INTERNACIONAL
EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra
El gobierno de Estados Unidos calificó como “un gran paso hacia adelante” la ronda de negociaciones de este domingo en Ginebra con representantes de Ucrania sobre la propuesta de paz destinada a poner fin al conflicto con Rusia.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Casa Blanca en horas de la noche de este domingo, las delegaciones trabajaron en profundidad sobre los lineamientos del plan elaborado por la administración Trump y lograron consensuar un marco actualizado para futuras discusiones formales.
“El compromiso por parte de ambos países permitió trabajar en un borrador rediseñado que reúne los elementos clave y define los próximos pasos”, señaló la declaración conjunta.
Los negociadores resaltaron que el debate fue “constructivo, enfocado y respetuoso” y coincidieron en que cualquier avance debe garantizar la preservación total de la soberanía ucraniana, objetivo que Washington sostiene como irrenunciable en las gestiones diplomáticas actuales.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, calificó la jornada como “la más productiva” de todo el proceso y se mostró optimista respecto a la posibilidad de cerrar un acuerdo en “plazo razonable”.
Rubio precisó que los equipos repasaron uno por uno los cerca de treinta apartados de la propuesta estadounidense y lograron acortar la lista de diferencias pendientes.
“Ningún tema abierto es insalvable. Se necesita tiempo extra, pero ambas partes están comprometidas con la solución”, mencionó en su comparecencia en Ginebra.
Por la parte ucraniana, el jefe de gabinete presidencial, Andrii Yermak, destacó la “alta productividad” del encuentro con Washington y agradeció al presidente Donald Trump por el esfuerzo diplomático y el sostén a Ucrania durante la guerra.
Yermak agregó que la delegación insistió en la importancia de asegurar que un eventual acuerdo contemple mecanismos de seguridad, reconstrucción y garantías internacionales.
La Casa Blanca subrayó que el entendimiento se apoya en el principio de que cualquier solución de paz debe ser “justa y sostenible” y establecer condiciones para que el país europeo no vuelva a estar expuesto a futuras agresiones.
La estructura principal del plan, según fuentes diplomáticas, establece requisitos sobre la retirada de tropas, la reintegración de territorios y la consolidación de fronteras reconocidas, aunque el borrador definitivo aún requiere aprobación de los presidentes Donald Trump y Volodimir Zelensky.
Ambos gobiernos confirmaron la intención de mantener un diálogo intensivo en los próximos días y sostener la comunicación permanente con los socios europeos, que han subrayado la importancia de no quedar al margen del proceso.
Voceros de la Delegación Europea indicaron que se busca una posición común ante cuestiones relacionadas con la OTAN, la reducción de fuerzas y el futuro marco de seguridad en el continente.
El ambiente de optimismo fue matizado por el presidente francés Emmanuel Macron y otros líderes del G20, quienes llamaron a transformar el borrador en “un documento viable que responda plenamente a las preocupaciones de seguridad tanto para Ucrania como para Europa”.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que la Unión Europea debe tener un papel central en cualquier pacto final y reclamó coordinación continua durante la cumbre.
Estados Unidos y Ucrania acordaron también sumar nuevas consultas técnicas para revisar ajustes en los aspectos más sensibles del texto y abordar los intereses de aliados y otros actores internacionales.
El secretario de Estado recalcó que la postura rusa ha sido tenida en cuenta de diversas maneras, aunque Moscú no intervino de manera directa en la ronda de Ginebra.
El avance diplomático llega después de años de guerra y debate global sobre la legitimidad, el futuro territorial de Ucrania y las implicancias estratégicas en Europa oriental.
Tanto Washington como Kiev confirmaron su disposición a continuar colaborando hasta consolidar un acuerdo que garantice seguridad, estabilidad y reconstrucción para el país. La agenda de próximas semanas incluirá consultas multilaterales y una nueva fase de reuniones para definir si el optimismo se transforma en un pacto político duradero.
(Con información de AFP)
Diplomacy / Foreign Policy,North America,NEW YORK CITY
El presidente Daniel Noboa reformó el Reglamento General de la Ley de Minería mediante el Decreto Ejecutivo No. 273, con el que introdujo cambios en los procedimientos administrativos, técnicos y económicos que rigen la actividad minera en Ecuador.
La norma, suscrita en diciembre de 2025, modifica artículos clave del reglamento vigente desde 2009 y redefine competencias de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), requisitos para concesionarios y reglas relacionadas con exploración, explotación, regalías y cesión de derechos mineros, de acuerdo con el texto oficial del decreto.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento del rol de la ARCOM como entidad encargada no solo del control y la fiscalización, sino también de la regulación, auditoría, vigilancia e incluso administración de contratos en el sector minero.
El decreto amplía de manera expresa sus atribuciones para llevar control estadístico de la producción y comercialización de los recursos minerales, así como para regular aspectos técnicos y operativos de las actividades mineras, lo que supone una mayor centralización de funciones en el organismo de control.
El decreto también introduce cambios en los requisitos para la presentación de posturas y solicitudes vinculadas a concesiones, exploración y explotación. Entre ellos se incorporan exigencias documentales más detalladas, como la obligación de presentar planes de manejo ambiental, información económica, estudios técnicos y certificados de cumplimiento tributario.
En varios casos, el texto establece que estos requisitos deberán cumplirse de manera previa a la autorización de determinadas fases del proyecto minero, lo que podría alargar los plazos administrativos, aunque el decreto no fija tiempos concretos para la tramitación de todos los procedimientos reformados.
En materia de exploración, la reforma delimita con mayor precisión las etapas de exploración inicial y exploración avanzada, estableciendo condiciones para el cómputo de plazos, la ejecución de actividades simultáneas y la obligación de contar con autorizaciones ambientales antes de iniciar determinadas fases.
El decreto señala que el inicio del plazo de exploración avanzada estará condicionado a la emisión de la declaratoria correspondiente y a la obtención de la licencia ambiental, aunque deja abierta la posibilidad de que esta última sea emitida incluso después del inicio formal del período, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la autoridad competente. El texto no aclara cómo se resolverán eventuales superposiciones o retrasos entre ambos actos administrativos.
Otro aspecto relevante es la regulación de la cesión y transferencia de derechos mineros. La reforma incorpora de forma expresa contratos de cesión, transferencia y garantías sobre derechos mineros dentro del ámbito de control de la ARCOM, e incluye operaciones como contratos de crédito minero, de operación y de transacción.
Estos actos deberán cumplir con condiciones específicas y ser registrados ante la autoridad, lo que refuerza el control estatal sobre las operaciones económicas asociadas a las concesiones.
En el plano económico, el decreto introduce ajustes en la forma de cálculo y pago de regalías mineras, especialmente para la mediana y gran minería metálica. Se establece una diferenciación de la base imponible según el tipo de mineral y el régimen aplicable, tomando como referencia el ingreso bruto o el ingreso neto efectivo, con deducciones limitadas para ciertos costos.
El texto detalla fórmulas específicas para oro, plata y otros minerales metálicos, y dispone que las regalías deberán pagarse conforme a calendarios definidos en función del noveno dígito del RUC del concesionario. No obstante, el decreto no evalúa el impacto fiscal de estos cambios ni precisa si implicarán un aumento o reducción efectiva de la carga económica para los operadores.
La reforma también regula de manera más estricta los procesos de renegociación de contratos de explotación minera, estableciendo que durante la etapa de exploración únicamente podrá iniciarse una negociación precontractual, y que los contratos solo podrán suscribirse una vez cumplidos los requisitos técnicos, económicos y ambientales previstos en la ley y el reglamento.
El Ministerio sectorial conserva la facultad de revisar, modificar o condicionar estos procesos para alinearlos con las políticas públicas del sector minero.
Desde el punto de vista institucional, el decreto se apoya en las disposiciones constitucionales que atribuyen al Estado la administración y control de los sectores estratégicos, incluidos los recursos naturales no renovables.
Sin embargo, el texto no desarrolla cómo estas reformas se articularán con los derechos de comunidades, pueblos indígenas o gobiernos locales, ni aborda de manera específica los posibles efectos sociales o ambientales derivados de la aplicación de las nuevas reglas.
En términos generales, la reforma al Reglamento General de la Ley de Minería apunta a un mayor control estatal y a una estandarización más detallada de los procedimientos técnicos y económicos del sector.
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NEWYou can now listen to Fox News articles!
A massive fraud scandal tied to taxpayer-funded daycare, Medicaid and social services programs in Minnesota — involving potentially billions of dollars in suspicious billing — is prompting renewed scrutiny of whether some naturalized Americans obtained U.S. citizenship under false pretenses and whether denaturalization could now be used more aggressively.
The fallout has already led the Department of Health and Human Services to freeze certain childcare payments to Minnesota, citing alleged fraud involving daycare providers throughout the past decade.
Immigration authorities have confirmed they are reviewing whether fraud uncovered in Minnesota could provide the legal basis to revoke U.S. citizenship from naturalized individuals who concealed or misrepresented material facts during the immigration process.
Denaturalization is legally constrained, requires individualized civil court proceedings and historically has been used sparingly.
KAROLINE LEAVITT WARNS ‘PEOPLE WILL BE IN HANDCUFFS’ AS FEDS ZERO IN ON MINNESOTA FRAUD SCANDAL
Attorney David Schoen said it remains legally viable but under extraordinary circumstances.
He said on Fox News the process would likely trigger «significant» court challenges but «it is legally possible. In an extraordinary circumstance, we’d have to know the facts.»
Quality Learning Center in Minnesota was found at the center of an alleged childcare fraud scandal in the state. (Madelin Fuerste / Fox News Channel)
Schoen emphasized that immigration law already provides clearer mechanisms for removing noncitizens, particularly lawful permanent residents who violate the law, describing denaturalization as a far more extraordinary step requiring fact-specific scrutiny.
COMER SUMMONS MINNESOTA OFFICIALS AS HOUSE PROBES MASSIVE SOCIAL SERVICES FRAUD
White House press secretary Karoline Leavitt said on «Fox & Friends» that the administration is «not afraid to use denaturalization,» and confirmed that the Department of Homeland Security (DHS) and the State Department are «looking at» whether citizenship could be revoked in connection with those of Somali origin in the Minnesota fraud probe.
DHS confirmed it is actively reviewing immigration and naturalization cases involving migrants from 19 countries of concern, including Somalia, to determine whether any individuals obtained U.S. citizenship through fraud that could warrant denaturalization.
«Under U.S. law, if an individual procures citizenship on a fraudulent basis, that is grounds for denaturalization,» DHS Assistant Secretary Tricia McLaughlin said in a statement to Fox News.
The review focuses on whether fraud occurred during the immigration or naturalization process, including false statements or marriage fraud used to obtain legal status or citizenship. DHS stressed that denaturalization is governed by strict legal standards and applies only under limited circumstances.
President Donald Trump weighed in on the Minnesota investigations Wednesday, sharply criticizing the state’s handling of fraud and linking the scandal to illegal immigration in a Truth Social post.
«Much of the Minnesota Fraud, up to 90%, is caused by people that came into our Country, illegally, from Somalia,» Trump wrote.
«Lowlifes like this can only be a liability to our Country’s greatness,» he added. «Send them back from where they came, Somalia, perhaps the worst, and most corrupt, country on earth.»
Federal prosecutors say their investigation has expanded to suspicious billing across 14 Medicaid-funded programs, where providers billed about $18 billion since 2018. A preliminary assessment cited by prosecutors suggests «half or more» of that amount could be fraudulent.
The widened probe builds on yearslong scrutiny of Minnesota following some of the largest benefit-fraud cases ever prosecuted in the state, including a pandemic-era food aid scheme involving roughly $250 million in alleged losses. Federal officials say those cases exposed systemic weaknesses in oversight that may extend across multiple aid programs.
Quality Learning Center manager Ibrahim Ali denied any fraud took place, despite a recent report by independent journalist Nick Shirley. (Pool)
HHS CUTS OFF MINNESOTA CHILD CARE PAYMENTS OVER ALLEGED DAYCARE FRAUD SCHEME
Minnesota is home to one of the largest Somali communities in the country. Census Bureau–based estimates suggest roughly 260,000 people of Somali descent live in the U.S. and close to 100,000 are in Minnesota.
Republican lawmakers argue that fraud on such a scale raises broader questions about whether individuals involved were truthful throughout the immigration process — and whether citizenship should shield offenders who obtained it through deception.
House Majority Whip Tom Emmer, R-Minn., called for the deportation of all Somali immigrants involved in fraud cases in Minnesota.
SENATE PRESSURE MOUNTS AS MINNESOTA FRAUD SCANDAL CONTINUES TO UNFOLD
«I have three words regarding Somalis who have committed fraud against American taxpayers: Send them home. If they’re here illegally, deport them immediately; if they’re naturalized citizens, revoke their citizenship and deport them quickly thereafter. If we need to change the law to do that, I will,» he wrote on X.
The renewed focus on denaturalization also aligns with broader efforts inside the Trump administration to tighten the naturalization process itself.
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U.S. Citizenship and Immigration Services Director Joseph Edlow has previously criticized the current citizenship test as «too soft,» calling for deeper civics knowledge and more rigorous English evaluation throughout the naturalization interview.
Historically, the federal government has pursued only a small number of denaturalization cases each year. Civil liberties groups warn that expanding its use could raise due-process concerns, teeing up a potential legal battle.
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«Derechos» de anexión
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