EL GUAYABO, México — Las explosiones comenzaron antes del amanecer, sacudiendo el suelo y haciendo vibrar las ventanas en la oscuridad.

Con ellas, según los residentes, llegó el zumbido de los drones.

“Sabíamos que venía el diablo”, dijo Ana, una madre de seis hijos que agarró a sus hijos y corrió cuando los hombres armados se acercaron para luchar.

Semanas después, su pueblo aún conservaba cicatrices.

Se habían abierto agujeros en los tejados donde los drones habían lanzado bombas.

Se abrían cráteres donde habían explotado minas terrestres.

Los proyectiles disparados del calibre .50 brillaban en la tierra.

El enfrentamiento no tuvo lugar en una zona de guerra de Ucrania ni de Oriente Medio, y los combatientes no pertenecían a ningún ejército.

Eran grupos criminales, armados con armamento de uso militar, que combatían a pocos cientos de kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en el estado occidental mexicano de Michoacán.

Algunos de los cárteles más formidables de México están enfrascados en una feroz carrera armamentista en múltiples frentes.

Por un lado, luchan contra el gobierno mexicano, sometido a una intensa presión de Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Pero también se disputan territorio y recursos, dejando un saldo mortal entre sus miembros y los civiles atrapados en el medio.

Ahora, el presidente Donald Trump ha ordenado al Pentágono que comience a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga designados como grupos terroristas.

La directiva ha indignado a los líderes mexicanos, quienes han rechazado la idea de que las fuerzas estadounidenses estén en territorio mexicano.

Sin embargo, a pesar de sus desacuerdos sobre las medidas a tomar, funcionarios y analistas de seguridad de ambos países coinciden en que los cárteles están acumulando nuevos niveles de poder de fuego, transformando a algunos grupos en fuerzas paramilitares.

Los narcotraficantes y los sicarios de los cárteles ya no solo portan pistolas o rifles automáticos, según funcionarios y expertos, sino también minas terrestres Claymore, granadas propulsadas por cohetes, morteros fabricados con tubos de tanques de gas y camiones blindados equipados con ametralladoras pesadas.

Están enterrando artefactos explosivos improvisados ​​para matar a sus rivales y modificando drones comprados en línea para fabricar drones de ataque, cargados con sustancias químicas tóxicas y bombas.

“No podemos seguir tratando a estos tipos simplemente como pandillas callejeras locales”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista con EWTN, una cadena de televisión católica, el mes pasado.

“Tienen armas similares a las que poseen los terroristas, y en algunos casos, los ejércitos”.

Las autoridades mexicanas afirman que la mayoría de las armas de uso militar que han adquirido grupos poderosos provienen de Estados Unidos, y que hasta 500,000 armas de fuego se contrabandean al sur cada año.

Aseguran que los delincuentes también utilizan ingeniería inversa para fabricar armas, a veces imprimiendo piezas en 3D.

En ninguna parte son más evidentes las consecuencias de este variado y creciente arsenal que en las escarpadas colinas de Tierra Caliente en Michoacán, una franja de tierras fértiles y exuberantes montañas que se ha convertido en un corredor estratégico para el cultivo de drogas.

La batalla por el control del lugar entre grupos rivales —incluidos los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y el grupo con mayor poder militar, el Cártel Jalisco Nueva Generación— ha llevado la lucha a una nueva era más brutal.

Al igual que otros grupos armados en todo el mundo, los cárteles combinan armas antiguas y modernas para lograr efectos letales.

Drones sobrevuelan Michoacán, mientras que caminos y senderos, utilizados tanto por soldados como por civiles, están plagados de artefactos explosivos improvisados.

En los últimos dos años, el estado ha registrado más explosiones de minas que cualquier otro lugar en México, un indicador escalofriante de la evolución de la guerra contra las drogas, dicen los expertos.

Atrapados entre las cambiantes líneas del frente de las pandillas y las fuerzas de seguridad se encuentran decenas de aldeas agrícolas, con sus campos de limón y aguacate enclavados en las colinas.

Muchos carecen de servicio telefónico, lo que los deja prácticamente abandonados a su suerte. Ana, la madre del pueblo atacado, El Guayabo, solo dio su nombre de pila por temor a represalias de los delincuentes.

Cuando se acercan los combates, la mayoría de los residentes huyen, a veces durante semanas o meses.

Algunos nunca regresan, dejando pueblos desiertos.

En casi dos años, más de 2,000 personas han sido desplazadas en Michoacán, según organizaciones de derechos humanos.

Quienes se quedan corren el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado.

Sólo en los últimos cinco meses, al menos 10 civiles, incluido un niño de 14 años, han muerto por explosivos ocultos mientras cultivaban o caminaban hacia la escuela, según Julio Franco, asesor del Observatorio de Seguridad Humana, un grupo que rastrea la violencia.

Los analistas de seguridad y funcionarios mexicanos dicen que los cárteles comenzaron a militarizarse a mediados de la década de 2000, cuando Los Zetas, un grupo formado por ex miembros del ejército, introdujeron la disciplina en el campo de batalla, las comunicaciones encriptadas y el armamento pesado al crimen organizado.

A medida que Los Zetas adquirían un arsenal militar más amplio, sus rivales también lo hacían, intentando competir.

Las fuerzas de seguridad mexicanas también respondieron con equipo y tácticas cada vez más sofisticados.

Estados Unidos también ha aplicado su propia tecnología, incluyendo el uso reciente de drones que buscan laboratorios de fentanilo.

En 2015, una señal de la transformación en marcha se hizo evidente cuando sicarios del cártel en el estado de Jalisco derribaron un helicóptero del ejército mexicano con un lanzagranadas, matando a seis soldados.

Era la primera vez que un grupo criminal destruía una aeronave militar en México.

Para 2022, la inteligencia militar mexicana informó que los grupos criminales estaban desplegando “rutinariamente” artefactos explosivos improvisados, drones y nuevas tácticas.

“Estamos presenciando la última fase de la guerra: un movimiento hacia tácticas y capacidades de estilo paramilitar”, dijo Alexei Chávez, un analista de seguridad que ha asesorado al ejército mexicano.

Así como los drones, baratos y fáciles de modificar, han proliferado en los campos de batalla de Ucrania, su uso por parte de los cárteles (para vigilancia y bombardeos de precisión) ha aumentado drásticamente en los últimos años, según funcionarios gubernamentales, expertos en seguridad y analistas.

Los drones permiten a los delincuentes «atacar a rivales o a las fuerzas de seguridad con mucha mayor precisión» que las bombas rudimentarias de las que antes dependían, afirmó Vanda Felbab-Brown, experta en grupos armados no estatales del Brookings Institution.

«Con los drones», añadió, «los cárteles han adquirido la capacidad de penetrar profundamente en territorio enemigo, alcanzando objetivos que antes habrían sido inalcanzables».

Para prepararse para la mayor presión de la administración Trump, los grupos criminales también comenzaron a importar escáneres para detectar drones gubernamentales y a contratar a más personas con experiencia en el uso y rastreo de estas aeronaves, según declararon operadores del cártel en entrevistas recientes con The New York Times.

Como medida adicional, según los operadores, aumentaron los envíos de armas desde Estados Unidos.

Frente a estas nuevas amenazas, la policía de México a menudo se ha encontrado muy superada en armamento.

“Nos han llevado ventaja durante años”, dijo Alfredo Ortega, exjefe de seguridad estatal de Michoacán, quien renunció el año pasado.

“Tienen recursos ilimitados y acceso a armas y tecnología que nuestras fuerzas locales simplemente no tienen.

Nos atacaron con rifles semiautomáticos Barrett calibre .50, y nuestras fuerzas policiales locales ni siquiera tenían algo parecido”.

Para contrarrestar la amenaza, Ortega formó en 2023 una unidad antibombas especializada integrada por agentes de policía, muchos de ellos con antecedentes militares, dirigida por el capitán Carlos Gómez, ex oficial del ejército y experto en desactivación de artefactos explosivos.

En una operación el año pasado, Gómez se topó con extensos complejos que funcionaban como plantas de ensamblaje, comentó.

En su interior, los trabajadores soldaban blindajes improvisados ​​a los vehículos, fabricaban explosivos caseros y construían morteros improvisados ​​con tubos de tanques de gas, llenándolos de explosivos.

Su unidad de 18 miembros está severamente superada por la escala de la amenaza que enfrenta, dijo.

Incluso el ejército mexicano carece de vehículos blindados antiminas, conocidos como MRAP, como los desarrollados por Estados Unidos para proteger a las tropas de los artefactos explosivos improvisados ​​en Irak y Afganistán.

A medida que los explosivos improvisados ​​se convirtieron en un sello distintivo de las insurgencias, los ejércitos de todo el mundo adoptaron estos vehículos blindados para salvar vidas. México no lo ha hecho, afirmó Gómez.

En julio, Gómez y sus hombres respondieron a la llamada de un campesino sobre una posible bomba en la carretera.

Al llegar, encontraron todo un complejo del cártel en las cercanías y recuperaron 258 artefactos explosivos improvisados, desactivándolos durante 14 horas bajo un calor sofocante.

A la mañana siguiente, su convoy fue emboscado por hombres armados, dijo Gómez, a quien una bala le atravesó la mano y le dejó una cicatriz larga e hinchada.

Sólo en los últimos dos años, dijo, su equipo ha confiscado más de 2.000 artefactos explosivos improvisados ​​y bombas caseras diseñadas para ser utilizadas con drones o morteros simples.

La mayoría son artefactos rudimentarios.

Las carcasas suelen estar hechas de botellas de plástico, tuberías de desagüe recortadas e incluso extintores.

Los dispositivos están equipados con aletas de acero, vidrio y plástico para estabilizar las bombas en vuelo.

En su interior, contienen pólvora casera y fueloil de nitrato de amonio, un explosivo de uso frecuente en minería y construcción.

“Estos artefactos pueden detonar casi igual que las bombas prefabricadas”, dijo Gómez, señalando una exhibición de docenas de bombas improvisadas desactivadas por su unidad. “Y siempre están experimentando, siempre encontrando nuevas maneras de causar más daño”.

En un descubrimiento reciente en junio, dijo, su unidad encontró una granada de 40 mm modificada para ser lanzada con drones, la primera de su tipo documentada en México.

Los cárteles también están fabricando cada vez más bombas químicas, dicen las autoridades, cargando drones con compuestos como fosfuro de aluminio, un pesticida tóxico que puede provocar hipoxia e insuficiencia circulatoria, así como otros pesticidas y venenos.

En abril, un cártel lanzó bombas similares en tres localidades del sureste de Michoacán, donde los residentes dijeron a los medios locales que sintieron picazón, ardor en la piel y, en algunos casos, una sensación de asfixia.

Ortega afirmó que el aumento de drones y artefactos explosivos improvisados ​​coincidió con la llegada de ciudadanos colombianos, exsoldados reclutados para entrenar a combatientes de los cárteles.

En tan solo siete meses, las autoridades estatales han arrestado a 53 extranjeros acusados ​​de tener vínculos con el crimen organizado, entre ellos 23 colombianos y 22 venezolanos.

El gobierno mexicano, bajo presión de Trump, ha implementado una enérgica represión, desplegando miles de tropas en estados como Michoacán.

Sin embargo, las autoridades también han culpado a Estados Unidos de alimentar la violencia al fabricar las armas que terminan en manos de los cárteles.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en marzo que cualquier estrategia real contra el crimen organizado debería comenzar por cortar el acceso a “armas de alto poder para uso militar”.

Aseguró que el 70% de quienes se encontraban en México provenían de Estados Unidos.

El gobierno ha interpuesto dos demandas contra fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de enviar una gran cantidad de armas a manos de cárteles.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por unanimidad una de esas demandas, dictaminando que la legislación exime de responsabilidad a los fabricantes de armas en ciertos casos.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) declaró en un comunicado que colabora estrechamente con las fuerzas del orden, tanto nacionales como internacionales, para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego.

La agencia señaló recientemente que los cárteles utilizan diversas armas, incluyendo el rifle semiautomático Barrett M82 calibre .50, un arma diseñada para perforar vehículos ligeros y posiciones fortificadas. Suele ser utilizada por francotiradores.

Los cárteles hacen alarde de sus armas con frecuencia, y los sicarios publican videos y fotografías en línea o en grupos de WhatsApp.

En una imagen reciente, un escuadrón con uniformes de estilo militar y la insignia del Cártel Jalisco portaba armas, incluida una ametralladora pesada Browning M2 calibre .50, un arma esencial en el campo de batalla del Ejército estadounidense y de los ejércitos de todo el mundo.

Las armas dejan un rastro de destrucción a su paso.

Pablo Fajardo, residente de El Guayabo, regresó recientemente y encontró su casa de dos habitaciones en ruinas calcinadas, con agujeros en el techo causados ​​por los drones bombarderos.

«Miedo y tristeza, eso es todo lo que siento», dijo.

«Todo el esfuerzo y trabajo que puse en construir mi casita, y quedó destruida en cuestión de días».

c.2025 The New York Times Company