorporar los activos digitales a sus sistemas financieros.

El cambio más visible ocurrió en torno a las stablecoins, que consolidaron su papel como nueva infraestructura de pagos y liquidez. Más del 70% de los países analizados desarrolló marcos regulatorios para estos instrumentos. El volumen global de operaciones superó los 15 billones de dólares en 2025, según distintas estimaciones de mercado, con uso extendido en remesas, liquidaciones y servicios financieros institucionales.

Esta expansión explica por qué los tres grandes bloques económicos respondieron con marcos normativos de alcance inédito. Ya no se trata de experimentos de nicho, las stablecoins son infraestructura crítica de pagos, y los gobiernos actúan en consecuencia.

Washington protagonizó uno de los cambios más profundos del año. Bajo la administración Trump, el Congreso aprobó el GENIUS Act, la primera ley federal sobre stablecoins. La norma inauguró un esquema de supervisión estructurado que incluye requisitos de reservas, auditorías y límites operativos.

En paralelo, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) lanzó Project Crypto, un programa integral para modernizar la regulación de valores digitales, mientras la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) inició un proceso de armonización normativa. Por primera vez, los organismos federales avanzaron con una hoja de ruta común que busca dar previsibilidad a emisores, instituciones financieras y plataformas de negociación.

La Unión Europea, por su parte, transitó el segundo año de implementación de MiCA, el mayor intento global de armonización del mercado cripto. Los reguladores comenzaron a otorgar licencias bajo el nuevo régimen, aunque TRM Labs documenta diferencias significativas entre países como Alemania, Francia, Austria y los Países Bajos en cuanto al ritmo y la profundidad de la supervisión.

A MiCA se sumó la entrada en vigor de DORA, la normativa de resiliencia operativa digital que obliga a las entidades financieras —incluidas las vinculadas al cripto— a elevar sus estándares de ciberseguridad y gestión de incidentes. Ante la creciente competencia con las stablecoins denominadas en dólares, el proyecto del euro digital mantiene su fase de evaluación sin avances concretos en diseño final.

Asua mostró la mayor diversidad regulatoria del año y consolidó un perfil estratégico en la arquitectura global del sector. En palabras de Angela Ang, directora de Políticas y Alianzas Estratégicas para Asia-Pacífico (APAC) en TRM Labs: “APAC continúa definiendo cómo debe ser una regulación cripto orientada al futuro, desde la tokenización hasta los stablecoins y los sistemas de pago de nueva generación”.

Las iniciativas avanzan en múltiples direcciones. Japón estudia trasladar la supervisión del cripto al marco de la Financial Instruments and Exchange Act, lo que equivaldría a tratar a la mayoría de los tokens como valores regulados. Corea lanzó un programa piloto para habilitar operaciones institucionales bajo controles estrictos, mientras avanza en legislación específica para stablecoins.

Hong Kong aceleró licencias, flexibilizó criterios de custodia y amplió las actividades permitidas a proveedores regulados. Singapur endureció las reglas para prestadores que operan desde su territorio hacia el exterior, pero mantiene un camino claro para stablecoins con estándares prudenciales sólidos.

Para Ang, la transformación es más profunda de lo que muestran los marcos normativos: “En toda la región de APAC, los stablecoins se están convirtiendo rápidamente en la nueva capa de liquidación. Los responsables de política pública ya no preguntan si los stablecoins importan, sino cómo regularlos de manera que permitan la innovación y, al mismo tiempo, protejan la estabilidad financiera.”

El informe subraya que en Japón, Corea, Singapur y Hong Kong la discusión dejó de centrarse en la legitimidad del instrumento para pasar a su integración efectiva en infraestructuras de pagos y sistemas bancarios.

El movimiento institucional acompaña ese giro. Ang destaca el contraste: “En el contexto de 2025 —un año en el que Estados Unidos ha liderado una aceleración clara en políticas más favorables al cripto— los reguladores de APAC han redoblado esfuerzos para ofrecer reglas claras y proporcionales, y para impulsar la implementación efectiva. Esa claridad impulsa la adopción institucional, con entidades financieras en casi todos los mercados de APAC que avanzan activamente en activos digitales.”

Medio Oriente reforzó su presencia con un sistema más integrado. En los Emiratos Árabes Unidos, el Banco Central completó la implementación de su regulación de stablecoins ligados al dírham y definió condiciones para productos tokenizados. Dubái y Abu Dabi sincronizaron criterios para operadores virtuales y elevaron sanciones por actividad no autorizada, en un proceso que TRM Labs identifica como una transición desde la experimentación hacia una supervisión madura con vocación internacional.

En América Latina, Brasil destacó por la entrada en vigor de su régimen de autorización para proveedores de servicios de activos virtuales, que obliga a operadores locales y extranjeros a cumplir requisitos de capital, transparencia y controles antilavado. La normativa incorpora además las operaciones con stablecoins dentro de la supervisión de cambios y pagos transfronterizos.

Argentina elevó las exigencias para el registro de proveedores y puso en marcha un marco experimental para activos tokenizados. México mantuvo una posición cauta, aunque impulsó reformas en la ley antilavado en su calidad de presidente del Grupo de Acción Financiera (FATF).

El avance regulatorio responde también a amenazas persistentes. TRM Labs atribuye las mayores tasas de actividad ilícita a segmentos fuera del perímetro regulado: brokers extrabursátiles no autorizados, puentes entre cadenas y algunas plataformas descentralizadas que carecen de controles operativos y auditorías. El hackeo vinculado a Corea del Norte contra la plataforma Bybit ilustra esta vulnerabilidad.Las pérdidas superaron los 1.500 millones de dólares en tokens de Ethereum. Según FATF, mientras existan jurisdicciones con marcos débiles o inexistentes, el riesgo de arbitraje regulatorio persistirá.

El sistema financiero tradicional también reconfiguró su posición. El Comité de Basilea anunció una revisión acelerada de su marco prudencial para exposiciones bancarias a criptoactivos, luego de que Estados Unidos y el Reino Unido rechazaran adoptar estándares que exigían deducciones de capital del 100% para la mayoría de los activos digitales.

TRM Labs observa que esta revisión podría facilitar la entrada de bancos globales en mercados de stablecoins y activos tokenizados, especialmente si se establecen criterios diferenciados según el riesgo operativo, la gobernanza y la solidez del emisor.

Los organismos multilaterales reforzaron sus advertencias. FATF insistió en la necesidad de una implementación más homogénea de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y amplió a 67 la lista de jurisdicciones con sectores cripto de relevancia material.

El Consejo de Estabilidad Financiera señaló que la fragmentación regulatoria sigue siendo un riesgo para la estabilidad, pese al avance en marcos nacionales. La Organización Internacional de Comisiones de Valores destacó progresos en custodia y gobernanza, pero advirtió que todavía es temprano para evaluar la efectividad de los regímenes vigentes.

El crecimiento del sector acompaña este giro de fondo. Distintos cálculos sitúan el valor de mercado global de los criptoactivos por encima de los cuatro billones de dólares en 2025, un máximo histórico. Encuestas a inversores institucionales muestran que más de la mitad de las entidades planea incrementar su exposición a activos digitales en los próximos años, siempre que existan reglas estables y supervisión clara.

El horizonte inmediato estará marcado por la implementación. Estados Unidos deberá desarrollar la regulación secundaria del GENIUS Act en 2026. Europa enfrentará la prueba práctica de la supervisión bajo MiCA. Asia profundizará sus programas piloto.

TRM Labs anticipa que la competencia entre jurisdicciones ya no girará en torno a atraer operadores mediante reglas laxas, sino a ofrecer marcos sofisticados capaces de integrar innovación, estabilidad financiera y controles eficaces. En esa transición, la regulación del cripto deja definitivamente de ser reactiva y pasa a ocupar el centro de la política económica de las principales economías del mundo.