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Diputados de partidos políticos evitan votación y tumban citación a ministra por caso de albergues en Panamá

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La sesión quedó sin quórum tras el retiro de diputados de partidos tradicionales antes de la votación. EFE/Alejandro Bolívar

Un grupo de diputados en la Asamblea Nacional de Panamá intentó sin éxito citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que responda sobre un extenso cuestionario relacionado con denuncias de irregularidades, maltrato y presunto abuso en un albergue administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), entidad adscrita al Mides.

La citación, impulsada por legisladores independientes y respaldada inicialmente por 19 votos, fue declarada “inexistente” por falta del quórum necesario después de que diputados de los partidos tradicionales se retiraron antes de la votación.

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La iniciativa para llevar a la ministra ante el pleno era promovida principalmente por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, quien presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades tras una visita de inspección al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

El cuestionario que sustentaba la citación buscaba que la ministra precisara, primero, el tamaño real del sistema de albergues: cuántos centros de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en el país y cuántos menores residen en cada uno, con un desglose por nombre del albergue, provincia o comarca y rangos de edad.

También solicitaba información sobre cuántos menores con discapacidad permanecen bajo custodia y en qué albergues se encuentran.

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Alexandra Brenes presentó una denuncia
Alexandra Brenes presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras una visita al centro de Tocumen. Tomada de X

La denuncia señala problemas como deterioro de la infraestructura, falta de personal técnico idóneo, convivencia de adultos con niños, e incluso hallazgos que contravendrían estándares básicos de protección infantil.

Brenes y otros diputados independientes argumentaron que la ministra, como titular del Mides y presidenta de la Junta Directiva del SENNIAF, debe rendir cuentas directamente ante el pleno sobre lo que ocurre en los albergues estatales, especialmente tras las graves acusaciones.

Sin embargo, su propuesta quedó trunca cuando los diputados de partidos tradicionales se retiraron del pleno antes de la votación final, lo que impidió alcanzar el número mínimo de votos necesario para validar la moción.

“El Estado no puede seguir fallándole más a la niñez que hoy está bajo custodia de los albergues”, señaló uno de los legisladores en respaldo a la propuesta, reflejando el malestar entre algunos sectores de la Asamblea ante la percepción de omisión y falta de respuestas claras por parte de las autoridades competentes.

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Otra parte del cuestionario se enfocaba en el cumplimiento de estándares mínimos. Los diputados pedían detallar cuáles son las condiciones físicas y técnicas que deben cumplir los albergues según la normativa vigente y cuántos centros presentan incumplimientos, especificando el tipo de falla detectada y las medidas adoptadas para corregirla.

La Senniaf administra la red
La Senniaf administra la red de albergues bajo la supervisión del Ministerio de Desarrollo Social. Tomada de X

El cuestionario incluía además preguntas sobre casos de convivencia de menores con adultos y sobre la permanencia de grupos etarios en albergues que no corresponderían a su perfil. Finalmente, el cuestionario buscaba datos concretos sobre supervisión, denuncias y sanciones. Se solicitaba precisar con qué frecuencia se realizan inspecciones y monitoreos, cuántas actas se han levantado desde julio de 2024 y qué hallazgos se documentaron.

Tras la visita legislativa al CAI de Tocumen, la diputada Brenes presentó al Ministerio Público correos, informes internos y fotografías que describían situaciones de riesgo para los menores bajo custodia estatal.

La Fiscalía de Panamá respondió abriendo una investigación formal, que incluye diligencias investigativas, inspecciones técnicas y levantamiento de evidencia en el albergue. La pesquisa busca determinar si hubo delitos como maltrato a menores, abuso sexual, negligencia y omisión de funciones por parte de funcionarios públicos encargados de la administración del centro.

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En paralelo, la Junta Directiva del SENNIAF, encabezada por Beatriz Carles, adoptó un paquete de medidas urgentes tras la denuncia. Entre las decisiones estuvo la orden de una inspección técnica inmediata al CAI de Tocumen por parte de un equipo técnico interinstitucional, con participación de representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y otros organismos, con el objetivo de verificar las condiciones reales en el albergue y determinar acciones correctivas.

El cuestionario incluía preguntas sobre
El cuestionario incluía preguntas sobre inspecciones, personal técnico y condiciones en los albergues estatales. Tomada de Instagram

También se aprobó iniciar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que estaba residiendo en el albergue, con miras a su traslado a instituciones adecuadas, así como una evaluación administrativa del SENNIAF para fortalecer la supervisión institucional.

Las reacciones políticas no se limitaron a la Asamblea. Organismos internacionales como UNICEF han manifestado su preocupación por las denuncias, recordando que los albergues no siempre constituyen entornos idóneos para el desarrollo infantil, y que modelos alternativos como la atención en familias acogentes suelen ofrecer mejores condiciones para el crecimiento y bienestar de los menores.

El caso también encendió un debate sobre el presupuesto del SENNIAF. Mientras la directora del organismo, Ana Fábrega, afirmó que la falta de recursos limita su capacidad de mejora, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que los fondos sí existen, aunque problematizó la eficiencia en su uso.

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Para 2026, el presupuesto del SENNIAF alcanza los $7.6 millones, de los cuales una parte mínima se destina a inversiones, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de la institución para atender las necesidades de los albergues de manera adecuada.

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Biden admin skirted rules to deliver massive contract to nonprofit run by ex-official, IG report reveals

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

EXCLUSIVE: A new Inspector General’s report released Thursday morning accuses the former Biden administration of bypassing federal rules when issuing a more than half-a-billion dollar «sole source contract» to a nonprofit led by a former Biden official to deal with the unaccompanied minor crisis in 2021.

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The Administration of Children and Families (ACF), which is under HHS and manages unaccompanied minors, awarded $529 million for a 1-year contract in March 2021 to a nonprofit called Family Endeavors, Inc. to help establish and manage a new emergency intake site in Texas (EIS) with 2,000 extra beds. However, according to the OIG’s new report, Biden’s ACF failed to follow federal procurement requirements that require full and open competition due to their own «insufficient planning,» rather than the COVID induced emergency the Biden administration cited. 

Furthermore, the inspector general’s report found that the contract price was more than double the agency’s own cost estimate of $244 million, and indicated that the agency «subsequently modified» the award 15 times, extending the period until May 2022 and increasing the value to more than three times the original estimate from ACF.

DOGE SAYS TEXAS NONPROFIT WITH FORMER BIDEN TRANSITION MEMBER REAPED MILLIONS OPERATING EMPTY FACILITY

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A family seen walking towards a barrier blocking passage across the U.S. border. (Department of Health and Human Services)

«ACF knew well in advance of March 2021 that it was projected to need more shelter beds than existing sites could provide and should have begun contract planning at that time,» the report states. «ACF failed to reasonably conduct the necessary advanced planning to execute a contract for procurement of those beds and related services using full and open competition.»

The report says ACF made only a limited attempt to do the necessary research for the contract, and did not even follow the findings it came up with.

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«On March 5, 2021, Endeavors emailed ORR offering emergency assistance for the care of unaccompanied alien children. On March 13, 2021, Endeavors emailed ORR again with an unsolicited proposal, which included a statement of capabilities and concept of operations for an emergency shelter to serve unaccompanied alien children. Three days later, on March 16, 2021, ACF awarded a firm-fixed-price sole source contract to Endeavors to provide and operate an EIS facility in Pecos, Texas,» the report states.

Emergency intake site for migrants

Images of the emergency intake site in Pecos, Texas operated by Family Endeavors, Inc. The nonprofit received $529 million to build out 2,000 beds.  (Department of Health and Human Services)

The contract beginning March 2021 was «by far the largest ever» for Endeavors Family, Inc., and came months after the company hired Andrew Lorenzen-Strait, who served as an adviser to the Biden-Harris transition team. The contract was also the second largest ever awarded by the agency, according to Axios.

«Despite multiple requests, ACF could not provide support for its review of the Endeavors quote, the price analysis techniques used to analyze the quote, or an [independent Government cost estimate] for an EIS dated before the contract was awarded,» the new inspector general’s report states. «When we asked for documentation, ACF told us that it was under significant time constraints to award contracts.»

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WHITE HOUSE, DHS PUSH BACK ON CLAIMS ICE TARGETED 5-YEAR-OLD IN MINNESOTA, SAY CHILD WAS ‘ABANDONED’

Family Endeavors Inc. told Axios that its work on the border was a «continuation of services» that it has conducted for the migrant population since 2012. By April 2021, a month after the contract began, federal procurement records showed ACF had already paid $255 million of the no-bid contract to the nonprofit, which had already dwarfed the nonprofit’s total $43 million budget in 2018.

Family Endeavors, Inc. did not immediately respond to an after-hours email from Fox News seeking comment.

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In September 2023, then-Chairman of the House Homeland Security Committee, former Rep. Mark Green, R-Tenn., and then-Chairman of the House Subcommittee On Oversight, Investigations and Accountability, former-Rep. Dan Bishop, R-N.C., sent a letter to Lorenzen-Strait about his ties to both the Biden administration and Endeavors. The letter requested him to both reach out to the committee for an interview and mandated he preserve records on his communications with leaders involved in granting other «sole source» contracts.

«On January 20, 2021, Family Endeavors, Inc. (Endeavors) named you the Senior Director for Migrant Services and Federal Affairs. Immediately preceding your position with Endeavors, you served on the Biden-Harris transition team, and previously was an Immigration and Customs Enforcement (ICE) official,» the letter said. «In March 2021, just two months after you joined Endeavors, ICE awarded an $86.9 million sole source contract to Endeavors to provide beds and services in hotels for migrants who illegally crossed the Southwest border.»

The letter cites an undercover video recording from Project Veritas of Lorenzen-Strait «boasting» about his participation in government contracts related to migrant services.

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«Specifically, you refer to the Endeavors contract as a ‘corrupt bargain.’ You further discuss ‘brokering’ a deal that won Cherokee Federal, a team of tribally owned federal contracting companies, a nearly $2 billion contract with the Department of Health and Human Services (HHS) to provide services to unaccompanied alien children,» the letter continues with its claims. «In the video, you admit that Cherokee Federal is not equipped to handle the contract. You also admit that while you are publicly involved with the company Deep Water Point & Associates, you hid participation in government contracts through the entities, VerdinPoint and The Tanager Group.» 

A HHS spokesperson said that under President Donald Trump the ACF is implementing stricter accountability measures and strengthening oversight.   

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«The previous administration wasted more than $1.8 billion dollars on a facility intended to house illegal aliens that was not even used in the last year of the previous administration, and that kind of fiscal mismanagement is exactly what Secretary Kennedy is working to correct,» the spokesperson said. «In fact, this contract was cancelled in the early months of the Trump administration as soon as this mismanagement was discovered. HHS and ORR remain fully committed to protecting children, restoring accountability at every level of the system, and putting Americans first.»

Edmund DeMarche contributed to this report.

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EE.UU. presiona a Venezuela para que haga más para estimular la inversión

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó a Venezuela el miércoles para presionar por una reforma más audaz de la industria energética, dejando en claro que Estados Unidos podría usar su posición como coloso económico para lograr los objetivos.

Wright es uno de los funcionarios estadounidenses de más alto rango que ha visitado Venezuela en casi 30 años, lo que refleja cómo se están calentando los lazos entre los países después de que las fuerzas estadounidenses en enero capturaron al exlíder de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo extrajeron por la fuerza a Estados Unidos.

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A pesar de que los legisladores aprobaron el mes pasado cambios radicales a la legislación que rige la industria petrolera, Wright dijo que quería que el gobierno de Venezuela fuera mucho más allá en la apertura de su economía a las compañías energéticas extranjeras.

“La idea es usar el apalancamiento para impulsar el progreso”, declaró Wright a la prensa en Caracas, la capital, el miércoles.

Sobre la nueva ley energética, afirmó:

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“Es un paso significativo en la dirección correcta, aunque, en mi opinión, probablemente no lo suficientemente amplio ni claro como para fomentar los grandes flujos de capital que se desearían”.

Algunos gigantes petroleros estadounidenses, como Exxon Mobil, cuyas operaciones en Venezuela fueron nacionalizadas hace dos décadas, han expresado escepticismo sobre regresar a Venezuela, citando riesgos legales y el potencial de agitación política.

Si bien reconoció que se podría hacer más para atraer inversiones estadounidenses a Venezuela, Wright enfatizó que las compañías petroleras internacionales a menudo se arriesgan al operar en países con un historial de inestabilidad, ya que es allí donde se encuentra el petróleo.

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Citó la «oleada de inversiones» que se espera llegue a Libia, controlada por dos facciones rivales.

Al inicio de su visita de tres días, Wright se reunió con la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, presidenta interina.

Comentó que planeaba viajar con Rodríguez el jueves para conocer de primera mano las operaciones petroleras.

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Wright, ex director ejecutivo de una compañía petrolera en el corazón del auge del fracking en Estados Unidos, fue en gran medida positivo en su evaluación de la voluntad de Rodríguez de hacer grandes cambios en la economía y el sistema político de Venezuela.

Postura

Afirmó que Venezuela había realizado importantes esfuerzos para mejorar la situación económica en las semanas posteriores a la captura de Maduro, quien presidió una crisis económica devastadora.

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Además, Wright afirmó que esperaba que Venezuela eventualmente transitara hacia un sistema político más representativo.

Wright citó áreas en las que Venezuela podría lograr mayores avances para desmantelar su régimen autoritario y alinearse más estrechamente con Estados Unidos, después de décadas de forjar alianzas con países a menudo en desacuerdo con Washington.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, testifica durante una audiencia de la Cámara de Representantes en el Capitolio de Washington, el 4 de febrero de 2026. (Eric Lee/The New York Times)

“Aquí todavía hay presos políticos en la cárcel”, dijo Wright, citando a los cientos que siguen detenidos tras la reciente liberación de otros.

“Aquí todavía hay relaciones con China, Rusia e Irán. Esas son cuestiones que deben transicionarse”.

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La visita de Wright causó sorpresa en Caracas.

Las fuerzas de seguridad abrieron paso a su numeroso destacamento y comitiva para que recorrieran la ciudad a toda velocidad, donde aún hay murales que celebran los vínculos de Venezuela con los líderes iraníes y cubanos.

Los cambios en Venezuela se están produciendo después de que Estados Unidos lanzara una campaña militar de meses contra Maduro, que incluyó decenas de ataques mortales contra pequeñas embarcaciones que, según la administración Trump, transportaban drogas ilícitas.

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El presidente Donald Trump advirtió a Rodríguez que podría correr una suerte similar a la de Maduro si no coopera con Estados Unidos.

Tras reunirse con Rodríguez, ella y Wright respondieron brevemente a las preguntas de los periodistas fuera del palacio presidencial, una inusual muestra de franqueza por parte del nuevo líder venezolano. Posteriormente, Wright se reunió con periodistas extranjeros en el Hotel JW Marriott.

“Una prensa libre”, dijo, “es una parte fundamental de una sociedad civil”.

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c.2026 The New York Times Company

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Russia to suspend flights to Cuba as Trump sanctions cut fuel supply

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Russia will temporarily suspend flights to Cuba after airlines reported difficulties refueling aircraft on the island, aviation authorities said Wednesday.

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Russia’s Federal Air Transport Agency Rosaviatsia said in a statement posted on Telegram that the airlines Rossiya, part of the Aeroflot Group, and Nordwind were forced to adjust their flight programs due to problems securing fuel in Cuba.

In the coming days, Rossiya will operate several outbound-only flights from Havana and Varadero to Moscow to return Russian tourists home before halting service.

After those repatriation flights are completed, the airline’s Cuba program will be suspended until the situation improves, the agency said, calling the decision one made «in the interests of passengers.»

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US MILITARY SEIZES ANOTHER FUGITIVE OIL TANKER LINKED TO VENEZUELA

Aeroflot Russian Airlines and Rossiya Airlines jet aircraft at Moscow-Sheremetyevo International Airport in Moscow, Russia, Sept. 16, 2021. (Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

The Transport Ministry and Rosaviatsia said they are maintaining close contact with Cuban aviation authorities and are exploring alternative options to restore two-way service.

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The announcement comes two weeks after President Donald Trump declared a national emergency over Cuba and authorized new measures aimed at choking off the island’s oil supplies.

CUBA PROTESTERS DEMAND FOOD, ELECTRICITY AS RUBIO SAYS NATION ON ‘VERGE OF COLLAPSE’ FROM MARXIST POLICIES

A car is refueled at a service station in the Cuban capital.

A vehicle fills up with fuel at a gas station in Havana, Cuba, Jan. 28, 2026. (Yamil Lage/AFP via Getty Images)

In a Jan. 29 executive order, Trump said Cuba poses an «unusual and extraordinary threat» to U.S. national security and empowered his administration to impose tariffs on goods from any country that «directly or indirectly sells or otherwise provides any oil to Cuba.»

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The order, which took effect Jan. 30, allows additional duties on imports from countries found to be supplying oil to Havana, part of what Trump described as a «zero tolerance» policy toward the Cuban government.

The Federal Aviation Administration’s website shows a Notice to Airmen, or NOTAM, an official alert issued to pilots about hazards or operational disruptions, was posted Feb. 10 for nine Cuban airports warning that Jet A-1 fuel is not available.

Travelers walk through a Havana airport terminal pulling rolling suitcases.

Passengers carry their luggage at Jose Marti International Airport in Havana, Cuba, July 2, 2025. (Yamil Lage/AFP via Getty Images)

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The advisory covers Havana (MUHA), Varadero (MUVR), Cienfuegos (MUCF), Santa Clara (MUSC), Camagüey (MUCM), Cayo Coco (MUCC), Holguín (MUHG), Santiago de Cuba (MUCU) and Manzanillo (MUMZ), and remains in effect through March 11.



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