INTERNACIONAL
Cadena perpetua para el enfermero que mató a más de 10 pacientes para “reducir su carga de trabajo” en Alemania
El tribunal de la Audiencia Provincial de Aquisgrán, al oeste de Alemania, condenó a cadena perpetua a un enfermero de 44 años por asesinar a 10 pacientes en una clínica de Würselen, cerca de Aquisgrán, entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. El veredicto respondió a la acusación de nueve casos de asesinato y 34 de tentativa, luego ampliada cuando se comprobó la décima víctima. También, según DW, se lo declaró culpable de 27 intentos adicionales.
El enfermero, identificado en la sentencia como Ulrich S., administraba inyecciones letales con fuertes barbitúricos y analgésicos a personas ingresadas en la unidad de cuidados paliativos. El fallo recoge que su objetivo era reducir al mínimo su carga de trabajo nocturno, al inmovilizar a los pacientes que exigían mayor atención.
Según el tribunal y la fiscalía, esto lo ubicó en una posición de “dueño de la vida y la muerte”. La acusación sostuvo que el enfermero mostró irritación, ausencia de empatía y falta de motivación profesional durante su actuación en la clínica.
Las primeras sospechas contra el acusado surgieron durante el verano de 2024, cuando familiares reportaron situaciones inusuales en la atención nocturna. En febrero de 2025, de acuerdo con información de DW, la fiscalía formalizó la denuncia inicial por cinco homicidios, ampliando la investigación a medida que se identificaban nuevos casos mediante revisiones clínicas y testimonios directos.
La sentencia establece que la investigación se apoyó en un incremento anómalo de defunciones durante los turnos de Ulrich S. y en el testimonio de familiares que observaron la aplicación de inyecciones no justificadas, incluso en pacientes dormidos.
La defensa de Ulrich S., quien se mantuvo con la cara tapada durante la condena, solicitó la absolución, argumentando que no se habían probado de manera concluyente todos los cargos. El acusado declaró que quería “hacer algo bueno para los pacientes” al suministrar barbitúricos, una justificación que el tribunal desestimó al considerar la gravedad y la regularidad de los hechos.
De acuerdo con el medio local, la fiscalía calificó su conducta como una elección deliberada que buscaba facilitar el trabajo nocturno y que implicó una pérdida total de empatía hacia los pacientes en situación terminal.
De acuerdo con la acusación, el patrón de mortalidad anómalo, junto a las declaraciones de familiares y la revisión de turnos, permitió trazar una correlación directa entre la presencia de Ulrich S. y las muertes o intentos de asesinato.
El tribunal resaltó que, si bien la ley alemana permite solicitar la libertad tras 15 años de prisión en casos de cadena perpetua, la “gravedad de los hechos” amerita que el acusado no acceda a este beneficio.
El fallo remite a episodios previos en los que Alemania enjuició a personal sanitario conocido como “ángeles de la muerte”.
En particular, el caso de 2019 cuando un enfermero fue condenado por 85 homicidios generó alarma y presión para mejorar los controles en centros de atención. Las autoridades alemanas continúan investigando a Ulrich S. por otros posibles delitos que podrían derivar en nuevos procesos judiciales.
El caso conmocionó al país, donde persiste la preocupación por la vigilancia, supervisión y condiciones laborales en las unidades de cuidados paliativos y geriátricos. El tribunal subrayó la importancia de los sistemas de alerta y el seguimiento, así como la responsabilidad ética del personal sanitario.
Las entidades del sector salud revisan protocolos de control y capacitación en clínicas y hospitales para prevenir situaciones similares. Los expertos consideran esencial intensificar la detección temprana de patrones irregulares y capacitar al personal en ética profesional y atención humanitaria.
El caso Ulrich S. puso en evidencia las debilidades del sistema ante conductas delictivas encubiertas bajo la apariencia de rutina clínica.
La sentencia puede ser apelada, pero marca un precedente severo en la administración de justicia alemana para delitos cometidos por personal sanitario.
El proceso forma parte de los esfuerzos por restaurar la confianza en la atención médica y proteger adecuadamente la vida de las personas más vulnerables en entornos clínicos.
El tribunal alemán impuso la máxima pena a Ulrich S. y advirtió sobre la necesidad de reforzar los controles y la ética en el sector sanitario para evitar tragedias similares.
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INTERNACIONAL
Kast ordenó construir “barreras físicas” en la frontera con Bolivia para frenar la inmigración ilegal
El presidente de Chile, José Antonio Kast, ordenó este miércoles la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia como parte de sus primeras medidas de gobierno.
El anuncio fue realizado durante un acto oficial tras asumir la presidencia, en el que el mandatario instruyó al Ejército a colaborar para detener el ingreso de migrantes sin documentación, principalmente venezolanos.
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La medida migratoria que impulsó Kast en su primer día de gobierno
Durante la ceremonia en la que firmó sus primeros seis decretos, tres vinculados a la migración irregular, Kast le pidió al jefe del Ejército, Pedro Varela, reforzar los controles en la frontera.
“Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios y le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal en la frontera con Bolivia”, señaló el mandatario.
La decisión se enmarca en una de las principales promesas de campaña del líder conservador: endurecer la política migratoria y combatir el ingreso irregular al país.
Según datos oficiales citados por el propio gobierno, alrededor de 337.000 extranjeros viven en Chile sin la documentación requerida, y una gran parte ingresó por pasos fronterizos en el norte del país.
El plan de Kast para deportar migrantes y auditar al gobierno anterior
Para llegar al poder, Kast prometió enfrentar con dureza la criminalidad y deportar a unos 340.000 migrantes irregulares, en su mayoría provenientes de Venezuela.
Durante la campaña electoral, el dirigente cuestionó con dureza la gestión del expresidente Gabriel Boric. “Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa”, afirmó.
Ya como presidente, anunció además que ordenará una auditoría en todos los ministerios para evaluar la situación en la que recibió la administración pública. “Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, sostuvo.
Kast también aseguró que, como gesto de austeridad, vivirá con su esposa en el Palacio de La Moneda, a diferencia de algunos de sus antecesores que optaban por residencias privadas financiadas por el Estado
El primer presidente “pinochetista” de Chile
Kast, de profesión abogado, es también el primer mandatario en democracia en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ya que el único conservador que había gobernado hasta ahora era Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989.
Además de Milei, acudieron el rey español Felipe VI y los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi. Jose Antonio Kast saluda al presidente saliente, Gabriel Boric (Foto: REUTERS/Rodrigo Garrido)
La sorpresa la dio el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien suspendió su participación a última hora por problemas de agenda. Según la prensa brasileña la cancelación obedeció a la presencia de Flávio Bolsonaro en la ceremonia, considerado su principal rival en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
También asistió la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
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Horas antes, en la residencia oficial de Cerro Castillo, en la vecina Viña del Mar, Kast se hizo una foto oficial con su gabinete, integrado por 24 ministros, en su mayoría sin experiencia política, vinculados al sector privado y a la academia.
Sus ministros fuertes serán el economista ultraliberal Jorge Quiroz (Hacienda), la exfiscal Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y el exparlamentario Claudio Alvarado (Interior).
(Con información de EFE y AFP)
Chile, Jose Antonio Kast
INTERNACIONAL
Venezuela firmó un acuerdo con Repsol para impulsar la producción de gas y asegurar el abastecimiento interno
Venezuela y la empresa española Repsol, junto con la italiana Eni, suscribieron este jueves un acuerdo que garantiza el suministro de gas en el país caribeño, además de abrir la puerta a la exportación y a la expansión de proyectos conjuntos en el área energética.
La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, destacó la continuidad de ambas compañías en el país durante periodos de inestabilidad y agradeció el compromiso mostrado al mantener sus operaciones en territorio venezolano.
“Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo”, expresó Rodríguez.
La firma se centró en el desarrollo conjunto del campo Cardón IV, uno de los mayores yacimientos de gas natural en América Latina, con una producción actual de 580 millones de pies cúbicos diarios, según datos proporcionados por la multinacional española.
El acuerdo también incorpora la gestión de la infraestructura existente y la posibilidad de incrementar la capacidad exportadora, tanto para abastecer el mercado local como para generar ingresos a través de ventas al exterior.
Por parte del régimen venezolano participaron la nueva ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón.
Repsol estuvo representada por Gonzalo Antonio Carrillo Recalde y Francisco Gea Pascual de Riquelme, director general de Exploración y Producción.
El texto del convenio señala que Repsol “apuesta por ampliar sus inversiones y expandir sus fuerzas productivas con PDVSA en el plan estratégico 2026-2028”. Desde la petrolera española se confirmó la intención de restablecer y reforzar las operaciones diarias tras la obtención de licencias, además de invertir en la modernización de instalaciones y en la reactivación de equipos de producción.
Delcy Rodríguez subrayó que el acuerdo busca “garantizar el abastecimiento de gas” para el desarrollo nacional y el consumo doméstico, y que además permitirá retomar y ampliar las exportaciones.
El pacto se produce en un contexto de recuperación progresiva del sector energético venezolano, tras años de sanciones internacionales y restricciones operativas. En febrero, Repsol ya había anunciado su intención de reanudar operaciones, con el objetivo de sumar capacidad al sistema eléctrico nacional y aumentar la producción de gas.
En el ámbito petrolero, la empresa española comunicó su plan para triplicar la producción de crudo en Venezuela y alcanzar aproximadamente 135.000 barriles diarios.
La cúpula chavista ha intentado incentivar la llegada de inversión extranjera, como la reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada en enero por el Parlamento, que busca crear condiciones más favorables para los socios internacionales.
El acuerdo con Repsol y Eni se suma a una estrategia que apunta a convertir a Venezuela en una potencia exportadora de energía, tanto en petróleo como en gas, integrando a empresas internacionales en el desarrollo de proyectos clave.
En el escenario internacional, Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, pero enfrenta desafíos relacionados con el deterioro de su infraestructura.
El acuerdo firmado este jueves es presentado por el chavismo como una muestra de la voluntad de consolidar alianzas estratégicas y avanzar hacia una mayor presencia en los mercados globales.
La ministra Paula Henao remarcó tras la firma que la meta es “posicionar a Venezuela como actor relevante en el suministro de gas en América Latina y el Caribe”.
(Con información de EFE y Reuters)
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INTERNACIONAL
Trump admin’s push to end controversial policy extended by Biden sparks backlash ahead of crucial deadline
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A handful of immigrants and advocacy organizations are asking the Trump Administration to extend its March 17 deadline to end the Temporary Protected Status (TPS) afforded to Somalis in the U.S., arguing that the Administration is changing the immigration designation purely along lines motivated by race.
The change in designation would force roughly 1,080 Somali TPS recipients to self-deport or turn themselves in to immigration enforcement, according to a Tuesday filing before a Massachusetts district court.
«President Trump has smeared the Somali community publicly, categorically, and repeatedly. He has called Somali people ‘garbage’ and ‘low IQ people.’ And he has said point blank: ‘I don’t want [Somali people] in our country,’» the challenge states, referring to remarks President Donald Trump made at a cabinet meeting last year.
«They reflect a desire to target and punish Somali nationals based on their race and national origin in violation of the U.S. Constitution,» the lawsuit continued.
MINNESOTA FRAUD HEARING SPARKS IMMIGRATION CLASH AS GOP LAWMAKER SPOTLIGHTS SOMALI WELFARE DATA
President Donald Trump speaks with reporters before departing on Marine One from the South Lawn of the White House on March 11, 2026, in Washington, D.C. (AP Photo/Alex Brandon)
The suit is brought by African Communities Together and the Partnership for the Advancement of New Americans and lists the Department of Homeland Security as a defendant.
Their challenge comes amid President Donald Trump’s crackdown on illegal immigration and his administration’s continued focus on Somali populations in states like Minnesota, where fraud activity has drawn national attention.
Trump has had an eye towards Somalia since his first term, when, in 2017, he included the country in a travel ban. That focus resurfaced in November 2025 amid news that a number of predominantly Somali-led fraud schemes had allegedly siphoned as much as $9 billion from Minnesota government assistance programs.
The news prompted Trump’s first move against Somali TPS.
«Minnesota is a hub of fraudulent money laundering activity. I am, as president of the United States, hereby terminating, effective immediately, the Temporary Protected Status for Somalis in Minnesota,» Trump wrote in a November post on Truth Social.
US FREEZES ALL VISA PROCESSING FOR 75 COUNTRIES, INCLUDING SOMALIA, RUSSIA, IRAN
U.S. Immigration and Customs Enforcement arrested Somali illegal immigrant Abdul Dahir Ibrahim, convicted of fraud, and connected to several high-profile Minnesota politicians, including former Democratic vice-presidential nominee Gov. Tim Walz. (ICE)
Outgoing Secretary of Homeland Security Director Kristi Noem made the designation switch official in January.
Asked about the TPS designation in the wake of Noem’s recent ouster from the agency earlier this month, a DHS spokesperson confirmed the plans remained unchanged.
«Temporary means temporary. Country conditions in Somalia have improved to the point that it no longer meets the law’s requirement for Temporary Protected Status. Allowing Somali nationals to remain temporarily in the United States is contrary to our national interests. The Trump administration is putting Americans first,» an agency spokesperson told Fox News Digital.
Under the Immigration Law of 1990, Aliens protected by TPS are allowed to work in the United States and are shielded from removal — as long as their country of origin is experiencing «temporary conditions» like war or natural disaster that would prevent their safe return. The attorney general may extend a country’s TPS status for 18 months at a time.
Somalia, having received TPS in 1991, has held a TPS designation for 35 years.
TRUMP ADMINISTRATION BLOCKED FROM ENDING TEMPORARY PROTECTED STATUS FOR HAITIANS
Soldiers of the Somalia National Army (SNA) walk near the frontlines at Sabiid, one of the towns they have liberated from the Al-Qaeda-linked militants, Al-Shabaab, in Somalia’s lower-Shabelle region on Nov. 11, 2025. (Tony Karumba/AFP via Getty Images)
Tuesday’s filing argues dangerous conditions remain in place, citing terrorist activity from groups like al-Shabaab listed in Somalia’s latest TPS extension.
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«The 2024 redesignation noted that ‘Somalia continues to experience widespread insecurity due to armed conflict involving state and non-state actors,’ … subjecting civilians to human rights abuses including summary executions, indiscriminate and targeted killings, gender-based violence, child recruitment, disappearances and physical abuse,» plaintiffs argued.
DHS declined to comment on its on-the-ground assessments of Somalia’s local conditions.
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