INTERNACIONAL
EEUU alertó a sus ciudadanos sobre riesgos de inversión en Nicaragua tras la aprobación de una ley de “confiscación masiva” de terrenos
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU emitió este sábado una advertencia dirigida a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a actuar con cautela al considerar inversiones en Nicaragua. El comunicado se emite a raíz de la reciente aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo, que declara propiedad del Estado nicaragüense una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras nacionales, medida calificada por el gobierno estadounidense como una “confiscación masiva”.
Según la alerta difundida por dicha oficina de EEUU a través de la plataforma X, “la confiscación masiva por parte del régimen de Murillo-Ortega, de todas las tierras en un radio de 15 kilómetros dentro de las fronteras de Nicaragua, devasta decenas de comunidades y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas en toda la región”.
La embajada de Estados Unidos en Managua replicó la advertencia y agregó: “Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado”.
La Ley de Territorio Fronterizo, adoptada el martes pasado por la Asamblea Nacional de Nicaragua, fue promovida por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. La ley define como “territorio fronterizo” todo el espacio comprendido desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior, y establece que estos terrenos son propiedad exclusiva del Estado, bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua.
El contenido de la ley, que fue aprobada en un procedimiento expedito sin pasar por consulta en comisión, derogó la anterior Ley de Régimen Jurídico de Fronteras. Previamente, ese régimen especial regulaba el manejo territorial de la franja fronteriza terrestre, marítima y aérea, e incluía medidas para promover el desarrollo sostenible y salvaguardar la soberanía nacional.
El artículo 2 de la nueva normativa establece que “para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense”.
Diversas organizaciones de derechos humanos, así como movimientos de oposición y gobiernos de la región, han expresado preocupación por el posible impacto sobre propiedades privadas y comunales. Críticos de la ley, como el economista nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro, afirmaron que la designación estatal afecta no solo a ciudades y comunidades enteras, sino a negocios, cultivos y actividades productivas, incluyendo camaroneras y plantaciones de naranja.
La disposición legal carece de mecanismos claros de compensación o consulta previa a los afectados, lo que ha generado fuertes cuestionamientos. El Movimiento Campesino de Nicaragua, cuyos representantes se encuentran exiliados en Costa Rica y Estados Unidos, sostuvo que esta es “un proceso de confiscación más” que trastoca los territorios indígenas y afrodescendientes previamente demarcados y titulados.
La controversia también llegó al ámbito internacional. La ex comandante guerrillera Dora María Téllez, exiliada en España, denunció en su cuenta de X que la medida busca facilitar “una gran confiscación” dirigida a beneficiar negocios mineros desarrollados junto a empresas de China.
Pese a que el régimen nicaragüense ha asegurado a través de medios oficiales que la ley “no afecta” a los residentes en la franja fronteriza, opositores nicaragüenses en el exilio y diferentes sectores de la sociedad civil sostienen que se trata de una maniobra que pone en riesgo el patrimonio y el sustento de miles de personas.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua de 1985 a 1990 y en el poder nuevamente desde 2007, y Rosario Murillo, mantienen un control estrecho sobre la sociedad nicaragüense desde 2018, tras las protestas antigubernamentales que ese año dejaron más de 300 muertos según la ONU. Ortega y Murillo han atribuido esas movilizaciones a un supuesto “golpe de Estado” promovido por Washington.
(Con información de AFP y EFE)
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INTERNACIONAL
“As Nasty As They Wanna Be”: qué hay detrás del álbum más censurado en la historia del rap
En 1990, la industria musical de Estados Unidos vivió un hecho inédito: por primera vez, un álbum fue declarado “legalmente obsceno”. El protagonista de este episodio fue 2 Live Crew, un grupo de rap originario de Miami, cuyo tercer disco, As Nasty As They Wanna Be, no solo desató controversia por su contenido, sino que también reconfiguró los límites entre arte, moral y legalidad.
Formado en la década de los 80, 2 Live Crew se caracterizaba por sus letras explícitas, ritmos acelerados y una actitud desafiante que rompía con los códigos de la época. El grupo, liderado por Luther Campbell (conocido como Luke Skyywalker), ya era un referente del subgénero Miami bass, pero no fue hasta el lanzamiento de As Nasty As They Wanna Be, el 7 de febrero de 1989, que se convirtieron en un fenómeno nacional.
El disco, repleto de referencias sexuales y lenguaje explícito, fue el mayor éxito comercial de la banda y obtuvo la certificación de platino de la Recording Industry Association of America (RIAA).
La polémica que rodeó el álbum terminó de definir su lugar en la historia. “Con letras explícitas, ritmos provocadores y una actitud desfachatada, 2 Live Crew se metió directo en el ojo de la tormenta cultural”, señaló Indie Hoy.
La llegada al mercado de As Nasty As They Wanna Be coincidió con una creciente preocupación social e institucional por el contenido de la música popular, en especial el rap, que para muchos sectores conservadores representaba una amenaza para los valores tradicionales.
La controversia alcanzó su punto máximo en 1990, cuando un tribunal del distrito de Florida declaró a As Nasty As They Wanna Be como “legalmente obsceno”, un fallo sin precedentes en la historia de la música estadounidense. El disco, que ya incluía el clásico sello de advertencia parental, pasó a ser el primer álbum en recibir tal calificación jurídica.
Según el fallo, el contenido de las canciones era tan explícito que excedía los límites de la libertad artística y podía ser considerado un delito.
Dos días después de la sentencia, un vendedor de discos de Florida fue arrestado por vender una copia del álbum a un policía encubierto. “La detención convirtió a 2 Live Crew en leyenda. No por romper récords de ventas, sino por entrar a los libros de historia como los primeros músicos en ser procesados por el contenido lírico de su obra”, destacó Indie Hoy.
El impacto del proceso judicial fue inmediato. Figuras públicas, como David Bowie, manifestaron su apoyo a la libertad de expresión artística. Incluso académicos de renombre, como Henry Louis Gates Jr., testificaron a favor del grupo durante el juicio.
Este episodio no solo consolidó la fama de 2 Live Crew, sino que también abrió un debate sobre el papel del Estado frente a las expresiones culturales consideradas ofensivas o disruptivas.
El juicio contra 2 Live Crew no solo marcó un antes y un después en la industria del rap, sino que también sentó un precedente legal de alcance duradero. El disco, que representó el final de la relación del grupo con el sello Skyywalker Records —renombrado luego como Luke Records tras una demanda de George Lucas por el uso del nombre—, pasó a ser un símbolo de la lucha por la libertad artística en Estados Unidos.
La controversia en torno a As Nasty As They Wanna Be se inscribió en una larga tradición de enfrentamientos entre músicos y el sistema judicial. Casos como el arresto de Jim Morrison en 1969 en Miami por “exposición indecente”, el hostigamiento sufrido por Billie Holiday por interpretar “Strange Fruit” o la persecución política contra Fela Kuti en Nigeria por sus letras contestatarias muestran que el arte musical ha sido históricamente terreno de disputa y resistencia.
A pesar de la censura inicial y los problemas legales, el álbum de 2 Live Crew resistió el paso del tiempo como un recordatorio de los riesgos y desafíos que implica empujar los límites del discurso público. “Más allá del debate sobre el tono de sus letras, lo cierto es que su caso marcó un antes y un después en la relación entre música y legalidad”, concluyó Indie Hoy.
As Nasty As They Wanna Be no solo fue un éxito comercial, sino que se transformó en un punto de inflexión en la discusión sobre los límites de la libertad artística y la intervención estatal.
INTERNACIONAL
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INTERNACIONAL
El dictador Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba tiene la “capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos”
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba tiene la “capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos”, pero sostuvo que cualquier conversación debe darse sin presiones y en condiciones de igualdad y respeto.
Las declaraciones se produjeron durante un discurso transmitido por la televisión estatal, en un contexto de presión económica de Washington sobre la isla tras el corte de los suministros petroleros desde Venezuela, histórico sostén del régimen cubano.
“Hemos dicho que tenemos capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos”, expresó Díaz-Canel en su mensaje televisado.
El líder del régimen cubano remarcó que cualquier proceso de diálogo debe excluir presiones externas. “El diálogo no puede ser bajo presiones”, afirmó, y agregó que “el diálogo tiene que ser en condiciones de igualdad, de respeto”.
Durante su intervención, Díaz-Canel también señaló que el régimen cubano denunciará cualquier intento de condicionar las conversaciones. “Y todo eso lo vamos a denunciar. Y sin miedo”, expresó.
“Nosotros sí tenemos la convicción de que nosotros tenemos que salir de nuestros problemas por nosotros mismos, con nuestro talento y con el coraje de los cubanos”, afirmó.
Horas antes del discurso de Díaz-Canel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración inició negociaciones con los altos mandos del régimen cubano y afirmó que confía en alcanzar un acuerdo.
“Estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. Veamos qué pasa”, declaró el presidente estadounidense. “Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”, agregó.
Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el corte efectivo de los suministros petroleros desde Venezuela, principal sostén histórico del régimen cubano.
Trump enfatizó en reiteradas oportunidades que Cuba “no podrá sobrevivir” sin ese apoyo y la calificó como una “nación fallida” al borde del colapso.
La noche del sábado, el presidente estadounidense respondió a las advertencias de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien señaló que cortar el suministro de crudo a Cuba provocaría una crisis humanitaria.
“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba será libre nuevamente. Vendrán a nosotros y harán un trato”, dijo Trump.
En ese mismo contexto, circularon informaciones no confirmadas que indicaron que una delegación cubana, encabezada por el general Alejandro Castro Espín, habría mantenido reuniones en México con un alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Según esas versiones, el objetivo de los encuentros habría sido explorar una salida negociada a la actual crisis bilateral y gestionar el eventual desbloqueo de 133 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria vinculada a remesas de emigrantes cubanos. La delegación buscaría utilizar esos fondos para la compra de combustible.
“Están hablando de todo”, señaló una fuente consultada sobre el alcance de las conversaciones.
Entretanto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado exigió al régimen cubano cesar inmediatamente sus acciones represivas.
“El régimen ilegítimo cubano debe cesar inmediatamente sus actos represivos de mandar a individuos para interferir en la labor diplomática del Encargado de Negocios Hammer”, señaló el organismo en su cuenta de X.
“Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano, a pesar de las tácticas fallidas de intimidación del régimen”, añadió la Oficina.
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