En una noche de primavera en la Oficina Oval, el presidente Donald Trump preguntó al secretario de Estado, Marco Rubio, cómo endurecer la postura hacia Venezuela.

Fue justo antes del Día de los Caídos, y legisladores cubanoamericanos antizquierdistas, cuyos votos Trump necesitaba para su proyecto de ley de política interna más importante, lo instaban a apretar las tuercas a Venezuela deteniendo las operaciones petroleras de Chevron allí. Pero Trump no quería perder el único punto de apoyo de Estados Unidos en la industria petrolera de Venezuela, donde China es el mayor actor extranjero.

El presidente estaba considerando permitir que Chevron continuara. Pero le dijo a Rubio, un veterano de línea dura respecto a Venezuela y Cuba, que tenían que demostrar a los legisladores y a otros escépticos que podían golpear con fuerza a Nicolás Maduro, el líder autocrático de izquierda de Venezuela, a quien Trump había intentado derrocar en su primer mandato.

Otro asesor en la sala, Stephen Miller, dijo que tenía ideas. Como asesor de seguridad nacional de Trump, había estado hablando con otros funcionarios sobre la promesa de campaña de Trump de bombardear laboratorios de fentanilo. Por diversas razones, esa noción se había desvanecido, y en las últimas semanas Miller se había volcado a explorar ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas frente a las costas de Centroamérica.

Las deliberaciones de Miller no se habían centrado en Venezuela, que no produce fentanilo. Pero tres objetivos políticos distintos comenzaron a fusionarse esa noche: debilitar a Maduro, usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga y asegurar el acceso a las vastas reservas de petróleo de Venezuela para las empresas estadounidenses.

Dos meses después, Trump firmó una directiva secreta ordenando al Pentágono llevar a cabo operaciones militares contra los cárteles de la droga latinoamericanos y pidiendo específicamente ataques marítimos. Aunque la justificación eran las drogas en general, la operación concentraría un enorme poder naval frente a las costas de Venezuela.

El resultado ha sido una campaña de presión cada vez más militarizada con la intención de sacar a Maduro del poder.

Se ha caracterizado por ataques estadounidenses que han matado al menos a 105 personas en embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, un cuasi bloqueo de petroleros que entran y salen de los puertos venezolanos y amenazas de Trump de llevar a cabo ataques terrestres en Venezuela.

Esto refleja los impulsos superpuestos de Rubio y Miller, quienes han trabajado en tándem en las políticas contra Maduro. Cada uno lo ha abordado con un enfoque en objetivos de larga data: para Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que también se desempeña como asesor de seguridad nacional de Trump, una oportunidad para derrocar o debilitar a los gobiernos de Venezuela y su aliado, Cuba; y para Miller, arquitecto de las políticas antiinmigración de Trump, la oportunidad de avanzar en su objetivo de deportaciones masivas y golpear a grupos criminales en América Latina.

Este relato de cómo Venezuela pasó al centro de la agenda de política exterior de la administración este año —hasta el punto de una posible guerra— se basa en entrevistas con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, casi todos los cuales aceptaron hablar solo bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la seguridad nacional. Entre los hallazgos:

— Miller dijo a los funcionarios de la Casa Blanca en la primavera que exploraran formas de atacar a los cárteles de la droga alrededor de sus países de origen en América Latina. Miller quería ataques que pudieran atraer una atención generalizada para crear un efecto disuasorio.

— El enfoque en Venezuela se intensificó después de finales de mayo, cuando Trump se molestó por las duras negociaciones que involucraban a Chevron. El petróleo de Venezuela ha sido más central en las deliberaciones de Trump de lo que se había informado anteriormente.

— En reuniones a principios del verano, Rubio y Miller hablaron con Trump sobre atacar a Venezuela. El presidente pareció convencido por el argumento de Rubio de que Maduro debería ser visto como un capo de la droga.

— Miller dijo a los funcionarios que si Estados Unidos y Venezuela estuvieran en guerra, la administración podría invocar nuevamente la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII, para agilizar las deportaciones de cientos de miles de venezolanos a quienes la administración despojó del estatus de protección temporal. Él y Rubio la habían usado a principios de año para deportar sumariamente a cientos de venezolanos a una notoria prisión en El Salvador, solo para ser detenidos por fallos judiciales.

— La orden secreta para la acción militar contra los cárteles que Trump firmó el 25 de julio, pidiendo ataques marítimos, es la primera directiva escrita conocida del presidente sobre tales ataques. Los funcionarios de la administración se refirieron a los ataques a botes como la Fase Uno, con el Equipo SEAL Seis tomando el liderazgo. Han discutido una vaga Fase Dos, con unidades de la Fuerza Delta del Ejército posiblemente llevando a cabo operaciones terrestres.

— El secretario de Defensa, Pete Hegseth, mantuvo a muchos oficiales militares de carrera uniformados y abogados fuera de la redacción de la orden de ejecución que guía los ataques a los botes. Como resultado, la orden tenía lagunas problemáticas, incluida la falta de lenguaje sobre cómo tratar con los sobrevivientes.

Rubio, Miller y otros responsables supervisaron un proceso a menudo desorganizado y envuelto en secreto. Su capacidad para contener la planificación en un círculo cerrado se vio favorecida por el desmantelamiento durante todo el año de partes de la burocracia federal, incluido el Consejo de Seguridad Nacional, que coordina las discusiones interinstitucionales.

En septiembre, la administración entró en lo que es hasta ahora la etapa más sangrienta de su campaña contra Maduro. Eso suma ahora 29 ataques letales a botes en los últimos cuatro meses, operaciones que muchos expertos legales califican de asesinatos o crímenes de guerra. La administración dice que tiene inteligencia que vincula los botes con el narcotráfico, pero no ha presentado públicamente pruebas de esa afirmación.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que la administración estaba trabajando para cumplir con la agenda del presidente para mantener este veneno fuera de nuestras comunidades.

Rubio dijo a los periodistas el 19 de diciembre que el objetivo de los ataques a los botes era asegurar que nadie quiera subir más a botes de droga infundiéndoles el miedo a la muerte.

Y reiteró que el Departamento de Justicia había obtenido una acusación de un gran jurado contra Maduro en 2020 por cargos de trabajar con productores de cocaína colombianos, que a veces envían su producto a través de Venezuela. El gobierno de Maduro, dijo, es un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con elementos terroristas.

Las semillas de la militarización del enfoque hacia Maduro y los venezolanos se plantaron en febrero, cuando Rubio llegó a un acuerdo con Nayib Bukele, el líder autoritario de El Salvador, en su villa junto al lago: Estados Unidos pagaría casi 5 millones de dólares para enviar a unos 300 venezolanos acusados de ser pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, o CECOT.

Poco después de su visita a Bukele, Rubio designó a ocho grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. El Tren de Aragua, una banda venezolana, encabezaba la lista.

Miller ya se había decantado por una herramienta legal para eludir el debido proceso: la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII que permite la detención inmediata y la deportación de ciudadanos de un país que haya invadido Estados Unidos o esté en guerra con él.

Trump firmó una orden ejecutiva en marzo invocando la ley, con un título que advertía sobre la invasión de Estados Unidos por parte del Tren de Aragua. En retrospectiva, la orden fue una importante salva de apertura contra Maduro: fue el primer encuadre formal de la administración de Maduro y Estados Unidos como si estuvieran en un tipo de guerra. Contrariamente a una evaluación secreta de la inteligencia estadounidense, decía que el Tren de Aragua era un instrumento de Maduro.

Muchos de los más de 250 hombres venezolanos enviados a El Salvador no tenían vínculos con el Tren de Aragua ni antecedentes criminales notables, y algunos han descrito torturas y abusos generalizados en la prisión CECOT.

Los tribunales dictaminaron pronto que la inmigración ilegal no cuenta como el tipo de invasión que justifica el uso de la ley de deportación en tiempos de guerra. Pero Miller habló más tarde de reactivar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros si Estados Unidos estuviera en una guerra real con Venezuela, dijo un exfuncionario estadounidense.

Al mismo tiempo, Miller estaba explorando políticas no relacionadas con Venezuela que, al igual que las deportaciones, tenían sus raíces en la llamada guerra contra el terrorismo de Estados Unidos. Analizó la idea de bombardear laboratorios de fentanilo en México. Pero quedó claro que los líderes mexicanos no darían su consentimiento, y la administración temía perder su cooperación en temas de drogas y migrantes. El Washington Post informó anteriormente sobre las discusiones de Miller sobre atacar cárteles en México.

A principios de mayo, el equipo de Miller comenzó a pedir más opciones para el uso de la fuerza contra los cárteles de la droga.

Funcionarios de la Casa Blanca y otros barajaron ideas relativamente más limitadas, como usar a la CIA para llevar a cabo ataques encubiertos contra botes atracados que no tuvieran personas en ellos. Pero el equipo de Miller quería dar publicidad a los ataques. Los funcionarios también discutieron volar botes de droga falsos para infundir miedo en los traficantes. Pero los ayudantes de Miller querían algo real, dijeron los funcionarios.

Para junio, circulaba en el Pentágono una solicitud para explorar una posible operación marítima. Aún no estaba centrada en Venezuela, pero eso cambiaría pronto, impulsado por el interés de años de Trump en el recurso más valioso del país.

Durante años, Chevron se ha aferrado a un premio único en el mundo corporativo de Estados Unidos: el permiso de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para producir y exportar petróleo en empresas conjuntas.

Debido a eso, la compañía se convirtió este año en una moneda de cambio en series secretas de negociaciones entre Trump, Maduro y legisladores estadounidenses, y se entrelazó con un movimiento fundamental de Trump hacia la acción militar.

Comenzó cuando los legisladores cubanoamericanos presionaron a Trump a principios de este año para poner fin a la licencia confidencial de Chevron de la era Biden. Después de que Trump y Rubio anunciaran a finales de febrero que lo harían, Maduro dejó de aceptar vuelos de deportación de venezolanos. Maduro los había aceptado el 31 de enero con Richard Grenell, un enviado especial de Trump.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, presionó a la administración para obtener una extensión de la licencia, hablando con Trump varias veces durante los meses siguientes.

Los legisladores cubanoamericanos se enteraron de que la licencia podría extenderse y amenazaron con retener sus votos para la legislación emblemática de Trump, El Gran y Hermoso Proyecto de Ley Único.

En la reunión de la Oficina Oval a finales de mayo, Trump dijo a Rubio y Miller que necesitaba que se aprobara el proyecto de ley. Pero dijo que había oído hablar de las desventajas de terminar la licencia, incluyendo que las empresas chinas se harían cargo de las participaciones de Chevron, dijo un funcionario.

El presidente exigió opciones. Fue entonces cuando Miller se ofreció a ayudar. Había estado alimentando sus ideas para deportaciones masivas y ataques a botes.

Trump no renovó la licencia de Chevron cuando expiró el 27 de mayo. Su proyecto de ley de política interna fue aprobado por el Congreso cinco semanas después.

El presidente mantuvo una serie de reuniones en la Casa Blanca sobre si atacar a Venezuela. En una a principios de verano que incluyó a Rubio, Miller y Grenell, Rubio argumentó que Maduro era un capo de la droga, una caracterización que pareció calar en Trump, dijo un funcionario.

A finales de julio, Trump cambió de rumbo respecto a la licencia de Chevron. Ordenó al Departamento del Tesoro que emitiera una con términos revisados. Eso sucedió más o menos al mismo tiempo que Maduro liberó a 10 prisioneros estadounidenses a cambio de los más de 250 venezolanos que la administración Trump había enviado a CECOT, la prisión salvadoreña. Y Trump se había dejado convencer por el argumento de Wirth de que Chevron era un baluarte contra China.

Pero entre bastidores, Trump fijó un rumbo de confrontación. El 25 de julio, firmó una orden secreta diciendo al Pentágono que tomara medidas contra los grupos de narcotráfico, poniendo en marcha el objetivo de atacar a los venezolanos.

Esa directiva secreta de Trump se mantuvo bajo estricta reserva antes de que The New York Times informara sobre su existencia a principios de agosto.

La orden de dos páginas contenía una propuesta escrita no informada previamente para ataques a botes. Dirigía a Hegseth a apuntar a embarcaciones en aguas internacionales que transportaran drogas para cualquiera de los 24 grupos narcoterroristas latinoamericanos. La lista adjunta incluía algunos de Venezuela.

En administraciones pasadas, muchos abogados uniformados y expertos operativos en el Pentágono habrían sido invitados a reuniones para discutir la directiva. El Consejo de Seguridad Nacional habría convocado discusiones entre agencias. Nada de eso sucedió.

Si bien la orden militar permaneció inicialmente en secreto, las acciones públicas de la administración señalaban que Maduro era el objetivo final de la campaña.

c.2025 The New York Times Company