INTERNACIONAL
Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez
El Gobierno de Bolivia confirmó este miércoles la deportación desde Estados Unidos del ex ministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, durante la Administración interina de Jeanine Áñez (2019-2020), quien deberá cumplir en el país dos sentencias de hasta ocho años de prisión en casos de corrupción.
“Hemos recibido la información de nuestra embajada en Estados Unidos de que el señor Arturo Murillo está siendo deportado al territorio nacional”, indicó la canciller Celinda Sosa, en una rueda de prensa junto a sus colegas de Justicia, Jessica Saravia, y de Gobierno, Roberto Ríos.
Murillo, detenido en EEUU en mayo de 2021, fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y en enero de 2023 fue sentenciado a cinco años y diez meses de cárcel.
En octubre de 2022, el ex ministro se declaró culpable de conspiración para lavar dinero proveniente de sobornos que recibió a cambio de “ayudar” a una empresa estadounidense para obtener un contrato de 5,6 millones de dólares para dotar de gases lacrimógenos y otros equipos militares a Bolivia durante la gestión de Áñez.
Sin embargo, la titular de Justicia precisó que Murillo tiene dos sentencias, una por cinco años y cuatro meses de prisión debido al caso “gases Ecuador”, por la dotación irregular desde Ecuador de material antidisturbio durante la crisis política en Bolivia de 2019.
Además del proceso ‘gases lacrimógenos’ en el que se emitió una condena de ocho años de reclusión por la compra irregular de material antidisturbios con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
“Estamos esperando que el señor (Murillo) venga a cumplir las condenas que ya han sido dispuestas a través de un proceso en el que se ha respetado el debido proceso”, indicó la ministra.
Por su parte, el actual ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que Murillo llegará primero al aeropuerto de Viru Viru, en la oriental ciudad de Santa Cruz, en donde la Fiscalía ejecutará un mandamiento de aprehensión para su traslado a La Paz.
Ríos explicó que Murillo deberá comparecer ante un juez que deberá determinar si el exministro del Gobierno de transición tiene que cumplir la sentencia en los dos procesos mencionados, en una cárcel ubicada en el centro de la ciudad.
Los ministros bolivianos también señalaron que Murillo tiene abiertos otros procesos por presunta corrupción y forma parte de los acusados en el caso de la masacre de Senkata, un barrio en la ciudad de El Alto, en la que hubo una decena de civiles muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en 2019.
Al respecto, Ríos dijo que durante la llegada de Murillo a La Paz habrá una “escolta” especial debido al “rechazo y repudio” que el ex ministro ha generado en esa región para que “no se genere ningún tipo de conflictividad”.
Murillo, de 61 años, fue empresario hotelero e incursionó en la política con el partido Unidad Nacional, liderado por varios años por el empresario opositor Samuel Doria Medina, con el que llegó a ser diputado (2006-2010) y senador (2010-2019) cuando dicha agrupación conformó la alianza Unidad Demócrata (UD).
Como parte de UD, formó parte de la bancada de oposición ante el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) liderado entonces por el ex presidente Evo Morales (2006-2019), hasta la renuncia de este último durante la crisis social de 2019 que calificó como un “golpe de Estado” en su contra.
Cuando la entonces senadora Áñez asumió por sucesión la Presidencia interina de Bolivia, Murillo y otros legisladores de su partido ocuparon altos cargos en el Gobierno de transición.
(Con información de EFE)
INTERNACIONAL
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INTERNACIONAL
Jayapal floats reparations for illegal immigrants impacted by Trump crackdown, demands prosecutions
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Amid President Donald Trump’s illegal immigration crackdown, one congressional Democrat is calling for reparations for foreign nationals who are affected.
«We are going to have some form of reparation for the kids and the families that have been traumatized through all of this,» Rep. Pramila Jayapal, D-Wash., said Friday during a congressional hearing, referring to illegal immigrants. «You talked about how there’s no support for people even once they’re released. We need to make sure that we are funding that kind of work to continue to provide relief.»
Jayapal, the former chair of the Congressional Progressive Caucus (CPC), made the comments during the seventh installment of a hearing series titled «Kidnapped and Disappeared: Trump’s Attack on Children.»
The left-wing lawmaker said reparations for illegal immigrants affected by Trump’s crackdown efforts would be just one item in a series of reforms she would push Democrats to pursue if they retake House control in November.
Residents confront federal agents and Border Patrol agents over their presence in their neighborhood on Atlantic Blvd. in the Los Angeles suburb of Bell. California last year passed a law banning authorities from wearing masks. (Getty Images)
HOUSE DEM COMPARES TRUMP’S ILLEGAL IMMIGRATION CRACKDOWN TO ‘TERRORISM,’ VOWS TO ABOLISH ICE
Jayapal, who was born in India and became a U.S. citizen in 2000, also said she wants «offensive action» regarding those who are carrying out Trump’s illegal immigration crackdown.
«We need real accountability, because at the end of the day, the people that have been inflicting this harm need to be prosecuted,» Jayapal said. «They need to be brought before us, and they need to be held to account for the trauma that they have created.»
A spokesperson for Jayapal did not respond to a Fox Digital inquiry about who specifically she wants to see prosecuted or who would be eligible for reparations.
Reparations refer to financial compensation for a specific group intended to address reputed economic harms. Many progressive Democrats have long advocated for reparations for the descendants of American slaves.
Rep. Pramila Jayapal is floating reparations for illegal immigrants if Democrats retake control of Congress during November’s midterm elections. (Kevin Dietsch/Getty Images)
JAYAPAL DOUBLES DOWN ON ANTI-ICE TERROR CLAIMS AS DHS SHUTDOWN TRIGGERS HISTORIC TRAVEL CHAOS
Throughout the hearing, congressional Democrats repeatedly called attention to the children of deported illegal immigrants, while saying little about the victims of illegal immigrant crime.
The group of Democratic lawmakers did not discuss 18-year-old Sheridan Gorman, who was allegedly shot and killed by a Venezuelan national illegally living in the United States in Chicago earlier this month.
U.S. Immigration and Customs Enforcement agents walk down a street during a multi-agency targeted enforcement operation in Chicago, Ill., on Jan. 26. (L) Sheridan Gorman was killed after being shot in the head by a Venezuelan illegal immigrant while taking a walk with friends at Tobey Prinz Beach, located less than a mile from the Illinois’ campus, around 1 a.m. on Thursday. (Christopher Dilts/Bloomberg via Getty Images; Sheridan G. Gorman via Instagram)
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Jayapal’s comments came during the record-breaking Department of Homeland Security (DHS) that has continued to drag on with no end in sight.
She and nearly all House Democrats have refused to fund the department until the Trump administration agrees to various proposals that could rein in immigration enforcement.
«I have been clear since the start of the appropriations process: I will not vote to give Trump’s ICE or CBP another cent without major reforms,» Jayapal said Friday following her vote against a two-month DHS funding extension.
Though Democrats have been willing to fund the non-immigration parts of DHS, most Republicans have rejected that idea because it would effectively defund law enforcement.
Zeroing out appropriations for ICE and the Border Patrol would continue to force support staff employed by those agencies — have not received a full paycheck during the seven-week funding lapse — to keep working without pay.
homeland security, deportation, democrats, pramila jayapal, illegal immigrants
INTERNACIONAL
Israel aprobó la pena de muerte para terroristas y las organizaciones de Derechos Humanos expresaron su preocupación
El Parlamento israelí aprobó este lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista.
Pero organizaciones de derechos humanos advirtieron que la pena capital se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga a los tribunales militares -salvo excepciones sin definir- a imponer la pena capital a palestinos residentes en Cisjordania ocupada. En tanto, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes podrán aplicar en su lugar la cadena perpetua.
Además, estipula más condiciones para imponer esta pena.
La medida se aprobó con los votos del oficialismo
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.
Así lo hicieron la mayoría de parlamentarios del partido de Netanyahu, el Likud, y todos los partidos de su coalición menos el ultraortodoxo Yahadut HaTora (Judaísmo de la Torá). El ultraderechista Israel Beitenu (Nuestro Hogar Israel), en la oposición, votó en cambio a favor. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en conferencia de prensa con el presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)
En general, los partidos de la oposición, incluyendo Yesh Atid (Hay Futuro), Kachol Lavan (Azul y Blanco) y los árabes Hadash y Taal (Movimiento Árabe para la Renovación), votaron en contra.
Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un empleado legislativo se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv.
“La ley es populista, inmoral, no igualitaria”, condenó durante el debate de este lunes el diputado Matti Sarfatti, de Yesh Atid. Además, la calificó de “claramente inconstitucional”.
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La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.
El debate en la Knéset se prolongó durante más de 10 horas y estuvo marcado por intervenciones emotivas y críticas.
Fuera de los turnos de palabra, los diputados siguieron la sesión de manera telemática, conforme al estado de emergencia declarado por la guerra, que limita el número de personas reunidas en interiores.
¿“Se aplicará a los colonos asesinos”?
Durante la sesión, la diputada Aida Touma-Suleiman, del partido árabe Hadash, señaló que “en otros países, la pena de muerte es una pena universal aplicable para todos”.
“En este caso, las identidades de la víctima y el asesino son las que determinan la sentencia (…): asesinato o defensa propia. Y es que, ¿acaso se aplicará a los colonos asesinos?”, se preguntó.
Por su parte, Limor Son Har-Melej, diputada del partido ultranacionalista Otzma Yehudit y una de las promotoras de la ley, aseguró que la decisión representa “un momento de justicia histórica” para las familias que perdieron seres queridos en atentados terroristas. Su marido, recordó durante su intervención, falleció en un atentado en 2003.
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“No más cárceles para asesinos, que se convierten en hoteles, como ocurría antes de la llegada al cargo del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir”, afirmó la diputada ultraderechista. “Desde hoy, sentencia de muerte. Es una herramienta esencial para erradicar al enemigo y lograr una disuasión real”, añadió.
Advertencias desde el exterior
Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron la medida, criticada también por la ONU y el Consejo de Europa. Su debate se produjo tras la aprobación ‘in extremis’ esta madrugada de los presupuestos generales para 2026, con concesiones a partidos ultraortodoxos que forman parte del gobierno de Netanyahu.
Según recogen medios israelíes, funcionarios militares advirtieron repetidamente a los legisladores sobre los problemas que plantea la legislación incluso después de que se suavizara su redacción. Incluso, señalaron que la medida podría violar el derecho internacional y generar órdenes de arresto contra comandantes israelíes en el extranjero.
Además, numerosos rabinos, expertos legales, representantes del sindicato de médicos, abogados y activistas por los derechos humanos israelíes expresaron su rechazo a la propuesta durante los debates en la comisión parlamentaria, llevados a cabo hasta cuatro veces por semana desde que fuera aprobada en primera lectura el pasado septiembre.
Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio. Solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto.
(Con información de EFE)
Israel
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