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«EE.UU. no es un lugar seguro para trabajar»: coreanos describen una redada en Georgia

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SEÚL, Corea del Sur — Creían que eran el tipo de ingenieros altamente capacitados que podrían ayudar a cumplir el objetivo del presidente Donald Trump de revivir la manufactura estadounidense.

Park Sun-kyu afirmó haber construido fábricas de baterías para coches eléctricos en Indonesia, Michigan y Ohio.

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Kim Min-su afirmó haber construido o trabajado en instalaciones similares en Polonia, Ohio y Tennessee.

Nate Cho, experto en climatización, afirmó haber ayudado a construir una central nuclear en los Emiratos Árabes Unidos y una fábrica de semiconductores de Samsung en Texas.

Los tres son ciudadanos surcoreanos y regresaron a Estados Unidos este año.

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Junto con cientos de sus compatriotas, trabajaban en un complejo de 1170 hectáreas construido por la empresa surcoreana Hyundai en el sureste de Georgia para fabricar coches eléctricos.

Estaban terminando la construcción de una fábrica de baterías en el lugar, que el gobernador del estado ha elogiado por generar miles de nuevos empleos para los georgianos.

En la mañana del 4 de septiembre, Park dijo que estaba en una oficina enseñando a un colega cómo solucionar problemas en un sistema de fabricación computarizado cuando un agente estadounidense que portaba una pistola irrumpió y gritó:

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Trabajadores surcoreanos llegan al Aeropuerto Internacional de Incheon el 12 de septiembre de 2025 tras el aterrizaje de un Boeing 747-81 (KE9036) fletado especialmente para traer de vuelta a cientos de personas desde Atlanta, donde habían sido detenidos en una redada de inmigración estadounidense en la planta de Hyundai-LG en Ellabell, Georgia. (Foto de Anthony WALLACE / AFP) –

Kim dijo que estaba supervisando en una «sala seca», donde la temperatura y la humedad se mantenían a niveles precisos para que las máquinas produjeran baterías de muestra.

Se desató un alboroto en la sala cuando un gerente de seguridad llamó para informar sobre una redada de agentes armados.

Afuera, los agentes se movieron con rapidez, dispersándose por las instalaciones.

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Cho dijo que estaba revisando los balances de su equipo en su oficina cuando vio helicópteros y vehículos blindados afuera.

Pronto fueron atrapados en lo que las autoridades estadounidenses calificaron como el mayor operativo de seguridad nacional jamás realizado en un solo lugar.

Los trabajadores fueron encadenados.

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Permanecieron detenidos durante una semana en lo que describieron como malas condiciones, y acusaron a las autoridades estadounidenses de abusos de derechos humanos.

La redada fue un choque frontal con las políticas migratorias y comerciales de Trump.

Y ha inquietado profundamente a Corea del Sur, un aliado clave de Estados Unidos.

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Sus diplomáticos negociaron con Washington durante una semana hasta que el país logró repatriar a los trabajadores.

Días después de su repatriación, seis repatriados entrevistados por The New York Times dijeron que aún les costaba asimilar lo sucedido.

Park comentó que está consultando a un médico porque tiene problemas para dormir.

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“Mi principal conclusión es que Estados Unidos no es un lugar seguro para trabajar”, ​​dijo Park.

“No creo que vuelva a trabajar allí”.

Una desconexión de EE.UU.

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Estados Unidos y Corea del Sur mantienen vínculos profundos, arraigados en una alianza militar de décadas.

Esto hizo que la incursión resultara aún más impactante para muchos coreanos.

Los retornados dijeron que su situación era resultado de un desajuste entre los deseos y las acciones estadounidenses.

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Durante décadas, empresas surcoreanas como Hyundai han construido y operado fábricas en Estados Unidos.

Recientemente, Washington ha persuadido a Corea del Sur para que destine cientos de miles de millones de dólares a la construcción de nuevas fábricas, utilizando como palanca la amenaza de aumentar los aranceles a las exportaciones surcoreanas.

Pero, según expertos del sector, no hay suficientes trabajadores calificados en Estados Unidos para construir las fábricas con salarios económicamente viables para las empresas.

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Washington tampoco ha emitido suficientes visas de trabajo para extranjeros.

La semana pasada, Trump añadió otro obstáculo al imponer elevadas tasas a los nuevos solicitantes de visas H-1B.

Para abordar este desajuste, muchas empresas surcoreanas, como las contratadas por Hyundai y LG para construir la fábrica de baterías, rotan a los trabajadores dentro y fuera de las obras.

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Entran a Estados Unidos con visas de negocios o de turismo de corta duración, a veces eludiendo la ley.

Las autoridades estadounidenses y surcoreanas no han revelado los detalles de las visas de los 317 coreanos arrestados el 4 de septiembre.

Sin embargo, cinco de los seis ingenieros entrevistados por el Times contaban con visas B-1 de seis meses, que permiten realizar consultas con socios comerciales.

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Uno viajó con el programa de exención de visa de 90 días llamado Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), que permite viajes de negocios o placer.

Todos afirmaron que estaban en viajes de negocios, ya que sus empleadores en Corea del Sur les pagaban.

“Sabíamos que estábamos en una zona gris entre lo legal y lo ilegal”, dijo Park, quien evitó el trabajo físico con herramientas para cumplir con los términos de su visa B-1.

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“Nuestro plan era terminar nuestro viaje en dos o tres meses y regresar a casa para hacer otro viaje a Estados Unidos después de un intervalo de dos o tres meses”.

La redada

Más de 400 agentes estadounidenses llegaron al complejo Ellabell ese jueves.

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Primero, filtraron a los ciudadanos estadounidenses.

De los no ciudadanos, descartaron a quienes tenían visas ESTA, B-1 y B-2 para turistas, y les ordenaron que llenaran formularios con información personal y preguntas como si habían entrado legalmente a Estados Unidos.

El formulario solo estaba en inglés y español, y los trabajadores dijeron que los oficiales no trajeron traductores de coreano, por lo que trabajadores angloparlantes se ofrecieron como voluntarios.

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Al menos una persona se vio obligada a abandonar el país a pesar de estar allí legalmente, informó el Times este mes.

Kim, de 34 años, dijo que al principio no se preocupó, ni siquiera cuando a él y a sus compañeros les ordenaron guardar sus pertenencias en bolsas de malla.

Un agente incluso le dijo:

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«Te dejaré ir a casa», contó Kim.

El estado de ánimo cambió cuando a personas con visas ESTA y B-1 y B-2 se les entregaron órdenes de arresto, fueron subidos a micros esposados ​​y encadenados y llevados a un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas en Folkston, Georgia.

Los trabajadores coreanos dijeron que todavía se preguntan por qué fueron arrestados basándose en sus visas y no les dijeron qué leyes estaban violando.

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Se preguntaban por qué ellos, que estaban creando puestos de trabajo para la comunidad local, estaban detenidos.

“No estábamos allí para establecernos como trabajadores permanentes”, dijo Cho, de 55 años.

Kim dijo que el objetivo de los subcontratistas como él era completar su tarea e irse lo antes posible.

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«Si no cumples con la fecha límite, te cuesta más porque no te pagan los meses extra que trabajas», explicó.

Acusaciones de abuso

En el centro de detención, los trabajadores dijeron que estaban divididos en cinco «grupos», cada uno con capacidad para 80 personas.

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Para comer, les daban sándwiches de manzana y jamón y queso, o gachas de carne con arroz o porotos.

Bebían de fuentes o recipientes de agua.

A lo largo de una pared, había duchas, urinarios y sanitarios.

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Solo un muro bajo y una cortina baja separaban a quienes usaban los sanitarios del área común.

Desde su repatriación, varias docenas de trabajadores han creado un grupo de chat donde discuten sus denuncias de abusos contra los derechos humanos.

Dijeron que las autoridades nunca les leyeron sus derechos ni les explicaron el motivo de su arresto.

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Con sus celulares confiscados, no pudieron llamar a sus familias, empleadores ni abogados.

Cuando se les permitió usar teléfonos en el centro de detención, no pudieron hacer llamadas internacionales.

Han reportado agua potable con mal olor, colchones mohosos, mantas polvorientas, aire acondicionado helado y respuestas tardías de los funcionarios a las solicitudes de ayuda médica.

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Un trabajador en el chat acusó a los guardias de hacerles una mueca racista contra los asiáticos.

«La discriminación racial y las burlas, y cómo nos veía Estados Unidos, permanecerán en mi corazón por mucho tiempo», escribió el trabajador.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha declarado que investigará las denuncias de abusos contra los derechos humanos.

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La Embajada de Estados Unidos en Seúl no respondió a una solicitud de comentarios.

Los trabajadores dijeron que los funcionarios estadounidenses que los entrevistaron individualmente en el centro de detención les dieron una opción:

aceptar salir voluntariamente de Estados Unidos porque violaron sus términos de admisión o quedarse y luchar por sus casos en los tribunales.

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Kim dijo que un oficial estadounidense le advirtió que los procedimientos legales podrían tardar meses.

El gobierno surcoreano le aconsejó lo mismo.

Finalmente, todos los coreanos, menos uno, aceptaron la salida voluntaria.

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Hasta el último minuto, un detalle quedó sin resolver.

Las autoridades estadounidenses querían que los trabajadores fueran esposados ​​durante su viaje en autobús de cuatro horas al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta para su regreso a casa.

Las autoridades surcoreanas se opusieron.

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Pero los trabajadores estaban tan hartos del centro de detención que algunos protestaron ante los diplomáticos surcoreanos de visita, afirmando que querían regresar a casa lo antes posible, esposados ​​o no.

El gobierno surcoreano finalmente prevaleció, y los trabajadores no fueron apresados.

También afirmó que Washington prometió no perjudicar a los trabajadores si intentaban reingresar a Estados Unidos una vez resuelta la disputa sobre las visas.

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No todos quieren.

Pero Cho dijo que habría regresado a la fábrica directamente desde el centro de detención si se lo hubieran permitido.

“Mi orgullo no es tan importante como terminar el trabajo que he comenzado”, dijo.

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Se esperaba que la fábrica de baterías estuviera lista a finales de año y creara 400 nuevos puestos de trabajo.

Ahora lleva un retraso de al menos unos meses.

c.2025 The New York Times Company

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Western Hemisphere defense chiefs convene after border drone scare prompts airspace closure

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Top U.S. military leaders are hosting more than 30 nations in Washington as the Trump administration moves to deepen security cooperation across the Western Hemisphere, prioritizing border control, drug trafficking and regional threats from global adversaries. 

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«To put America First, we must put the Americas First,» War Secretary Pete Hegseth said, according to remarks shared by Joseph Humire, U.S. Acting Assistant Secretary of War for Homeland Defense and the Americas. 

NORAD AIRCRAFT TO ARRIVE IN GREENLAND FOR ROUTINE EXERCISES

«We must work together to prevent any adversary or criminal actor from exploiting your territory or using your infrastructure to threaten what a great former American president, Teddy Roosevelt, once called ‘permanent peace in this hemisphere.’»

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The meeting, convened by Joint Chiefs Chairman Gen. Dan Caine, comes amid a broader national security strategy that places heightened emphasis on threats closer to home: from fentanyl pipelines and transnational criminal networks to Arctic competition and instability in Venezuela.

The conference also coincides with U.S. action against Mexican cartel drones that breached American airspace near El Paso, Texas.

An administration official told Fox News that «Mexican cartel drones breached U.S. airspace. The Department of War took action to disable the drones. The FAA and DOW have determined there is no threat to commercial travel.»

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Gen. Dan Caine, chairman of the Joint Chiefs of Staff, is hosting a meeting for the Western Hemisphere defense chiefs in Washington. (Alex Brandon/AP)

The Federal Aviation Administration temporarily restricted flights in and out of El Paso International Airport for what it described as «special security reasons.» Federal officials have not released operational details, but the administration official said the action was directly tied to counter-drone measures along the southern border.

The incident underscores the growing use of unmanned systems by cartel networks and the increasing overlap between traditional criminal activity and homeland defense concerns — a theme expected to surface in discussions among defense leaders gathered in Washington.

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Top military leaders from Denmark, Britain and France, nations that have territory in the western hemisphere, have also been invited, according to The New York Times.

FAA WARNS ABOUT FLYING IN CENTRAL, SOUTH AMERICA AND EASTERN PACIFIC, CITING POSSIBLE ‘MILITARY ACTIVITIES’

Gen. Francis Donovan, the new chief of Southern Command, which oversees Latin American and Caribbean operations, is expected to press regional counterparts to intensify cooperation against drug-trafficking organizations and transnational criminal groups that operate across borders and increasingly leverage advanced technology. U.S. officials have warned that cartel networks are using drones, encrypted communications and sophisticated smuggling routes to move narcotics and personnel.

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Southcom carries out strike

Video shows a kinetic strike on a narco-terror vessel in international waters from Wednesday, Dec. 31. The strikes come amid broader military pressure in the region following high-profile security actions. (U.S. Southern Command via X)

Gen. Gregory M. Guillot, the head of U.S. Northern Command, which leads homeland and north of the U.S. defense including Greenland, is reportedly expected to talk about border controls and integration of advanced sensors across air, land, sea and space domains. 

Arctic security also us likely to feature prominently in discussions. The administration has pointed to increased Russian and Chinese activity in the Arctic as a long-term strategic concern and has emphasized the importance of Greenland’s geographic position for missile warning, maritime access and critical mineral resources.

Venezuela's President Maduro gives state of the nation address, in Caracas

Former Venezuelan President Nicolás Maduro, who was captured by U.S. forces in January in a high-stakes operation and is now facing federal drug-trafficking charges in the United States. The capture has reshaped U.S. security discussions in the Western Hemisphere. (Leonardo Fernandez Viloria/Reuters)

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The summit comes on the heels of the dramatic U.S. military capture of Venezuelan leader Nicolás Maduro in early January after months of counternarcotics boat strikes. 

As the hemisphere’s security landscape continues shifting, defense officials and regional allies alike will be watching to see how other governments with hostile policies toward the U.S. respond to Washington’s increasingly assertive posture.

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Russia agrees to abide by expired New START nuclear arms limits — as long as US does the same

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Russia has reportedly agreed to abide by the limits of a nuclear arms pact it reached with the U.S. years ago after the agreement expired last week — as long as Washington does the same.

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The New START Treaty’s expiration, which occurred on Feb. 5, leaves the nations with the two largest atomic arsenals with no restrictions for the first time in more than a half-century, The Associated Press reported. The expiration has fueled fears of a possible unconstrained nuclear arms race.

In September, President Vladimir Putin said Russia would abide by the nuclear arms deal for another year after its expiration date as long as the U.S. followed suit, the AP reported. However, President Donald Trump has said he wanted China to be part of a new pact, something that Beijing has rejected, according to the AP.

«Rather than extend ‘NEW START’ (A badly negotiated deal by the United States that, aside from everything else, is being grossly violated), we should have our Nuclear Experts work on a new, improved, and modernized Treaty that can last long into the future,» Trump wrote on Truth Social upon the treaty’s expiration.

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WORLD ENTERS UNCHARTED ERA AS US-RUSSIA NUCLEAR TREATY EXPIRES, OPENING DOOR TO FASTEST ARMS RACE IN DECADES

President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin meet in Anchorage, Alaska. (Reuters/Kevin Lamarque)

In response to Fox News Digital’s request for comment on the now-expired treaty, the White House pointed to the president’s Truth Social post.

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Russian Foreign Minister Sergey Lavrov spoke to lawmakers about the treaty, saying Moscow would «act in a responsible and balanced way on the basis of analysis of the U.S. military policies,» the AP reported.

Lavrov added that «we have reason to believe that the United States is in no hurry to abandon these limits and that they will be observed for the foreseeable future.»

Rocket launched

A rocket is launched as part of a ground-based intercontinental ballistic missile test at the Plesetsk facility in Russia on Dec. 9, 2020. (Russian Defense Ministry Press Service via AP, File)

«We will closely monitor how things are actually unfolding,» Lavrov said. «If our American colleagues’ intention to maintain some kind of cooperation on this is confirmed, we will work actively on a new agreement and consider the issues that have remained outside strategic stability agreements.»

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TRUMP CALLS FOR NUCLEAR EXPERTS TO WORK ON ‘NEW, IMPROVED, AND MODERNIZED TREATY’

The New START Treaty was signed in 2010 by President Barack Obama and his Russian counterpart, Dmitry Medvedev, and was entered into force on Feb. 5, 2011. 

The treaty gave the U.S. and Russia until Feb. 5, 2018, to meet the central limits on strategic offensive arms. The treaty caps each side at 700 deployed ICBMs, SLBMs and nuclear-capable heavy bombers; 1,550 deployed warheads; and 800 deployed and non-deployed launchers and bombers. The parties were then obligated to maintain the limits as long as the treaty remained in force, which it did until last week.

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Putin and Trump shake hands

President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin shake hands during a press conference following their meeting on Ukraine, in Anchorage, Alaska,, Aug. 15, 2025. (Kevin Lamarque/Reuters)

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The expiration of the treaty comes just after a meeting involving U.S. and Russian officials in Abu Dhabi. Axios previously reported that the two nations were closing in on a deal to observe the treaty for at least six months after its expiration. The outlet added that during the six-month period there would be negotiations for a new deal.

The State Department did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.

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Energía renovable gana peso en Panamá, Gobierno busca aumentar su participación en la matriz energética

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Actualmente, cerca del 65% de la generación eléctrica en Panamá proviene de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá aspira a que más del 85% de su generación eléctrica provenga de fuentes renovables en los próximos años, una meta que, según las autoridades, debe construirse sin descuidar la seguridad energética ni la estabilidad del sistema.

Así lo afirmó el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., durante el Foro de Energía organizado por la Asociación Panameña de Ejcutivos de Empresa (APEDE), al señalar que actualmente el país registra cerca de 65% de su matriz energética basada en fuentes limpias, principalmente hidroeléctricas.

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Rodríguez explicó que, aunque el objetivo es elevar progresivamente la participación de las energías renovables, Panamá no puede prescindir completamente de un componente térmico que respalde el sistema en momentos de baja generación solar, ausencia de viento o períodos de sequía que afecten a las hidroeléctricas.

“No todo el parque puede ser renovable”, sostuvo, al subrayar que la confiabilidad del suministro sigue siendo una prioridad para el Estado.

El funcionario detalló que, en términos regionales, Panamá parte de una posición favorable, ya que su matriz histórica ha sido mayoritariamente limpia en comparación con otros países.

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Entre el 60% y 65% de la generación anual proviene de fuentes renovables tradicionales, especialmente plantas hidroeléctricas de embalse y de pasada. Sin embargo, reconoció que el desafío está en diversificar esa base con solar, eólica y almacenamiento energético.

El secretario de Energía, Rodrigo
El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez J., informó que en marzo se lanzarán licitaciones para nuevas plantas eólicas e hidroeléctricas con participación de inversionistas locales y extranjeros. Cortesía Apede

Durante el encuentro, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, destacó que el tema energético es fundamental no solo para las empresas, sino también para los hogares y la competitividad del país.

Afirmó que el foro permitió debatir sobre redes, hubs y el potencial de Panamá como un centro energético regional, así como los retos regulatorios y tecnológicos que enfrenta el sector.

De Santis subrayó que uno de los ejes centrales de las discusiones fue el desarrollo de licitaciones públicas con reglas claras, transparencia y criterios técnicos actualizados. “No basta con los avances tecnológicos, también se necesita seguridad jurídica y procesos confiables”, indicó, al referirse a la importancia de atraer inversión privada en proyectos de generación y transmisión.

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En ese contexto, Rodríguez confirmó que el Gobierno prepara dos licitaciones clave: una para plantas nuevas, principalmente eólicas e hidroeléctricas, y otra para plantas existentes.

La primera está prevista para inicios de marzo y la segunda para finales del mismo mes. Según el secretario, existe un alto nivel de interés empresarial, tanto de inversionistas locales como extranjeros.

La presidenta de la Asociación
La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Giulia De Sanctis, destacó la necesidad de reglas claras, transparencia y seguridad jurídica para fortalecer las inversiones en el sector energético. Cortesía Apede

El funcionario señaló que estas licitaciones forman parte de una estrategia para fortalecer la capacidad instalada, reducir la volatilidad tarifaria y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico. Añadió que los procesos se han diseñado para garantizar competencia sana, participación abierta y criterios técnicos acordes con las nuevas demandas del mercado.

Otro de los ejes abordados fue el impulso al bioetanol como parte de la transición energética. Rodríguez recordó que el Ejecutivo presentó en octubre pasado un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para establecer una mezcla obligatoria del 10% de etanol en las gasolinas. De aprobarse la iniciativa, el país podría iniciar la producción local y la mezcla comercial hacia finales de 2027.

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“El proceso legal es clave”, afirmó el secretario, al indicar que el proyecto se encuentra en manos de la Comisión de Comercio, donde se desarrollan consultas con los sectores involucrados. Estimó que, si el cronograma se cumple, la primera producción nacional de etanol podría concretarse entre 2027 y 2028, marcando un hito en la política energética.

El programa de bioetanol contempla
El programa de bioetanol contempla una mezcla obligatoria del 10% y una inversión estimada de $500 millones en el sector azucarero. (Revista Chacra)

De acuerdo con estimaciones del sector azucarero, la puesta en marcha del programa de bioetanol implicaría una inversión inicial cercana a los $500 millones, destinada a la compra de tierras, construcción de destilerías e instalación de infraestructura. También se requeriría ampliar la superficie cultivada de caña en unas 22 mil hectáreas para abastecer el 10% de la demanda.

El gremio azucarero ha señalado que el proyecto podría generar más de 30 mil empleos directos e indirectos, principalmente en el interior del país. Además, destacó que el financiamiento multilateral y bancario ya ha mostrado interés, condicionado a la estabilidad normativa y al respeto de los plazos legales.

Desde APEDE, De Santis respaldó el enfoque del bioetanol como una oportunidad para fortalecer la autosuficiencia energética y reducir la dependencia del petróleo importado. No obstante, insistió en que cualquier política pública debe construirse con consenso, claridad regulatoria y garantías para los inversionistas y consumidores.

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El secretario de Energía, Rodrigo
El secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez J., indicó que los estudios sobre hidrocarburos en el Caribe están en fase de revisión sin decisiones concretas. REUTERS/Christian Hartmann

En materia de planificación, Rodríguez adelantó que en marzo se lanzará oficialmente el proceso para elaborar el nuevo Plan Energético Nacional 2026-2040, cuya formulación tomará alrededor de 18 meses. El documento definirá las metas de generación, transmisión, almacenamiento y eficiencia energética para las próximas dos décadas.

El secretario también se refirió a los avances en la digitalización del sistema eléctrico, incluyendo procesos tarifarios y operativos. Explicó que la modernización debe realizarse de forma escalonada, para evitar impactos abruptos en las tarifas, especialmente en un contexto de transición tecnológica.

Rodríguez respondió además sobre los estudios para explorar posibles hidrocarburos en aguas del Caribe panameño, desarrollados en cooperación con Colombia. Ante la pregunta de Infobae sobre el tema, el funcionario indicó que el tema está siendo retomado, aunque por ahora no existe ninguna decisión concreta. “Se hicieron análisis preliminares, pero estamos en fase de revisión”, precisó.

El funcionario aclaró que cualquier avance en esta materia estará sujeto a evaluaciones técnicas, ambientales y económicas, y que no se trata de un proyecto inmediato. La eventual exploración, dijo, deberá alinearse con los compromisos de sostenibilidad y transición energética del país.

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Para el sector privado, la combinación entre energías renovables, respaldo térmico, biocombustibles y planificación de largo plazo será determinante para mantener la competitividad. De Santis destacó que Panamá cuenta con una base legal sólida, pero necesita fortalecer la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas.



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