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A un año y medio de asumir, Keir Starmer camina por la cuerda floja en Gran Bretaña, bajo fuego de su propio partido

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El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, enfrenta un golpe interno dentro del Partido Laborista, impulsado por un desafío a su liderazgo que busca sacarlo del cargo, antes o después de la presentación del presupuesto anual. El premier ha perdido el control de la disciplina en Downing Street, justo cuando faltan dos semanas para que el presupuesto sea tratado en la Cámara de los Comunes.

Los aspirantes más ambiciosos para reemplazarlo son la ex vice premier Angela Rayner, que representa a la izquierda partidaria; la ministra del Interior y figura antiinmigrantes Shabana Mahmood, y el secretario de Energía, Ed Miliband, exfuncionario de Gordon Brown.

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Con la amenaza del populismo ultraderechista de Nigel Farage y su partido Reforma encabezando los sondeos, el laborismo cree que Starmer los llevará a la derrota en las elecciones locales de mayo y que carece del carisma necesario para convencer. Su propio gabinete lo traiciona.

El secretario de Salud, Wes Streeting, sería hasta ahora el candidato principal para reemplazarlo. Sin embargo, podría ser un «Caballo de Troya» en la eventual contienda, permitiendo que otro «tapado» aparezca, como la ministra del Interior antiinmigrantes, Shabana Mahmood, quien no disimula su ambición por el liderazgo.

A pesar de esto, en las reuniones informativas de Downing Street a la prensa, el martes y el miércoles, las críticas se han centrado en Wes Streeting.

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Guerra civil laborista

Ha estallado una guerra civil dentro de las filas laboristas para liberarse de un premier con un perfil peculiar: exprocurador de la corona, calmo, sólido, abogado millonario y especialista en legislación europea de derechos humanos, que se ha ganado el respeto de sus pares en el exterior justo cuando Gran Bretaña enfrenta una guerra híbrida contra Rusia.

El secretario de Salud, Wes Streeting, ha negado liderar un complot para derrocar al primer ministro. Ha exigido el despido de quienes filtran información en su contra, lo que ha profundizado la ya extraordinaria división en la cúpula del gobierno.

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Keir Starmer, calmo, sólido, abogado millonario. Foto: Reuters

El secretario de Salud condenó los ataques «contraproducentes» que recibe desde Downing Street y afirmó que son indicativos de “una cultura tóxica” allí. Acusó a los altos asesores responsables de las filtraciones anónimas y declaró que estas demuestran que «hay personas cercanas al primer ministro que no comparten su modelo ni su estilo de liderazgo».

Streting respondió así al reportaje del diario The Guardian, que afirmaba que Downing Street había puesto en marcha una operación para proteger al primer ministro Keir Starmer de un posible desafío al liderazgo por parte del diputado de Ilford North, según sus aliados, tras la presentación del presupuesto o las elecciones locales de mayo.

Los aliados más cercanos del primer ministro declararon que este lucharía contra cualquier intento «temerario» de derrocarlo, advirtiendo que esto afectaría a los mercados y a las relaciones internacionales del Reino Unido.

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En las primeras horas de la sesión del miércoles, los costos de endeudamiento del gobierno británico subieron, mientras que el precio de los bonos del Estado británico (gilts) cayó, en medio de la especulación sobre un posible cambio de liderazgo.

Streeting en ofensiva

En declaraciones al programa Today de BBC Radio 4, Streeting afirmó que los ataques contra él demostraban que «Lucy Powell tenía razón sobre la cultura en Downing Street y me gustaría felicitar a quien filtró la información por, al menos, haber atacado a uno de los hombres en lugar de a las mujeres del gabinete».

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Powell, elegida vicesecretaria general del Partido Laborista el mes pasado, ha pedido “un cambio cultural en Downing Street” y ha declarado haber sido “objeto de filtraciones negativas por parte del equipo del primer ministro”. En una cena de gala en octubre, criticó duramente a Morgan McSweeney, el principal asesor de Starmer, quien encubiertamente ataca a Streeting.

El secretario de Salud, Streeting, declaró el miércoles: “Sin siquiera haber hablado con el primer ministro, puedo decirles lo que piensa de las ruedas de prensa, cuál será su reacción ante las portadas y los boletines informativos de anoche, y estoy seguro de que las palabras que usaría no son aptas para un programa familiar”.

Al preguntársele si el primer ministro debería destituir a los responsables, respondió: “Sí, pero primero tiene que encontrarlos, y no creo que le dedique mucho tiempo a esto”.

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El secretario de Salud afirmó estar frustrado porque la disputa interna estaba desviando la atención del mensaje del gobierno laborista y de sus logros, tras más de un año en el poder.

“Tampoco entiendo cómo alguien puede pensar que le beneficia al primer ministro sugerir que está luchando por su puesto”, declaró a Sky News. “Este tipo de historias sobre el proceso interno de Westminster, gente dejándose llevar, son las que nos distraen de nuestra capacidad para transmitir el mensaje del cambio que estamos impulsando, la diferencia que estamos marcando”, denunció.

Al preguntársele si descartaba exigir la dimisión de Starmer tras la presentación del presupuesto, el secretario de Salud declaró a Sky News: «Sí, y tampoco fui yo quien asesinó a JFK. No sé dónde está Lord Lucan, no tuve nada que ver con Shergar, y creo firmemente que Estados Unidos sí logró los alunizajes. No creo que fueran un montaje», denunció con humor, en referencia a teorías conspirativas británicas.

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El portavoz de Streeting se vio obligado a desmentir las insinuaciones de que contaba con el respaldo de 50 miembros del gabinete, dispuestos a dimitir si el presupuesto fracasaba y Starmer no renunciaba.

Un crítico dentro del gobierno declaró a varios medios de comunicación que Downing Street había entrado en «modo búnker total».

Ministros del gabinete declararon a The Guardian que Streeting era solo una de varias figuras del Partido Laborista que se consideraban en maniobras para el liderazgo, en caso de que surgiera una vacante. Pero que ninguno de ellos probablemente actuaría en contra de Starmer en ese momento.

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Interpretaron la intervención de Downing Street “como una estrategia para frenar a Wes”, diseñada para disuadir a posibles rivales por el liderazgo, entre los que, según los diputados, se encuentran Angela Rayner, Shabana Mahmood y Ed Miliband.

Quienes aspiren al liderazgo laborista pueden convocar elecciones con el apoyo del 20% de los diputados del partido, lo que implica la necesidad de 80 candidaturas. Las organizaciones afiliadas al Partido Laborista, incluidos los sindicatos, podrán votar junto con sus miembros.

Mala comunicación de Downing Street

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El secretario de Salud, Wes Streeting, insistió en que no tenía intención de presentarse a la dirección del Partido Laborista. Los aliados de Sir Keir Starmer esperaban que su promesa de hacer frente a cualquier intento de golpe de Estado y luchar contra cualquier contienda por el liderazgo desenmascarara al secretario de Salud.

En cambio, de forma totalmente accidental, Downing Street lo ha convertido en un candidato más completo y convincente para la vacante, que seguramente se abrirá más rápidamente de lo que lo habría hecho si hubieran guardado silencio.

«La incapacidad de Downing Street para comunicarse ha pasado de ser un problema a una catástrofe», declaró el miércoles por la mañana un alto cargo laborista, observando con pesar cómo viejos amigos se inmolaban. «Además, han logrado lo imposible: han hecho que Wes sea popular entre los diputados rasos».

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Sir Starmer está perdiendo en el Parlamento el control de los backbenchers, los diputados de su partido que se sientan en las últimas filas de la Cámara. Juntos controlan el Parlamento.

Durante la interpelación parlamentaria de este miércoles, la líder Tory Badenoch insistió en lo que denomina la «cultura tóxica» en Downing Street. Afirmó que los aliados del primer ministro laborista acusaron a los secretarios de Salud, Interior y Energía de lanzar candidaturas para el liderazgo del Partido en la reunión informativa a la prensa en Downing Street.

«Estos ataques provinieron de Downing Street, de ningún otro lugar», declaró en la interpelación, frente a Starmer.

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«Su Downing Street es tóxico. Es lo que ha dicho su secretario de Salud. El responsable de la cultura en Downing Street es su jefe de gabinete, Morgan McSweeney», acusó Badenoch en la Cámara de los Comunes. Y preguntó: «¿Tiene el primer ministro plena confianza en él?».

En una respuesta que parece ser un respaldo poco contundente a su jefe de gabinete, Starmer declaró: «Morgan McSweeney, mi equipo y yo nos centramos por completo en trabajar por el país».

La líder conservadora señaló que «no escuchó al primer ministro expresar plena confianza en Morgan McSweeney». Ella afirmó que Starmer ha «perdido el control de Downing Street», añadiendo que «el verdadero escándalo es que, a dos semanas de la presentación del presupuesto, el gobierno se ha sumido en una guerra interna».

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“Cualquier ataque a mi equipo es inaceptable”

En el tradicional Question Time o interpelación parlamentaria de los miércoles en la Cámara de los Comunes, Sir Keir Starmer defendió la unidad de su gobierno.

“Cualquier ataque contra cualquier miembro de mi gabinete es inaceptable”, declaró el primer ministro, tras las acusaciones de que fuentes internas de Downing Street habían filtrado información en contra de Wes Streeting. Insistió en que su equipo está “unido”.

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Sir Keir Starmer replicó que su prioridad era “reconstruir y renovar nuestro país”. Intentando hacerse oír por encima del ruido y los gritos en la cámara, enumeró los logros de su gobierno. Entre ellos, el “crecimiento más rápido del G7”, cinco recortes de tipos de interés y acuerdos comerciales con la UE, EE.UU. e India.

Además de los rumores de un desafío al liderazgo, el primer ministro se enfrentó a preguntas difíciles en la Cámara de los Comunes sobre el aumento del desempleo y el número de personas que reciben prestaciones por desempleo.

Las últimas cifras muestran que hay un millón más de personas que reciben el crédito universal sin la obligación de buscar trabajo que hace un año. Esto supone un revés para la iniciativa de Sir Keir Starmer de reactivar el mercado laboral.

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Otras cifras muestran que el desempleo alcanzó su nivel más alto desde la pandemia. El número de trabajadores asalariados se redujo en 180.000 durante el año posterior al primer presupuesto de Rachel Reeves, cuando aumentó las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleadores en 25.000 millones de libras.

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Trump issues sweeping pardons for 2020 election allies — what the move really means

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President Donald Trump issued pardons for more than 70 people accused of seeking to overturn the 2020 election results. 

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The move largely has been viewed as a symbolic gesture, as the presidential pardons only cover federal charges and those involved don’t have any federal charges leveled against them.

Among those pardoned were Trump allies like the president’s former personal lawyer Rudy Giuliani, who peddled claims that the 2020 election was «stolen» from Trump and is embroiled in a case in Arizona where he faces state charges for election interference.

Although the pardons cannot extend to state charges like those Giuliani faces in Arizona, the pardons could pave the way for some to attempt to redeem their reputation, according to Walter Olson, a senior fellow at the libertarian Cato Institute’s Robert A. Levy Center for Constitutional Studies.

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TRUMP PARDONS RUDY GIULIANI, MARK MEADOWS, SIDNEY POWELL, OTHERS INVOLVED IN 2020 ELECTION INTERFERENCE SAGA

Olson said that while the pardon itself cannot reverse a disbarment, loss of license or loss of employment, the pardon could provide fuel for the pardon beneficiaries to pursue reconsideration of these consequences.

Among those pardoned were Trump allies like the president’s former personal lawyer Rudy Giuliani.  (Anna Moneymaker/Getty Images)

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«What other purpose is served by pardoning someone who hasn’t been charged with any federal crime?» Olson said in a Tuesday email to Fox News Digital. «Some of the beneficiaries will treat this gesture as if it vindicates their good name, or establishes that they should not have been disbarred or disgraced. But those are not things a presidential pardon can do.»

For example, Giuliani was disbarred in both New York and Washington in 2024. The Manhattan appeals court in New York determined in July 2024 that Giuliani routinely made inaccurate statements about the 2020 election, and the decision said that he «baselessly attacked and undermined the integrity of this country’s electoral process.»

Even so, Olson said that there could be some benefit for those pardoned — even if they don’t face federal charges — in the event it could protect them from prosecution from a future administration. However, those benefits could be limited in this instance, he said.

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TRUMP COMMUTES GEORGE SANTOS’ SENTENCE, PARDON BLITZ WIPES OUT COSTLY FEDERAL INVESTIGATIONS

President Donald Trump shaking Rudy Giuliani's hand

While proponents of the pardons claim that they restore justice, critics have blasted the pardons as an attempt to undermine democracy. (Adam Gray/AFP via Getty Images)

«That angle is less important if the passage of time has meant that prosecution would be barred anyway by relevant statutes of limitation, as is likely to be the case with many charges here,» Olson said.

While proponents of the pardons claim that they restore justice, critics have blasted the pardons as an attempt to undermine democracy.

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«First, Trump pardoned the violent insurrectionists who beat cops. Now, he pardons the key instigators of January 6th,» Sen. Adam Schiff, D-Calif., said in a Monday social media post. «We need to see this for what it is: An attempt to erase history, so it can be repeated.»

BIDEN’S AUTO-PEN PARDONS DISTURBED DOJ BRASS, DOCS SHOW, RAISING QUESTIONS WHETHER THEY ARE LEGALLY BINDING

Meanwhile, Giuliani’s team claimed that he didn’t seek a pardon from Trump, but argued that the pardon is grounds for Giuliani to have his bar license restored.

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«Mayor Rudy Giuliani stands by his work following the 2020 presidential election, when he responded to the legitimate concerns of thousands of everyday Americans,» Ted Goodman, a spokesperson for Giuliani, said in a Monday post on X. 

«Mayor Giuliani never sought a pardon but is deeply grateful for President Trump’s decision,» Goodman said. «This action further highlights the years of unjust attacks against the mayor and so many others, and reinforces what should now be clear to everyone—Mayor Giuliani deserves to have his bar license immediately reinstated without delay.»

GEORGE SANTOS SNAPS AT CNN HOST OVER IDEA TRUMP GAVE HIM ‘FAVORABLE TREATMENT’

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Rudy Giuliani appears at court in Washington D.C., for a defamation case

Rudy Giuliani, the former personal lawyer for former U.S. President Donald Trump, departs the E. Barrett Prettyman U.S. District Courthouse on December 11, 2023 in Washington, DC. (Drew Angerer/Getty Images)

The White House did not provide comment to Fox News Digital on why the pardons were issued now, but compared charges Trump allies faced to «communist tactics.»

«These great Americans were persecuted and put through hell by the Biden Administration for challenging an election, which is the cornerstone of democracy,» White House press secretary Karoline Leavitt said in a statement to Fox News Digital on Tuesday. «Getting prosecuted for challenging results is something that happens in communist Venezuela, not the United States of America, and President Trump is putting an end to the Biden Regime’s communist tactics once and for all.»

Other prominent figures pardoned include former White House chief of staff Mark Meadows and former Trump lawyer Sidney Powell. Justice Department Pardon Attorney Ed Martin announced the pardons Sunday. 

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Trump previously has issued pardons for those involved in the Jan. 6, 2021, attack on the U.S. Capitol, which occurred as Congress was poised to certify the 2020 election results.

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In January, just hours after his inauguration, Trump pardoned more than 1,500 charged with crimes stemming from the attack. Among those were Enrique Tarrio, the former Proud Boys leader, who faced a sentence of 22 years in prison for seditious conspiracy.

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The Associated Press contributed to this report.

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INTERNACIONAL

China moves into Venezuela as Maduro regime gets Beijing lifeline amid US tensions

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As President Donald Trump warns of «zero tolerance» for narco-states in America’s backyard, China is tightening its grip on Venezuela — a high-risk economic and political bet that could soon collide with U.S. power.

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U.S. defense officials confirmed to Reuters last month that a U.S. aircraft carrier strike group had entered the Southern Command region, which covers the Caribbean and the northern coast of South America, to monitor narcotrafficking routes linked to Venezuela’s military leadership.

The Pentagon said the arrival of USS Gerald R. Ford, carrying more than 4,000 sailors and dozens of tactical aircraft, would «bolster US capacity to detect, monitor, and disrupt illicit actors and activities.» It added that the mission aims to «degrade and dismantle transnational criminal organizations.»

CHINA CONDEMNS US MILITARY BUILDUP OFF VENEZUELA COAST AS FOREIGN INTERFERENCE IN REGIONAL AFFAIRS

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China’s President Xi Jinping (R) waves next to Venezuela’s President Nicolas Maduro during a visit to a housing development in Caracas July 21, 2014. China will provide Venezuela with a $4 billion credit line under an agreement signed on Monday, with the money to be repaid by oil shipments from OPEC member Venezuela. The deal was inked during a 24-hour visit to Venezuela by Xi, who is on a tour of Latin America. (Carlos Garcia Rawlins/ Reuters)

Within weeks, Venezuelan officers were reportedly training for guerrilla-style defense against a possible U.S. strike — an acknowledgment, according to Reuters, of «rising anxiety inside Caracas.»

Into this standoff, Beijing unveiled a «zero-tariff» trade agreement with Caracas at the Shanghai Expo 2025, announced by Deputy Minister for Foreign Trade Coromoto Godoy. Venezuelan officials said the accord covers roughly 400 tariff categories, removing duties on Chinese and Venezuelan goods.

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While final implementation details remain pending verification, the goal is clear: Beijing is moving fast into a sanctioned economy that Washington has sought to isolate.

«This really looks like China is going to completely take over the Venezuelan economy,» said Gordon Chang, an expert on China’s global trade strategy. «It’s going to decimate Venezuela’s local industry.»

«Venezuela basically sells petroleum to China and very little else,» he said. «China, of course, is a manufacturer of many, many items. Venezuelan manufacturing is not going to experience a renaissance anytime soon — it’s going the opposite direction.»

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VENEZUELA MOBILIZES TROOPS, WEAPONS IN RESPONSE TO US WARSHIP BUILDUP IN CARIBBEAN

USS Ford

Sailors aboard the world’s largest aircraft carrier, USS Gerald R. Ford (CVN 78), launch a Carrier Air Wing 8 F/A-18E Super Hornet attached to Strike Fighter Squadron 31 from the flight deck, Sept. 26, 2025. (Mariano Lopez)

Chang added that Maduro’s sudden embrace of Beijing stems from fear of Trump’s next move.

«Maduro probably doesn’t have a choice,» he said. «He realizes he’s got a problem in the form of Donald J. Trump. There’s a U.S. aircraft carrier not far from his shores, and a lot of military assets bearing down on him. He needs a friend, and he’s desperate.»

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«For Maduro, the zero-tariff pact may offer temporary relief — but it only deepens dependence,» Chang added. «I don’t see this trade deal as strengthening Venezuela. I see it strengthening China’s stranglehold over Venezuela.»

US MILITARY BUILDUP IN CARIBBEAN SEES BOMBERS, MARINES AND WARSHIPS CONVERGE NEAR VENEZUELA

From Beijing’s perspective, the tariff-free pact opens a commercial and strategic doorway into the Western Hemisphere just as Washington doubles down on sanctions.

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The Council on Foreign Relations estimates that China has extended around $60 billion in loans to Venezuela over the past two decades, much of it repaid through oil shipments — a figure still cited by both Chinese and Venezuelan officials in 2025.

Militas in Caracas, Venezuela

Members of the Bolivarian National Militia patrol on a street in the 23 de Enero neighborhood during a military exercise, in Caracas, Venezuela, January 23, 2025. (Leonardo Fernandez Viloria/Reuters)

«China has leveraged multibillion-dollar loans and the establishment of satellite positioning and surveillance facilities to secure strategic control over Venezuela’s natural resources and critical infrastructure,» said Isaias Medina III, an Edward Mason Fellow at Harvard University and a former Venezuelan diplomat to the U.N. Security Council.

Medina was referring to the El Sombrero satellite ground station in Venezuela’s Guárico province — a joint China-Venezuela project that Western analysts, including a recent Associated Press report, describe as part of a wider space cooperation network giving Beijing an intelligence foothold in Latin America.

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US BOLSTERS MILITARY PRESENCE IN CARIBBEAN NEAR VENEZUELA AMID TRUMP’S EFFORTS TO HALT DRUG TRAFFICKING

Medina said the new pact must be understood as one layer in a wider anti-Western alignment.

«Under the banner of so-called ‘21st Century Socialism,’ initiated by Hugo Chávez and expanded by Nicolás Maduro, the nation has evolved into a forward operating base for regimes openly hostile to the United States and its allies,» he said.

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«Iran, Russia, China, and Cuba have entrenched themselves across Venezuelan territory, using the country as a platform for asymmetric warfare, intelligence operations, and ideological expansion throughout Latin America.»

FILE -March 8, 2013 file photo released by Miraflores Press Office: Venezuela's President Nicolas Maduro stands in front of a portrait of Venezuela's late President Hugo Chavez. (AP Photo/Miraflores Press Office, File)

President Nicolas Maduro stands in front of a portrait of Venezuela’s late President Hugo Chavez.  (AP Photo/Miraflores Press Office, File)

He noted that «Russia’s military footprint includes more than $12 billion in arms sales and ongoing defense cooperation and Wagner Group presence in military exercises,» while Cuban military advisers remain embedded inside Venezuelan security institutions.

«Iran has exploited this environment to embed terrorist proxies such as Hezbollah and Hamas, using Venezuela as both a financial hub and a logistical corridor. These activities extend to former training camps in Syria, where Venezuelan operatives and mercenaries have been indoctrinated in hybrid warfare tactics,» he added. «Iranian interest includes potential drone manufacturing and uranium mining.»

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«The Maduro government, shielded by the absence of the rule of law or legitimate governance, has replaced statecraft with criminal enterprise,» Medina said. «Grand corruption is not the exception; it is the system.»

Nicolas Maduro in Venezuela

Venezuela’s President Nicolas Maduro has yet to publicly comment on the strike. (Ariana Cubillos/AP Photo)

«The humanitarian toll is catastrophic,» he added. «Over 30% of Venezuela’s population has been forcibly displaced. Starvation has been weaponized as a tool of social control, amounting to a war crime under international law. Despite the enormity of these crimes, many United Nations member states continue to recognize and engage with this illegitimate regime, thereby perpetuating its impunity. The failure to confront this crisis decisively enables a coalition of adversaries, state and non-state actors alike, to project power dangerously close to U.S. territory.»

For now, Washington’s sanctions campaign still constrains Venezuela’s oil lifelines. In March 2025, Reuters reported that U.S. threats to impose tariffs on nations buying Venezuelan crude caused a temporary disruption in shipments to China. Beijing dismissed the measures as «illegal extraterritorial actions» and vowed to continue cooperation — but has not disclosed how it will enforce the new tariff-free pact.

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Venezuela Rally

The Maduro administration is seeking to rally government supporters amidst a sagging economy and refugee crisis. (Jesus Vargas/AP Photo)

Chang said the underlying reality hasn’t changed: China can’t protect Caracas from U.S. hard power.

«It can certainly launch a propaganda blitz,» he said, «but it can’t project military force in the region. It’s really up to what President Trump does. China does not have the military strength to oppose American intervention if that’s what Trump decides.»

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Medina agreed that the stakes reach beyond economics. «Just three hours from U.S. shores, this narco-terrorist regime has become the operational convergence of organized crime, drug trafficking, money laundering, and human rights atrocities,» he said, urging a Western response combining «diplomatic isolation, targeted sanctions, and, when necessary, defensive deployments.»



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Tras el mortal operativo en Río de Janeiro, Brasil trasladó a siete jefes del Comando Vermelho a prisiones federales

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La policía pasa junto a un vehículo incendiado utilizado como retén durante un operativo policial contra presuntos narcotraficantes en la favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal «Comando Vermelho», en Río de Janeiro, el martes 28 de octubre de 2025 (Foto AP/Silvia Izquierdo)

El traslado esta semana de siete jefes de la organización criminal Comando Vermelho (CV) a prisiones federales marca un hito operativo en la estrategia del Estado brasileño por debilitar una de las bandas más poderosas del país. La decisión fue adoptada tras la mega­operación policial que se saldó con 121 muertos en favelas del norte de Río de Janeiro.

La medida, ordenada por la Justicia, implicó sacar a los detenidos de las cárceles locales —en el estado de Río de Janeiro— y ubicarlos en centros penitenciarios de gestión federal, fuera de la jurisdicción regional. Según la agencia EFE, todos ellos tienen condenas superiores a 30 años.

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El trasfondo inmediato es la operación llevada a cabo en las favelas de Penha y Complexo do Alemão, zonas en las que el CV “ocupa” o controla al menos de facto amplios espacios territoriales. Las autoridades atribuyen a esos siete presos la capacidad de dirigir —aun desde prisión— las operaciones de la banda en Río de Janeiro.

Según el gobierno regional de Río, cuatro de los 121 muertos eran policías y el resto supuestos miembros del CV, aunque esa cifra está bajo investigación. EFE informa que “las autoridades presumen que, aún desde la prisión, esos siete presos … dirigían las actividades del Comando Vermelho en Río de Janeiro”.

El traslado se ejecutó con un fuerte operativo de seguridad a cargo de la Polícia Federal, que ahora asume la custodia de los detenidos. El Ministerio de Justicia de Brasil precisó que los presos ocuparán celdas individuales, sin contacto con otros reclusos, permanecerán aislados 22 horas al día y solo dos horas saldrán al patio, bajo vigilancia estricta.

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Un policía observa a personas
Un policía observa a personas ensangrentadas en la parte trasera de un camión policial trasladado al Hospital Getulio Vargas durante un operativo policial contra presuntos narcotraficantes en la favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal «Comando Vermelho», en Río de Janeiro, el martes 28 de octubre de 2025 (Foto AP/Silvia Izquierdo)

Según el ministerio, el traslado “fue ejecutado bajo los más altos estándares de seguridad, con una planificación detallada”. La ubicación exacta de los centros federales no fue informada por motivos de seguridad.

El fondo de esta estrategia es claro: golpear la capacidad de mando del CV desde el interior del sistema penitenciario, cortar sus vínculos con la calle y disminuir su operatividad territorial. Esa banda, fundada hace más de tres décadas en Río de Janeiro, ha sido tradicionalmente una de las fuerzas criminales con mayor implantación en las favelas cariocas.

Esta maniobra llega tras uno de los operativos más letales de la historia de Río de Janeiro: el despliegue policial del 28 de octubre de 2025 que dejó al menos 121 muertos, incluidos cuatro agentes.

Organismos de derechos humanos han cuestionado el operativo: Amnesty International lo calificó de “masacre” y pidió una investigación “independiente e imparcial”, advirtiendo signos de ejecuciones extrajudiciales y la violencia sistemática en contextos de segregación.

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La crítica principal es doble: primero, que en el dispositivo policial murieron muchas personas cuya identidad y vínculo real con el CV no han sido confirmados, segundo, que hay una persistente impunidad en los operativos de seguridad en favelas. Un análisis reciente apunta que de las víctimas muchas eran jóvenes negros en barrios pobres, lo que añade la dimensión del racismo estructural.

Personal forense recoge los cuerpos
Personal forense recoge los cuerpos de las personas asesinadas el día anterior durante una redada policial contra la banda Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha de Río de Janeiro, Brasil, el miércoles 29 de octubre de 2025 (Foto AP/Silvia Izquierdo)

Para el Estado, la prisión federal de estos jefes es una jugada funcional: aislar a los mandos, cortar el mando interno y enviar un mensaje de que “nadie está fuera del alcance”. Pero el éxito dependerá del seguimiento: aislarlos no basta si la red de la calle sigue intacta y la corrupción policial o la complicidad social no son abordadas.

También está la cuestión de la legitimidad: un Estado democrático debe investigar con transparencia los operativos letales, garantizar derechos y evitar que la violencia estatal se sume al ciclo de crimen. De lo contrario, la frontera entre la lucha contra el crimen y la aplicación arbitraria de la fuerza se vuelve difusa.

En el contexto del crimen organizado brasileño, el CV no es una anomalía: convive con otras facciones como Primeiro Comando da Capital (PCC) y se inserta en la lógica de control territorial, tráfico de drogas y extorsión.

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En definitiva, el traslado de estos siete jefes del Comando Vermelho articula una escalada del diseño estatal frente al crimen organizado: endurecer la cárcel, aislar a los líderes y afrontar la violencia urbana como problema de seguridad. Pero al mismo tiempo plantea la pregunta sobre cuántas muertes más serán compensadas por una política que necesita legitimar tanto lo que hace como lo que deja sin hacer.

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