Un disidente poco común

Alexander Litvinenko no era un disidente común. A los 37 años, era un militar de alto grado que se desenvolvía en el corazón del aparato de seguridad ruso, la FSB, heredera directa de la famosa y temida KGB. Conocía métodos, operaciones y nombres. Durante la década de 1990, en plena Rusia convulsionada, denunció a sus superiores por corrupción y por ordenar asesinatos. Aquellas declaraciones lo pusieron en la mira de un sistema que no perdonaba a quienes rompían el pacto de silencio.

Litvinenko era incómodo, porque hablaba con datos, con documentos, y porque estaba dispuesto a señalar la línea directa que unía a ciertos grupos de inteligencia con el crimen organizado ruso. Su primera gran confrontación con la cúpula fue en noviembre de 1998, cuando, junto a varios colegas, ofreció en Moscú una conferencia de prensa denunciando que le habían ordenado asesinar al magnate Boris Berezovski. Este oligarca movió los hilos del poder en el Kremlin y se hizo multimillonarios con las privatizaciones dispuestas por el presidente Boris Yelsin en los años ´90. Pero cayó en desgracia cuando Vladimir Putin llegó a la presidencia de Rusia. Se refugió en Gran Bretaña y apareció muerto en su mansión en 2013.

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Aquella conferencia de prensa fue el principio del fin. Alexander Litvinenko todavía era teniente coronel del FSB (Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa) y estaba en actividad. La presentación, inédita en la historia reciente de los servicios secretos rusos, lo convirtió en enemigo interno. No lo arrestaron de inmediato, pero fue separado de su cargo y sometido a vigilancia constante.

Las detenciones de Alexander Litvinenko

La primera detención formal llegó el 25 de marzo de 1999. Lo acusaron de “abuso de autoridad” por supuestamente haber liberado de forma indebida a un detenido en un caso de secuestro, cuando él insistía en que había actuado dentro de la ley. Fue llevado a la prisión de Lefórtovo en Moscú, un centro gestionado por el propio FSB y famoso desde la era soviética por su régimen de aislamiento. Permaneció allí siete semanas, hasta que el 18 de mayo de 1999 un tribunal lo liberó por falta de pruebas.

No pasó mucho tiempo libre. El 17 de noviembre de ese año, volvió a ser arrestado por “exceso en el ejercicio de sus funciones”. Otra vez fue enviado a Lefórtovo, donde pasó ahora tres meses, hasta que el 26 de diciembre de 1999 un tribunal ordenó su liberación.

El acoso no era solo judicial. Durante todo 2000, era seguido constantemente por coches sin matrícula o con placas falsas, a veces tan obvio que era una advertencia. Allanaron varias veces su casa alegando que eran procedimientos “administrativos”, y se llevaban documentos. Fue interrogado en distintas ocasiones por oficiales de contrainteligencia que le recordaban, de forma velada, que podían armarle un nuevo caso en cualquier momento. También hostigaban y amenazaban a su familia, a su mujer Marina y a su hijo Anatoly de 6 años. La combinación de detenciones en Lefórtovo, los procesos judiciales sin sustento y la vigilancia permanente fue cerrándole todas las salidas legales. Para mediados de 2000, entendió que ya no podía ganar tiempo con abogados ni esperar un juicio justo. Fue entonces cuando empezó a preparar el escape que culminó en noviembre de ese año.

La fuga

El cruce más crítico fue por el mar Negro. Desde un puerto en el Cáucaso ruso, la familia abordó un barco comercial que los llevó a Trabzon, ciudad portuaria del noreste de Turquía. Era el 1° de noviembre de 2000. Luego permanecieron unos días en Estambul, en una casa segura facilitada por intermediarios de confianza, donde prepararon el siguiente paso: un vuelo a Londres con escala en un país europeo para despistar.

Llegaron al aeropuerto de Heathrow en la primera quincena de noviembre de 2000 y, en cuanto pisaron suelo británico, solicitaron asilo político alegando persecución por parte del FSB. Fueron trasladados a un alojamiento para solicitantes de asilo y, tras una breve investigación, obtuvieron el estatus de refugiados en mayo de 2001.

Litvinenko siempre subrayó que, en esos días en Turquía, no dejó de mirar por encima del hombro: sabía que agentes rusos operaban allí y que, si lo atrapaban antes de llegar al Reino Unido, probablemente no volvería a ser visto. Al fin, se instaló en Londres y sus denuncias continuaron.

Empezó a colaborar con los servicios de inteligencia británicos y españoles en investigaciones que seguían el dinero sucio de la mafia rusa, sus ramificaciones en Europa y sus vínculos con altos funcionarios. También se convirtió en fuente habitual de periodistas e investigadores. Moscú observaba con creciente incomodidad sus declaraciones y sus contactos. Litvinenko no solo conocía secretos: también tenía la voluntad de difundirlos y la credibilidad para que fueran escuchados. Para el Kremlin, ese hombre que había pertenecido a sus propias filas se transformó en un enemigo de alto riesgo.

Las denuncias

Sus primerias denuncias en su condición de refugiado fue con relación a los atentados con explosivos contra edificios de viviendas ocurridos en septiembre de 1999 en su país. El Kremlin dijo que esas explosiones, que dejaron alrededor de 300 muertos, habían sido obra de separatistas chechenos, pero Litvinenko sostuvo con fotos y documentos que respondían a una operación interna de los servicios de inteligencia rusos para luego echarles la culpa a los chechenos.

Esos atentados ocurrieron en una secuencia precisa: el 4 de septiembre de 1999, hubo una explosión en Buynaksk, ciudad de la república rusa de Daguestán (Cáucaso Norte). Un camión cargado de explosivos destruyó un bloque de viviendas militares, matando a 64 personas. El 9 de septiembre de 1999, hubo estallidos en un edificio de departamentos en Moscú, en la calle Guryánova. Murieron 94 personas. El 13 de septiembre del mismo año, hubo otro atentado en Moscú, en la calle Kashírskoye, donde murieron 119 personas. Y el 16 de septiembre de 1999. las explosiones se produjeron en Volgodonsk, ciudad de la región de Rostov (Rusia meridional), que mataron a 17 personas.

El episodio que Litvinenko consideró clave se produjo poco después: el 22 de septiembre, en la ciudad de Riazán (Rusia central), los vecinos detectaron sacos en el sótano de un edificio que inicialmente se creyeron llenos de explosivos. La policía local evacuó el inmueble y detuvo a tres personas, que resultaron ser agentes del FSB. Al día siguiente, la central del FSB en Moscú declaró que no era un ataque, sino un “ejercicio de entrenamiento” para probar la alerta ciudadana. Nadie en Riazán les creyó, sino que se consideró que era la prueba de que los atentados eran obra del propio Estado ruso.

En 2002, junto con Yuri Felshtinsky, publicó el libro “Blowing Up Russia: Terror from Within”, donde desarrolló esa tesis con fechas, nombres y localizaciones, acusando directamente a altos mandos del FSB y, de forma implícita, a Vladímir Putin, que en 1999 era primer ministro y director del FSB hasta agosto de ese año.

La investigación oficial rusa atribuyó todos los ataques a militantes chechenos, pero Litvinenko insistió que se trataba de un caso de terrorismo de Estado destinado a justificar otra guerra contra Chechenia (que efectivamente comenzó después de aquellos atentados) y consolidar la popularidad de Putin antes de las elecciones presidenciales de marzo de 2000.

Dos crímenes y muchas dudas

Los políticos rusos siguieron a Putin y la Duma (el parlamento) se negó a crear una comisión para investigar lo que había pasado con la explosión frustrada de Riazán. Dos diputados insistieron. Eran Serguéi Yushenkov y Yuri Shchekochijin. A Yushenkov lo asesinaron a tiros en Moscú el 17 de abril de 2003. Y Shchekochijin murió el 3 de julio de 2003 de una “extraña reacción alérgica” que sus colegas y familiares siempre consideraron un envenenamiento.

El tema “atentados de 1999” fue prácticamente borrado de los medios rusos. Documentales como Nedovedyonnoye rassledovaniye (“Investigación inconclusa”), que abordaban la tesis del FSB como autor, fueron retirados de la televisión poco antes de su emisión. Los periodistas que se acercaban demasiado a la línea de investigación de Litvinenko eran apartados de sus puestos.

En el exterior, el Kremlin utilizó un guion habitual: presentar a Litvinenko como un exagente resentido, involucrado en negocios turbios y ligado a oligarcas rusos enfrentados con Putin. El cerco también fue judicial: en 2002, cuando Litvinenko publicó “Blowing Up Russia”, Rusia pidió al Reino Unido su extradición, acusándolo de corrupción y abuso de poder en un caso supuestamente anterior a su huida. Londres lo rechazó, alegando que el pedido tenía motivaciones políticas.

Esta combinación de censura interna, eliminación de investigadores incómodos y campaña de desprestigio en el exterior, convirtió a Litvinenko en una figura problemática no solo para el Kremlin, sino también para otros gobiernos, ya que sus acusaciones implicaban a un Estado con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU en la comisión de actos de terrorismo contra sus propios ciudadanos.

Otras revelaciones

Litvinenko hizo públicas otras revelaciones que golpearon a Moscú en puntos muy sensibles, sobre todo porque involucraban operaciones encubiertas del FSB y crímenes cometidos fuera de Rusia. Reveló, por ejemplo, que los servicios de inteligencia estaban detrás del asesinato de la periodista Anna Politkóvskaya, ocurrido el 7 de octubre de 2006 en Moscú (fecha que coincidía con el cumpleaños de Vladímir Putin). Politkóvskaya era una de las voces más críticas de la guerra en Chechenia y denunciaba violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas federales. Litvinenko, que mantenía contacto con ella, declaró en Londres que su muerte no podía explicarse sin la intervención o, como mínimo, el visto bueno del FSB, y que la elección de la fecha era un mensaje deliberado de poder.

Otra revelación particularmente explosiva fue su afirmación de que el FSB, tras la disolución de la URSS, había reactivado y ampliado redes de crimen organizado en Europa para financiar operaciones encubiertas y ejercer influencia política. Nombró específicamente a figuras de la mafia rusa en España, donde operaban con cobertura de inteligencia. Incluso colaboró con la Fiscalía Anticorrupción española en la causa conocida como Operación Avispa, la desarticulación de una red mafiosa rusa en España.

También denunció que el Kremlin había dado apoyo logístico y de inteligencia a grupos islamistas radicales en Oriente Medio y los Balcanes cuando eso servía a intereses estratégicos, una afirmación que, de ser cierta, contradecía el discurso oficial ruso de lucha contra el terrorismo.

La reunión fatal y el hallazgo extraordinario

El 1 de noviembre de 2006, Litvinenko recibió una invitación para reunirse con dos exagentes rusos, Andrei Lugovoi y Dmitri Kovtun, en el Pine Bar del hotel Millennium, en Mayfair. No era extraño que mantuviera encuentros con antiguos colegas, ya fuera por información o por simples gestiones personales. La reunión duró poco, en una mesa discreta del bar. Después, cada uno se retiró. Pero horas más tarde, Litvinenko comenzó a sentir un malestar que no cedía. Pensó al principio que podía tratarse de una intoxicación alimentaria. No lo era. Su estado empeoró con rapidez. Náuseas intensas, vómitos y diarrea fueron seguidos de un debilitamiento general que llamó la atención de los médicos. En pocos días, empezó a perder el cabello, su piel mostraba signos de daño y sus órganos comenzaron a fallar.

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Los médicos buscaron toxinas comunes: arsénico, talio, cianuro. No había rastros. La situación era desconcertante. El 11 de noviembre de 2006, especialistas en toxicología radiológica identificaron el agente: polonio 210, una sustancia radiactiva altamente letal. El hallazgo era extraordinario.

El polonio 210 no está disponible en laboratorios comunes ni puede conseguirse en el mercado negro convencional. Se produce únicamente en instalaciones nucleares de alta tecnología, lo que señalaba directamente a un Estado como fuente. La dosis encontrada en Litvinenko era mil veces la letal. El envenenamiento no había sido un intento fallido: era una operación de asesinato perfectamente planificada.

La policía británica comenzó una investigación compleja que combinó análisis forenses con diplomacia. La sustancia dejaba un rastro invisible para el ojo humano pero detectable con equipos especializados. Descubrieron restos de polonio en la mesa del Pine Bar, en tazas, en habitaciones del hotel y en vuelos comerciales. El mapa de contaminación radiactiva seguía los pasos de Lugovoi y Kovtun desde Londres hasta Moscú. La evidencia señalaba de manera directa a ambos como los ejecutores. El Reino Unido pidió sus extradiciones. Rusia las rechazó de plano.

El 23 de noviembre de 2006, Alexander Litvinenko murió en el University College Hospital de Londres, luego de tres semanas de agonía. Desde su cama, acusó a Vladimir Putin de haber ordenado su asesinato. Sus palabras, recogidas por amigos y periodistas, fueron reproducidas en todo el mundo. El Kremlin negó cualquier participación, pero la muerte de Litvinenko ya era un caso internacional.

Marina Litvinenko tomó un papel que pocos imaginaban

Convertida en la principal impulsora de la causa, su viuda insistió en que la justicia británica debía investigar a fondo. Durante años, sostuvo su denuncia ante gobiernos que tenían intereses económicos y diplomáticos con Rusia. Su insistencia logró que en 2014 se iniciara una investigación pública en el Reino Unido, encabezada por el juez Sir Robert Owen.

El proceso reunió pruebas, documentos, testimonios de expertos y declaraciones de testigos que confirmaban lo que Marina decía desde el primer momento: el asesinato había sido una operación de Estado. Su marido ingirió el veneno sin darse cuenta en aquella reunión del Hotel Millennium.

En enero de 2016, el juez Owen presentó su informe final. La conclusión fue inequívoca: el asesinato de Alexander Litvinenko fue “probablemente aprobado por el presidente Vladimir Putin y por Nikolai Patrushev, jefe del Servicio Federal de Seguridad”. El dictamen no tuvo consecuencias penales porque los acusados permanecieron en Rusia, pero significó un reconocimiento oficial del crimen.

Un antes y un después en la relación entre el Reino Unido y Rusia

Fue la primera vez que se documentó de manera oficial un asesinato con polonio y se vinculó directamente a un gobierno extranjero.

Marina Litvinenko sigue siendo la voz más firme para recordar que su esposo no fue víctima de un acto aislado, sino de una política sistemática contra los disidentes y que esa política sigue viva.

En agosto de 2020, Alexéi Navalny, el opositor más visible al régimen de Vladimir Putin, cayó gravemente enfermo durante un vuelo desde Tomsk a Moscú. El avión hizo un aterrizaje de emergencia en Omsk y Navalny fue internado en estado crítico. Los médicos rusos hablaron de problemas metabólicos, pero las gestiones de su esposa Yulia y la presión internacional permitieron que fuera trasladado a Berlín, donde especialistas del hospital Charité confirmaron que estaba intoxicado con Novichok, un agente nervioso de uso militar desarrollado por la vieja Unión Soviética y ahora controlado por el Estado ruso.

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Navalny sobrevivió y desde Alemania acusó directamente a Putin de intentar asesinarlo. Regresó a Rusia en enero de 2021 y fue detenido inmediatamente en el aeropuerto de Sheremétievo. En los meses siguientes, fue condenado en juicios muy polémicos y enviado a una colonia penal. Su salud se deterioró progresivamente, en medio de denuncias de malos tratos y aislamiento. El 16 de febrero de 2024, las autoridades rusas anunciaron su muerte en prisión, alegando causas naturales, una versión que fue recibida con escepticismo por gobiernos y organismos de derechos humanos en todo el mundo.

Litvinenko y Navalny están unidos por una misma lógica de Estado, una que persigue y castiga a quienes desafían al poder. La muerte de uno en 2006 por polonio 210 y la de otro en 2024 tras sobrevivir a un envenenamiento con Novichok muestran que el mecanismo no solo sigue activo sino que mantiene su mensaje intacto: la disidencia en Rusia tiene un precio muy alto.