INTERNACIONAL
A 45 años del atentado del ERP que terminó con la vida de Anastasio Somoza en Paraguay
El 17 de septiembre de 1980 no fue un día más. Ese día, el exdictador de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, quien vivía exiliado en la capital paraguaya desde agosto de 1979, fue asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), liderado por Enrique Gorriarán Merlo.
Si bien Somoza estaba protegido por la dictadura de Alfredo Stroessner y tenía consigo una custodia que lo acompañaba, el comando que lo acribilló en plena avenida asunceña ejecutó un plan que había sido cuidadosamente preparado desde hacía meses.
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El ataque que terminó con la vida del exdictador, de su asesor y de su chofer, expuso la fragilidad del régimen dictatorial paraguayo ante las operaciones guerrilleras.
Anastasio Somoza, entre la rebelión sandinista y el exilio
Anastasio Somoza Debayle formó parte de una dinastía de dictadores en Nicaragua que ejercía el poder desde 1937. Su padre, Anastasio Somoza García, había sido asesinado el 21 de septiembre de 1956 por un poeta opositor, Rigoberto López Pérez.
Este último le disparó cuatro tiros en el pecho con un revólver calibre 38. Trasladado a Miami, tardó cuatro días en morir. Anastasio Somoza García (1896-1956) gobernó Nicaragua bajo un régimen militar por 16 años en dos períodos, desde el año 1937 al 1947 y desde 1950 a 1956, año en que fue asesinado y sucedido por su hijo mayor, Luis Anastasio Somoza Debayle quien, por causas naturales, falleció en el poder en 1967. Anastasio Somoza García.
Muerto su hermano mayor, Anastasio Somoza Debayle ocupó el poder de Nicaragua por 13 años hasta que, en julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que había surgido en la década del ´60, logró derrocarlo en 1979 y este se exilió en Paraguay, donde el dictador Alfredo Stroessner le brindó su protección.
Operación Reptil: las tareas de inteligencia del ERP
La Operación Reptil que terminó con la vida de Somoza en 1980 en Asunción no deja de sorprender por sus aspectos casi cinematográficos.
Según el propio Gorriarán Merlo, el plan para atentar contra Anastasio Somoza en Paraguay fue una decisión propia del ERP, que tenía estrechos vínculos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). De hecho, varios de sus guerrilleros– como el Gordo Farfán o Capitán Santiago- habían participado en la Revolución Sandinista y mantenían estrechos vínculos con el FSLN. Cuando se decidió llevar adelante el magnicidio en Asunción, el ERP comunicó sus planes al FSLN y éste último le dio su aprobación. Ambas organizaciones guerrilleras consideraban que, mientras Somoza estuviera vivo, podría conspirar desde territorio paraguayo contra la revolución sandinista para la reinstaurar el antiguo orden. Enrique Gorriarán Merlo (foto Clarín)
Varios meses antes del atentado, el brazo armado del ERP comenzó con tareas de inteligencia en territorio paraguayo y la realización de entrenamientos en Colombia. En Asunción, el grupo guerrillero alquiló una casa como fachada para las operaciones encubiertas y se montó un puesto de venta de diarios y revistas para la vigilancia diaria de Somoza.
Parte de la reconstrucción del asesinato se basa en el propio testimonio de uno de sus verdugos. En 1995, desde la clandestinidad, Enrique Gorriarán Merlo concedió una entrevista al periodista Néstor Machiavelli (TELEFE) en donde se refirió al atentado. Según el exlíder del ERP, cuatro meses y medio antes del atentado, entre los primeros guerrilleros entraron al Paraguay estaban Roberto Sánchez, alias “Gordo Farfán”, y una compañera que militó en el MTP (Movimiento Todos Por la Patria). El periodista Daniel Mendoza, en su cobertura en Asunción (captura de video)
Sánchez, que había sido colectivero y camionero, fue guerrillero en el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, y tras el triunfo de la revolución fue nombrado jefe policial en Managua. Según el relato de Gorriarán Merlo, ocho fueron los miembros del grupo que participó en la operación y lo que más costó fue ubicar al exdictador en Asunción.
Fue entonces cuando su compañera del MTP encontró una forma ingeniosa de ubicar su paradero. La mujer, que estaba en un hotel en Asunción, tomó un taxi y le dijo al taxista: “Mire, yo estoy buscando una peluquería de mujeres que queda a una cuadra de la casa de Somoza”. Para encontrar el salón de belleza, el taxista fue con ella hasta una delegación de la policía y les preguntó directamente a los agentes dónde vivía Somoza. Según el exguerrillero, fue la propia fuerza de seguridad la que colaboró con la información sobre su ubicación.
Posteriormente, el grupo guerrillero prosiguió con sus tareas de inteligencia. Para tener un conocimiento más profundo de los movimientos de Somoza, compraron un kiosco de diarios y revistas en la esquina de su domicilio.
Por último, el grupo alquiló una lujosa residencia sobre la calle 18 de julio, frente a la cual Somoza pasaba regularmente. Para no levantar sospechas y mantener sus operaciones encubiertas, se presentaron como empresarios argentinos, productores de una película que filmaría Julio Iglesias en Asunción. Con la excusa de proteger la intimidad del cantante, le exigieron al dueño estricta confidencialidad y le dijeron que, por pedido del mismo Iglesias, enviarían un grupo de decoradores para realizar algunos trabajos antes de la llegada del artista. Los decoradores serían Hugo Irurzun, Roberto Sánchez y Enrique Gorriarán Merlo.
Operación Reptil: la ejecución de Somoza
Para el 17 de septiembre de 1980, el grupo guerrillero acorralaba a su presa bien armado y esperaba la oportunidad adecuada para ejecutar su plan. Para ese entonces, poseía una bazuca, dos ametralladoras, un fusil y dos pistolas.
El auto de Anastasio Somoza tras el atentado (Captura de video)
Alrededor de las diez de la mañana, Somoza salió de su residencia en el automóvil Mercedes Benz color blanco y circuló por la avenida Generalísimo Franco (hoy avenida España). Dado que su guardaespaldas y chofer habitual, el general Genie Amaya, exjefe de la Oficina de Seguridad Nacional en Nicaragua, estaba de franco, fue reemplazado por César Gallardo. En el asiento trasero, junto al exdictador, viajaba el financista ítaloestadounidense Joseph Baittiner, quien lo asesoraba en sus inversiones. Dinorah Sampson, amante de Somoza desde hace más de 20 años, no viajó en el vehículo aquel día.
Al ver el vehículo blanco de Somoza, el guerrillero “Oswaldo” dio aviso a sus compañeros a través de “walkies-talkies” desde el puesto de diarios, en el cruce con la calle Santísima Trinidad. “Oswaldo” también reconoció a los custodios paraguayos que escoltaban a Somoza desde otro vehículo. Durante su experiencia como canillita se había ganado la confianza de los guardaespaldas, regalándoles revistas pornográficas.
Cuando el Mercedes Benz que circulaba por la avenida España, se encontraba entre las calles Venezuela y América, una camioneta Cherokee se cruzó en su camino y obligó al vehículo a detenerse. El dictador había sido emboscado.
Sin embargo, no todo sucedió como se había planeado. Según Gorriarán Merlo, Santiago, que estaba apostado en un jardín con el lanzacohetes, tuvo problemas para disparar su arma y tuvo que reemplazar el misil con otro. Los guerrilleros solamente poseían dos para ejecutar el atetado. Al fallar el primer disparo, Roberto Sánchez, alías el Gordo Farfán, cortó el tráfico y el auto de Somoza quedó a tres metros, frente a la posición de Gorriarán Merlo, armado con un fusil. El cadáver de César Gallardo, el chofer suplente (captura de video)
Según recuerda el guerrillero del ERP en la entrevista, ante la falla del arma de Santiago, él mismo vació su cargador sobre el exdictador nicaragüense y su chofer, efectuando alrededor de 30 disparos. Esta acción tuvo la rápida respuesta de la escolta paraguaya que se había pertrechado detrás de una tapia y respondieron el fuego, tirando sobre Santiago y Gorriarán Merlo. Desde el bando del ERP, Roberto Sánchez respondió sobre la guardia desde la posición de la camioneta y le permitió a Santiago una segunda chance con el lanzacohetes, acertando sobre el vehículo del exdictador que quedó destruido, tras recibir el impacto.
Somoza murió junto a Joseph Baittiner. Sus cuerpos quedaron calcinados dentro del auto. César Gallardo, el chofer suplente, tampoco sobrevivió: su cadáver fue expulsado y cayó sobre el pavimento, tras la explosión.
Reacción de Strossner y muerte de Capitán Santiago
El impacto político fue enorme. El atentado no sólo terminó con la vida del exdictador, sino que expuso la fragilidad del régimen paraguayo ante operaciones guerrilleras bien planeadas. En Paraguay, hubo conmoción por la capacidad del comando guerrillero para entrar al país, planificar y ejecutar el atentado y darse posteriormente a la fuga. La respuesta del gobierno paraguayo no tardó en llegar. La recompensa por Hugo Alfredo Irurzún, alias “Capitán Santiago” y Silvia Mercedes Hodgers (captura de video)
A las pocas horas, las imágenes de Hugo Alfredo Irurzún, alias “Capitán Santiago” y Silvia Mercedes Hodgers, fueron difundidas por todos los medios y se ofreció una recompensa de cinco millones de guaraníes para quien diera información de su paradero.
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En medio de aquella vorágine de noticias, Daniel Mendoza llegó a Asunción. Pocas horas después, el periodista informó, desde la capital paraguaya, la captura y el asesinato de Irurzún, alias “Capitán Santiago”, quien había disparado el bazucazo que terminó con la vida de Somoza y sus acompañantes. Su cadáver, expuesto ante las cámaras como un trofeo, buscó transmitir la respuesta violenta del stronismo ante el atentado perpetrado por el grupo guerrillero.
En una trama manchada de sangre, poder, exilio, conspiraciones, revoluciones y contrarrevoluciones, la versión del exlíder del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, sigue siendo ampliamente aceptada, aunque también existen otras versiones sobre los ocurrido y algunas discrepancias respecto a los sucesos narrados por el guerrillero. Sin embargo, el atentado que puso fin a la vida de Anastasio Somoza con ejecución de la Operación Reptil constituye un episodio clave para comprender cómo funcionaron las dictaduras y las guerrillas en las últimas décadas del siglo XX en América Latina.
Anastasio Somoza, Historia, Nicaragua
INTERNACIONAL
Supreme Court showdown: Trump’s strategy to test limits of his power could spell doom for administrative state
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The Supreme Court is set to reexamine a landmark decision about the president’s ability to fire members of independent agencies, and the outcome could expand executive power and have far-reaching implications.
The high court revealed in an order last week it would revisit Humphrey’s Executor v. United States, a 1935 decision that Hans von Spakovsky, a legal fellow at the conservative Heritage Foundation, said is now on «life support.»
Contrary to the decision in Humphrey’s, von Spakovsky said agencies like the Federal Trade Commission, the Securities and Exchange Commission and various labor boards ought not to be insulated from presidential firings.
«The Constitution says the president is the head of the executive branch,» von Spakovsky told Fox News Digital. «That means, just like the CEO of a big corporation, they get to supervise and run the entire corporation, or in this case, the entire executive branch, and you can’t have Congress taking parts of that away from him and saying, ‘Well, they’re going to keep doing executive branch things, including law enforcement, but you won’t have any control over them.’»
SCOTUS ALLOWS TRUMP TO FIRE BIDEN-APPOINTED FTC COMMISSIONER
The Supreme Court building is seen in Washington, D.C. (AP/Jon Elswick)
The Supreme Court’s decision came in response to a challenge from a Biden-appointed FTC commissioner whom President Donald Trump fired at will after taking office.
The high court said in a 6-3 emergency decision Trump’s termination of the commissioner, Rebecca Slaughter, could remain in place for now while it uses her case to take on Humphrey’s Executor, which centered on an FTC firing under President Franklin D. Roosevelt. The high court found Roosevelt could not fire a commissioner without cause.
Slaughter has called her firing illegal, pointing to Humphrey’s and the FTC Act, which says commissioners cannot be fired from their seven-year terms without cause such as malfeasance or negligence.
Joshua Blackman, a professor at South Texas College of Law, told Fox News Digital that if Humphrey’s is overturned or narrowed, it will likely also apply to other agencies that have statutory protections against firings designed to preserve their independence.
«I think this ruling will necessarily reach beyond the FTC,» Blackman said. «The only question is whether they maintain that the Federal Reserve is different.»
SUPREME COURT SAYS TRUMP CAN PROCEED WITH FIRING DEMOCRAT-APPOINTED CPSC MEMBERS
Federal Trade Commission Commissioners Rebecca Kelly Slaughter and Alvaro Bedoya chat during a House Judiciary Committee hearing on Capitol Hill in Washington, D.C., on July 13, 2023. (Shuran Huang for The Washington Post via Getty Images)
The high court indicated in an earlier shadow docket decision about labor board firings this year that it views the Federal Reserve as unique, a ‘quasi-private’ structure rooted in the traditions of the first central banks. A separate case involving Federal Reserve Governor Lisa Cook’s firing is testing that position.
Von Spakovsky said the Supreme Court has been inching toward addressing Humphrey’s. The 2010 decision to narrow the Sarbanes-Oxley Act by stripping independence from an accounting oversight board and the decision five years ago finding the president could fire the Consumer Financial Protection Bureau director at will were hints of this.
In the latter case, Chief Justice John Roberts wrote that the president’s power «to remove — and thus supervise — those who wield executive power on his behalf follows from the text of Article II.» The CFPB’s «novel» structure defied that presidential power because a single director oversees an agency that «wield[s] significant executive power.»
TRUMP ADMIN URGES SUPREME COURT TO ALLOW PRESIDENT TO FIRE FEDERAL TRADE COMMISSION MEMBER
U.S. Supreme Court Chief Justice John Roberts attends inauguration ceremonies in the U.S. Capitol on Jan. 20, 2025 in Washington, DC. (Chip Somodevilla/Pool via REUTERS)
Ruling in Trump’s favor would help the president and his conservative allies realize their stated goal of achieving a unitary executive, a theory that says the president should have sole control over the executive branch.
As part of this vision, Trump abruptly sidestepped numerous statutes to pluck out protected appointees at independent agencies when he took office, moves the Supreme Court is now poised to weigh in on in Slaughter’s case.
Boston University School of Law professor Jed Shugerman said in a statement online that Trump has done «more to establish a unitary executive than all the judges and legal scholars in the world could ever do.»
However, Shugerman criticized the president, saying his tests of authority have also «done more to discredit and expose the unitary executive theory as lawless authoritarianism than any judge or legal scholar could ever do.»
John Shu, a constitutional law expert who served in both Bush administrations, recently told Fox News Digital he believed the Supreme Court would narrow Humphrey’s Executor because the FTC’s powers have greatly expanded since its inception.
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«The Federal Trade Commission of 1935 is a lot different than the Federal Trade Commission today,» Shu said.
Shu said today’s FTC can open investigations, issue subpoenas, bring lawsuits, impose financial penalties and more. The FTC now has executive, quasi-legislative and quasi-judicial functions, he said.
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Irán ahorcó este lunes a un hombre acusado de espiar para Israel, en lo que representa un nuevo episodio de la mayor ola de ejecuciones dictada por el régimen de los ayatollahs en las últimas décadas.
Según información publicada por la agencia Mizan, portavoz del poder judicial, el ajusticiado, identificado como Bahman Choobiasl, fue condenado por mantener una cooperación extensa con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí.
El caso de Choobiasl no había trascendido previamente en medios iraníes ni entre organizaciones que monitorean la pena de muerte en esa nación. El hombre fue acusado de reunirse con funcionarios del Mossad y de participar en “proyectos de telecomunicaciones sensibles” para una empresa no identificada. De acuerdo con la versión oficial, Choobiasl informaba al Mossad sobre “las vías de importación de dispositivos electrónicos” en Irán y facilitaba información sobre instituciones gubernamentales y centros de datos del Estado.
La ejecución de este lunes ocurrió días después de que Irán prometiera adoptar medidas firmes contra sus enemigos en respuesta a la reimposición de sanciones adoptadas por las Naciones Unidas a raíz del programa nuclear iraní.
Las autoridades describieron al ajusticiado como “uno de los espías más importantes de Israel en Irán”. Las investigaciones del régimen persa sostienen que Choobiasl mantuvo reuniones y contactos con agentes del Mossad en varios países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Armenia, India, Tailandia, Vietnam, Irlanda y Bulgaria. Según el relato recogido por los medios de propaganda, habría transitado por entrenamientos para “mejorar sus capacidades personales y provisionales” a solicitud de la inteligencia israelí.
En 2025, Teherán ha intensificado la aplicación de la pena de muerte, particularmente contra personas condenadas por espionaje. Según estimaciones de organizaciones como Derechos Humanos de Irán, con sede en Oslo, y el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington, la cifra de ejecuciones en Irán ya supera las 1.000 en lo que va del año, aunque advierten que los números reales podrían ser mayores, ya que no todas las sentencias mortales son informadas públicamente.
El endurecimiento de la política represiva se produjo en un contexto de máxima tensión luego del conflicto abierto entre Irán e Israel en junio, cuando ambos países se enfrentaron en ataques aéreos que provocaron la muerte de alrededor de 1.100 personas, incluidos altos mandos militares iraníes. En ese escenario, Irán ha incrementado la frecuencia de sentencias por espionaje.
Incluida la ejecución de Choobiasl, ya son por lo menos nueve las personas ajusticiadas por cargos similares desde el inicio de la escalada. El mes pasado, Irán también ejecutó a Babak Shahbazi, acusado de espiar para Israel, aunque grupos de derechos humanos afirman que la confesión fue obtenida bajo tortura y que Shahbazi habría escrito una carta previa al presidente de Ucrania, ofreciéndose a combatir del lado de Kiev.
La ola de ejecuciones coincide además con un aumento en los conflictos internos en Irán. Durante los últimos años, se registraron protestas masivas en rechazo a la situación económica, la restricción de libertades civiles y la falta de avances en derechos de las mujeres bajo el régimen teocrático. Tras estas manifestaciones y la crisis regional con Israel, el régimen iraní ha empleado la pena máxima como herramienta para disuadir acciones de disidencia y espionaje.
La ejecución de Bahman Choobiasl amplía una tendencia que, según grupos internacionales, retrotrae al país al escenario de represión más severo desde el final de la guerra Irán-Irak en 1988, cuando miles de personas fueron ajusticiadas en un corto periodo. El régimen iraní asegura que el proceso legal está siendo cumplido de acuerdo con la ley nacional, aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre falta de transparencia, posibles confesiones bajo coerción y la utilización de las ejecuciones como instrumento político.
En los últimos meses, los condenados por espionaje han sido señalados por las autoridades como “enemigos del Estado” e imputados de mantener vínculos con agencias extranjeras. En múltiples casos recientes, Irán acusa a los sentenciados de colaborar activamente con la inteligencia israelí y de asistir en la penetración de redes de información gubernamental.
(Con información de Europa Press y AFP)
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INTERNACIONAL
Un manifestante muerto y 17 militares secuestrados tras una jornada de violentas protestas en Ecuador
Un manifestante murió y 17 militares fueron secuestrados en una jornada marcada por violentos enfrentamientos entre los manifestantes que rechazaban el aumento del precio de los combustibles y las autoridades de Ecuador.
La provincia andina de Imbabura, en el norte de ese país, se mantiene como el epicentro de las protestas, donde el lunes un millar de manifestantes atacó, en Otavalo, un destacamento policial, dañó sus instalaciones, e incendió diez vehículos policiales y particulares.
Varias personas fueron detenidas tras ese ataque, entre ellas doce indígenas que son procesados por terrorismo, al igual que dos venezolanos, que el Gobierno presume pertenecen a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, al que el Gobierno cataloga como «terrorista».
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la mayor organización indígena de Ecuador que el lunes llamó a un paro nacional indefinido, denunció este domingo que el comunero indígena Efraín Fuerez, de 46 años, fue «acribillado con tres disparos» de las Fuerzas Armadas y murió en la mañana en el hospital de Cotacachi, en la provincia de Imbarura, a poco más de 100 km de Quito. La Policía y las FFAA no se han pronunciado sobre la acusación.
Un video compartido por la Conaie en X muestra cómo un grupo de militares ataca a patadas a dos hombres en el suelo, uno aparentemente herido y el otro intentando socorrerlo.
«Responsabilizamos a Daniel Noboa, exigimos una investigación inmediata y justicia para Efraín y su comunidad», agregó el movimiento indígena junto a las imágenes sobre el «padre de dos hijos y pilar de su familia».
Horas después, en la misma ciudad, las Fuerzas Armadas del Ecuador acusaron a manifestantes de herir a doce soldados y retener a otros 17.
«Custodiaban un convoy de alimentos» y «fueron violentamente emboscados por grupos terroristas infiltrados en Cotacachi», dijo el organismo militar en X.
Junto al mensaje, compartieron imágenes de uniformados ensangrentados y el video de uno de ellos agredido entre gritos y forcejeando con decenas de personas, algunas con palos. «¡No me peguen!», se escucha decir al soldado.
Con el fin de desactivar las protestas, que arrancaron el pasado martes, Noboa declaró el estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país. En cinco de ellas además hay toque de queda nocturno. Sin embargo, muchos lo desafiaron y salieron a bloquear las carreteras con barricadas e incluso troncos, además de enfrentar directamente a las autoridades.
La Conaie compartió en X videos de supuestos disparos de la policía contra la población civil y acusó al Ejecutivo de desatar «una cacería sangrienta contra el pueblo».
«Militares y policías disparan balas reales, dinamita y armamento letal contra comunidades indígenas», dijo en un mensaje en la red social y llamó a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También denunciaron cortes de la señal celular y de internet para silenciar las denuncias de los movilizados del paro nacional.
⭕ #ALERTA | En el sector de El Cajas, la represión se intensifica.
La fuerza pública intenta acallar la resistencia apagando las luces, cortando la señal de internet y teléfono.Quieren incomunicar y aislar a los pueblos.#ParoNacional2025 #EnUnidad #CONAIE #Ecuador pic.twitter.com/lxQBWGeLUO
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 29, 2025
Desde el inicio de las protestas, se registraron 48 heridos y 100 detenciones, según la organización Alianza por los DDHH Ecuador. También advirtió del «riesgo de graves violaciones a los DDHH (…) a manos de militares» por el despliegue de un centenar de soldados a la provincia de Imbabura.
Allí, la Fiscalía ecuatoriana dijo que abrirá una investigación para esclarecer la muerte de Fuerez.
El detonante de estas protestas fue la eliminación de la subvención estatal al diésel decretada por Noboa hace dos semanas, que hizo que el precio de este combustible subiese de la noche a la mañana de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
La Conaie ya lideró violentas manifestaciones que derrocaron a tres presidentes, entre 1997 y 2005. La última protesta por el aumento del precio del combustible contra el exmandatario Lasso, en 2022, que se saldó con seis muertos y más de 600 heridos.
Los pueblos originarios representan casi 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, según el último censo. Líderes indígenas sostienen que de acuerdo a estudios antropológicos suman un 25%.
Con información de agencias.
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