INTERNACIONAL
EEUU instó al régimen de Irán a mantener “conversaciones directas” tras el restablecimiento de las sanciones de la ONU

Las sanciones de la ONU contra el régimen de Irán volvieron a entrar en vigor este sábado por la noche, después de la expiración del mecanismo que Reino Unido, Francia y Alemania activaron a finales de agosto para reprochar a Teherán el incumplimiento de sus compromisos relacionados con su programa nuclear. El Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde, mientras que intentos de Rusia y China para aplazar la fecha límite fracasaron el viernes. Por lo tanto, las sanciones, que abarcan desde un embargo de armas hasta rigurosas medidas económicas, se restablecieron automáticamente el sábado a las 20:00 horas de Nueva York (domingo a las 00:00 GMT), diez años después de haber sido levantadas. En este contexto, Estados Unidos envió un mensaje directo a la República Islámica.
Washington instó al régimen iraní a buscar “conversaciones directas” para reducir las tensiones y avanzar hacia una solución negociada. Sostuvo, además, que el restablecimiento de las sanciones busca presionar a Teherán para retomar los compromisos nucleares y cooperar plenamente con la comunidad internacional.
“La diplomacia sigue siendo una opción: un acuerdo sigue siendo la mejor salida para el pueblo iraní y el mundo. Para que eso ocurra, Irán debe aceptar conversaciones directas, realizadas de buena fe, sin demoras ni confusiones”, escribió el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado e instó a los demás países a “implementar de inmediato” las sanciones contra Teherán.
Las sanciones incluyen un embargo de armas, restricciones financieras y limitaciones comerciales que impactan de forma significativa en la economía iraní.

Francia, Reino Unido y Alemania advirtieron a Irán este domingo sobre cualquier tipo de acción que pueda aumentar la tensión después del restablecimiento de las sanciones de la ONU. En un comunicado conjunto, los ministros de Asuntos Exteriores de estos tres países, reconocidos como el E3, señalaron: “La reimposición de las sanciones de la ONU no representa el fin de la diplomacia. Pedimos a Irán que se abstenga de cualquier acción que pueda escalar la situación y que regrese al cumplimiento de sus obligaciones vinculantes de salvaguardia”.
Por su parte, este sábado más temprano, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, calificó como “irrazonables” las demandas de Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní y afirmó que su país prefiere la restauración de las sanciones de la ONU antes que aceptar exigencias “irracionales”.
“Con los europeos logramos acuerdos, pero la perspectiva de Estados Unidos es diferente. Por eso, no hemos alcanzado entendimiento respecto al mecanismo de restablecimiento rápido de sanciones, ya que su solicitud resulta inaceptable”, declaró Pezeshkian a la televisión estatal iraní desde Nueva York, previo a su regreso a Teherán tras participar en la Asamblea General de la ONU.
El mandatario dijo que Estados Unidos exigió a Irán entregar más de cuatrocientos kilos de uranio enriquecido al 60 % —una pureza cercana al 90 % necesario para uso militar— a cambio de una prórroga de tres meses antes de restablecer las sanciones impuestas por las Naciones Unidas contra el país, sanciones establecidas antes del acuerdo nuclear de 2015. Pezeshkian enfatizó que esta petición es “inaceptable” y advirtió: “Si tuviéramos que elegir entre aceptar sus demandas y el reinicio rápido de sanciones, optamos por el reinicio rápido”. Además, agregó que Estados Unidos podría plantear nuevas condiciones y reanudar las sanciones en pocos meses, incluso si Irán cediera a la exigencia actual.
Estas declaraciones sucedieron tras el rechazo, el viernes, por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de un proyecto de resolución presentado por Rusia y China para prorrogar seis meses la restauración de sanciones internacionales contra Teherán.
Francia, Alemania y Reino Unido —conocidos como E3— activaron el 28 de agosto el mecanismo de restablecimiento automático de las sanciones internacionales contra Irán, que entrarán en vigor esta medianoche. El E3 impulsó esta medida tras considerar que Teherán incumplió los compromisos del acuerdo de 2015, el cual limitaba las actividades nucleares iraníes a cambio del levantamiento de sanciones.

Irán responsabiliza a Estados Unidos de la situación actual por su retiro del pacto en 2018 y acusa a los europeos de no cumplir con sus obligaciones. Las potencias europeas ofrecieron postergar la activación del mecanismo que restablece las sanciones si Irán reanudaba la cooperación con el OIEA —la agencia nuclear de la ONU—, informaba sobre el paradero de los cuatrocientos kilos de uranio enriquecido al 60 % y retomaba las negociaciones con Washington. La cooperación con el OIEA fue suspendida tras la guerra de doce días con Israel en junio.
Teherán ha insistido en que el uranio altamente enriquecido se encuentra bajo los escombros de tres instalaciones atacadas por Estados Unidos e Israel durante el conflicto en junio. El Consejo de Seguridad de la ONU ya había rechazado el 19 de septiembre un proyecto de resolución para el levantamiento permanente de las sanciones previas al pacto de 2015.
Con la entrada en vigor de las sanciones, Irán afirma que adoptará represalias, incluyendo la suspensión del acuerdo de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) firmado el 9 de septiembre. El régimen se muestra firme: prefiere enfrentar las consecuencias antes que ceder el control de su programa nuclear, en un escenario internacional cada vez más tenso.
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¿Quiénes reemplazan a los trabajadores inmigrantes deportados? No los estadounidenses.

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DHS shutdown looms as Johnson navigates GOP divide over stopgap solutions

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A partial government shutdown affecting the Department of Homeland Security (DHS) is all but guaranteed unless the Senate rams through a short-term extension of current funding levels sometime on Thursday.
But avoiding a DHS shutdown means the same measure must also pass the House of Representatives, where success will depend on delicate political maneuvering by Speaker Mike Johnson, R-La., to persuade a House Republican Conference with varying ideas of what a path forward should look like.
«It would have to be for 60 or 90 days, I would think,» said Rep. Ralph Norman, R-S.C., a member of the conservative House Freedom Caucus. «I don’t know what’s going to happen in 30 days, I don’t know what’s going to change.»
Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., is expected to unveil a stopgap funding measure for DHS called a continuing resolution (CR), which would extend the department’s current budget for a yet-unknown amount of time.
ICE SHUTDOWN FIGHT MIGHT RESTRICT FEMA, COAST GUARD TO ‘LIFE-THREATENING’ EMERGENCIES
Speaker of the House Mike Johnson, R-La., gestures as he meets with reporters ahead of a key procedural vote to end the partial government shutdown, at the Capitol in Washington, Tuesday, Feb. 3, 2026. (J. Scott Applewhite/AP Photo)
It comes after Democrats walked away en masse from a bipartisan deal to fund DHS through the end of fiscal year (FY) 2026 over what they saw as insufficient guardrails on agencies responsible for President Donald Trump’s immigration crackdown in Minneapolis and elsewhere.
Congress has funded 97% of the federal government through FY2026 at this point. But DHS is a vast department with a broad jurisdiction that includes the U.S. Coast Guard, the Secret Service, the Federal Emergency Management Agency (FEMA), and the Transportation Security Administration (TSA) — all of which will see varying levels of disruptions if a shutdown happens.
Republicans largely want to avoid such a situation but have made clear they believe that its effects would fall squarely on Democrats’ shoulders.
DEMOCRATS SPLIT ON SHIELDING COAST GUARD, SECRET SERVICE AS DHS SHUTDOWN THREAT NEARS
Conservatives like Norman favor an extended CR, arguing that it would fund Immigrations and Customs Enforcement (ICE) at a higher level than the initial bipartisan funding deal would have while removing Democrats’ negotiating leverage for more guardrails on those agents.
House Freedom Caucus Chairman Andy Harris, R-Md., told Fox News Digital last week that he would support a full-year CR for DHS to «make sure that FEMA is funded and TSA is funded, and stop the drama.»
Rep. Eli Crane, R-Ariz., similarly said on Wednesday, «I think we’d like to push it out as far as we can so we can avoid the constant uncertainty for the agency.»

Rep. Ralph Norman, R-S.C., leaves the U.S. Capitol after the last votes of the week on Thursday, Sept. 4, 2025. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
THUNE BLASTS JEFFRIES, SCHUMER AS ‘AFRAID OF THEIR SHADOWS’ AS DHS FUNDING FIGHT HEATS UP
«As long as this hangs up in the air, let’s say you do it for three, four months, the Democrats are gonna want a pound of flesh to help pass whatever it is. And I think that’s gonna weaken the efforts of … immigration enforcement,» Crane told Fox News Digital.
House Appropriations Committee Chairman Tom Cole, R-Okla., told reporters earlier this week that he would favor a mid-length CR over something shorter.
«If we do two weeks and they leave for a week, it’s really a one-week CR. Nothing’s going to happen when that many important people are gone. So I think four weeks makes a lot more sense,» Cole said.
But committee member Rep. John Rutherford, R-Fla., panned the idea of a CR altogether.
«CRs don’t work. CRs are not without pain. It disrupts a lot of your supply chain and purchasing and acquisition,» he told Fox News Digital. «I can’t believe they’re even thinking about it.»
Rutherford, a former sheriff, argued that a shutdown or CR would harm critical national security operations during a year that’s expected to see a host of high-security events in the U.S. like America’s 250th anniversary celebration, the FIFA World Cup, and others.

House Appropriations Committee Chairman Rep. Tom Cole, R-Okla., prepares for a hearing in the U.S. Capitol on Tuesday, Jan. 31, 2023. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
Johnson declined to share his thoughts on CR length when asked by Fox News Digital on Tuesday, but emphasized the House GOP’s position that the Senate should take up the bipartisan bill that Democrats initially walked away from.
«I’m not going to prejudge the length of it or what it should be. I’m very hopeful. I mean, we still have time on the clock. When there’s a will, there’s a way. And if they can come to an agreement on this and get it done, that will behoove the whole country,» Johnson said.
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House GOP leaders will likely need nearly all Republicans on board to pass a CR for DHS, with many Democrats warning they will not support any funding for the department without seeing proof of critical reform.
Jeffries would not go into specifics about what he would support or oppose in terms of DHS funding during his weekly press conference on Monday, but he suggested to reporters that a simple stopgap funding bill with no changes to ICE funding was out of the question.
«ICE is out of control right now. The American people know it, and ICE clearly needs to be reined in,» Jeffries said. «Our position has been clear. Dramatic changes are needed at the Department of Homeland Security before a DHS funding bill moves forward. Period. Full stop.»
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INTERNACIONAL
Corte Constitucional admitió demandas contra dos leyes económicas urgentes de Daniel Noboa

La Corte Constitucional de Ecuador admitió a trámite dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra leyes aprobadas por la Asamblea Nacional a partir de proyectos calificados como urgentes en materia económica por el presidente Daniel Noboa. Se trata de las causas 118-25-IN, relacionada con la Ley Orgánica de Transparencia Social, y 160-25-IN, respecto de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, ambas publicadas en 2025 y remitidas por el Ejecutivo bajo el procedimiento abreviado previsto en la Constitución.
En el caso 118-25-IN, la Sala de Admisión avocó conocimiento el 4 de febrero de 2026 y resolvió admitir la acción pública de inconstitucionalidad por la forma contra la Ley Orgánica de Transparencia Social. El accionante sostiene que la norma vulnera el principio de unidad de materia al incluir disposiciones reformatorias en ámbitos tributarios y mineros que, a su criterio, no guardan conexidad con el objeto principal de la ley. En su demanda, argumenta que la incorporación de reformas sobre dividendos, utilidades no distribuidas y fases de exploración minera habría desbordado el eje temático del proyecto original, afectando los artículos 82, 136, 137 y 424 de la Constitución.
El tribunal de admisión consideró que los cargos expuestos cumplen con los requisitos formales y argumentativos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), en particular en cuanto a la claridad y pertinencia de los argumentos sobre la supuesta infracción constitucional. En consecuencia, dispuso correr traslado a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General del Estado para que, en el término de quince días, intervengan defendiendo o impugnando la constitucionalidad de la norma.

Por su parte, en la causa 160-25-IN, la Corte admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) contra disposiciones específicas de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. La demanda se dirige, por el fondo, contra reformas introducidas a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y a la Ley de Seguridad Social.
Entre los puntos cuestionados se encuentran las disposiciones que permiten al BIESS realizar operaciones de reporto, gestionar créditos con entidades financieras nacionales o extranjeras y pignorar parte de su portafolio de inversiones, así como la posibilidad de vender cartera vencida. La accionante sostiene que estas medidas podrían afectar la intangibilidad de los fondos y reservas de la seguridad social, protegidos por el artículo 372 de la Constitución, y comprometer el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 34. Asimismo, impugna la reforma que modifica el mecanismo de designación del vocal representante de la Función Ejecutiva en el Consejo Directivo del IESS y la norma que atribuye al propio IESS la determinación del presupuesto para el proceso electoral de sus representantes.
La Sala de Admisión verificó que la demanda cumple con los requisitos del artículo 79 de la LOGJCC y que los cargos formulados permiten, en la fase de sustanciación, plantear problemas jurídicos sobre la compatibilidad de las normas impugnadas con la Constitución. Por ello, resolvió admitir la causa sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo. En ambos casos, la Corte enfatizó que la admisión a trámite no constituye prejuzgamiento.

En la causa 160-25-IN, el tribunal negó además la solicitud de medidas cautelares que buscaba suspender provisionalmente las disposiciones impugnadas, al considerar que la argumentación presentada no acreditaba de manera suficiente los requisitos de verosimilitud, inminencia y gravedad exigidos por la LOGJCC.
Con estas decisiones, la Corte Constitucional abre la fase de sustanciación de dos procesos que cuestionan la validez formal y material de leyes tramitadas bajo el mecanismo de urgencia económica, lo que reabre el debate sobre los límites del procedimiento legislativo abreviado y el alcance de las reformas en materia financiera y de seguridad social impulsadas por el Ejecutivo.
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