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El arresto en España de un poderoso ex dirigente del PSOE: «persecución política», el argumento que se volvió un «búmeran» para Pedro Sánchez

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Prisión preventiva y sin fianza. Fue lo que dictaminó el juez este lunes para Santos Cerdán, el ex alto cargo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que lidera el presidente Pedro Sánchez, por considerarlo una pieza clave en la trama corrupta que cobraba coimas a cambio de adjudicar obras púbicas en diferentes municipios de España.

Cerdán era el secretario de organización del PSOE, el tercer puesto en importancia del partido y un hombre de extrema confianza para Sánchez, quien la asignaba tareas delicadas. Como fue la negociación fuera de España con el ex presidente catalán Carles Puigdemont para que su partido independentista apoyara la reelección de Sánchez en 2023.

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El ex secretario de organización socialista se presentó este lunes en el Tribunal Supremo para declarar en una investigación que lleva adelante el juez Leopoldo Puente a partir de un informe de la Guardia Civil que apunta a Cerdán, al ex ministro de Transportes, José Luis Abalos, y a su ex chofer y asesor, Koldo García. Se los señala como presuntos integrantes de una asociación ilícita que se quedaba con “mordidas” a cambio de conceder a empresas privadas la construcción de obras con dinero público. Están acusado de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias.

La detención de Cerdán profundiza la grieta dentro del PSOE, donde algunos referentes de peso, como el ex presidente Felipe González o el presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, archivaron los eufemismos para expresar su rechazo a la actitud del secretario general del PSOE. Abiertamente le piden a Sánchez que abandone la conducción del Partido Socialista y que, como jefe del gobierno de España, convoque nuevas elecciones.

Estrategia

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El fin de semana el PSOE celebrará un comité federal para reemplazar a Santos Cerdán y hay expectativa sobre lo que Sánchez pueda proponer o hasta dónde se hará cargo del escándalo.

En su plan estratégico, el presidente del gobierno de España fue logrando que algunos de sus ministros se conviertan en jefes del PSOE de las comunidades autónomas de las que proceden. Hoy, son su único refugio político y quienes salen a dar la cara por un gobierno al que le suben cada vez más los glóbulos blancos de la infección que padece.

“Para nada”, fueron las palabras con las que este lunes desestimó la posibilidad de un adelanto electoral la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Montero lidera, además, el PSOE de Andalucía, su tierra.

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Pedro Sánchez y Santos Cerdán, en otros tiempos.

“No me he llevado ni un duro”

“No me llevado ni un euro”, dijo Santos Cerdán en su declaración en el Tribunal Supremo este lunes. Horas después, abandonó el juzgado en un auto policial que lo alojó en la prisión de Soto del Real, 44 kilómetros al norte del centro de Madrid.

El juez accedió al pedido de la Fiscalía Anticorrupción, que le solicitó la detención de Cerdán ante el riesgo de que destruya pruebas o se fugue. Aún quedan por investigar su patrimonio y sus cuentas bancarias.

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El gobierno de coalición de izquierda PSOE-Sumar no se esperaba la detención del ex secretario de organización socialista. Los otros dos imputados, el ex ministro Abalos y su asesor Koldo, declararon la semana pasada pero quedaron en libertad con medidas cautelares.

Cerdán utilizó el mismo argumento del que echó mano el gobierno cuando habla de persecución política por parte de la derecha y de la ultraderecha española en los casos que involucran investigaciones judiciales en el entorno familiar -la esposa, el hermano- de Pedro Sánchez.

El ex número tres del PSOE aseguró que hay una campaña en su contra por haber sido quien llevó adelante las negociaciones con los independentistas catalanes y vascos para lograr que apoyaran la designación de Sánchez como jefe del gobierno, una vez más, después de las elecciones de julio de 2023.

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El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Foto EFEEl presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Foto EFE

Y apuntó a que otro ministro que también participó en el armado de apoyos parlamentarios de otros partidos a la investidura de Pedro Sánchez podría ser el próximo en caer en desgracia. Se refería a Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Que un expulsado del partido convertido en un collar de sandías perfecto para hundir la reputación del PSOE utilice los mismos argumentos enfurece al gobierno y los convierte en un búmeran.

Un botín de cinco millones de euros

El presidente Sánchez, sin embargo, no está dispuesto a pagar -por ahora- ningún costo político por la corrupción que corroe al PSOE.

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Acorazado detrás de su manual de resistencia, Pedro Sánchez pidió perdón “por haber confiado en quienes no debía confiar” y reemplazó interinamente el rol de secretario de organización por un grupo de cuatro cargos del partido.

Desde Sevilla, donde oficia de anfitrión de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, insistió con que el PSOE tuvo buenos reflejos para expulsar a Cerdán del partido y que ahora “es el tiempo de la Justicia”.

El juez que instruye la causa, sin embargo, dejó la puerta abierta a que “más personas, físicas o jurídicas” hubieran podido gozar de las mieles de las coimas. El juez Puente habla de “un botín” que podría rondar los cinco millones de euros.

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“Por favor, “gracias”, “buenos días”: las nuevas reglas para los alumnos en El Salvador anunciadas por el gobierno de Bukele

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Una maestra saluda a los estudiantes que llegan a clase en una escuela pública mientras verifica que su cabello y uniformes cumplan con las reglas en San Salvador, El Salvador, el viernes 22 de agosto de 2025 (AP Foto/Salvador Meléndez)

El gobierno de El Salvador anunció la entrada en vigor de un nuevo reglamento escolar destinado a promover la cortesía entre los estudiantes. El presidente Nayib Bukele lo resumió en un tuit con tres expresiones básicas: Buenos días”, “por favor” y “gracias”.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, detalló la medida en otro mensaje en la red social X: “Hoy envié el memorándum sobre el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, que entrará en vigor el 1 de septiembre en todos los centros educativos públicos. Con este reglamento fomentaremos valores esenciales como el respeto y la cortesía entre nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo”.

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El reglamento establece un sistema de deméritos para quienes omitan expresiones de cortesía en la interacción cotidiana. Según el documento, “cada estudiante debe dirigirse a sus compañeros, docentes y autoridades con cortesía” y la omisión de saludos o agradecimientos tendrá consecuencias registradas.

Las faltas incluyen no saludar al entrar o salir del aula, no decir “por favor” al hacer una petición, omitir “gracias” al recibir un favor o usar un tono irrespetuoso. Cada omisión equivale a un demérito, que será registrado por los docentes y comunicado a los padres de familia en un informe mensual.

El reglamento contempla una escala de sanciones progresivas. Con tres deméritos, el estudiante recibirá una advertencia verbal y deberá escribir una reflexión titulada “La importancia de la cortesía”. A los seis, se notificará a la familia y se asignará una tarea correctiva, como redactar un texto o elaborar un cartel sobre cortesía.

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Karla Trigueros y Nayib Bukele
Karla Trigueros y Nayib Bukele durante la juramentación de la capitana como Ministra de Educación de El Salvador, el 14 de agosto de 2025 (Presidencia)

Cuando un estudiante acumule diez deméritos, perderá privilegios escolares, como la participación en juegos o actividades culturales. Con más de diez, se convocará a los padres a una reunión con la dirección. Al alcanzar quince deméritos, el alumno no podrá ser promovido de grado.

El documento establece también mecanismos de redención. Los estudiantes podrán reducir deméritos acumulados si cumplen durante una semana con expresiones ejemplares, participan en labores de limpieza y orden en el centro escolar o colaboran en campañas de valores.

La normativa incluye un sistema de reconocimientos: cada mes se otorgará una Mención Honorífica de Cortesía Escolar a los estudiantes o grupos que no acumulen deméritos. También se prevé la entrega de diplomas o menciones en murales escolares.

El texto señala que la medida entrará en vigor el 1 de septiembre de este año y será supervisada por la Dirección Nacional de Convivencia Escolar. “Su cumplimiento será supervisado para garantizar que los centros educativos promuevan la cultura ciudadana”, se lee en la disposición final.

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El gobierno presenta la iniciativa como parte de un esfuerzo por fortalecer valores y disciplina dentro de las escuelas. En palabras de la ministra Trigueros: “Queremos que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales, como ‘Buenos días’, ‘Por favor’ y ‘Gracias’, fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas”.

La gente camina por un
La gente camina por un perímetro de seguridad antes de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegue para pronunciar un discurso en un evento, para conmemorar el primer año de su segundo mandato en el cargo, en San Salvador, El Salvador, el 1 de junio de 2025 (REUTERS/Jose Cabezas)

El anuncio se produce en un contexto de creciente disciplinamiento en el sistema educativo salvadoreño. Recientemente, la ministra Trigueros —capitana del Ejército— ordenó inspecciones diarias en los accesos escolares para verificar uniformes limpios y cortes de cabello considerados “adecuados”. Paralelamente, el Frente Magisterial Salvadoreño expresó que su nombramiento como funcionaria representa una “militarización de la educación pública”.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos han denunciado un deterioro del Estado de derecho en el país. Amnistía Internacional denunció que los adolescentes son uno de los sectores más expuestos. “Los niños de comunidades marginadas han soportado las peores consecuencias de las políticas indiscriminadas de seguridad”, expresó la organización.

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Efecto Donald Trump: Estados Unidos manda a los camioneros de México a la escuela para que aprendan inglés

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Para las empresas mexicanas, la norma nunca supuso un gran problema, pues las autoridades estadounidenses la ignoraban en gran medida, especialmente a lo largo de una frontera en la que las culturas siempre se habían mezclado. Pero para el gobierno de Donald Trump, se trata de un punto crítico de seguridad vial que ha permanecido demasiado tiempo sin abordarse. ¿El asunto? El inglés.

El presidente Trump ha ejercido una inmensa presión sobre México, no solo mediante amenazas de aranceles y de intervención militar, sino también a través de la industria del transporte por carretera, que mantiene el flujo comercial de miles de millones de dólares entre Estados Unidos y su mayor socio comercial.

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En abril, no mucho después de designar el inglés como lengua oficial de Estados Unidos, Trump restableció una sanción —retirar a un conductor de la carretera— por violar una antigua ley estadounidense que exige que los conductores de vehículos comerciales conozcan el idioma lo suficientemente bien como para leer las señales de tráfico y comunicarse con los funcionarios estadounidenses. La orden desencadenó una frenética carrera en México, donde las empresas intentan enseñar rápidamente a los conductores el inglés suficiente para mantener vivos sus negocios.

Este año, según datos del Departamento de Transporte, los funcionarios informaron de más de 5.000 infracciones cometidas por camioneros de México que no hablaban suficiente inglés, frente a unas 240 en 2024.

“Tenemos que estudiar”, dijo un camionero, Luis Alberto Alvarado Machado, de 36 años. “Si no podemos manejar, se acaba todo”. Y si un conductor es declarado fuera de servicio más allá de las zonas comerciales a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, ya no podrá conducir hasta que cumpla el mandato.

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El año pasado, 5,9 millones de camiones cruzaron de México a Estados Unidos, más de 16.000 camiones al día. Foto Reuters

La semana pasada, el gobierno de Trump aumentó aún más la presión: el secretario de Estado, Marco Rubio, suspendió todos los nuevos visados de trabajo para conductores de camiones comerciales. “El creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando los medios de subsistencia de los camioneros estadounidenses”, dijo.

Las consecuencias

La medida se adoptó días después de que el Departamento de Transporte anunciara una investigación sobre un accidente mortal en Florida en el que estaba implicado un camionero de India de quien las autoridades dijeron que estaba en el país ilegalmente y no hablaba suficiente inglés.

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Las autoridades mexicanas dijeron el viernes que no les preocupaba la pausa en la concesión de visados de Rubio, y afirmaron que los camioneros mexicanos utilizaban un visado previsto en el acuerdo comercial de ambos países.

No obstante, las empresas mexicanas se han apresurado a adaptarse. “Esta regla nos pone en una circunstancia de emergencia”, dijo Israel Delgado Vallejo, quien es propietario de una empresa de camiones con sede en Tijuana. Aunque añadió: “Estamos a favor de la seguridad vial y creemos que es necesario”.

La escala del transporte por carretera entre ambos países es enorme. El año pasado, según cifras del gobierno estadounidense, 5,9 millones de camiones cruzaron de México a Estados Unidos, más de 16.000 camiones al día.

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La mitad de ellos entraron solo por Laredo, Texas, lo que significa que ningún lugar ha sentido más el efecto de la orden de Trump que Nuevo Laredo, la capital mexicana del transporte por carretera.

Se ha formado una industria casera de clases de inglés. Una de las sesiones comenzó a las 8:00 a. m. del sábado pasado, en la que 17 camioneros de varias empresas tomaron asiento para un curso intensivo de seis semanas. Durante cinco horas, los camioneros practicaron la pronunciación, repasaron el vocabulario de los camiones y ensayaron intercambios con inspectores de carretera estadounidenses sobre destinos y carga.

En uno de los escenarios, los conductores se sentaban en un camión mientras un profesor, interpretando a un funcionario estadounidense, se acercaba, ordenaba abrir la puerta y exigía ver la licencia de conducir y otros documentos. Pero un conductor, José Gómez, titubeó y volvió al español cuando le preguntaron dónde guardaba las señales de advertencia en el camión.

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“Estaba nervioso”, dijo Gómez, de 43 años. “Imagínate tener a un oficial en frente”.

Para los camioneros que hablaban poco o nada de inglés, o los que habían recibido advertencias recientes de funcionarios estadounidenses, las clases eran fundamentales. Antes, muchos habían confiado en las señales manuales, las aplicaciones de traducción o los conocimientos de español del funcionario para desenvolverse. “Ahorita con la tecnología como el GPS, ellos van y vienen sin ningún problema”, dijo Héctor Hinojosa, quien es propietario de H&H Transport en Nuevo Laredo.

Una división del Departamento de Transportes recomienda que los funcionarios estadounidenses evalúen si un conductor puede responder en inglés. Foto ReutersUna división del Departamento de Transportes recomienda que los funcionarios estadounidenses evalúen si un conductor puede responder en inglés. Foto Reuters

Ahora, los camioneros temen que cada interacción, ya sea una parada de tráfico o un control en una estación de pesaje, sea un examen de inglés en potencia. Dijeron que los policías estatales también pueden poner a prueba su inglés, y que los agentes de algunos estados, como Texas y Nuevo México, son más rigurosos que otros.

Cursos para aprender

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Una división del Departamento de Transportes recomienda que los funcionarios estadounidenses evalúen si un conductor puede responder en inglés a preguntas sobre el origen o el destino de su viaje, cuánto tiempo lleva conduciendo, qué transporta y si el camión es seguro.

El funcionario también puede interrogar al conductor sobre las señales de tráfico, dijo la división, y añadía: “La explicación del conductor puede ser en cualquier idioma, siempre que el encargado sea capaz de entender la explicación del conductor”.

Cuando Jair Martínez, camionero mexicano que transporta mercancías de Nuevo Laredo a Laredo, cruzó a Texas hace dos meses, dijo, recibió una advertencia.

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“Me trabé”, dijo, calificando de muy bajo su dominio del inglés. “No entendí mucho. Por nervios y la presión que empiezas a escuchar que compañeros que son B-1 los han bajado o los han regresado”, añadió, refiriéndose a los conductores con el mismo tipo de visado temporal de negocios.

Después de eso, Martínez, de 49 años, se apuntó al curso de inglés. Mientras que otras empresas pagaban las clases de sus conductores, Martínez dijo que él mismo había pagado los 80 dólares.

“Es preocupante”, dijo. “Nosotros somos invitados, tenemos ese privilegio por parte de Estados Unidos que nos dan la visa y podemos ejercer un trabajo. Son sus reglas y hay que acatarlas, y hay que tratar de esforzarnos para comunicar”.

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Incluso algunos que hablaban más inglés dijeron que las clases eran necesarias. Estos camioneros se adentraban a menudo en Estados Unidos, en estados con una aplicación de la ley más estricta o con pronunciaciones diferentes.

“En Misisipi, hablan un poco más rápido y tienen acento, y me costaba más”, dijo Jorge Flores, de 43 años, quien conduce sobre todo piezas de automóvil desde Nuevo Laredo hasta lugares tan lejanos como Oregón o Míchigan.

Algunas empresas camioneras mexicanas, como TNL Express de Nuevo Laredo, tenían tantos camioneros con necesidad del curso de inglés que contrataron a un profesor público local para que los ayudara. Alvarado Machado fue uno de los 15 conductores que asistieron a una reciente sesión sabatina en la sede de la empresa.

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Cuando empezó a conducir camiones a los 18 años, dijo, no hablaba “prácticamente nada” de inglés y le costaba pedir comida más allá del “Combo n.o 1″. Pero tras 14 años haciendo entregas en Estados Unidos, aprendió palabras clave en inglés, las amplió con señales manuales y llegó a comprender que las señales de tráfico son en gran medida universales.

Nunca había tenido un accidente o un problema al conducir en Estados Unidos, dijo, pero aun así quiso tomar clases, para cumplir las normas y estar más preparado para los accidentes.

“Me tocaron ver veces que se volteaban camionetas y bajabas a ayudarles, pero no podías marcar a emergencias o algo así”, dijo.

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Aunque varios operadores de empresas de transporte mexicanas estaban a favor de la política de Trump si esta hacía más seguras las carreteras, algunos dijeron que la falta de inglés nunca había sido un problema. Muchos temían no tener tiempo suficiente para enseñar el idioma a sus conductores, lo que podría interrumpir los envíos en una industria ya de por sí escasa de personal.

“La medida la aplaudo”, dijo Juan Manuel Talamas, quien dirige una empresa de camiones en Ciudad Juárez. “Pero lo que no se hizo durante muchísimos años, no se puede hacer de un día para otro”.

Algunas empresas camioneras mexicanas, como TNL Express en Nuevo Laredo, han contratado a profesores locales para que impartan clases de inglés en sus sedes.

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Trump rips trial judge whose $500M penalty was erased on appeal

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Fresh off a major appellate win, President Donald Trump on Sunday tore into New York Judge Arthur Engoron, who oversaw his state civil fraud trial, calling him «incompetent,» «crooked» and nearly as «corrupt» as New York Attorney General Letitia James.

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Trump’s barbs followed an appellate ruling that erased a $500 million penalty in James’ high-profile civil fraud case, handing Trump one of his biggest legal wins yet. 

«The Appellate Court removed incompetent Judge Engoron, but he refused to go, or even to acknowledge them,» Trump wrote on Truth Social. «He’s a highly overturned, CROOKED Judge, who is retiring into a life of lawsuits, along with his Chief Clerk, soon! He is almost as Corrupt as Leticia James, but not quite!»

Engoron presided over the non-jury trial, and Trump allies accused him of bias against the president-elect, his family and his company. Trump was accused of inflating the value of his assets to get more favorable terms from a lender his real estate business worked with.

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JUDGE WHO FINED TRUMP $500 MILLION GETS THE BOOKS THROWN AT HIM

Justice Arthur Engoron sits in his court room during the civil fraud trial of-gh President Donald Trump at New York State Supreme Court on October 24, 2023 in New York City.  (Photo by Mike Segar-Pool/Getty Images)

The New York Appellate Division tossed the penalty, ruling the fine was excessive and violated the Eighth Amendment.

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The five-member panel upheld findings that Trump and his company were liable, affirming James acted within her authority and that injunctive relief against the Trump Organization was appropriate.

The ruling left liability intact but wiped out the $364 million penalty plus interest, which totaled about $500 million.

TURLEY HAILS TRUMP’S ‘TREMENDOUS VICTORY’ AFTER CIVIL FRAUD PENALTY TOSSED, BLASTS ‘GROTESQUE’ USE OF NY LAW

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Letitia James angrily gestures and points finger

NY Attorney General Letitia James speaks during a press conference on the Department of Government Efficiency (DOGE) at Manhattan Federal Courthouse on February 14, 2025, in New York City. (Michael M. Santiago)

Justice David Friedman dissented in part, arguing James’ true aim was political, and the case should be dismissed. He wrote her «ultimate goal was not market hygiene … but political hygiene, ending with the derailment of President Trump’s political career and the destruction of his real estate business.»

Friedman blasted James’ use of Section 63(12) of New York’s Executive Law, which gives the attorney general broad civil fraud powers.

He called the use unprecedented and political, giving James «essentially limitless power to prosecute her political enemies.»

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NY APPEALS COURT THROWS OUT $500M PENALTY AGAINST TRUMP IN LETITIA JAMES CIVIL CASE

Judge Arthur Engoron

Justice Arthur Engoron presided over the civil fraud trial of President Donald Trump and his children at New York State Supreme Court on November 13, 2023 in New York City. ((Photo by Erin Schaff-Pool/Getty Images))

Friedman said Trump’s business deals involved sophisticated parties who profited without harming the public and concluded he would «reverse the judgment and dismiss the complaint.»

With judges split on liability, the case is likely headed to New York’s highest court, the Court of Appeals. James said she will appeal.

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James, a Democrat elected in 2018, has long targeted Trump. On the campaign trail, she called him an «illegitimate president» and vowed to «use every area of the law» to investigate him and his businesses.

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Since Trump returned to office, the Justice Department has opened investigations tied to the case brought against Trump and also over allegations she committed mortgage fraud herself.

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James alleges Trump is using the federal government to target her politically. DOJ is also investigating her for alleged mortgage fraud, including misrepresenting her primary residence on loans in Virginia and New York. She denies the claims and calls the probe a «revenge tour» for the civil fraud suit.

Fox News Digital’s Michael Dorgan and Maria Paronich contributed to this report.

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