INTERNACIONAL
Cuatro presos políticos de Nicaragua, Cuba y Venezuela fueron reconocidos por su lucha por los derechos humanos
En un contexto regional marcado por el cierre progresivo de los espacios cívicos, la represión estatal y la criminalización del disenso, el Premio Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos, que otorga anualmente el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), fue otorgado a cuatro figuras emblemáticas de la resistencia pacífica en América Latina: Nancy Elizabeth Henríquez James (Nicaragua), Lizandra Góngora Espinosa y Alexander Mario Fábregas Milanés (Cuba), y Carlos Julio Rojas (Venezuela).
Todos ellos permanecen privados de libertad como consecuencia directa de su activismo, lo que convierte a esta edición en una reafirmación del valor de la disidencia frente al autoritarismo.
El anuncio fue realizado por el jurado conformado por Rubén Chababo, Norma Morandini, Vicente Palermo, Inés Pousadela y Eduardo Ulibarri. La reunión, celebrada de manera virtual, contó con la participación de la propia Graciela Fernández Meijide.
En el acta, los jurados destacaron “la alta consideración y reconocimiento a la trayectoria y valentía de todos y cada uno de los nominados”, y remarcaron que sus historias son reflejo de la “vida bajo el dominio del miedo y la represión”.
Desde el Caribe Norte de Nicaragua, Nancy Elizabeth Henríquez James se convirtió en referente de la lucha por los derechos de las mujeres miskitas.
Fundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Caribe (AMICA) en 1992, su activismo ha sido constante y transversal: defensa de los pueblos originarios, promoción de la igualdad de género, participación política y denuncia internacional.
Elegida en 1994 como la primera mujer alcaldesa de Puerto Cabezas por el partido indígena Yatama, Henríquez fue posteriormente su presidenta. Su detención en 2023 marcó un punto de quiebre. En un juicio carente de garantías procesales, fue condenada a ocho años de prisión por delitos relacionados con la difusión de información crítica al régimen de Daniel Ortega.
Actualmente está detenida en la prisión “La Esperanza”, donde permanece incomunicada y sin acceso a una defensa adecuada.
Madre de cinco hijos, Lizandra Góngora Espinosa fue arrestada tras participar en las masivas protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad cubana de Güira de Melena.
El régimen la acusó de sabotaje, robo con fuerza, desacato y desorden público, cargos que culminaron en una condena a 14 años de prisión dictada por un tribunal militar.
Durante su encarcelamiento en las prisiones de El Guatao y luego Los Colonos, ha encabezado huelgas de hambre y firmó una carta junto a otras prisioneras políticas exigiendo la liberación de los manifestantes del 11J.
Su traslado a una prisión en Isla de la Juventud la alejó aún más de su familia y profundizó su aislamiento.
Alexander Mario Fábregas Milanés es una figura reconocida entre los sectores juveniles opositores al régimen cubano. Su activismo se enfoca en la denuncia sistemática de la ilegitimidad del sistema político y las violaciones a los derechos fundamentales.
Fue arrestado por última vez en julio de 2024, acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, con antecedentes similares que agravan su situación judicial.
Detenido en la prisión de máxima seguridad La Pendiente, en Santa Clara, ha seguido organizando desde el interior protestas simbólicas y actos de resistencia, convirtiéndose en un referente entre los presos políticos. La falta de acceso a beneficios penitenciarios y su persistente activismo evidencian la continuidad del castigo como forma de silenciamiento.
En Venezuela, Carlos Julio Rojas representa una de las voces más visibles del periodismo independiente y crítico. Ha sido detenido en múltiples ocasiones por ejercer su oficio en un contexto legal hostil que penaliza la libertad de expresión.
Su más reciente arresto ocurrió en abril de 2024, cuando fue secuestrado por agentes encubiertos y mantenido 40 días en desaparición forzada antes de que se confirmara su reclusión en El Helicoide.
Rojas fue acusado de delitos que van desde asociación para delinquir hasta intento de magnicidio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, señalando el riesgo extremo para su integridad física. Su labor como periodista ha ido más allá de informar: ha denunciado la crisis humanitaria, la persecución política y la corrupción gubernamental.
El Premio Graciela Fernández Meijide, que ya cuenta con tres ediciones, tiene como objetivo visibilizar y respaldar a quienes enfrentan regímenes que restringen libertades esenciales. En sus ediciones anteriores fueron reconocidas organizaciones y activistas de Guatemala, México, Colombia, Venezuela y Cuba.
Este año, la entrega del galardón se realizará el sábado 23 de agosto, en el marco de la conferencia por el Día en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo. Las plaquetas conmemorativas serán entregadas a representantes de los galardonados, dada la imposibilidad de su presencia física debido a su encarcelamiento.
En un escenario latinoamericano donde los derechos humanos enfrentan múltiples amenazas, el reconocimiento a Henríquez, Góngora, Fábregas y Rojas no solo busca honrar su valentía. También funciona como una denuncia pública de las condiciones bajo las cuales miles de ciudadanos, en Nicaragua, Cuba y Venezuela, viven privados de sus derechos por razones políticas.
La permanencia del Premio Fernández Meijide en el panorama internacional refuerza la necesidad de documentar, visibilizar y proteger a quienes, a riesgo de su libertad, insisten en reclamar justicia y democracia en entornos represivos.
INTERNACIONAL
Uruguay quiere reformar sus cárceles: hay 477 personas presas por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la región
El sistema carcelario de Uruguay tiene un estado crítico desde hace años. Los informes sobre lo que ocurre dentro de las cárceles generan alarmas: allí más del 40% de los presos no tiene acceso a medicamentos, asistencia ni posibilidades de rehabilitación. Y, además, sufren un “trato cruel, inhumano y degradante”, como lo definió el ex comisionado para el sistema carcelario Juan Miguel Petit. Describió que en la prisión hay un “estado inconstitucional”.
Con este marco crítico de fondo, el gobierno de Yamandú Orsi prepara una reforma para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), como se le llama al organismo que gestiona las cárceles en el país.
Uno de los cambios previstos es una modificación del nombre: las cárceles pasarán a ser gestionadas por un Instituto Nacional de Reinserción, si es que se aprueba el proyecto de ley presentado por el ministro del Interior, Carlos Negro, a la bancada oficialista.
“El instituto que se propone crear tendrá como competencia el cumplimiento de las medidas o penas privativas de libertad o alternativas, el diseño, implementación y control de las políticas y programas de reinserción social, la organización y gestión del sistema penitenciario y la vigilancia y control de las unidades penitenciarias”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley, informado por La Diaria.
Esta propuesta surge como una respuesta a la “crisis estructural” del sistema penitenciario del país, reconoce el Ministerio del Interior en el texto. Y luego detalla las características que tiene: “Niveles inaceptables de hacinamiento, condiciones edilicias deficitarias, dificultades para el ejercicio de derechos y acceso a programas de tratamiento por parte de la población encarcelada, carencias de recursos humanos y materiales, así como debilidad extrema del sistema de medidas alternativas”.
Una de las explicaciones del gobierno uruguayo es que las dificultades “están fuertemente asociadas al incremento constante de la población privada de libertad”. Esta cantidad en 2025 volvió a romper su récord histórico y consolidó “la posición de liderazgo en América del Sur y en el mundo, con 477 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes”.
El texto menciona otros datos que a las autoridades le genera alarma: solo el 17% de los privados de libertad accede a oportunidades adecuadas de integración social, mientras casi la mitad (46%) está sometida a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tal como reflejó Petit en su informe.
“La evidencia muestra que los sistemas penitenciarios colapsados no solo no logran operar como mecanismos eficaces para combatir el delito, sino que incluso pueden actuar reforzando identidades y hábitos delictivos, así como consolidar grupos criminales”, agrega la exposición de motivos del proyecto de ley.
Además, el texto menciona que en los últimos años hubo “propuestas innovadoras” para revertir esta crisis, pero no tuvieron éxito. “No han logrado transformar radicalmente las condiciones de vida de la mayor parte de la población sujeta a sanciones penales, ni los resultados obtenidos a partir de la intervención estatal”.
El proyecto ahora será enviado a los sindicatos que están involucrados con la gestión diaria del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como a la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. En el oficialismo tienen previsto que, durante el tratamiento parlamentario del proyecto, se incorporan cambios a la propuesta original.
El Ministerio del Interior define que el proyecto de ley presentado es “un paso fundamental para avanzar en el proceso de reforma penitenciaria”.
Además, según consignó El Observador, uno de los principales objetivos de este proyecto de ley es avanzar en la autonomía del organismo y separar definitivamente la “tarea de persecución y represión del delito, de la del tratamiento de las personas sujetas a sanciones penales”. De aprobarse la propuesta, este nuevo organismo dejará de depender del Ministerio del Interior pero seguirá relacionado con el Poder Ejecutivo a través de esta cartera.
INTERNACIONAL
Dem lawmaker compares ICE agents to Nazis and Gestapo during fiery House hearing on enforcement
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Democratic lawmakers compared Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents to Nazis and the Gestapo during a heated House Homeland Security Committee hearing Tuesday, as the agency’s acting director faced sharp questioning over enforcement tactics and accountability.
The exchange turned explosive when Rep. Dan Goldman, D-N.Y., pressed ICE acting director Todd Lyons on whether agents have been asking people on the streets to show proof of U.S. citizenship, citing reports claiming that American citizens have allegedly been questioned during immigration enforcement actions.
Goldman escalated the line of questioning by invoking historical comparisons, asking pointedly, «Is Nazi Germany one?» after Lyons acknowledged that «very nefarious regimes» had required proof of citizenship. Goldman also pressed Lyons on whether the Soviet Union employed similar tactics.
Lyons pushed back, calling the comparison inappropriate and «the wrong type of questioning,» before snapping, saying, «The Holocaust Museum is on 14th Street and Independence. If you want to go see Nazis, that’s where it is.»
MARYLAND DEMOCRAT’S BILL SEEKS TO ‘DIGITALLY UNMASK’ ICE AGENTS AFTER FATAL MINNEAPOLIS SHOOTING
U.S. Immigration and Customs Enforcement acting director Todd Lyons testifies during a House Homeland Security Committee hearing on Capitol Hill in Washington, D.C., on Feb. 10, 2026. (Samuel Corum/Getty Images)
Goldman reclaimed his time and accused ICE leadership of having it «backwards,» arguing that public criticism of the agency stemmed from its own conduct.
«People are simply making valid observations about your tactics, which are un-American and outright fascist,» Goldman said. «So I have a simple suggestion. If you don’t want to be called a fascist regime or secret police, then stop acting like one.»
Goldman’s questioning followed Lyons’ own testimony earlier in the hearing, in which the ICE acting director said agents have been labeled «Gestapo or secret police» by elected officials and activists. Lyons tied that rhetoric to what he described as a sharp rise in threats and assaults against ICE personnel, saying it has endangered agents and their families.
BORDER CZAR TOM HOMAN CALLS ANTI-ICE ROADBLOCKS IN MINNEAPOLIS A ‘JOKE’ AFTER POLICE CHIEF DISBANDS THEM
Immigration and Customs Enforcement acting director Todd Lyons testifies alongside U.S. Customs and Border Protection Commissioner Rodney Scott and U.S. Citizenship and Immigration Services Director Joseph Edlow during a House Homeland Security Committee hearing on Capitol Hill on Feb. 10, 2026. (Samuel Corum/Getty Images)
Nazi references surfaced elsewhere during the hearing as well. Rep. Bennie Thompson, D-Miss., cited «Greg Bovino, who styled himself in Nazi attire,» while criticizing federal immigration operations in Minnesota and the use of masked agents during recent enforcement actions.
The hearing focused on oversight of the Department of Homeland Security and its immigration enforcement agencies amid questions about the limited use of body cameras, particularly following the fatal shootings of Renee Good and Alex Pretti in Minneapolis last month.
U.S. Border Patrol commander Gregory Bovino was also compared to a Nazi. (Armando L. Sanchez/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)
Lawmakers raised concerns about agents operating in masks or unmarked gear, whether encounters involving U.S. citizens are being adequately documented and whether the lack of body-camera footage has hindered transparency and accountability in recent use-of-force incidents.
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Under questioning, Lyons acknowledged that only a fraction of ICE agents are currently equipped with body cameras, as lawmakers pressed the agency to expand their use and release footage to the public.
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Kenya will press Russia for answers after reports emerged that its citizens are being recruited to fight in Ukraine, the country’s foreign minister said.
Musalia Mudavadi told the BBC in an interview on Tuesday that the recruitment was «unacceptable and clandestine.»
He said the government has shut down illegal recruiters and would urge Moscow to sign an agreement barring the conscription of Kenyan citizens.
Nairobi estimates that about 200 nationals have been recruited to fight for Russia, and Mudavadi explained that families have struggled to recover the bodies of loved ones killed in the conflict.
NEW FOOTAGE SHOWS NORTH KOREAN TROOPS CLEARING DANGEROUS MINES FOR RUSSIA IN WAR ZONE
Musalia Mudavadi speaks after signing a bilateral agreement supporting Kenyan police officers deployed to the Multinational Security Support Mission in Haiti in Santo Domingo, Dominican Republic, on May 12, 2025. (Erika Santelices/Reuters)
«It is difficult because, remember, it depends on where the body has been found,» the foreign minister told the BBC. «There some have been found in Ukraine – we are also working with the government of Ukraine to try and get the remains of those people repatriated.»
In a November post on X, Ukraine’s Foreign Minister Andrii Sybiha said Kyiv estimates that at least 1,436 foreign nationals from 36 African countries have been recruited to fight for Russia in its war against Ukraine, warning the true number may be higher.
Sybiha said Russia uses a range of tactics to recruit foreigners, including financial incentives, deception and coercion.
US ACCUSES RUSSIA OF ‘DANGEROUS AND INEXPLICABLE ESCALATION’ IN UKRAINE WAR DURING PEACE NEGOTIATIONS
Susan Khandasi Kuloba, whose son David Kuloba died while fighting for Russia in Ukraine, poses with portraits of him during an interview at her home in Kibera, Nairobi, Kenya, on Dec. 2, 2025. (Thomas Mukoya/Reuters)
«Signing a contract is equivalent to signing a death sentence,» he wrote. «Foreign citizens in the Russian army have a sad fate. Most of them are immediately sent to the so-called ‘meat assaults,’ where they are quickly killed.»
Mudavadi said in December that the government had received multiple emails and urgent communications from Kenyans in distress at military camps in Russia.
AS UKRAINE WAR DRAGS ON, TRUMP HITS PUTIN BY SQUEEZING RUSSIA’S PROXIES
Evans Khagola, cousin of Oscar Khagola, holds a printed photo sent by Oscar to his father showing him and other soldiers when they started training in Russia, photographed in Nairobi, Kenya, on Jan. 21, 2026. (Ed Ram/The Washington Post via Getty Images)
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«Several of them have reported injuries among our nationals and others stranded, following attempted recruitment into the violent conflicts,» he told the Kenya News Agency, the country’s state-run news service.
Mudavadi said the government has since tightened recruitment regulations, deregistering more than 600 non-compliant agencies and strengthening job verification through the Diaspora Placement Agency to curb exploitation.
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En una sesión que se prevé extensa, el Senado tratará la reforma laboral con un kirchnerismo con estrategia propia
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