En la mañana del 15 de agosto de 2006, una empleada doméstica subió al cuarto de Myriam Fefer, una exitosa empresaria textil de 60 años, y la encontró sin vida. Estaba tirada en el piso, boca para arriba, con signos de violencia en la cara y el cuello.

Desde el principio se creyó que se trataba de un ataque directo, ya que la habitación no estaba desordenada y se descartó un robo. La hipótesis principal fue la de un homicidio premeditado, cometido por alguien que sabía a dónde iba y qué tenía que hacer.

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Rápidamente, el caso comenzó a ser tratado en los medios más importantes de Perú y las sospechas se centraron en un círculo más íntimo. La principal señalada fue la hija de la víctima, Eva Bracamonte, a quien se la acusó de haber contratado a un sicario para poder obtener la herencia millonaria de su madre.

Sin embargo, hasta la actualidad, quedaron varios enigmas que aún generan desconcierto en la sociedad.

El entramado familiar

Myriam Fefer era una empresaria que tuvo una larga trayectoria en el rubro textil en Perú, por lo cual tenía varios contactos en el sector y una posición estable y exitosa. Vivía en un barrio cerrado en la localidad de San Isidro, en Lima, tenía personal doméstico trabajando para ella en su casa y vivía con sus dos hijos, Ariel y Eva Bracamonte.

A pesar de la imagen de “familia acomodada”, la realidad es que había problemas al interior de la misma: la relación entre ellos era tensa y había muchas peleas por temas económicos. Por un lado, Eva, la hija menor, había generado una deuda y buscaba tener independencia económica; mientras que Ariel tenía una relación distante con su madre por varios cruces.

En los primeros meses de investigación, cuando todavía no había detenidos, la hipótesis que tomó fuerza fue que alguien del núcleo íntimo podría haber tenido motivaciones para deshacerse de Myriam. La sospecha inicial sobre el entorno no surgió de rumores mediáticos, sino de los primeros informes policiales.

El crimen

Después de las primeras investigaciones, se estableció la teoría de que la muerte de Myriam Fefer fue un homicidio por encargo. La autopsia determinó que la mujer murió estrangulada y que sufrió varios golpes contundentes.

El resultado de las pericias arrojó que el asesino estuvo dentro de su cuarto, la atacó y no hubo resistencia en otras partes de la casa. Además, no se encontraron signos de ingreso forzado en otras entradas de la propiedad ni faltaba dinero o joyas de valor.

Ese nivel de planificación fue clave para orientar la causa hacia un autor material que no actuó solo. En este sentido, los investigadores consideraron que el homicida tenía información precisa y que no se trataba de un “robo que terminó mal”. En su lugar, la escena y las pruebas sugerían un ataque directo y deliberado.

En los primeros dos años después del crimen, el expediente quedó casi estancado. Hasta que, dentro de otra investigación, la policía peruana obtuvo un dato que lo cambió todo: un sicario colombiano, identificado como Alejandro Trujillo Ospina, declaró que había sido contratado para asesinar a la empresaria.

Las autoridades lo detuvieron en 2008, y en cuanto estuvo frente a los fiscales, confesó que había sido contactado para que matara a Myriam Fefer. Aseguró que le habían pagado y que la orden venía del entorno familiar.

Las dudas sobre la hija y los enigmas del caso

Tras la confesión de Trujillo Ospina, la investigación avanzó sobre Eva, la hija menor de Myriam. Para el Ministerio Público, había un móvil económico: la joven buscaba quedarse con su parte de la herencia y tenía tensiones permanentes con su madre por cuestiones de dinero, autonomía y manejo de gastos. También se dio a conocer que la relación entre ambas venía desgastada y que Fefer no aprobaba la vida personal de Bracamonte, ya que en ese momento estaba de novia con una mujer, Liliana Castro Manarelli.

De esta manera, la fiscalía no solo apuntó contra Eva, ya que también imputó a Liliana. La acusación establecía que ella había sido el nexo con los intermediarios que terminaron contactando al sicario.

En el expediente, se incorporaron testimonios que sugerían que Castro Manarelli tenía una influencia marcada en las decisiones de Bracamonte, y se construyó una hipótesis de doble autoría intelectual. Sin embargo, la defensa de ambas siempre negó ese planteo.

En octubre de 2010, Eva y Liliana fueron detenidas y quedaron bajo prisión preventiva. A partir de ese momento, el caso se transformó en uno de los más mediáticos de la década en Perú.

Dos años más tarde, en diciembre de 2012, el sicario colombiano Alejandro Trujillo Ospina fue condenado a 35 años de prisión por ser el autor material del asesinato de Myriam Fefer y se le ordenó pagar una compensación económica.

Por otro lado, durante el juicio de Eva y Liliana, la acusación se centró en la confesión de Trujillo y algunos contactos telefónicos que, según la fiscalía, vinculaban a Liliana con intermediarios. La defensa respondió que no había pruebas directas de ello: ni transferencias registradas o videos que comprobaran el contacto.

Sin embargo, en 2013, el tribunal condenó a Eva Bracamonte a 30 años de prisión como autora intelectual, y a Liliana Castro Manarelli a 35 años como coautora. Ambas quedaron detenidas inmediatamente y fueron trasladadas a una cárcel de máxima seguridad.

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Tras la sentencia, los abogados de Bracamonte y Castro Manarelli comenzaron una larga etapa de apelaciones. En 2015, dieron su fruto cuando la Corte Suprema de Perú anuló la condena de ambas.

La decisión fue contundente: se determinó que no había evidencia suficiente para sostener la autoría intelectual y se ordenó la realización de un nuevo juicio. En esta revisión, la fiscalía no logró sostener con pruebas firmes sus hipótesis iniciales, por lo cual las dos quedaron absueltas.

Hasta la actualidad, el caso de Myriam Fefer continúa siendo uno de los más enigmáticos de Perú, ya que si bien la Justicia acreditó que hubo un asesinato a sueldo, nunca se pudo demostrar quién lo ordenó.

Democratic County Commissioner Eileen Higgins and Republican candidate Emilio González, backed by Gov. Ron DeSantis, will advance to a Dec. 9 runoff to determine Miami’s next mayor after no candidate received more than 50% of the vote.

The top two candidates emerged from a crowded field of 13 and will face off to succeed term-limited Republican Mayor Francis Suarez.

If no candidate receives 50% or more of the votes, the top two candidates must compete in a runoff in the race for mayor.

Higgins, the Miami-Dade County commissioner elected in 2018, represents parts of Miami Beach, Downtown, Brickell, Coral Way, Little Havana and West Flagler, according to the county’s website.

DESANTIS PREDICTS NYC ‘TURMOIL’ UNDER MAMDANI, SAYS MAYORAL CANDIDATE SYMPATHETIC TO ‘COMMUNISM, ISLAMISM’

Miami Democrat Higgins is a former engineer, marketing executive and Peace Corps Belize country director, a position she accepted in 2006. She later worked as a Foreign Service Officer with the U.S. State Department. 

«There’s going to be no drama,» Higgins said during her closing statement at a mayoral debate Oct. 16. «There’s going to be no corruption. There’s going to be no yelling. It’s just me, every day, going to work on your behalf to get things done — the things you’ve told me you want to see happen in this city. The city that you love. The city that I love. The city that should be the best place on earth.»

She campaigned on affordability, restoring trust in Miami City Hall «by cutting red tape that stops homeowners and small businesses from moving forward,» funding police and first responders, improving transportation, and protecting the environment, according to her campaign’s website.

LIZ PEEK: CURTIS AND THE COMRADE — WHY SLIWA MUST STEP ASIDE TO SAVE NEW YORK

An aerial view shows the downtown Miami property on Biscayne Boulevard next to the Freedom Tower that has been earmarked for former President Donald Trump’s future presidential library.  (Joe Raedle/Getty Images)

President Donald Trump, who also is a Florida resident, did not endorse a candidate. 

Although the mayoral race didn’t draw the same national attention as New York or gubernatorial races in New Jersey and Virginia, it was marked by past scandals and political jabs from both Democratic and Republican candidates. In September, a Florida judge blocked the city’s plan to delay the November election to 2026 without voter approval, following a lawsuit by mayoral candidate and former City Manager Gonzalez.

Gonzalez, the leading Republican contender, was endorsed by DeSantis and Florida Republican Sen. Rick Scott. He previously served as a bilingual surrogate for Trump’s presidential campaign, worked on the president’s transition team and was later named a senior fellow at the America First Policy Institute.

ELECTION DAY POSES EARLY POLITICAL TEST FOR TRUMP AMID LINGERING SHUTDOWN

City of Miami mayoral candidate Emilio González speaks during a press conference outside his Miami home July 16, 2025.  (Matias J. Ocner/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images)

He campaigned on modernizing city services, cutting property taxes, easing regulations for small businesses, boosting police presence and reducing government spending, according to his campaign’s website.

He said at the mayoral debate Oct. 16, «We need reform and we need reform bad,» after a loss of public trust in local government. 

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«Our municipal government has failed our residents,» he said at the debate. «That’s why we’re here, all of us. We’ve let them down. We’ve left them down and they don’t trust us.»

«Public service and being mayor has to be vocational,» he added. «It isn’t about making money, it isn’t about making my ego bigger, it isn’t about setting me up for another office or clickbait or this or that. It’s vocational, you’ve got to want to do it.» 

The 2025 Miami mayoral race also included former Miami Mayors Joe Carollo and Xavier Suarez, the father of current Mayor Francis Suarez, and Alex Díaz de la Portilla, Christian Cevallos, June Savage, Alyssa Crocker, Elijah John Bowdre, Ken Russell, Laura Anderson, Michael Hepburn and attorney Kenneth James DeSantis, who is not related to Gov. Ron DeSantis.

Fox News Digital’s Michael Dorgan contributed to this report.

Al menos 93 muertos y 26 personas que aún siguen siendo buscadas en Filipinas fueron víctimas del tifón Kalmaegi. La mayoría de los afectados por el fenómeno natural sufrieron las inundaciones que arrastraron vehículos y obligaron a los residentes a refugiarse en los techos de sus casas.

Según informaron autoridades locales, entre las víctimas también se cuentan seis personas fallecidas en un accidente de helicóptero de la Fuerza Aérea filipina, ocurrido el martes en Agusan del Sur mientras se dirigía a entregar ayuda humanitaria en las zonas afectadas por Kalmaegi.

El tifón, con vientos sostenidos de hasta 130 km/h y ráfagas de 180 km/h, se desplazó el miércoles hacia el Mar de China Meridional tras causar estragos principalmente en la provincia de Cebú, donde el fenómeno provocó el desbordamiento de ríos y sumergió casas por completo. Numerosos habitantes tuvieron que ser rescatados de los tejados, algunos tras horas de espera y llamados desesperados.

El gobierno de Cebú, que aún se recuperaba de un sismo de magnitud 6,9 ocurrido el 30 de septiembre y que dejó al menos 73 muertos y miles de desplazados, declaró el estado de calamidad para agilizar la liberación de fondos de emergencia. Muchos de los ya desplazados por el terremoto debieron ser evacuados nuevamente a refugios más sólidos ante la llegada del tifón.

Rhon Ramos, portavoz de Cebú, informó este miércoles a AFP que se recuperaron 35 cuerpos en las zonas inundadas de Liloan, llevando el saldo provincial a 76 muertos. La oficina de Defensa Civil nacional confirmó 17 decesos en otras regiones, con lo que el total de fallecidos alcanzó la trágica cifra de 93 muertos.

Se confirmaron muertes en la provincia de Leyte del Sur —donde un anciano se ahogó— y en Bohol, donde un residente murió tras la caída de un árbol. “Las ciudades grandes fueron las más golpeadas (por inundaciones), las zonas más urbanizadas”, dijo el subdirector de la Defensa Civil, Rafaelito Alejandro, a una radio local. “Nuestro desafío ahora es despejar los escombros que bloquean nuestras carreteras”.

La gobernadora provincial de Cebú, Pamela Baricuatro, calificó la situación como “sin precedentes”. “Esperábamos vientos peligrosos, pero el agua es lo que realmente está poniendo a la gente en peligro”, afirmó ante periodistas locales.

“La inundación aquí fue muy severa ayer”, relató Reynaldo Vergara, de 53 años, quien señaló que el agua arrasó con todo lo que había en su pequeña tienda. “Alrededor de las cuatro o cinco de la mañana, el agua era tan fuerte que no podías salir Nada así ha pasado antes”, agregó.

Antes de que Kalmaegi tocara tierra, más de 387.000 personas fueron evacuadas de zonas vulnerables del este y centro del país. El tifón obligó también a suspender la salida de transbordadores y pesqueros, dejando más de 3.500 pasajeros y camioneros varados en cerca de 100 puertos, y al menos 186 vuelos nacionales fueron cancelados.

Más de 200.000 personas fueron evacuadas en la región de Bisayas, así como en zonas del sur de Luzón y norte de Mindanao, debido a las inundaciones, cortes de energía y viviendas anegadas provocadas por la tormenta.

Kalmaegi, la vigésima tormenta que impacta Filipinas este año, se intensificó ligeramente al cruzar el Mar de China Meridional en dirección a Vietnam, donde ya se preparan ante la llegada prevista del tifón este viernes.

En septiembre, el supertifón Ragasa azotó el norte de Luzón y obligó al cierre de escuelas y oficinas gubernamentales por los fuertes vientos y lluvias torrenciales.

(Con información de AFP)