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Balotaje en Ecuador: en un clima de incertidumbre y máxima paridad, Noboa y González cierran sus campañas

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Desde Quito, Ecuador.

Bajo fuertes ráfagas de lluvia que aparecen y se disipan en cuestión de minutos, Quito vive un final de campaña atípico. A solo tres días del crucial balotaje del domingo, el centro de la capital luce ajeno al clima electoral, enfocado más en los barrios populares y en Guayaquil, el puerto convertido en bastión del crimen organizado y donde este jueves se realizan los actos de cierre.

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Los carteles con el rostro de la postulante de la izquierdista Revolución Ciudadana, Luisa González, son escasos en la zona céntrica. Solo unas tímidas figuras de tamaño natural del presidente saliente y aspirante a la reelección, Daniel Noboa, rompen la monotonía de una ciudad rodeada de montañas, en las faldas orientales del volcán Pichincha, sobre una red de quebradas de paisajes imponentes.

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Esos estrechos, pero profundos pasos entre las montañas quiteñas dividen distintas zonas de la capital. Parecen grietas que separan una ciudad aparentemente apacible, pero que ha sufrido en los últimos años un fuerte embate de la inseguridad.

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Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de la región, con una tasa de homicidios que saltó a 38 por cada 100.000 habitantes, según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación sobre las amenazas a la seguridad nacional de América Latina y el Caribe. Guayaquil es el centro de la ola de violencia criminal narco que se extiende por todo el corredor costero y que obligó a Noboa a declarar el estado de excepción y un virtual “conflicto armado interno”.

Noboa (centroderecha) y González (izquierda) llegan al balotaje de este domingo en un empate técnico, según distintos sondeos. Pero la heredera del expresidente Rafael Correa, exiliado en Bruselas, confía en ganar las elecciones tras el vital respaldo del partido Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

La extrema paridad no es de ahora. En la primera vuelta, el 9 de febrero, Noboa aventajó a González por poco más de 16.000 votos (44,17% a 44%).

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La sociedad ecuatoriana está dividida en dos

La grieta política ecuatoriana es tan profunda como las quebradas de Quito. Hablar con sus habitantes es trasladar al Ecuador las divisiones ideológicas que envuelven a la Argentina.

Noboa, que gobernó 18 meses tras ganar las elecciones de noviembre de 2023 convocadas para completar el mandato del renunciante Guillermo Lasso, es neoliberal en lo económico y lanzó una campaña frontal contra el crimen organizado “a lo Bukele”, el polémico presidente salvadoreño que acabó con las pandillas de su país a un elevado costo de denuncias de violaciones masivas a los derechos humanos. “Mano dura” es su lema.

Un automóvil transita por una avenida de Quito con una gigantografía de Daniel Noboa (Foto: Marcelo Izquierdo)

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Miles de ecuatorianos fueron detenidos, algunos de ellos por portación de tatuajes en el último año, según denunciaron familiares. Vastas zonas del país han sido militarizadas, al igual que las cárceles, tomadas por grupos narco. Noboa sostiene que la criminalidad bajó en el último año y medio gracias a su plan de seguridad.

La violencia, la economía y la situación social dividen a los ecuatorianos, tanto como el pasado correísta y el presente bajo el gobierno del joven empresario heredero de un imperio bananero.

“Me gustaba Correa, pero ahora voy por Noboa. El correísmo robaba, pero hacía, se estaba relativamente bien y no había tanta inseguridad. Pero hubo mucha corrupción y se endeudó al país. Yo quiero un cambio. Le voy a dar una nueva oportunidad al presidente”, contó a TN el comerciante Gabriel Rodríguez, de 34 años.

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Tanto él, como su esposa y sus padres, votarán por el candidato del oficialista Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), pero sus tíos y algunos amigos se inclinarán por Luisa González.

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“Tratamos de no hablar de política en la familia. Tampoco entre amigos. Mucha gente se pelea y se deja de hablar por estos temas. Es muy fuerte el correísmo y el anticorreísmo en este país”, confió.

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Rodríguez habla pausado. Nada lo apura. Ni siquiera los gritos ante un sorpresivo embotellamiento en el centro de la ciudad. “La gente está cansada de las campañas políticas y más de las peleas”, señaló. A pocos metros, desde la ventanilla de un auto, una gigantografía de Noboa ganaba la calle como único símbolo visible del proceso electoral.

La campaña sí es fuerte en los barrios populares. Noboa eligió un centro deportivo, en el centro-sur de la capital, para su último acto en Quito. “Estas son las votaciones más importantes en la historia de Ecuador”, dijo el presidente este miércoles.

Luisa González, en un acto de campaña (Foto: EFE)

Luisa González, en un acto de campaña (Foto: EFE)

Luisa González cerró su cruzada electoral quiteña en la humilde zona sur, cerca del estadio de Aucas, de la primera división de fútbol local. Allí anunció el respaldo del excandidato derechista Jan Topić. Según dijo, es una alianza que “trasciende las diferencias políticas”.

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Este jueves encabezará su último acto en la violenta Guayaquil, al igual que Noboa. Lo curioso es que la candidata correísta también habla de “mano dura” contra el crimen organizado, pero le agrega la frase “con justicia social” para diferenciarse del presidente.

Guayaquil se ha convertido en un distrito vital para estos comicios. Los dos candidatos la eligieron para dar su último discurso antes del balotaje y de que empiece la veda electoral. A solo tres días de las elecciones aún hay mucha gente que no definió su voto.

“Los indecisos son entre 10 y 15 por ciento. Allí puede estar la clave”, resumió a TN la analista Glaeldys González, del Crisis Group.

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Ecuador, Daniel Noboa

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Energía renovable gana peso en Panamá, Gobierno busca aumentar su participación en la matriz energética

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Actualmente, cerca del 65% de la generación eléctrica en Panamá proviene de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá aspira a que más del 85% de su generación eléctrica provenga de fuentes renovables en los próximos años, una meta que, según las autoridades, debe construirse sin descuidar la seguridad energética ni la estabilidad del sistema.

Así lo afirmó el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., durante el Foro de Energía organizado por la Asociación Panameña de Ejcutivos de Empresa (APEDE), al señalar que actualmente el país registra cerca de 65% de su matriz energética basada en fuentes limpias, principalmente hidroeléctricas.

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Rodríguez explicó que, aunque el objetivo es elevar progresivamente la participación de las energías renovables, Panamá no puede prescindir completamente de un componente térmico que respalde el sistema en momentos de baja generación solar, ausencia de viento o períodos de sequía que afecten a las hidroeléctricas.

“No todo el parque puede ser renovable”, sostuvo, al subrayar que la confiabilidad del suministro sigue siendo una prioridad para el Estado.

El funcionario detalló que, en términos regionales, Panamá parte de una posición favorable, ya que su matriz histórica ha sido mayoritariamente limpia en comparación con otros países.

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Entre el 60% y 65% de la generación anual proviene de fuentes renovables tradicionales, especialmente plantas hidroeléctricas de embalse y de pasada. Sin embargo, reconoció que el desafío está en diversificar esa base con solar, eólica y almacenamiento energético.

El secretario de Energía, Rodrigo
El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez J., informó que en marzo se lanzarán licitaciones para nuevas plantas eólicas e hidroeléctricas con participación de inversionistas locales y extranjeros. Cortesía Apede

Durante el encuentro, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, destacó que el tema energético es fundamental no solo para las empresas, sino también para los hogares y la competitividad del país.

Afirmó que el foro permitió debatir sobre redes, hubs y el potencial de Panamá como un centro energético regional, así como los retos regulatorios y tecnológicos que enfrenta el sector.

De Santis subrayó que uno de los ejes centrales de las discusiones fue el desarrollo de licitaciones públicas con reglas claras, transparencia y criterios técnicos actualizados. “No basta con los avances tecnológicos, también se necesita seguridad jurídica y procesos confiables”, indicó, al referirse a la importancia de atraer inversión privada en proyectos de generación y transmisión.

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En ese contexto, Rodríguez confirmó que el Gobierno prepara dos licitaciones clave: una para plantas nuevas, principalmente eólicas e hidroeléctricas, y otra para plantas existentes.

La primera está prevista para inicios de marzo y la segunda para finales del mismo mes. Según el secretario, existe un alto nivel de interés empresarial, tanto de inversionistas locales como extranjeros.

La presidenta de la Asociación
La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Giulia De Sanctis, destacó la necesidad de reglas claras, transparencia y seguridad jurídica para fortalecer las inversiones en el sector energético. Cortesía Apede

El funcionario señaló que estas licitaciones forman parte de una estrategia para fortalecer la capacidad instalada, reducir la volatilidad tarifaria y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico. Añadió que los procesos se han diseñado para garantizar competencia sana, participación abierta y criterios técnicos acordes con las nuevas demandas del mercado.

Otro de los ejes abordados fue el impulso al bioetanol como parte de la transición energética. Rodríguez recordó que el Ejecutivo presentó en octubre pasado un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para establecer una mezcla obligatoria del 10% de etanol en las gasolinas. De aprobarse la iniciativa, el país podría iniciar la producción local y la mezcla comercial hacia finales de 2027.

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“El proceso legal es clave”, afirmó el secretario, al indicar que el proyecto se encuentra en manos de la Comisión de Comercio, donde se desarrollan consultas con los sectores involucrados. Estimó que, si el cronograma se cumple, la primera producción nacional de etanol podría concretarse entre 2027 y 2028, marcando un hito en la política energética.

El programa de bioetanol contempla
El programa de bioetanol contempla una mezcla obligatoria del 10% y una inversión estimada de $500 millones en el sector azucarero. (Revista Chacra)

De acuerdo con estimaciones del sector azucarero, la puesta en marcha del programa de bioetanol implicaría una inversión inicial cercana a los $500 millones, destinada a la compra de tierras, construcción de destilerías e instalación de infraestructura. También se requeriría ampliar la superficie cultivada de caña en unas 22 mil hectáreas para abastecer el 10% de la demanda.

El gremio azucarero ha señalado que el proyecto podría generar más de 30 mil empleos directos e indirectos, principalmente en el interior del país. Además, destacó que el financiamiento multilateral y bancario ya ha mostrado interés, condicionado a la estabilidad normativa y al respeto de los plazos legales.

Desde APEDE, De Santis respaldó el enfoque del bioetanol como una oportunidad para fortalecer la autosuficiencia energética y reducir la dependencia del petróleo importado. No obstante, insistió en que cualquier política pública debe construirse con consenso, claridad regulatoria y garantías para los inversionistas y consumidores.

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El secretario de Energía, Rodrigo
El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez J., indicó que los estudios sobre hidrocarburos en el Caribe están en fase de revisión sin decisiones concretas. REUTERS/Christian Hartmann

En materia de planificación, Rodríguez adelantó que en marzo se lanzará oficialmente el proceso para elaborar el nuevo Plan Energético Nacional 2026-2040, cuya formulación tomará alrededor de 18 meses. El documento definirá las metas de generación, transmisión, almacenamiento y eficiencia energética para las próximas dos décadas.

El secretario también se refirió a los avances en la digitalización del sistema eléctrico, incluyendo procesos tarifarios y operativos. Explicó que la modernización debe realizarse de forma escalonada, para evitar impactos abruptos en las tarifas, especialmente en un contexto de transición tecnológica.

Rodríguez respondió además sobre los estudios para explorar posibles hidrocarburos en aguas del Caribe panameño, desarrollados en cooperación con Colombia. Ante la pregunta de Infobae sobre el tema, el funcionario indicó que el tema está siendo retomado, aunque por ahora no existe ninguna decisión concreta. “Se hicieron análisis preliminares, pero estamos en fase de revisión”, precisó.

El funcionario aclaró que cualquier avance en esta materia estará sujeto a evaluaciones técnicas, ambientales y económicas, y que no se trata de un proyecto inmediato. La eventual exploración, dijo, deberá alinearse con los compromisos de sostenibilidad y transición energética del país.

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Para el sector privado, la combinación entre energías renovables, respaldo térmico, biocombustibles y planificación de largo plazo será determinante para mantener la competitividad. De Santis destacó que Panamá cuenta con una base legal sólida, pero necesita fortalecer la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas.



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Reporter’s Notebook: Clintons call for open Epstein files hearing after months of defying subpoenas

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Since there was such a tempest over Bad Bunny’s Super Bowl halftime show, perhaps there’s a solution at hand. This compromise would satisfy both red and blue America. And the exhibition would transfix the country: Have former President Bill Clinton and President Donald Trump testify at halftime about the Epstein files.

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Republicans believe former President Clinton has something to hide about Jeffrey Epstein. Democrats think the same about President Trump. The House Oversight Committee subpoenaed the former president and Hillary Clinton to testify about the Epstein files. After a lot of wrangling, the Clintons are due to appear for closed-door depositions later this month.

But both Bill and Hillary Clinton are now calling for open sessions. And Democrats believe that such an appearance at a public session — by a former President — would establish a precedent to lug in President Trump to answer questions about what he knew about Epstein.

GHISLAINE MAXWELL TO APPEAR BEFORE HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE LAWMAKERS FOR EPSTEIN PROBE DEPOSITION

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Hillary Clinton addresses her staff and supporters about the results of the U.S. election as her husband, former U.S. President Bill Clinton, applauds at a hotel in the Manhattan borough of New York, Nov. 9, 2016.  (Reuters/Carlos Barria)

One architect of the law compelling the release of the Epstein files, applauded demands last week by the former First Couple to testify at a televised open hearing. Rep. Ro Khanna, D-Calif., said the former president is an important witness.

«As long as [the hearing is] focused on Epstein, and it’s not a wild goose chase — it’s not trying to score political points or embarrass either President Clinton or President Trump, it is asking legitimate questions about what they knew took place and who they knew were participating in heinous acts,» said Khanna. «That should be a legitimate point of inquiry.»

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After agreeing to a closed-door deposition later this month, Hillary Clinton took to X. She wrote to Oversight Committee Chairman James Comer, R-Ky., saying, «If you want this fight let’s have it in public.» 

Former President Clinton echoed his wife the next day on X, also calling for a public session. The former commander-in-chief declared that he won’t be used «as a prop in a closed door Kangaroo Court.» 

A spokeswoman for Comer accused the former first couple of «moving the goalposts.» Comer was always open to a hearing. But after a closed-door deposition.

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«Depositions have historically been much more substantive than hearings,» said Comer. «Hearings unfortunately, have become more of an entertainment thing.»

It’s hard to track exactly what the Clintons wanted.

The House Oversight Committee voted on a bipartisan basis last August to subpoena both Bill and Hillary Clinton for depositions — along with a host of other prominent figures like former Attorney General Bill Barr. After a lot of haggling, the committee subpoenaed them to appear at dates in October. The Clintons defied those. Then the committee assigned them dates just before Christmas. But neither showed then because of a funeral. The committee requested that the Clintons give them dates for January appearances. They didn’t. The committee then assigned them additional dates for January testimony. They skipped out on those. That’s when Comer threatened to hold the Clintons in contempt of Congress if they didn’t appear in January. The Oversight Committee voted — in bipartisan fashion — for contempt. The House Rules Committee planned last week to prep a measure to force the entire House to vote on contempt — and send criminal referrals for the Clintons to the Justice Department for prosecution after they defied the subpoenas.

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REVEALED: TRUMP CALLED POLICE CHIEF TO SUPPORT EPSTEIN PROBE, AND LAWMAKERS NAMED 6 MEN SHIELDED FROM EXPOSURE

Comer addresses the press after Ghislaine Maxwell's deposition.

House Oversight Committee Chairman James Comer, R-Ky., alongside Rep. Andy Biggs, R-Ariz., left, speaks to reporters after a closed-door deposition with Ghislaine Maxwell, the former girlfriend and confidante of sex trafficker Jeffrey Epstein, at the Capitol in Washington, D.C., on Feb. 9, 2026. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

But the Clintons finally agreed to depositions at the end of this month. And once that was on the calendar, the duo began calling for public hearings.

There is a method behind this madness. There isn’t a loyalty among younger Congressional Democrats to the Clintons. In fact, former House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., was steamed at some Democrats for wanting the Clintons to appear. Younger Democrats don’t have the same reverence for the Clintons as older Democrats. Hillary Clinton ran for president a decade ago. She hasn’t been a senator since 2009. She last served as Secretary of State in early 2013. President Clinton left the Oval Office more than a quarter-century ago.

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However, this is the Democrats’ gambit:

If former President Clinton appears about the Epstein files, it may be tough to make the case that President Trump shouldn’t appear.

«Certainly it does set the precedent. President Trump was subpoenaed during the January 6th investigations and didn’t come in. He cited some form of executive privilege. And so we’re kind of forcing the Clintons to come in with the threat of criminal contempt. Then that is a precedent that we are setting,» said Rep. Suhas Subramanyam, D-Va. «In other countries, like the UK, the Prime Minister regularly comes before the Parliament. And so it’s not like it’s unprecedented around the world.»

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Granted, that’s a parliamentary system where the prime minister is a member of Parliament in the United Kingdom. British Prime Minister Keir Starmer regularly appears for «Prime Minister’s Questions» every Wednesday at noon in London. Members of Parliament usually pepper the prime minister with questions and scoff in a scene which resembles something out of Monty Python.

But the American and British systems are fundamentally different.

Getting a sitting or former President — and even first lady — before Congress is rare but not unheard of.

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BONDI TO FACE GRILLING IN HOUSE JUDICIARY COMMITTEE OVER EPSTEIN FILES, WEAPONIZATION ALLEGATIONS

Bill Clinton and Jeffrey Epstein

Former President Bill Clinton was seen in photos with Jeffrey Epstein as part of a DOJ Epstein files release on Friday, Dec. 19. (Department of Justice)

There are three prominent examples of sitting Presidents appearing before Congress. President Abraham Lincoln testified voluntarily before the House Judiciary Committee in 1862. The New York Herald published his «State of the Union» message to Congress just before it was sent to Capitol Hill. Presidents sent written «reports» in those days. They did not give speeches to Congress. Lawmakers probed the leak of the message to Congress. It was speculated that Herald reporter Henry Wikoff got the message ahead of time thanks to his friendship with Mary Todd Lincoln. The House Sergeant at Arms briefly held Wikoff — and released him after the president spoke to the Judiciary Committee.

President Woodrow Wilson appeared before the Senate Foreign Relations Committee in 1919 to discuss a treaty with Germany and establishing the League of Nations. Wilson’s push for the League of Nations failed. The Senate rejected the Treaty of Versailles.

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President Gerald Ford had been in office two-and-a-half months before he appeared voluntarily before the House Judiciary Committee in the fall of 1974. Ford told lawmakers that his pardon of former President Richard Nixon wasn’t something they bargained about. Ford told the committee that he pardoned Nixon because his physical and mental health fell into a steep decline.

Former President Harry Truman appeared before the Senate Foreign Relations Committee in 1955 to testify about the United Nations Charter.

Ford came back as a former president in 1983 for a Senate hearing on the bicentennial of the Constitution.

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And there are examples of both sitting and former first ladies testifying, too.

Eleanor Roosevelt testified twice as first lady. Once about labor issues. Then, about the organization of volunteers for the civilian defense agency before World War II.

Rosalynn Carter testified about mental health as first lady.

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Hillary Clinton famously testified about her husband’s health care plan — even though it was dubbed (often derisively) «Hillarycare» in the fall of 1993. She testified multiple times as Secretary of State. Most notably in early 2013 regarding Benghazi. 

And, first lady Laura Bush was en route to Capitol Hill to testify before a Senate panel about early childhood education on 9/11. The committee cancelled the hearing after the attacks in New York and at the Pentagon. 

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So, many Republicans are game to hear from the Clintons about the Epstein files. Frankly, some were more interested in just holding them in contempt than actually gleaning anything about Epstein. But it looks like the Clintons will at least sit for depositions in a few weeks. Whether there’s a hearing or not is unclear. Some Republicans may even push for that. But caveat emptor. An open session for the Clintons will only intensify the push by Democrats — and some GOPers — to hear from President Trump. 

Their testimony might not come during the Super Bowl halftime show. But open testimony by a former President and a sitting President would be a political Super Bowl.

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México dice que la munición incautada a un cártel es de una fábrica del ejército de EE.UU.

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CIUDAD DE MÉXICO — Aproximadamente la mitad de los cartuchos de alto poder calibre .50 que las autoridades mexicanas han confiscado a los cárteles desde 2012 fueron rastreados hasta una fábrica de municiones en las afueras de Kansas City, Missouri, que es propiedad del gobierno de Estados Unidos, dijo el martes el secretario de Defensa de México.

La fábrica, Lake City Army Ammunition Plant, es el mayor fabricante de municiones para fusiles utilizados por el ejército estadounidense.

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El secretario de Defensa de México, general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que se han incautado alrededor de 137.000 cartuchos calibre .50 desde 2012.

De ellos, agregó, el 47% provenían de Lake City y se vendieron en armerías del sur de Estados Unidos.

La revelación se produjo en respuesta a la pregunta de un periodista sobre una reciente investigación conjunta de The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que expuso cómo la munición de Lake City, que también ha sido utilizada por tiradores masivos en Estados Unidos, se ha convertido en un elemento básico para los grupos del crimen organizado en México.

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Trevilla Trejo también afirmó que desde octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, las autoridades mexicanas habían decomisado 18,000 armas de fuego, de las cuales casi el 80% provenían de Estados Unidos.

Entre las armas más destructivas decomisadas, añadió, se encontraban rifles Barrett calibre .50, lanzagranadas, lanzacohetes y ametralladoras de diversos calibres.

El lunes, Sheinbaum dijo que su administración estaba revisando los informes del Times y el ICIJ “para que podamos hablar con el gobierno de Estados Unidos sobre este tema y entender cómo es posible que estas armas, que son para uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos, estén ingresando a México”.

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La investigación concluyó, de hecho, que los cartuchos calibre .50 fabricados en Lake City no estaban restringidos al ejército estadounidense.

El Ejército estadounidense ha permitido que contratistas privados que operan la planta de Lake City vendan munición a distribuidores, revendedores y tiendas minoristas, poniéndola a disposición del mercado civil.

Al menos 16 minoristas on line han vendido munición perforante fabricada en Lake City o hecha con componentes de la planta, según un recuento del ICIJ y el Times.

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“Lo irónico es que los gobiernos de México y Estados Unidos buscan lo mismo: reducir las muertes” causadas por los cárteles, dijo Cecilia Farfán Méndez, directora del Observatorio de América del Norte de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional.

“Pero mientras los grupos criminales tengan fácil acceso a este tipo de calibres y armas, es como si estuvieran subsidiando la generación de esta violencia”.

El Ejército de EE.UU. no respondió en detalle a preguntas sobre el uso de munición de Lake City por parte de los cárteles de la droga.

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Un portavoz declaró previamente que permitir las ventas comerciales desde la planta ahorraba a los contribuyentes decenas de millones al año.

Las balas de Lake City han terminado en manos de miembros de cárteles mexicanos, que las han utilizado para aterrorizar tanto a civiles como a fuerzas de seguridad, según documentos obtenidos por periodistas.

Armados con armas de fuego calibre .50, hombres armados del cártel han derribado helicópteros, asesinado a funcionarios del gobierno, disparado contra fuerzas policiales y militares y matado a civiles.

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Defensas

“El blindaje que tenemos no puede proteger a nuestro personal del tipo de penetración que este cartucho es capaz de hacer”, dijo a la prensa en 2024 Luis Cresencio Sandoval, predecesor de Trevilla Trejo como secretario de Defensa de México.

Se refería a una bala calibre .50 de Lake City que se había utilizado para atacar un convoy militar en el norte de México, matando a un soldado e hiriendo a otros tres.

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México tiene estrictas restricciones sobre quién puede comprar y poseer armas, las cuales solo se pueden adquirir legalmente en dos tiendas administradas por el ejército mexicano.

Aun así, la mayoría de los tipos y calibres están reservados exclusivamente para el ejército y las fuerzas del orden.

El gobierno mexicano estima que entre 200,000 y 500,000 armas de fuego se trafican ilegalmente a México desde Estados Unidos cada año.

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El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por unanimidad una demanda interpuesta por el gobierno mexicano contra importantes fabricantes estadounidenses, que argumentaba que las empresas habían instigado la venta ilegal de armas de fuego a los cárteles mexicanos de la droga.

En su fallo, el tribunal dictaminó que la incapacidad de los fabricantes para impedir que los minoristas independientes realizaran ventas ilegales no cumplía con los altos requisitos legales para la instigación.

Pero el tribunal reconoció la afirmación de México de que se vendían armas estadounidenses a traficantes mexicanos.

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«No dudamos mucho de que, como afirma la denuncia, se producen algunas de estas ventas, y que los fabricantes lo saben», declaró el fallo.

México presentó una demanda por separado en Arizona contra cinco comerciantes de armas.

Reclamo

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Sheinbaum ha pedido constantemente una mayor cooperación de la administración Trump para detener el flujo de armas y municiones de fabricación estadounidense a México, comparándolo a menudo con la presión de Washington para que su país ponga fin al tráfico de fentanilo.

Han surgido algunas iniciativas conjuntas para aumentar las inspecciones y las incautaciones en ambos lados de la frontera, así como para compartir más información entre los gobiernos.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva el año pasado, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, declaró a la prensa del Times que los esfuerzos de Estados Unidos para reducir el suministro de armas habían sido insuficientes.

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Si a los cárteles mexicanos les resultara más difícil “obtener ese tipo de armas”, añadió Harfuch, “definitivamente sería una lucha diferente”.

c.2026 The New York Times Company

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