El 17 de septiembre de 1980 no fue un día más. Ese día, el exdictador de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, quien vivía exiliado en la capital paraguaya desde agosto de 1979, fue asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), liderado por Enrique Gorriarán Merlo.

Si bien Somoza estaba protegido por la dictadura de Alfredo Stroessner y tenía consigo una custodia que lo acompañaba, el comando que lo acribilló en plena avenida asunceña ejecutó un plan que había sido cuidadosamente preparado desde hacía meses.

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El ataque que terminó con la vida del exdictador, de su asesor y de su chofer, expuso la fragilidad del régimen dictatorial paraguayo ante las operaciones guerrilleras.

Anastasio Somoza, entre la rebelión sandinista y el exilio

Anastasio Somoza Debayle formó parte de una dinastía de dictadores en Nicaragua que ejercía el poder desde 1937. Su padre, Anastasio Somoza García, había sido asesinado el 21 de septiembre de 1956 por un poeta opositor, Rigoberto López Pérez.

Este último le disparó cuatro tiros en el pecho con un revólver calibre 38. Trasladado a Miami, tardó cuatro días en morir. Anastasio Somoza García (1896-1956) gobernó Nicaragua bajo un régimen militar por 16 años en dos períodos, desde el año 1937 al 1947 y desde 1950 a 1956, año en que fue asesinado y sucedido por su hijo mayor, Luis Anastasio Somoza Debayle quien, por causas naturales, falleció en el poder en 1967.

Muerto su hermano mayor, Anastasio Somoza Debayle ocupó el poder de Nicaragua por 13 años hasta que, en julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que había surgido en la década del ´60, logró derrocarlo en 1979 y este se exilió en Paraguay, donde el dictador Alfredo Stroessner le brindó su protección.

Operación Reptil: las tareas de inteligencia del ERP

La Operación Reptil que terminó con la vida de Somoza en 1980 en Asunción no deja de sorprender por sus aspectos casi cinematográficos.

Según el propio Gorriarán Merlo, el plan para atentar contra Anastasio Somoza en Paraguay fue una decisión propia del ERP, que tenía estrechos vínculos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). De hecho, varios de sus guerrilleros– como el Gordo Farfán o Capitán Santiago- habían participado en la Revolución Sandinista y mantenían estrechos vínculos con el FSLN. Cuando se decidió llevar adelante el magnicidio en Asunción, el ERP comunicó sus planes al FSLN y éste último le dio su aprobación. Ambas organizaciones guerrilleras consideraban que, mientras Somoza estuviera vivo, podría conspirar desde territorio paraguayo contra la revolución sandinista para la reinstaurar el antiguo orden.

Varios meses antes del atentado, el brazo armado del ERP comenzó con tareas de inteligencia en territorio paraguayo y la realización de entrenamientos en Colombia. En Asunción, el grupo guerrillero alquiló una casa como fachada para las operaciones encubiertas y se montó un puesto de venta de diarios y revistas para la vigilancia diaria de Somoza.

Parte de la reconstrucción del asesinato se basa en el propio testimonio de uno de sus verdugos. En 1995, desde la clandestinidad, Enrique Gorriarán Merlo concedió una entrevista al periodista Néstor Machiavelli (TELEFE) en donde se refirió al atentado. Según el exlíder del ERP, cuatro meses y medio antes del atentado, entre los primeros guerrilleros entraron al Paraguay estaban Roberto Sánchez, alias “Gordo Farfán”, y una compañera que militó en el MTP (Movimiento Todos Por la Patria).

Sánchez, que había sido colectivero y camionero, fue guerrillero en el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, y tras el triunfo de la revolución fue nombrado jefe policial en Managua. Según el relato de Gorriarán Merlo, ocho fueron los miembros del grupo que participó en la operación y lo que más costó fue ubicar al exdictador en Asunción.

Fue entonces cuando su compañera del MTP encontró una forma ingeniosa de ubicar su paradero. La mujer, que estaba en un hotel en Asunción, tomó un taxi y le dijo al taxista: “Mire, yo estoy buscando una peluquería de mujeres que queda a una cuadra de la casa de Somoza”. Para encontrar el salón de belleza, el taxista fue con ella hasta una delegación de la policía y les preguntó directamente a los agentes dónde vivía Somoza. Según el exguerrillero, fue la propia fuerza de seguridad la que colaboró con la información sobre su ubicación.

Posteriormente, el grupo guerrillero prosiguió con sus tareas de inteligencia. Para tener un conocimiento más profundo de los movimientos de Somoza, compraron un kiosco de diarios y revistas en la esquina de su domicilio.

Por último, el grupo alquiló una lujosa residencia sobre la calle 18 de julio, frente a la cual Somoza pasaba regularmente. Para no levantar sospechas y mantener sus operaciones encubiertas, se presentaron como empresarios argentinos, productores de una película que filmaría Julio Iglesias en Asunción. Con la excusa de proteger la intimidad del cantante, le exigieron al dueño estricta confidencialidad y le dijeron que, por pedido del mismo Iglesias, enviarían un grupo de decoradores para realizar algunos trabajos antes de la llegada del artista. Los decoradores serían Hugo Irurzun, Roberto Sánchez y Enrique Gorriarán Merlo.

Operación Reptil: la ejecución de Somoza

Para el 17 de septiembre de 1980, el grupo guerrillero acorralaba a su presa bien armado y esperaba la oportunidad adecuada para ejecutar su plan. Para ese entonces, poseía una bazuca, dos ametralladoras, un fusil y dos pistolas.

Alrededor de las diez de la mañana, Somoza salió de su residencia en el automóvil Mercedes Benz color blanco y circuló por la avenida Generalísimo Franco (hoy avenida España). Dado que su guardaespaldas y chofer habitual, el general Genie Amaya, exjefe de la Oficina de Seguridad Nacional en Nicaragua, estaba de franco, fue reemplazado por César Gallardo. En el asiento trasero, junto al exdictador, viajaba el financista ítaloestadounidense Joseph Baittiner, quien lo asesoraba en sus inversiones. Dinorah Sampson, amante de Somoza desde hace más de 20 años, no viajó en el vehículo aquel día.

Al ver el vehículo blanco de Somoza, el guerrillero “Oswaldo” dio aviso a sus compañeros a través de “walkies-talkies” desde el puesto de diarios, en el cruce con la calle Santísima Trinidad. “Oswaldo” también reconoció a los custodios paraguayos que escoltaban a Somoza desde otro vehículo. Durante su experiencia como canillita se había ganado la confianza de los guardaespaldas, regalándoles revistas pornográficas.

Cuando el Mercedes Benz que circulaba por la avenida España, se encontraba entre las calles Venezuela y América, una camioneta Cherokee se cruzó en su camino y obligó al vehículo a detenerse. El dictador había sido emboscado.

Sin embargo, no todo sucedió como se había planeado. Según Gorriarán Merlo, Santiago, que estaba apostado en un jardín con el lanzacohetes, tuvo problemas para disparar su arma y tuvo que reemplazar el misil con otro. Los guerrilleros solamente poseían dos para ejecutar el atetado. Al fallar el primer disparo, Roberto Sánchez, alías el Gordo Farfán, cortó el tráfico y el auto de Somoza quedó a tres metros, frente a la posición de Gorriarán Merlo, armado con un fusil.

Según recuerda el guerrillero del ERP en la entrevista, ante la falla del arma de Santiago, él mismo vació su cargador sobre el exdictador nicaragüense y su chofer, efectuando alrededor de 30 disparos. Esta acción tuvo la rápida respuesta de la escolta paraguaya que se había pertrechado detrás de una tapia y respondieron el fuego, tirando sobre Santiago y Gorriarán Merlo. Desde el bando del ERP, Roberto Sánchez respondió sobre la guardia desde la posición de la camioneta y le permitió a Santiago una segunda chance con el lanzacohetes, acertando sobre el vehículo del exdictador que quedó destruido, tras recibir el impacto.

Somoza murió junto a Joseph Baittiner. Sus cuerpos quedaron calcinados dentro del auto. César Gallardo, el chofer suplente, tampoco sobrevivió: su cadáver fue expulsado y cayó sobre el pavimento, tras la explosión.

Reacción de Strossner y muerte de Capitán Santiago

El impacto político fue enorme. El atentado no sólo terminó con la vida del exdictador, sino que expuso la fragilidad del régimen paraguayo ante operaciones guerrilleras bien planeadas. En Paraguay, hubo conmoción por la capacidad del comando guerrillero para entrar al país, planificar y ejecutar el atentado y darse posteriormente a la fuga. La respuesta del gobierno paraguayo no tardó en llegar.

A las pocas horas, las imágenes de Hugo Alfredo Irurzún, alias “Capitán Santiago” y Silvia Mercedes Hodgers, fueron difundidas por todos los medios y se ofreció una recompensa de cinco millones de guaraníes para quien diera información de su paradero.

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En medio de aquella vorágine de noticias, Daniel Mendoza llegó a Asunción. Pocas horas después, el periodista informó, desde la capital paraguaya, la captura y el asesinato de Irurzún, alias “Capitán Santiago”, quien había disparado el bazucazo que terminó con la vida de Somoza y sus acompañantes. Su cadáver, expuesto ante las cámaras como un trofeo, buscó transmitir la respuesta violenta del stronismo ante el atentado perpetrado por el grupo guerrillero.

En una trama manchada de sangre, poder, exilio, conspiraciones, revoluciones y contrarrevoluciones, la versión del exlíder del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, sigue siendo ampliamente aceptada, aunque también existen otras versiones sobre los ocurrido y algunas discrepancias respecto a los sucesos narrados por el guerrillero. Sin embargo, el atentado que puso fin a la vida de Anastasio Somoza con ejecución de la Operación Reptil constituye un episodio clave para comprender cómo funcionaron las dictaduras y las guerrillas en las últimas décadas del siglo XX en América Latina.

El Sistema Cantareira, principal complejo de reservas hídricas que abastece a la región metropolitana de San Pablo, registró en septiembre el nivel de agua más bajo de los últimos diez años, cuando el estado de San Pablo sufrió una de las sequías más trágicas de su historia. Las consecuencias en aquel momento fueron graves: racionamiento de agua y daños significativos a la agricultura y la ganadería. Pero, sobre todo, la crisis se extendió a toda la región sudeste de Brasil, afectando también a los estados de Minas Gerais y Espírito Santo. Según un estudio publicado en la revista científica Science, fue la novena sequía más grave del mundo entre 1980 y 2018.

Este fenómeno extremo se debió principalmente a un cambio anómalo en la posición de un gran sistema de alta presión en el Atlántico Sur (denominado ASAS). Este sistema se desplazó más cerca del continente, funcionando como una especie de “barrera” que bloqueaba la llegada de nubes cargadas de humedad al sureste de Brasil. Como consecuencia, las lluvias que normalmente caen en abundancia en esa época no llegaron o fueron muy irregulares. Además, el fenómeno climático El Niño, que altera aún más el régimen de lluvias, contribuyó a empeorar la situación.

La sequía de hace 10 años fue solo una de las varias señales de alarma que también explican la situación actual. De hecho, desde los años 90, los periodos de interrupción de la temporada de lluvias, los llamados veranillos, son cada vez más largos. La semana pasada, según los datos difundidos por Sabesp, la empresa pública de servicios básicos de saneamiento del estado de San Pablo, el volumen operativo del Sistema Cantareira alcanzó apenas el 29,5%, mientras que en el mismo período de 2024 el nivel era del 53%.

El Sistema Cantareira está formado por cinco grandes embalses artificiales conectados entre sí, los de Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha y Paulo de Paiva Castro, que juntos acumulan y regulan el suministro de agua de gran parte del estado de San Pablo. Ante esta situación crítica, Sabesp declaró el estado de “escasez” de agua y anunció nuevas medidas para contener el consumo.

A partir del 22 de septiembre, la empresa amplió de 8 a 10 horas la reducción de la presión del agua en los hogares. La situación se supervisa constantemente y, en caso de que empeore aún más, ya se ha anunciado que podrían adoptarse medidas adicionales. En comparación con hace diez años, Sabesp ha ampliado las interconexiones entre los sistemas, lo que permite la redistribución de los trasvases de agua para reequilibrar los niveles hídricos, y ha trabajado para restaurar manantiales, embalses y fuentes.

Sin embargo, algunas cuestiones críticas siguen planteando problemas. En primer lugar, el 29,5% del agua tratada se desperdicia debido a filtraciones o conexiones ilegales. A esto se suma el comportamiento de los consumidores, que solo muy lentamente están empezando a utilizar el agua de forma más consciente, con una reducción per cápita desde 2015 de apenas el 15%.

Como subraya un editorial del diario Folha de São Paulo, “la combinación del crecimiento demográfico y las condiciones climáticas inestables exige ahora una planificación urbana a largo plazo, soluciones integradas de conservación y grandes inversiones en infraestructuras: otras áreas metropolitanas de todo el mundo ya están experimentando la escasez de agua como algo cotidiano”.

El caso de San Pablo no es más que la punta del iceberg. Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas, publicado estos días, ha dado la voz de alarma sobre un ciclo hidrológico global cada vez más desequilibrado, caracterizado por sequías prolongadas e inundaciones devastadoras.

El documento, titulado “Estado de los recursos hídricos mundiales 2024”, muestra que solo un tercio de las cuencas hidrográficas del mundo ha registrado condiciones normales, mientras que las demás han sufrido exceso o escasez de agua. 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, con un papel determinante del fenómeno de El Niño.

El informe dedica un amplio espacio a Brasil, subrayando cómo los extremos climáticos se han manifestado con fuerza en los últimos años. Por un lado, la severa sequía que desde 2023 ha afectado a la Amazonia hasta alcanzar el 59% de su territorio en 2024, con graves repercusiones medioambientales y sociales. Por otro lado, las devastadoras inundaciones que el año pasado afectaron al sur del país, en particular al estado de Rio Grande do Sul, y que causaron casi 200 muertos y miles de desplazados, en lo que ha sido una de las peores catástrofes climáticas nacionales.

Paradójicamente, este año la Amazonia corre el riesgo de vivir una situación opuesta. El pasado mes de julio, el río Negro, cerca de la ciudad de Manaos, en el estado de Amazonas, registró una bajada de las aguas de 53 centímetros, con una media de 1,71 cm al día, según los datos del puerto de Manaos, que supervisa diariamente el nivel del río.

El 1 de agosto, el nivel era de 28,49 metros. Además, en los últimos meses, el río alcanzó un máximo de 29,05 metros, solo cinco centímetros por encima del umbral de inundación grave, que se sitúa a partir de los 29 metros. El proceso de crecida comenzó en octubre de 2024, tras la peor sequía de los últimos cien años en el estado de Amazonas. Otro ejemplo de cómo los fenómenos climáticos se manifiestan de forma cada vez más extrema lo demuestra también el estado de San Pablo.

El lunes, una violenta tormenta de lluvia, aunque no fue suficiente para elevar el nivel de las reservas de agua, sí causó destrucción. Emblemático es el caso de la fábrica de Toyota en Porto Feliz, en el estado de San Pablo. Todo el techo de la fábrica fue arrancado por las violentas ráfagas de viento. Según informó la misma multinacional japonesa, los daños paralizarán la producción al menos hasta enero del próximo año.

Un estudio publicado en septiembre en Nature Communications señala a la deforestación, especialmente en la Amazonia, como responsable, según la investigación realizada por científicos brasileños e internacionales, del 75% de la reducción de las lluvias en la estación seca en la Amazonia desde 1985.

La destrucción de la selva conlleva una pérdida de al menos 15,8 mm de lluvia por estación seca y un aumento medio de la temperatura de unos 2 °C. Sin embargo, los investigadores también han alertado de que los efectos de la deforestación se extienden más allá de la selva.

La Amazonia alimenta a todo Brasil con humedad a través de los llamados “ríos voladores”, corrientes de vapor de agua que abastecen de lluvia a las regiones agrícolas del centro-oeste y el sureste del país. La disminución de este flujo reduce la productividad agrícola, afecta a la pesca y a las comunidades que dependen de los cursos de agua, y contribuye a que se produzcan períodos de sequía más frecuentes e intensos, además de incendios y olas de calor.

Si el ritmo actual de deforestación continúa, se prevé que para 2035 las temperaturas máximas aumenten 2,64 °C y las precipitaciones disminuyan 28,3 mm por estación seca en comparación con 1985.

Por su parte, un editorial publicado el pasado mes de marzo en Science atacó las políticas medioambientales del Gobierno brasileño, que pondrían en peligro el equilibrio climático e hídrico de Brasil. Según los investigadores Philip Fearnside y Walter Leal Filho, gran parte de los sectores gubernamentales promueven actividades que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre los ejemplos citados se encuentran las subvenciones para transformar pastos en cultivos de soja y la asfaltada de la carretera BR-319 que atraviesa la Amazonia, iniciativas que fomentan la deforestación.

Por no hablar de la apertura de pozos petrolíferos en la Amazonia, un proyecto que parece estar cada vez más cerca de realizarse, ya que esta misma semana el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) ha aprobado una prueba realizada en agosto por Petrobras, en el marco de un amplio ejercicio de emergencia solicitado por el organismo medioambiental para obtener una licencia de perforación en la cuenca del río Amazonas.

Incluso el sistema de previsión adoptado por el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) en Brasil ya es considerado obsoleto por los expertos, ya que se basa en datos históricos de 90 años y no tiene en cuenta los efectos del cambio climático. El modelo no logra detectar nuevos patrones de escasez o abundancia de agua, lo que dificulta la gestión de las cuencas hidrográficas y aumenta la fragilidad del sistema energético. Esto conlleva un mayor riesgo de cortes de electricidad y contribuye al aumento de los costes energéticos, con consecuencias para toda la economía y los hogares.

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, ha dado recientemente la voz de alarma. “El agua sustenta nuestras sociedades, alimenta la economía y es fundamental para los ecosistemas. Pero cada vez está más bajo presión. Sin datos precisos, avanzamos a ciegas”, afirmó.

EXCLUSIVE: As the Sept. 30 government funding deadline looms, the Trump administration is warning that millions of Americans could lose flood insurance coverage if Democrats refuse to back a House-passed spending bill that also extends the National Flood Insurance Program (NFIP).

The White House supports the continuing resolution (CR) approved by House Republicans, which would avert a shutdown and reauthorize the NFIP. 

Administration officials said they worked to ensure NFIP was part of the current funding package, reflecting what they call the urgency of protecting millions of policyholders during hurricane season.

Democrats have said they will not support the measure, citing broader spending disputes. Trump administration officials argue the standoff puts homeowners, the housing market and disaster recovery funds at risk just as peak storm season arrives.

GOP SENATOR BLASTS SCHUMER, DEMS AS ‘FORCING’ SHUTDOWN WHILE DEMANDING PRICE TAG REPORT

«In an exclusive statement to Fox News Digital, a White House official said: ‘The NFIP is a vital program utilized by millions of Americans, and it’s not a hard call to extend it – which is exactly why the administration supports the House-passed CR that would do so. Unfortunately, Democrats are happy to shut down the government and hurt the many thousands of Americans who rely on this program in the process.’»

According to administration figures reviewed by Fox News Digital, a lapse in NFIP authorization could disrupt about 1,300 property sales every day. That’s roughly 40,000 closings in a single month, all in areas where flood insurance is required to secure a mortgage.

More than 400,000 policies are set to expire in October. Officials say about 152,000 of those have been prepaid, but more than 250,000 households could still lose coverage if the program stalls.

TRUMP-APPROVED PLAN TO AVERT GOVERNMENT SHUTDOWN SCUTTLED BY SENATE

White House officials warn of flood insurance lapses if Democrats block a spending bill. (Getty Images)

Administration officials also pointed to October 2024 as a warning sign. That month saw more than 427,000 new or renewed policies. Roughly 41,000 homeowners bought new policies while about 33,000 dropped coverage, leaving a net gain of nearly 9,000. Officials warn that similar growth this year could collapse if NFIP lapses.

Administration officials told Fox News Digital that FEMA currently has $2.6 billion available to pay valid claims, including $1.5 billion in the National Flood Insurance Fund and $1.1 billion in reserves. But they warned the agency would be unable to borrow additional money from the Treasury if a major disaster exceeded those reserves, a scenario they described as «dangerous and avoidable.»

The National Association of Home Builders (NAHB) echoed those concerns. 

«Past disruptions of the NFIP have caused immediate and widespread negative impacts on property sales, home values and consumer confidence,» NAHB said in an exclusive statement to Fox News Digital.

House Minority Leader Hakeem Jeffries speaks during a news conference on Capitol Hill in Washington. (Nathan Posner/Anadolu/Getty Images)

«Home sales would cease in areas where flood insurance is mandatory in order to obtain a mortgage. What the housing market needs now is stability and certainty. NAHB calls upon the House to act quickly to continue to fund the operations of the federal government including the extension of the NFIP.»

The NFIP has a long history of stopgap extensions. Since 2017, Congress has reauthorized the program more than 30 times, often through short-term measures. Lawmakers have typically made coverage retroactive to prevent permanent gaps, but even brief lapses have stalled real estate closings and left homeowners in limbo. The program currently serves about 4.5 million policyholders nationwide.

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Unless lawmakers strike a deal, FEMA will be barred from selling or renewing flood insurance policies starting Oct. 1, a lapse that could leave millions of homeowners in limbo as Washington hurtles toward a shutdown. Administration officials argue the risk is especially acute this year as hurricane season continues.

FEMA, Schumer and Jeffries did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.