INTERNACIONAL
Daniel Noboa presentó una ley que impone ocho nuevas obligaciones a las ONG
El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional, con carácter de urgencia económica, el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, una propuesta que impone al menos ocho nuevas obligaciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras.
La iniciativa ha encendido las alertas en múltiples sectores de la sociedad civil, que, si bien no se oponen a un marco que fomente la transparencia, advierten sobre la necesidad de mejorar los articulados del proyecto normativo.
Entre las obligaciones que establece el texto legal, se incluye el registro obligatorio en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones de la Sociedad Civil (SUIOS) y, en caso de recibir fondos del extranjero, también en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Además, se dispone la supervisión directa por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), bajo normativas propias del sistema financiero y societario.
Las organizaciones deberán implementar sistemas internos de integridad que incluyan códigos de ética, políticas anticorrupción y la designación de responsables de cumplimiento. También deberán presentar informes públicos anuales detallados, con información sobre ingresos, egresos, beneficiarios, impactos y riesgos.
Se exige la aplicación de procedimientos de debida diligencia para identificar donantes y beneficiarios, incluso en operaciones pequeñas, así como el establecimiento de auditorías internas y externas periódicas. Aunque se plantea una vigilancia diferenciada basada en riesgo, el texto no detalla cómo se definirá dicho riesgo. También se prevén sanciones severas, como multas, suspensión de actividades o incluso la disolución de las organizaciones por incumplimientos administrativos.
Uno de los aspectos más criticados es que la SEPS —una entidad concebida para supervisar cooperativas y entidades del sector financiero popular— asuma el control de miles de organizaciones sociales y comunitarias, lo cual resulta desproporcionado según diversos análisis técnicos.
Según cifras citadas en la exposición de motivos del proyecto, seis de cada diez organizaciones no tienen presupuesto definido y solo una de cada diez supera los USD 100 mil anuales. A pesar de ello, la normativa plantea las mismas exigencias de cumplimiento para todas.
En un comunicado suscrito por nueve organizaciones, entre ellas Fundamedios, la Fundación Ecuatoriana Equidad y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, se expresa el respaldo a una legislación que refuerce la integridad y evite el uso de estructuras asociativas para actividades delictivas. Sin embargo, se insiste en que la ley debe incorporar un enfoque diferenciado, escalonado y razonable, que no imponga cargas técnicas o financieras inalcanzables para organizaciones pequeñas, comunitarias o de base.
También se propone establecer espacios de diálogo institucional con las ONG, programas de capacitación y medidas de fortalecimiento institucional en lugar de medidas únicamente punitivas.
El malestar de la sociedad civil no se limita al contenido técnico del proyecto, sino también al discurso con el que el Ejecutivo lo ha promovido. El lunes 28 de julio, el presidente Noboa afirmó: “En el Ecuador se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país sin ningún tipo de control de la UAFE, sin ningún tipo de control financiero”.
A esto se sumó la jefa del bloque oficialista, Valentina Centeno, quien aseguró que “muchas de las fundaciones son vehículos para financiar grupos de delincuencia organizada, minería ilegal o paralizaciones violentas contra el gobierno y el Estado”. Ninguna de estas acusaciones, sin embargo, se encuentra respaldada por evidencia empírica en el texto del proyecto de ley ni por informes oficiales disponibles.
La narrativa oficial, según expertos, puede fomentar estigmatización y desconfianza hacia organizaciones que ejercen roles legítimos de crítica, defensa de derechos o acción humanitaria.
Diversas voces advierten que el proyecto amenaza con reducir el espacio cívico en Ecuador. Al imponer condiciones similares a las de sujetos obligados financieros, se corre el riesgo de ahogar la operatividad de organizaciones pequeñas. Además, la posibilidad de disolución administrativa por incumplimientos formales —sin mediación judicial— podría facilitar abusos de poder.
El proyecto tampoco contempla mecanismos de acompañamiento técnico, ni establece una evaluación de riesgos sectorial como recomiendan los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que advierten contra la sobrerregulación indiscriminada. Por el contrario, el GAFI insiste en que solo debe aplicarse control estricto sobre organizaciones identificadas previamente como de alto riesgo.
La Asamblea Nacional ha confirmado que recibió el proyecto y que será tratado en lo siguientes 30 días.
South America / Central America,Government / Politics,QUITO
INTERNACIONAL
“Queremos que termine la guerra, pero también el régimen”: la voz de civiles iraníes en pleno conflicto
El relato de familias iraníes obligadas a abandonar sus casas tras repetidas ofensias revela el efecto devastador de la guerra en Irán sobre la vida cotidiana en el país. La rutina se convirtió en una sucesión de decisiones difíciles y miedos compartidos.
A pesar de la situación, algunos ciudadanos intentan mantener su vida cotidiana antes del inicio del conflicto. Las cafeterías, parques y espacios al aire libre siguen recibiendo visitantes, como una forma de resistir y buscar normalidad. El deseo de preservar fragmentos de la vida anterior se mezcla con la resignación y el hastío.
Los sectores afines al régimen defienden la continuidad del conflicto y califican la guerra como “santa” y asisten a actos públicos y funerales de funcionarios caídos, incluso bajo el sonido de los bombardeos o durante tormentas. Además, buscan reunirse en plazas y corear consignas para reafirmar su postura.
Las redes sociales también documentan la vigilancia nocturna de los barrios, donde se observa a hombres progubernamentales —junto a integrantes de la milicia Basij e incluso adolescentes— recorriendo las calles en motocicletas y camionetas, según informó Irán International.
La división de opiniones se acentúa entre quienes consideran que los ataques podrían precipitar el fin del sistema actual y quienes solo desean el cese de la violencia. Un usuario describió el clima en su familia: la inquietud aumenta cuando los bombardeos disminuyen, por temor a que la guerra acabe sin cambios y las autoridades del régimen se mantengan en el poder.
Elham compartió vía redes el sentir de una conocida: “Cuando no hay ataques, me estresa que sigamos aquí y que estos salvajes sigan en el poder”. El dilema se resume en una confesión: “Cuando hay huelgas, tengo tanto miedo que solo puedo llorar y desear que terminen pronto. Ya ni siquiera sé qué quiero. Solo quiero que se vayan, y que la guerra también. Esta no es una vida que nadie merezca. No queríamos nada más que una vida normal”.
En varias zonas urbanas, la inseguridad empujó a miles a desplazarse hacia áreas rurales en busca de algo de calma. Quienes permanecen en sus viviendas, como Golshan en Teherán, describen noches de vigilia y ansiedad. “La noche ya no es un momento para dormir, sino un campo de espera”, escribió X, al relatar la tensión de anticipar el próximo estruendo.
La población civil en Irán enfrenta un panorama de miedo y adaptación permanente. Sin sistemas de alerta efectivos, la sensación de vulnerabilidad es continua. El impacto psicológico afecta a niños, ancianos y adultos por igual, mientras el acceso a servicios médicos se complica para quienes huyen de las áreas más golpeadas.
Golshan confesó que dejó de usar el ascensor en su edificio, temiendo quedar atrapada durante un corte de energía. “Evito el ascensor por miedo a los apagones”, explicó.
Otras voces, como la de Marzieh, relatan cómo la tensión impregna incluso las tareas básicas. “Para muchos, ducharse se ha convertido en una fuente de ansiedad”, escribió, aludiendo al temor de quedar expuestos o sufrir cortes de agua o electricidad en pleno ataque. “Cada momento de sus vidas está lleno de miedo y preocupación”, agregó en su publicación.
El relato de Golnaz, difundido por el Comité Internacional de la Cruz Roja en redes sociales, ilustra las consecuencias materiales y emocionales de los bombardeos. Tras un ataque que destruyó parte de su vivienda y cortó la luz, reconoció: “Después de eso, nuestra casa dejó de ser un lugar seguro”. La familia buscó refugio con parientes, pero los niños siguen alterados. “Estoy pensando en llevarlos a algún lugar alejado del ruido de la guerra para que se recuperen del trauma”, explicó la madre.
La vida en Irán, bajo el asedio de los ataques, quedó atrapada entre la resistencia diaria, la polarización política y el anhelo de una existencia común, lejos de la guerra.
Middle East,Military Conflicts
INTERNACIONAL
Colorado House advances conversion therapy lawsuit bill; GOP lawmaker calls it ‘slap in the face’ to SCOTUS
NEWYou can now listen to Fox News articles!
The Democratic-controlled Colorado House passed a bill Thursday allowing people harmed by conversion therapy to sue therapists, just days after the Supreme Court blocked enforcement of the state’s ban on the method.
HB26-1322 would establish a pathway for Coloradans to bring civil claims against licensed mental health professionals accused of causing harm through efforts to change a person’s sexual orientation or gender identity.
The bill also allows people to seek legal action against the entities that hired and supervised a professional who conducted conversion therapy. The bill now heads to the state Senate, which is also controlled by Democrats, for consideration.
The measure could open the door to lawsuits years after therapy takes place and expose providers to significant financial liability.
KAGAN TURNS ON LIBERAL ALLY JACKSON WITH FOOTNOTE JAB OVER FREE SPEECH
Students listen to a man explaining the significance of the statues adorning the U.S. Supreme Court building on March 31, 2026, in Washington, D.C. (Roberto Schmidt/Getty Images)
The legislation was advanced just days after the U.S. Supreme Court ruled that Colorado cannot enforce its conversion therapy ban regarding conversations between therapists and LGBTQ+ minors, arguing the law likely violates the First Amendment by allowing some viewpoints but not others.
In an 8-1 decision Tuesday, the court said the law favors one viewpoint by allowing therapists to affirm a minor’s gender identity or sexual orientation, but not help them change it if they want to.
Matt Soper, a Republican in the Colorado House, told Fox News Digital that the new bill pushed by Democrats is a «slap in the face» to the Supreme Court.
SUPREME COURT RULING ON SECRETIVE CALIFORNIA GENDER POLICY COULD RESHAPE PARENT RIGHTS FIGHTS NATIONWIDE
Demonstrators protest against conversion therapy outside the U.S. Supreme Court as the Court hears oral arguments in Chiles v. Salazar, a landmark case on conversion therapy, on Oct. 7, 2025, in Washington, D.C. (Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)
«We have a bill that’s designed to be a de facto ban on conversion therapy moving forward,» Soper said.
«That just hits at the heartstrings of the average American, that the Supreme Court can’t even have a ruling be hot off the press before you have a legislature already pushing to undo what the Supreme Court just ruled,» he continued.
«At the bottom line, there’s not even a sense of what the law is or can be from the Supreme Court when you have states that are already working really hard to undermine an 8-1 ruling.
«Americans don’t like it when you have a legislature immediately trying to overturn or undermine the highest court in the land before the printing has even cooled down.»
NJ SCHOOL DISTRICT’S SECRETIVE TRANSGENDER POLICY FACES LEGAL THREAT FOR BUCKING SUPREME COURT RULING
Colorado lawmakers passed a bill allowing lawsuits over «conversion therapy» days after a Supreme Court ruling limited the state’s ban. (Getty Images)
The sponsors of the bill in the Colorado House, Reps. Alex Valdez and Karen McCormick, released a statement following the high court’s ruling, reiterating that conversion therapy is «ineffective and harmful.»
«In Colorado, you belong just the way you are. Now more than ever, we must protect LGBTQ+ Coloradans from the harmful practice that is conversion therapy. We vow to keep moving forward to safeguard the rights of the LGBTQ+ community in Colorado,» the lawmakers said.
DAVID MARCUS: SCOTUS GETS CASE ON TRANSING KIDS RIGHT, DESPITE THREE CLUELESS JUSTICES
The Supreme Court’s decision stemmed from a lawsuit brought by Kaley Chiles, a licensed Christian therapist, who argued her conversations with youth clients were a form of protected speech.
The Colorado government argued the conversations amounted to professional conduct that the state was allowed to regulate.
The case centered on a law Colorado passed in 2019 banning what the state government described as conversion therapy.
JONATHAN TURLEY: JUSTICE JACKSON’S ‘CHILES’ DISSENT REVEALS NARROW VIEW OF THE FIRST AMENDMENT
While the 2019 law required that claims against providers be filed within two years, HB26-1322 would remove time limits for legal action, and if the victim has died, their representatives could pursue damages within five years of the individual’s death.
Soper criticized the bill for lacking a cap on recoverable damages or a statute of limitations on claims.
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«A mental health therapist could actually be liable for their entire life,» he said.
Fox News Digital’s Michael Dorgan and Ashley Oliver contributed to this report.
legislation, colorado, first amendment, politics, state and local
INTERNACIONAL
«Está todo parado»: el turismo se desploma en Cuba en medio de la profunda crisis energética
Las calles de La Habana casi sin turistas, incluso en esta Semana Santa, muestran una fotografía abandonada de Cuba. En plena crisis energética, la isla mantiene un desplome en el turismo, y registró un 30% menos de visitantes en los dos primeros meses del año respecto a 2025.
«En esta zona, Habana Vieja, Parque Central, el mítico Capitolio, el turismo está malo por el problema energético. No está entrando turismo por eso. Todo en Cuba está parado», se queja Alberto Ruiz Laffitte, encargado del cuidado de los autos clásicos descapotables destinados al paseo de turistas.
La isla sufre una grave crisis energética desde 2024 debido a las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del Estado para importar combustibles, algo que se ha agravado desde enero de este año por el asedio petrolero de Estados Unidos.
Los apagones son constantes, es difícil conseguir combustible para los automóviles y las calles aparecen oscuras y sin tráfico, una imagen que recuerda a la pandemia de Covid-19.
Hasta febrero, se habían recibido 262.496 visitantes internacionales, es decir, 112.642 menos que en el mismo período del año anterior, informó el lunes un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) del país caribeño.
El sector turístico, esencial para su economía, se encontraba ya en crisis antes del agravamiento de la situación energética a partir de enero por el asedio petrolero de Washington y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Solo en 2025, el país recibió 1.810.663 visitantes internacionales, las peores cifras desde 2002 (sin contar los años de la pandemia).
«Hay muy poco turismo. No hay prácticamente. Nuestro trabajo se ha hecho muy difícil; ahora hasta ofrecemos servicio a cubanos y lo cobramos en la moneda nacional», cuenta Ezequiel Palacios, chofer de un carro a caballo en la Habana Vieja.
En febrero, señaló la ONEI, apenas llegaron a la isla 77.663 turistas.
El número de viajeros de los dos mayores mercados emisores, Canadá y Rusia, descendió en un 28,4% y un 7,6%, respectivamente, hasta los 124.283 y los 20.668 ese mes.
La mayoría de mercados experimentaron retrocesos durante este período, algunos de carácter marcado, como es el caso de la comunidad cubana en el exterior, que cayó más de un 40%, hasta los 23.002 viajeros; y de EE.UU., que cedió un 55,9%, hasta los 11.791.
También sufrieron un descenso las cifras de México (6.674), Francia (5.649), España (4.422) e Italia (4.059). Solo se incrementaron los visitantes procedentes de Argentina (10.590) y China (5.429).
Con la situación de desabastecimiento de combustible en la isla caribeña, agudizada por el bloqueo petrolero, las autoridades cubanas comenzaron a cerrar algunos hoteles.
Desde inicios de febrero, el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga aseguraba que «se había diseñado un plan en el turismo para reducir los consumos energéticos, compactar las instalaciones turísticas y aprovechar la temporada alta que está transcurriendo en estos momentos».
Esto afectó principalmente a varias instalaciones turísticas ubicadas en el balneario de Varadero (oeste) y de los cayos del norte de la isla.
Además, el pasado 4 de marzo, las autoridades del país caribeño extendieron hasta el 10 de abril el aviso de falta de combustible para aviones en todos sus aeropuertos, señalando que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba.
Tras una Semana Santa en mínimos, Cuba perfila un fin de temporada alta con cifras muy lejanas a los máximos de turistas registrados en 2018 (4,6 millones) y en 2019 (4,2 millones).
Esos números récord estuvieron ligados al «deshielo» de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba en esos años y a la eliminación de restricciones de Washington a los viajes a la isla.
La situación del turismo en Cuba contrasta con la de destinos similares de la región del Caribe, como Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México), que están registrando máximos históricos de visitantes tras la pandemia.
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