La izquierda democrática latinoamericana no quiere perder a su bastión centroamericano.

Rixi Moncada, heredera de la presidenta saliente Xiomara Castro, buscará este domingo mantener la hegemonía progresista en Honduras en unas elecciones presidenciales marcadas por denuncias cruzadas de intentos de fraude, la violencia de las pandillas y la sombra del narcotráfico.

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Pero no le será fácil. A pesar de un leve favoritismo para la candidata del oficialista Partido Libre, debe enfrentar a dos duros oponentes de derecha: Salvador Nasralla (Partido Liberal, PL) y Nasry Asfura (Partido Nacional, PN), el favorito de Donald Trump. Los últimos sondeos muestran un triple empate técnico.

Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya (2006/09), no puede aspirar a la reelección y termina su mandato el 27 de febrero próximo. Su delfina, Rixi Moncada, fue su ministra de Finanzas y de Defensa antes de lanzarse como candidata.

La elección se define con mayoría simple. Ganará quien saque el mayor número de votos sin necesidad de una segunda vuelta. En total, unos 6,5 millones de hondureños están habilitados para elegir presidente, vice, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y 298 concejos municipales.

¿Qué puede pasar en Honduras?

Rolando Sierra, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en Honduras, dijo a TN que las elecciones de este domingo se realizan en un marco de elevada polarización.

“Honduras llega a este proceso electoral inmerso en una crisis crónica que se acentuó tras el golpe de Estado de 2009 (que derrocó a Manuel Zelaya). Ahora está en juego la continuidad o no de un proyecto político (de izquierda) encabezado por el Partido Libre. Las distintas vertientes de la oposición tienen el respaldo de empresarios y otros sectores”, afirmó.

La coyuntura no es la mejor. Se calcula que un 60% de los 11 millones de hondureños vive en la pobreza y hay una palpable sensación de elevada corrupción en todos los niveles de la vida pública y empresarial.

Con una inflación interanual del 4,55% y un desempleo del 5,2%, el Banco Central de Honduras prevé un crecimiento de la economía entre el 3,5 % y el 4 % para este año.

En este marco, la migración está detenida. El gobierno de Donald Trump deportó este año a unos 27.000 hondureños y revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) a otros 51.000. Fue un golpe durísimo para un país que en 2024 recibió 10.000 millones de dólares en remesas, lo que representa un 27% del PIB.

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Además, los tres partidos mayoritarios están salpicados por denuncias de vínculos con el narcotráfico. Incluso, el expresidente Juan Orlando Hernández (Partido Nacional, el mismo de Asfura) fue extraditado y condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por convertir al país en un “narcoestado”. Según denuncias, los carteles locales Los Cachiros y los Valle influyen en la política hondureña.

Pero la mayor preocupación es la violencia de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que han convertido al país en uno de los más violentos de la región. Datos oficiales registran 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes (contra 3,8 de la Argentina).

A mediados de 2023, la presidenta Castro “bukelizó” el combate a las pandillas bajo el modelo de “mano dura” impuesto por el controvertido mandatario de El Salvador Nayib Bukele. Así, impulsó la mlitarización de las cárceles, allanamientos masivos, toques de queda y un estado de excepción. El resultado, según el gobierno, fue exitoso: el país alcanzó el índice de homicidios más bajo de su historia, afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. La tasa de crímenes cayó 25% en 2024 en relación con el año anterior, según datos oficiales.

Pero los pandilleros siguen con sus extorsiones a transportistas y comerciantes. Además, la ONG defensora de derechos humanos Cristosal denunció que el estado de excepción creó un caldo propicio para torturas y abusos de poder.

Acusaciones cruzadas y el fantasma de un fraude

Estas elecciones están marcadas por denuncias cruzadas de fraude. Los tres principales candidatos se acusan entre sí y buscan desacreditarse mutuamente. Así, Moncada tilda a sus rivales de derecha como “títeres de la oligarquía golpista”. Nasralla y Asfura tachan a la postulante de Libre de “comunista” por la cercanía ideológica del gobierno con Cuba y Venezuela.

Las acusaciones de fraude están en el aire. La OEA y la Unión Europea enviaron observadores y llamaron a respetar el voto.

Incluso, las Fuerzas Armadas, las mismas que derrocaron a Zelaya y hoy son cercanas al gobierno de izquierda, pidieron tener acceso a las actas electorales para verificar el recuento de votos. Pero esta inesperada petición fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Quién son los tres candidatos favoritos

Si bien son cinco los candidatos presidenciales, solo tres tienen posibilidades de ganar, según vaticinan distintos sondeos. Fuera de carrera estarían Jorge Ávila Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, y Mario Rivera Callejas, del Partido Demócrata Cristiano.

Los tres favoritos para suceder a Xiomara Castro son:

• Rixi Ramona Moncada Godoy. Candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). Abogada y exjueza, buscará llegar a la presidencia a los 60 años. Fue ministra de Finanzas y de Defensa del actual gobierno. Muy cercana al expresidente Manuel Zelaya, se desempeñó como su secretaria de Trabajo y Seguridad Social. Ahora, promete aumentar impuestos a los ricos. Se la señala por formar parte del “familión”, como se llama al clan de los Castro.

• Nasry Asfura. Postulante del Partido Nacional. El empresario de la construcción, de 67 años, fue diputado y alcalde de la capital, Tegucigalpa, entre 2014 y 2022. Representa a la corriente conservadora hondureña. Se lo conoce como Tito y también por el curioso apodo de “Papi a la orden”. Será su segundo intento de alcanzar el poder. En 2021 fue derrotado por Xiomara Castro. De llegar al gobierno, prometió atraer inversiones. Trump pidió votar por él: “Es el único verdadero amigo de la libertad”.

• Salvador Nasralla. El líder del Partido Liberal, de 72 años, tiene una gran popularidad en el país y admira a Javier Milei. Como relator de fútbol y presentador de concursos de belleza, es una estrella de la televisión local. Fue vicepresidente del gobierno actual, pero se distanció. “La gente no quiere comunismo”, dijo en campaña. Representa una derecha moderada y prometió impulsar la producción y romper vínculos con Venezuela. “Tiene muchas posibilidades de ganar por su gran popularidad”, dijo Sierra.

El ganador de estas elecciones asumirá el poder el 27 de febrero.

Este domingo, los hondureños concurren a las urnas para definir quién será su próximo presidente en una elección marcada por la polarización y denuncias de posible fraude. La contienda enfrenta a una candidata que promueve la continuidad del gobierno actual y a dos aspirantes con apoyo opositor, ambos distanciados de sus partidos tradicionales y con el objetivo de obtener el poder tras una tensa campaña.

Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso un despliegue especial de fuerzas de orden para garantizar un ambiente pacífico, una medida respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y observadores internacionales, quienes han destacado la importancia de la transparencia en este proceso decisivo.

Más de sesi millones de hondureños están habilitados para votar en más de 18.000 centros distribuidos en todo el territorio, en una jornada que definirá no solo la presidencia sino también la renovación del Congreso y gobiernos municipales.

De acuerdo con las últimas encuestas, tres de los cinco aspirantes presidenciales llegan prácticamente igualados: Rixi Moncada, abogada y figura cercana a la presidenta Xiomara Castro, compite por el oficialista Libertad y Refundación (Libre); el presentador Salvador Nasralla, quien busca la presidencia por cuarta vez, en esta ocasión representando al Partido Liberal; y el empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

El proceso electoral subnacional en Bolivia está en marcha tras la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fijó como fecha para los comicios el 22 de marzo de 2026. En esa elección se renovarán más de 5.000 cargos públicos —entre gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas regionales— en los nueve departamentos del país.

Aunque aún no se han registrado los frentes ni las candidaturas que van a participar, ya hay señales de competencia abierta: decenas de partidos y agrupaciones políticas comienzan a moverse buscando alianzas y candidatos para configurar el mapa político del próximo quinquenio, luego de las elecciones nacionales.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, declaró su intención de presentar “candidatos propios” a través de una sigla política que aún no obtuvo personería jurídica, por lo que no se descarta que busque alianzas con otras fuerzas políticas, lo que podría marcar un escenario de tensión con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el que llegó al poder.

En la previa de las elecciones también asoman algunas caras conocidas que habían estado alejadas de la arena política en los últimos años, como el ex alcalde de La Paz, Luis Revilla. En enero de 2022, el ex alcalde se declaró en la clandestinidad, luego de que un dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) le iniciara un proceso penal en su contra por un supuesto sobreprecio en la compra de buses para el transporte público.

“Quiero decir que estamos volviendo con las manos limpias, estamos volviendo a demostrar nuestra inocencia ahora que la justicia ya no está influída por el poder político, vamos a poder presentar nuestras pruebas y vamos a demostrar nuestra inocencia”, declaró ante los medios tras su arribo a la sede de Gobierno. Sobre su futuro político, no descartó la posibilidad de participar en las elecciones subnacionales y dijo que antes hará una evaluación con los militantes de Soberanía y Libertad.

En Santa Cruz de la Sierra, la ex alcaldesa Angélica Sosa —que estuvo presa y envuelta en múltiples denuncias de corrupción— también señaló que su frente Santa Cruz Para Todos va a participar en las elecciones regionales, pero no confirmó oficialmente su postulación. “Nuestro compromiso va a ser solucionar todo y lo que me pida a mí el pueblo (…) nunca voy a decirle no a mi pueblo”, afirmó en un video.

En tanto, el gobernador y ex líder cívico Luis Fernando Camacho manifestó que buscará ser reelegido como máxima autoridad del departamento de Santa Cruz, luego de haber pasado más de la mitad de su mandato detenido preventivamente en la cárcel por acusaciones relacionadas con las movilizaciones sociales previas a la renuncia de Evo Morales en 2019.

Camacho recuperó su libertad en agosto, al igual que el ex líder cívico Marco Antonio Pumari, que enfrentaba los mismos cargos y que anunció su candidatura a la gobernación de Potosí.

El arranque de esta carrera electoral promete un periodo intenso de negociaciones, estrategias territoriales y definición de candidaturas para renovar el poder local en Bolivia.

El mandato de las autoridades que resulten electas coincidirá con el del nuevo presidente Rodrigo Paz, quien ha prometido reducir el centralismo y fortalecer la autonomía regional mediante la distribución de recursos en un programa que ha denominado “50-50”, por lo que estas elecciones pueden ser decisivas para una reorganización fiscal más equilibrada.

La semana pasada, el TSE confirmó que más de 200 agrupaciones ciudadanas regionales y 14 partidos políticos están habilitados para disputar los comicios y fijó el 22 de diciembre como fecha límite para la inscripción de candidaturas.

En el ínterin, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe designar nuevos vocales electorales mediante un proceso de convocatoria abierta. Las autoridades electorales actuales —que condujeron las últimas seis votaciones— concluyen su mandato el 18 de diciembre.