INTERNACIONAL
Bolivia repite el guion del terrorismo de Estado electoral visto en Nicaragua y Venezuela
Acusaciones trucadas con pruebas falsificadas, fiscales y jueces sicarios en procesos judiciales manipulados para perseguir, apresar, exiliar o eliminar, son algunos de los medios de terrorismo de Estado que las dictaduras del socialismo del siglo 21 o castrochavismo usan para inhabilitar a opositores reales. Lo hicieron en Nicaragua 2021, en Venezuela 2024, y ahora repiten el terrorismo de Estado electoral en Bolivia para las elecciones generales del 17 de agosto de 2025.
Las dictaduras del socialismo del siglo 21 en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia hacen elecciones periódicas que no son libres, no son justas, no están basadas en el sufragio universal y secreto, y no están destinadas a expresar la soberanía popular, sino a perpetuar el régimen con apariencia de democracia. Violan todos los elementos esenciales de la democracia del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana y los derechos humanos establecidos en los artículos 1,3,4,5,7,8,9,11,13,15,15,20,23,24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por eso, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son “dictaduras electoralistas en las que el pueblo vota, pero no elige”, porque realizan elecciones sin libertad, sin Estado de derecho, sin separación ni independencia de poderes, sin libre organización política, con perseguidos, presos y exiliados políticos. En estos países sin democracia nada garantiza ni la libertad ni los derechos humanos.
Además, construyen y sostienen la “oposición funcional”, formada por políticos, agrupaciones y partidos que simulan ser contrarios al régimen y que actúan para dar apariencia de democracia. La oposición funcional es parte de la dictadura porque participa de la corrupción y de la impunidad, simula legalidad en órganos legislativos títeres, avala la violación de derechos humanos, la existencia de presos y exiliados y más.
A cuatro meses de las elecciones generales 2025 en Bolivia, el sistema de dictadura electoralista está en plena ejecución: 1.—El padrón electoral es el mismo demostrado como adulterado por el fraude del año 2019 y anteriores, y por Rosario Baptista que renunció “denunciando que no es posible continuar en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial”, agregando que “más allá de las elecciones de 2019, en el proceso electoral de 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad del partido político (El MAS del régimen), que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección”; 2.— En Bolivia hay 303 presos políticos certificados por Global Human Rights League (www.ghrl.org) y la misma entidad prueba que “10.255 ciudadanos bolivianos han presentado solicitudes de asilo político en 29 países”. Entre los presos políticos están la ex presidenta Jeanine Añez y varios miembros de su gobierno, el Gobernador de Santa Cruz, Luis F. Camacho, el cívico potosino Marco Antonio Pumari, el activista de derechos humanos Fernando Hamdan y más; 3.— Fiscales y jueces son instrumentos del régimen que aplican la metodología usada en Cuba, Venezuela y Nicaragua de procesar, encarcelar y sentenciar a inocentes, forzándolos en muchos casos a admitir delitos que no han cometido para obtener “procesos abreviados con sentencias leves”. La justicia es el instrumento represivo de las dictaduras del socialismo del siglo 21 y cada expediente de los presos y perseguidos políticos así lo prueba.
Por el supuesto, en el golpe de Estado escenificado el 26 de junio de 2024, Bolivia tuvo más presos y perseguidos políticos, pero ahora en proceso electoral se vuelve a utilizar el caso con un video documental del régimen para inculpar más gente, entre la que destacan analistas políticos y el candidato independiente a la presidencia Jaime Dunn. Han puesto en marcha la persecución e inhabilitación de quien creen puede ser un opositor real.
Para las elecciones del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua, el régimen apresó por lo menos 7 candidatos presidenciales de oposición, a decenas de candidatos al legislativo, varios fueron inhabilitados y otros salieron al exilio. Puro terrorismo de Estado. Ejecutado el fraude, la dictadura exilió y desnacionalizó a 222 presos políticos y sigue detentando el poder.
Para las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela, el régimen inhabilitó a la candidata María Corina Machado que había ganado la primaria opositora con el 92,35% de votos, luego inhabilitó a Corina Yoris a quien Machado presentó como su reemplazante y finalmente Machado hizo su candidato a Edmundo Gonzales Urrutia y ganaron la elección con más del 67% de votos. La dictadura aplicó terrorismo de Estado de principio a fin y sigue usurpando el poder con un grupo criminal/militar de ocupación.
Bolivia, bajo terrorismo de Estado electoral —con crisis social, económica y energética que la lleva a la situación de miseria de Cuba y Venezuela— aún sigue exhibiendo su dictadura/narcoestado como una democracia que tendrá elecciones.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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INTERNACIONAL
Gobierno salvadoreño y HE Space Children’s Foundation firman alianza para proteger ecosistemas marino-costeros
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador y la Cancillería firmaron recientemente una carta de entendimiento con la organización internacional HE Space Children’s Foundation, con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y la protección de los ecosistemas marino-costeros del país.
Este acuerdo, anunciado el 17 de febrero de 2026, establece un marco de cooperación que permitirá impulsar iniciativas en sostenibilidad, formación ambiental y trabajo comunitario, haciendo especial énfasis en la niñez y la juventud salvadoreña.
Durante el acto de firma, encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, se destacó la importancia de sumar capacidades y construir alianzas estratégicas para avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Según las declaraciones de López, la carta de entendimiento “refleja una visión compartida de desarrollo sostenible y consolida un compromiso de largo plazo para proteger los recursos naturales del país”. Por su parte, Mira celebró el paso como una muestra del compromiso de El Salvador con la preservación de los ecosistemas y con la formación de nuevas generaciones en temas ambientales.
El acuerdo establece acciones concretas para promover la conservación de los ecosistemas marino-costeros, que representan una de las principales riquezas naturales del país y que enfrentan diversas amenazas por la presión humana y el cambio climático.
Entre los componentes clave del entendimiento se encuentra el intercambio técnico y de conocimientos, la capacitación de niños, niñas y jóvenes en temas ambientales, y la articulación institucional para fortalecer la gestión ambiental en los territorios.
Las autoridades subrayaron que la cooperación internacional resulta fundamental para ampliar capacidades, generar oportunidades y avanzar hacia un modelo de desarrollo más resiliente y sostenible.
La alianza con HE Space Children’s Foundation permitirá a El Salvador acceder a experiencias y buenas prácticas internacionales, así como a recursos pedagógicos y tecnológicos orientados a la educación ambiental, la sensibilización social y la formación de liderazgos juveniles comprometidos con la protección del patrimonio natural.
En el evento, que contó con la presencia de representantes de ambas instituciones y de la sociedad civil, se hizo hincapié en la necesidad de integrar la educación, la ciencia y la articulación institucional para pasar del compromiso a la acción. La firma de la carta de entendimiento representa un paso relevante en la consolidación de políticas públicas centradas en la sostenibilidad y en la respuesta a los desafíos ambientales que enfrenta El Salvador, en particular la degradación de los ecosistemas costeros, la pérdida de biodiversidad y la necesidad de adaptación ante los efectos del cambio climático.
El Ministerio de Medio Ambiente informó que, mediante esta alianza, se desarrollarán programas educativos y comunitarios en zonas costeras, con el objetivo de empoderar a las comunidades locales y fomentar prácticas sostenibles en actividades como la pesca, el turismo y el manejo de recursos naturales. Además, se promoverá la participación de niños, niñas y jóvenes en proyectos de restauración ecológica, monitoreo ambiental y campañas de sensibilización, buscando un impacto positivo a largo plazo.
Las imágenes difundidas a través de redes sociales muestran la firma del acuerdo en un ambiente institucional, con la bandera de El Salvador en el fondo, y dan cuenta de la relevancia que las autoridades conceden al trabajo conjunto con actores internacionales. También se destacan fotografías de los paisajes marino-costeros y boscosos que se beneficiarán de las acciones derivadas del convenio.
Con la firma de esta carta de entendimiento, El Salvador reafirma su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial aquellos vinculados a la acción climática, la vida submarina y la educación de calidad. La colaboración con HE Space Children’s Foundation abre nuevas posibilidades para que el país avance en la construcción de una ciudadanía ambiental activa, informada y capaz de liderar la transformación hacia un futuro más sostenible.
corresponsal:Desde San Salvador, El Salvador
NEWYou can now listen to Fox News articles!
Arguing that noncitizens could be on state voter rolls — something that is illegal under federal law — the Trump administration is escalating its campaign to obtain registration data ahead of the 2026 midterms, despite a string of federal court setbacks.
The strategy has unfolded on three fronts: cooperation from Republican-led states willing to share voter data, lawsuits against roughly two dozen blue and purple states that have refused, and a legislative push in Congress to tighten national voting requirements. Federal judges have so far rebuffed the administration’s legal demands, but the Justice Department is widening its campaign as Election Day draws near.
Hans von Spakovsky, a senior legal fellow at the conservative group Advancing American Freedom, said voter rolls are a central focus ahead of the midterms because of the Trump administration’s concerns that noncitizens are on them and could end up voting. It is illegal for noncitizens to vote in federal elections.
«The problem is, blue states, like Oregon, they have no interest in that kind of verification, so they’re not actually doing what they ought to be doing, which is running data-based comparisons with the [Department of Homeland Security],» von Spakovsky told Fox News Digital.
DEMOCRATS CELEBRATE AS 73,000 NORTH CAROLINA VOTERS WITHOUT PROPER ID STAY ON ROLLS
Attendees listen as Rep. Chip Roy (R-Texas) speaks at an «Only Citizens Vote» bus tour rally advocating passage of the SAVE Act at Upper Senate Park outside the U.S. Capitol. Washington, District of Columbia, on Sept. 10, 2025. (Kent Nishimura/Getty Images)
The DOJ has made sweeping demands for not just publicly available voter roll data, but also sensitive information, such as voters’ partial Social Security numbers and dates of birth.
The latest state to successfully fight the DOJ’s request is Michigan, where Secretary of State Jocelyn Benson said the federal government was not entitled to its 7 million voters’ personal information beyond what was already available.
The DOJ cited three federal laws, the Civil Rights Act, the Help America Vote Act and the National Voter Registration Act, that it said gave the Trump administration the right to the confidential information. Judge Hala Jarbou disagreed.
Attorney General Pam Bondi looks on during a news conference. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
«The Court concludes that (1) HAVA does not require the disclosure of any records, (2) the NVRA does not require the disclosure of voter registration lists because they are not records concerning the implementation of list maintenance procedures, and (3) the CRA does not require the disclosure of voter registration lists because they are not documents that come into the possession of election officials,» Jarbou, a Trump appointee wrote.
Federal judges in Oregon and California have also thrown out the DOJ’s lawsuits. The DOJ could appeal the decisions. A department spokesperson declined to comment for this story.
But the DOJ has seen cooperation from red states, such as Texas, Alabama and Mississippi, who were among several to reach a «Memorandum of Understanding» that led the states to hand over the information the department wanted.
In another maneuver, Attorney General Pam Bondi pressured Minnesota Gov. Tim Walz, a Democrat, to provide the Midwest battleground’s voter rolls, saying in a warning letter that such action would help ease unrest in the state that stemmed from a federal immigration crackdown there.
Democrats were enraged by the letter and have argued the Trump administration is infringing on states’ rights to conduct their own elections.
Sen. Chris Murphy, D-Ct., argued the letter was a «pretext for Trump to take over elections in swing states,» while a state lawyer described the letter as a «ransom note.» The DOJ, at the time, told Fox News Digital Democrats were «shamelessly lying» about the letter’s purpose. Bondi said that handing over the voter rolls was among several «simple steps» Minnesota could take to «bring back law and order.» A lawsuit is still pending in Minnesota over the voter rolls.
In Congress, the Safeguard American Voter Eligibility Act would make it a national requirement that people registering to vote provide in-person proof of citizenship, such as birth certificates or passports. The legislation also includes a new national requirement for photo ID at the polls.
The bill has widespread Republican support. The House passed the SAVE Act last week, and even moderate Republican senators like Sen. Susan Collins, R-Me., have said they are on board with it. The bill is still stalled in the Senate, however, because it needs 60 votes to pass, meaning several Democrats would need to support it. Currently, none do.
Von Spakovsky noted that the SAVE Act had a key provision that would allow private citizens to bring lawsuits over it.
People participate in a protest against the Trump administration in front of the Capitol. Washington, District of Columbia, on Feb. 17, 2025. (Dominic Gwinn/Middle East Images/AFP via Getty Images)
«There’s no question in my mind that if the Save Act gets passed, there are election officials in blue states that will be reluctant to or may refuse to enforce the proof of citizenship requirement,» von Spakovsky said. «The Save Act provides a private right of action, so that means that citizens in Oregon could sue those election officials if they’re refusing to comply with the Save Act.»
He said the private right of action provision would also provide recourse for citizens if Democrats take over the DOJ in the next administration and refuse to enforce the SAVE Act.
Trump has repeatedly argued that noncitizen voting poses a threat to election integrity and has pressed Republican lawmakers to tighten federal requirements. Last week, he floated attempting to impose identification requirements through executive order if Congress does not act.
«This is an issue that must be fought, and must be fought, NOW!» Trump wrote on Truth Social. «If we can’t get it through Congress, there are Legal reasons why this SCAM is not permitted. I will be presenting them shortly, in the form of an Executive Order.»
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A much broader bill called the Make Elections Great Again Act is still moving through the House and faces a steeper uphill climb to passage.
In addition to national documented proof of citizenship requirement, the MEGA Act would end universal mail voting, eliminate ranked-choice voting and ban ballots postmarked by Election Day from being accepted after that day, which would outlaw postmark rules in 14 states and Washington, D.C.
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Amenaza
Culpables
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