INTERNACIONAL
Egipto y Qatar pidieron definir el mandato de la fuerza internacional en Gaza
Egipto y Qatar, mediadores clave en la guerra de Gaza junto a Estados Unidos, solicitaron el domingo definir el mandato y los poderes de una Fuerza de Estabilización Internacional en el enclave palestino, cuyo despliegue se discute actualmente en Nueva York.
La petición surgió durante una llamada telefónica entre el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelaty, y su homólogo catarí, Mohamed bin Abdelrahmán, para abordar la situación del alto el fuego en Gaza, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Egipto.
“La llamada abordó las consultas en curso en Nueva York sobre el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización. Ambos ministros destacaron la necesidad de definir su mandato y poderes de manera que apoyen los esfuerzos de recuperación y reconstrucción temprana”, indicó la nota.
A principios de semana, el secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó que los miembros del Consejo de Seguridad recibieron y estaban discutiendo el borrador de Estados Unidos sobre Gaza, que incluye un proyecto de resolución para el establecimiento de esta fuerza internacional.
Según medios estadounidenses e israelíes, el mandato de la fuerza internacional de seguridad en Gaza sería de al menos dos años. El documento, etiquetado como “sensible pero no clasificado”, otorgaría a Estados Unidos y a otros países un amplio mandato para gobernar Gaza y garantizar su seguridad hasta finales de 2027, con la posibilidad de extensiones posteriores.
El borrador de resolución autoriza a los estados miembros a “establecer una Fuerza de Estabilización Internacional temporal en Gaza” con el objetivo de proporcionar seguridad fronteriza en cooperación con Israel y Egipto, desmilitarizar la Franja de Gaza y lograr “el desmantelamiento permanente de armas de grupos armados no estatales”.
Aunque los miembros del Consejo de Seguridad aparentemente apoyan la idea general de la fuerza de estabilización, fuentes diplomáticas señalan que el texto plantea varias interrogantes, incluyendo la falta de un mecanismo de supervisión del Consejo de Seguridad, el papel de la Autoridad Palestina y los detalles del mandato de la fuerza.
Por otra parte, ambos ministros confirmaron la continuidad de la “plena coordinación y las consultas” entre El Cairo y Doha para consolidar el alto el fuego en Gaza, así como la implementación del denominado “plan de paz” del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra.
El acuerdo firmado por Israel y el grupo terrorista palestino Hamas establece que la tregua abarca toda la Franja de Gaza, y que el Ejército israelí debe retirarse hasta una frontera imaginaria denominada “línea amarilla”, pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella.
Pese al cese de hostilidades que entró en vigor el 10 de octubre, los soldados israelíes han matado a más de 240 personas desde que comenzó la tregua en Gaza, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave. Solo el sábado murió otro gazatí, y un ataque de dron israelí este domingo mató a un palestino en Khan Younis, sur de la Franja.
En el ámbito humanitario, a pesar de algunos avances en la entrega de alimentos a los gazatíes, el territorio permanece en urgente necesidad de asistencia, según indicó el viernes un portavoz de la ONU. Las Naciones Unidas y sus socios han podido ingresar 37.000 toneladas de ayuda, principalmente alimentos, a Gaza desde el alto el fuego, pero se necesita mucho más.
El portavoz de la ONU, Farhan Haq, lamentó que la entrada a Gaza continúa limitada a solo dos cruces, sin acceso directo al norte de Gaza desde Israel o al sur desde Egipto.
Domestic Politics,War,Middle East,Government / Politics,Military Conflicts
Factor común
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Border Patrol commander Gregory Bovino, the face of the Trump administration’s campaign to arrest and deport criminal illegal immigrants, will be leaving Minnesota, along with some border agents, amid violent, and sometimes deadly, clashes between federal authorities and anti-ICE agitators.
Bovino and an unspecified number of U.S. Border Patrol agents will be leaving the state as soon as Tuesday, multiple federal sources told Fox News.
«Chief Gregory Bovino has NOT been relieved of his duties,» DHS Assistant Secretary Tricia McLaughlin later wrote on X. «As @PressSec stated from the White House podium, @CMDROpAtLargeCA is a key part of the President’s team and a great American.»
The news came the same day that President Donald Trump announced that he would be deploying border czar Tom Homan to take point in Minnesota. White House Press secretary Karoline Leavitt on Monday defended Bovino, calling him a «wonderful man, and he’s a great professional.»
DEPUTY AG DEFENDS ICE AGENTS IN MINNESOTA, SAYS OFFICERS ARE ‘ACTING HUMANELY’
People yell at U.S. Border Patrol Cmdr. Gregory Bovino and other agents while they stop at a gas station. Bovino will be leaving Minnesota amid contentious immigration enforcement operations, sources told Fox News. (Armando L. Sanchez/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)
«He is going to very much continue to lead Customs and Border Patrol, throughout and across the country,» Leavitt said. «Mr. Homan will be the main point of contact on the ground in Minneapolis to follow up.»
Fox News Digital has reached out to the Department of Homeland Security (DHS) and U.S. Customs and Border Protection (CBP).
Before leading operations throughout the country, Bovino was chief of the Border Patrol’s El Centro Sector in Southern California, which is responsible for 70 miles of the U.S.-Mexico border and covers Imperial and Riverside counties. He will return to his previous post where he will resume his previous duties.
Bovino’s «commander of at large operations» position was created by DHS and took him outside of Border Patrol command.
Bovino has been criticized by opponents of Trump’s deportation campaign over tactics used by federal immigration authorities to apprehend criminal illegal aliens.
California Gov. Gavin Newsom, a harsh critic of the Trump administration’s crackdown on illegal immigration, praised news of Bovino’s impending departure from Minnesota.
TRUMP CONFIRMS FEDERAL REVIEW OF MINNEAPOLIS SHOOTING THAT KILLED NURSE: ‘REVIEWING EVERYTHING’
A Border Patrol agent chatted with a protester in Minnesota on Thursday, finding common ground over military service. (Brendan Gutenschwager via Storyful)
«Gestapo Greg is out. Keep the pressure up. It’s working,» he wrote on X.
In another post, he called for the firing of Homeland Security Secretary Kristi Noem and White House deputy chief of staff Stephen Miller.
News of Bovino’s departure came after a deadly weekend in which 37-year-old nurse Alex J. Pretti was fatally shot by a U.S. Border Patrol agent. Pretti, who was armed with a handgun, was filming federal officers on a Minneapolis street.
Authorities said Pretti was resisting disarmament when he was shot.
At the time, authorities were targeting Jose Huerta-Chuma, an illegal immigrant with a criminal history including domestic assault for intentional conflict with bodily harm, disorderly conduct and driving without a valid license.
Trump said Homan will report «directly to me» and will help lead the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) operations in Minneapolis and St. Paul.
«I am sending Tom Homan to Minnesota tonight. He has not been involved in that area, but knows and likes many of the people there. Tom is tough but fair, and will report directly to me,» Trump wrote on his Truth Social platform.
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«Separately, a major investigation is going on with respect to the massive 20 Billion Dollar, Plus, Welfare Fraud that has taken place in Minnesota, and is at least partially responsible for the violent organized protests going on in the streets,» he continued.
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INTERNACIONAL
Represión en Irán: el régimen detiene a manifestantes heridos en los hospitales como parte de la represión
Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, según denunció la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Irán, Mai Sato. Esta práctica constituiría una violación grave del derecho a la atención médica, protegido por la legislación internacional.
La experta, que también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, declaró que recibió múltiples informes sobre el retiro forzoso de pacientes en hospitales de diversas provincias. En declaraciones a Reuters, Sato explicó que familias acudieron a los hospitales al día siguiente de los incidentes y no encontraron a sus seres queridos. Además, señaló que las familias enfrentan demandas de entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de sus familiares fallecidos, una carga económica significativa ante las dificultades actuales en el país.
El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra de muertos vinculados a las protestas asciende a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Tanto Sato como Reuters aclararon que no han podido verificar de forma independiente estos datos, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente las cifras oficiales.
Miembros del personal sanitario en Irán, entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters, confirmaron que las fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales, retirando a pacientes y buscando los registros de manifestantes heridos para proceder a su detención. Un médico de la ciudad de Rasht relató que, tras ser operados por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria sin que se sepa su paradero. Una enfermera y dos médicos en hospitales de Teherán aseguraron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones en busca de manifestantes heridos.
Estas acciones han disuadido a la población de buscar atención médica, por temor a ser arrestados, lo que representa un riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta conducta vulnera el principio de neutralidad médica, protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de doctores, hospitales y pacientes para asegurar una atención imparcial.
Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo uso de la fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional solo permite este tipo de acciones como último recurso y de forma proporcionada. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias”, además de alertar sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas recientes.
La relatora también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, al combinar el dolor con la extorsión. Señaló que el intento de las autoridades iraníes de calificar a los manifestantes de “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.
Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal de Irán, según denunció un grupo de derechos humanos. Los videos presentan a los arrestados confesando crímenes que incluyen violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras y la simple interacción con cuentas críticas en redes sociales.
Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han calificado estas grabaciones de “videos de propaganda” y han denunciado que las confesiones serían obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de estas interrogaciones televisadas. Según Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán con sede en Estados Unidos, estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desincentivar la disidencia. Boroumand afirmó que este tipo de prácticas se utilizan para humillar y desacreditar a los opositores, además de recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.
Las protestas, originadas por motivos económicos, se transformaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente a partir del 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. Miles de personas murieron durante la represión de las manifestaciones, según datos de la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha calificado la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, subrayando que estas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos donde se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando actos como “colusión con potencias extranjeras”, el Estado legitima la represión con el argumento de proteger la seguridad nacional y usa la confesión televisiva como prueba de culpabilidad para justificar castigos severos.
(Con información de Reuters y AFP)
Civil Conflict,Demonstrations,Domestic Politics,Riots,Middle East,Government / Politics,Civil Unrest
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