INTERNACIONAL
El cruel video que publicaron los terroristas de Hamas del rehén israelí Evyatar David: “Estoy cavando mi propia tumba”
Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo terrorista palestino Hamas, hicieron público este sábado un video del rehén israelí Evyatar David, de 24 años, mostrando su extrema debilidad física mientras cava lo que él describe como su propia tumba en un túnel de la Franja de Gaza. El joven fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque al festival de música Nova cerca de la frontera con el enclave palestino.
En las imágenes, difundidas tras una primera publicación el viernes donde ya se evidenciaba su notable delgadez, David afirmó: “Lo que estoy cavando es mi propia tumba”. El túnel en el que se encuentra mide apenas un metro de ancho. Posteriormente, el rehén agregó: “El tiempo se agota”, y termina desplomándose junto a la pala, luego de solicitar una tregua que le permita regresar con su familia. Un mensaje final de los captores señaló: “Sólo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida”.
Durante el video, David mostró un calendario en el que registra lo que consume diariamente, detallando que alterna entre lentejas y frijoles, con intervalos de entre uno y tres días sin alimento. Según testimonios de ex-rehenes que lograron salir de Gaza, los videos difundidos por las milicias palestinas suelen estar guionados; no obstante, han confirmado privaciones de alimento y episodios de agresiones físicas y psicológicas durante su cautiverio.
En una de las escenas, David expresó: “Esta es para dos días, para mantenerme con vida”, comiendo directamente de una lata de legumbres. Dirigiéndose directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró: “Siento que he sido abandonado. Como primer ministro de mi Gobierno tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros”. Insistió en que en Israel existe una convicción de que las autoridades deben velar por quienes están encarcelados por el enemigo, y expresó su sentimiento de abandono: “Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira”.
El caso de Evyatar David no es aislado. El jueves por la noche, la Yihad Islámica Palestina también publicó imágenes del rehén Rom Braslavski, de 21 años, que muestra signos evidentes de desnutrición y suplica a las autoridades israelíes que permitan la entrada de alimentos a Gaza.
Hasta el momento, de las 251 personas secuestradas el 7 de octubre, 49 permanecen cautivas en Gaza; de ellas, 27 se presume han muerto, según datos del ejército israelí.
Las publicaciones de videos de rehenes se producen en momentos de estancamiento en las negociaciones de alto el fuego en la Franja de Gaza. El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, se encuentra en Israel conversando con familiares y manifestantes, quienes han instalado un campamento de protesta con alambre de púas reclamando el retorno de los secuestrados. Witkoff aseguró a las familias que “la meta es terminar la guerra, no expandirla”, y añadió que el Gobierno estadounidense ahora respalda un acuerdo integral para la liberación de los rehenes y una tregua prolongada, descartando acercamientos fragmentados.
Durante el mitin en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, Witkoff enfatizó que la mayoría de la sociedad israelí anhela el retorno seguro de los secuestrados. Organizaciones de derechos humanos y agencias como Naciones Unidas han alertado sobre la creciente crisis alimentaria en Gaza y el riesgo de hambruna generalizada, atribuida al bloqueo israelí que impide el ingreso regular de suministros. Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, el cierre de paso fue total, y actualmente la ayuda que logra ingresar es limitada.
El video más reciente mostrado por Hamas fue inicialmente aprobado por la familia de David como imagen estática, luego como secuencia parcial y, más tarde, completo. En él, David aparece con barba crecida, ropa desgastada y visiblemente debilitado en un túnel de techo bajo. El rehén marca fechas en un calendario y describe la dureza de sus condiciones: “Hoy es 27 de julio, son las 12:00, no sé qué voy a comer. Llevo varios días sin probar bocado”. Según el relato atribuido a David en el material, su dieta se limita a algunas legumbres y hay periodos seguidos sin suministro de alimentos. “Este no es un montaje, es real”, afirmó en cámara.
La familia de David ha expresado públicamente que está presenciando cómo “Evyatar es deliberadamente y cínicamente sometido a una campaña de hambre en los túneles de Hamas, un esqueleto vivo enterrado en vida”. Han exigido que cualquier ayuda humanitaria que entre a Gaza llegue también a los rehenes, y han reclamado a los medios israelíes no reproducir contenidos propagandísticos de las milicias.
Un alto funcionario israelí aseguró, citado por medios locales, que los captores de Hamas “no padecen la misma desnutrición que los rehenes”, y que la escasez de alimentos entregada tiene intencionalidad punitiva dirigida tanto a los rehenes como a sus familias y al público israelí. Israel ha rechazado las acusaciones de estar empleando la hambruna como herramienta, calificándolas de propaganda de Hamas.
El caso de Evyatar David y la difusión recurrente de imágenes de rehenes muestran la utilización mediática de la situación humanitaria y la presión psicológica ejercida sobre la sociedad israelí y la comunidad internacional en medio de la crisis y la persistente falta de acuerdo para un alto el fuego en Gaza.
(Con información de AFP y EFE)
Middle East,Civil Unrest,TEL AVIV
El presidente Daniel Noboa reformó el Reglamento General de la Ley de Minería mediante el Decreto Ejecutivo No. 273, con el que introdujo cambios en los procedimientos administrativos, técnicos y económicos que rigen la actividad minera en Ecuador.
La norma, suscrita en diciembre de 2025, modifica artículos clave del reglamento vigente desde 2009 y redefine competencias de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), requisitos para concesionarios y reglas relacionadas con exploración, explotación, regalías y cesión de derechos mineros, de acuerdo con el texto oficial del decreto.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento del rol de la ARCOM como entidad encargada no solo del control y la fiscalización, sino también de la regulación, auditoría, vigilancia e incluso administración de contratos en el sector minero.
El decreto amplía de manera expresa sus atribuciones para llevar control estadístico de la producción y comercialización de los recursos minerales, así como para regular aspectos técnicos y operativos de las actividades mineras, lo que supone una mayor centralización de funciones en el organismo de control.
El decreto también introduce cambios en los requisitos para la presentación de posturas y solicitudes vinculadas a concesiones, exploración y explotación. Entre ellos se incorporan exigencias documentales más detalladas, como la obligación de presentar planes de manejo ambiental, información económica, estudios técnicos y certificados de cumplimiento tributario.
En varios casos, el texto establece que estos requisitos deberán cumplirse de manera previa a la autorización de determinadas fases del proyecto minero, lo que podría alargar los plazos administrativos, aunque el decreto no fija tiempos concretos para la tramitación de todos los procedimientos reformados.
En materia de exploración, la reforma delimita con mayor precisión las etapas de exploración inicial y exploración avanzada, estableciendo condiciones para el cómputo de plazos, la ejecución de actividades simultáneas y la obligación de contar con autorizaciones ambientales antes de iniciar determinadas fases.
El decreto señala que el inicio del plazo de exploración avanzada estará condicionado a la emisión de la declaratoria correspondiente y a la obtención de la licencia ambiental, aunque deja abierta la posibilidad de que esta última sea emitida incluso después del inicio formal del período, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la autoridad competente. El texto no aclara cómo se resolverán eventuales superposiciones o retrasos entre ambos actos administrativos.
Otro aspecto relevante es la regulación de la cesión y transferencia de derechos mineros. La reforma incorpora de forma expresa contratos de cesión, transferencia y garantías sobre derechos mineros dentro del ámbito de control de la ARCOM, e incluye operaciones como contratos de crédito minero, de operación y de transacción.
Estos actos deberán cumplir con condiciones específicas y ser registrados ante la autoridad, lo que refuerza el control estatal sobre las operaciones económicas asociadas a las concesiones.
En el plano económico, el decreto introduce ajustes en la forma de cálculo y pago de regalías mineras, especialmente para la mediana y gran minería metálica. Se establece una diferenciación de la base imponible según el tipo de mineral y el régimen aplicable, tomando como referencia el ingreso bruto o el ingreso neto efectivo, con deducciones limitadas para ciertos costos.
El texto detalla fórmulas específicas para oro, plata y otros minerales metálicos, y dispone que las regalías deberán pagarse conforme a calendarios definidos en función del noveno dígito del RUC del concesionario. No obstante, el decreto no evalúa el impacto fiscal de estos cambios ni precisa si implicarán un aumento o reducción efectiva de la carga económica para los operadores.
La reforma también regula de manera más estricta los procesos de renegociación de contratos de explotación minera, estableciendo que durante la etapa de exploración únicamente podrá iniciarse una negociación precontractual, y que los contratos solo podrán suscribirse una vez cumplidos los requisitos técnicos, económicos y ambientales previstos en la ley y el reglamento.
El Ministerio sectorial conserva la facultad de revisar, modificar o condicionar estos procesos para alinearlos con las políticas públicas del sector minero.
Desde el punto de vista institucional, el decreto se apoya en las disposiciones constitucionales que atribuyen al Estado la administración y control de los sectores estratégicos, incluidos los recursos naturales no renovables.
Sin embargo, el texto no desarrolla cómo estas reformas se articularán con los derechos de comunidades, pueblos indígenas o gobiernos locales, ni aborda de manera específica los posibles efectos sociales o ambientales derivados de la aplicación de las nuevas reglas.
En términos generales, la reforma al Reglamento General de la Ley de Minería apunta a un mayor control estatal y a una estandarización más detallada de los procedimientos técnicos y económicos del sector.
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NEWYou can now listen to Fox News articles!
A massive fraud scandal tied to taxpayer-funded daycare, Medicaid and social services programs in Minnesota — involving potentially billions of dollars in suspicious billing — is prompting renewed scrutiny of whether some naturalized Americans obtained U.S. citizenship under false pretenses and whether denaturalization could now be used more aggressively.
The fallout has already led the Department of Health and Human Services to freeze certain childcare payments to Minnesota, citing alleged fraud involving daycare providers throughout the past decade.
Immigration authorities have confirmed they are reviewing whether fraud uncovered in Minnesota could provide the legal basis to revoke U.S. citizenship from naturalized individuals who concealed or misrepresented material facts during the immigration process.
Denaturalization is legally constrained, requires individualized civil court proceedings and historically has been used sparingly.
KAROLINE LEAVITT WARNS ‘PEOPLE WILL BE IN HANDCUFFS’ AS FEDS ZERO IN ON MINNESOTA FRAUD SCANDAL
Attorney David Schoen said it remains legally viable but under extraordinary circumstances.
He said on Fox News the process would likely trigger «significant» court challenges but «it is legally possible. In an extraordinary circumstance, we’d have to know the facts.»
Quality Learning Center in Minnesota was found at the center of an alleged childcare fraud scandal in the state. (Madelin Fuerste / Fox News Channel)
Schoen emphasized that immigration law already provides clearer mechanisms for removing noncitizens, particularly lawful permanent residents who violate the law, describing denaturalization as a far more extraordinary step requiring fact-specific scrutiny.
COMER SUMMONS MINNESOTA OFFICIALS AS HOUSE PROBES MASSIVE SOCIAL SERVICES FRAUD
White House press secretary Karoline Leavitt said on «Fox & Friends» that the administration is «not afraid to use denaturalization,» and confirmed that the Department of Homeland Security (DHS) and the State Department are «looking at» whether citizenship could be revoked in connection with those of Somali origin in the Minnesota fraud probe.
DHS confirmed it is actively reviewing immigration and naturalization cases involving migrants from 19 countries of concern, including Somalia, to determine whether any individuals obtained U.S. citizenship through fraud that could warrant denaturalization.
«Under U.S. law, if an individual procures citizenship on a fraudulent basis, that is grounds for denaturalization,» DHS Assistant Secretary Tricia McLaughlin said in a statement to Fox News.
The review focuses on whether fraud occurred during the immigration or naturalization process, including false statements or marriage fraud used to obtain legal status or citizenship. DHS stressed that denaturalization is governed by strict legal standards and applies only under limited circumstances.
President Donald Trump weighed in on the Minnesota investigations Wednesday, sharply criticizing the state’s handling of fraud and linking the scandal to illegal immigration in a Truth Social post.
«Much of the Minnesota Fraud, up to 90%, is caused by people that came into our Country, illegally, from Somalia,» Trump wrote.
«Lowlifes like this can only be a liability to our Country’s greatness,» he added. «Send them back from where they came, Somalia, perhaps the worst, and most corrupt, country on earth.»
Federal prosecutors say their investigation has expanded to suspicious billing across 14 Medicaid-funded programs, where providers billed about $18 billion since 2018. A preliminary assessment cited by prosecutors suggests «half or more» of that amount could be fraudulent.
The widened probe builds on yearslong scrutiny of Minnesota following some of the largest benefit-fraud cases ever prosecuted in the state, including a pandemic-era food aid scheme involving roughly $250 million in alleged losses. Federal officials say those cases exposed systemic weaknesses in oversight that may extend across multiple aid programs.
Quality Learning Center manager Ibrahim Ali denied any fraud took place, despite a recent report by independent journalist Nick Shirley. (Pool)
HHS CUTS OFF MINNESOTA CHILD CARE PAYMENTS OVER ALLEGED DAYCARE FRAUD SCHEME
Minnesota is home to one of the largest Somali communities in the country. Census Bureau–based estimates suggest roughly 260,000 people of Somali descent live in the U.S. and close to 100,000 are in Minnesota.
Republican lawmakers argue that fraud on such a scale raises broader questions about whether individuals involved were truthful throughout the immigration process — and whether citizenship should shield offenders who obtained it through deception.
House Majority Whip Tom Emmer, R-Minn., called for the deportation of all Somali immigrants involved in fraud cases in Minnesota.
SENATE PRESSURE MOUNTS AS MINNESOTA FRAUD SCANDAL CONTINUES TO UNFOLD
«I have three words regarding Somalis who have committed fraud against American taxpayers: Send them home. If they’re here illegally, deport them immediately; if they’re naturalized citizens, revoke their citizenship and deport them quickly thereafter. If we need to change the law to do that, I will,» he wrote on X.
The renewed focus on denaturalization also aligns with broader efforts inside the Trump administration to tighten the naturalization process itself.
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U.S. Citizenship and Immigration Services Director Joseph Edlow has previously criticized the current citizenship test as «too soft,» calling for deeper civics knowledge and more rigorous English evaluation throughout the naturalization interview.
Historically, the federal government has pursued only a small number of denaturalization cases each year. Civil liberties groups warn that expanding its use could raise due-process concerns, teeing up a potential legal battle.
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«Derechos» de anexión
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