INTERNACIONAL
El director de Americas Quarterly destacó el progreso de Guatemala bajo la presidencia de Arévalo: “Hay una clara oportunidad de una Primavera Democrática”
“El Presidente que casi no lo fue”. Así describe José Enrique Arrioja, director de la revista Americas Quarterly, a Bernardo Arévalo de León, jefe de Estado de Guatemala.
El sociólogo y filósofo de formación de 66 años asumió el cargo en enero de 2024, en un contexto de total convulsión ante los intentos del Ministerio Público por anular su triunfo, y con una larga lista de desafíos y tareas que el país tenía pendientes desde hacía años.
En poco más de un año, muchas cosas han cambiado en Guatemala: la violencia disminuyó, importantes leyes se aprobaron y las relaciones diplomáticas y comerciales se han expandido, entre otros logros relevantes. Sin embargo, aún existen retos y obstáculos internos que podrían ser determinantes en el curso de la nación, en los próximos años.
En diálogo con Infobae, Arrioja evaluó el escenario actual de Guatemala y explicó por qué, pese a todo, confía en que esta “democracia naciente” puede prosperar e -inclusive- convertirse en “un modelo a seguir para muchos países en la región”.
– Usted describe a Bernardo Arévalo de León como un candidato improbable, que emergió como símbolo de renovación, y se hizo con la presidencia con el 61% de los votos. ¿Cuál cree que fue la clave de su victoria electoral?
– Yo creo que tenemos que tener en cuenta que, en 2023, Guatemala tenía a un presidente, Alejandro Giammattei, que había estado bajo serios cuestionamientos por su cumplimiento de metas, temas de corrupción, y había serias dudas sobre la honorabilidad de la primera magistratura. Todo esto, en un país donde las administraciones previas habían, por igual, estado bajo serio cuestionamiento, aunque el caso de Giammattei estaba a un nivel casi superlativo. En este contexto, cuando se dio la primera ronda electoral, Arévalo obtuvo un 12% -que sorprendió a muchos-, simplemente por su mensaje anticorrupción: “Vamos a acabar con la corrupción en el país, en los diferentes estamentos del Estado… hay que limpiar a Guatemala y al Estado guatemalteco”. Ese mensaje caló. A ello, hay que sumarle, además, que fue capaz de conectar con el guatemalteco común y corriente, y desarrolló un nivel de empatía con ese ciudadano que se ha sentido olvidado, maltratado y no bien remunerado. Esas dos cosas creo que fueron las que lo llevaron a pasar a la segunda ronda y terminar ganando las elecciones, sorprendiendo a propios y extraños.
– Un poco más de un año después, pese a seguir apegado a sus promesas de campaña, su popularidad cayó un 50%. ¿Cree que esto es inherente al tipo de liderazgo que exige una situación tan compleja como la de Guatemala? ¿Es una tendencia que aún es reversible?
– Sí. La caída estrepitosa de su popularidad, de su grado de aceptación entre la población, es producto del hecho de que toda la transformación que ellos están tratando de llevar adelante ha sido muy lenta. Y en esto coinciden la mayoría de las personas, dentro y fuera del Gobierno. En la calle hay un sustrato positivo de opinión sobre el Presidente, sobre la presidencia, sobre el Gobierno… La gente dice ‘Sí, el hombre está haciendo, está llevando a cabo ciertas cosas’, pero ahí es donde viene la segunda frase de la respuesta: ‘Está lento, no se están viendo los resultados, todavía no terminan de concretarse cosas’. Y, como es común en cualquier mandatario, el pueblo tiene una paciencia limitada. Yo creo que el Presidente se enfocó demasiado en atender todo el tema de la legalidad del partido de gobierno, el Grupo Semilla, que sigue suspendido, y, a su vez, en la confrontación con Consuelo Porras, la fiscal general, que dirige el Ministerio.
– Arévalo ha expresado con firmeza su intención de transformar Guatemala y fortalecer sus instituciones democráticas; sin embargo, el Ministerio Público ha actuado de manera sistemática para obstaculizar esos esfuerzos. ¿Hasta qué punto es posible lograr un cambio real frente a resistencias de este tipo?
– El Ejecutivo está apostando a dos cuestiones. Primero, a que en la medida que se acerca el final del mandato de Porras, el círculo a su alrededor tiende a perder poder e influencia y, en consecuencia, tendrá menos capacidad para estar emitiendo recursos de amparo o nuevas órdenes de detención y continuar creando incertidumbre en el país. Pero, en segundo lugar, el Gobierno tiene la mira en 2026, cuando van a darse una serie de decisiones adicionales, que le van a permitir cimentar y fortalecer sus alianzas, dado que va a tener a su cargo el nombramiento no solo de una nueva fiscal general, sino también la elección del nuevo Tribunal Electoral y la Corte de Constitucionalidad. Uno de los diputados de Semilla me dijo: ‘El próximo año nos estamos jugando la democracia de Guatemala’. Por eso es que hay esperanza de que efectivamente el Gobierno va a poder encarrilar mejor sus operaciones y va a poder comenzar a ejecutar, porque el gran problema que está teniendo el país es la incapacidad de realmente poder ejecutar sus iniciativas.
– Más allá de los obstáculos externos, Arévalo también se enfrenta a inestabilidades a nivel interno, tanto en su partido como en el Congreso. ¿Cómo afecta ello al desarrollo de su agenda?
– Afecta porque se trata, por un lado, de la inexperiencia de este Gobierno. No hay que olvidar que éste es, en realidad, grupo político que no tenía experiencia previa en materia de gobernabilidad o en materia de ejecución. Y en este contexto surgen, a su vez, desafíos internos que complican aún más el escenario… Te doy, por ejemplo, el caso del Ministerio de Infraestructura. En menos de un año se nombraron cuatro ministros para la cartera, una altísima rotación que da cuenta de una situación interna de gobierno en la que las bases de confianza y de ejecución no están del todo selladas y que, a su vez, llevó a que cualquier proyecto que se haya intentado iniciar se enfrentara con problemas de seguimiento. Esto es solo una muestra del problema o la complejidad que el Ejecutivo ha estado enfrentando en este primer año: su inexperiencia, el conflicto con el Ministerio Público, la alta rotación, la falta de cohesión dentro de lo que era el propio Gabinete de Gobierno.
– ¿Cuáles son los temas prioritarios de Guatemala hoy en día?
– La forma en que opera el país es realmente muchísimo más compleja que la de cualquier otro que yo he visto en la región. Y a pesar de que, por ejemplo, tienen esta nueva ley de infraestructura, aún no se ha visto su implementación real dado que tienen que pasar unos 18 meses aproximadamente para que la legislación secundaria esté aprobada. No hay un caso similar. Esto lleva a que los nuevos contratos que se quieran a hacer, las nuevas concesiones que se planeen otorgar, todavía no se puedan concretar. Eso es una especie de lastre que Guatemala aún tiene que resolver y ahí es donde está el gran meollo del Ejecutivo. Ellos tienen que, de una u otra forma, ser capaces de comenzar a mostrarle al ciudadano: ‘Mira, aquí estamos resolviendo los problemas más imperiosos que tiene el país’.
– ¿Qué proyectos clave planea abordar el Gobierno este año?
– Una de las cosas sobre las que se va a trabajar va a ser la ejecución del presupuesto. El 20% del presupuesto de infraestructura del año pasado no se ejecutó, producto de que no se emitieron los contratos respectivos ante el temor persistente de la corrupción. Número dos, habrá que ver cómo sigue evolucionando la opinión pública -más específicamente qué dicen las encuestas sobre la percepción del Gobierno- y estudiar si efectivamente Arévalo y su popularidad comienzan a subir. En tercer lugar, muy importante, es cuántas leyes va a poder aprobar el Congreso para continuar modernizando el Estado. El año pasado se dio curso a aproximadamente unas 35 legislaciones o decretos especiales y, este año, de acuerdo a las previsiones, quizás se consiga la luz verde para otras 16. Eso va a ser importantísimo. Por último, la reforma del Código Penal también está planteada para este año.
– Arévalo insiste en impulsar obras de infraestructura; sin embargo, ¿está hoy el Estado en condiciones de llevarlas adelante, tanto desde lo económico como en términos de gobernanza, en un sistema que estuvo cooptado por la corrupción durante años?
– Su capacidad para hacerlo se verá plasmada en una serie de indicadores que darán cuenta de qué tanto progreso están logrando y, en consecuencia, que tán efectivos están siendo en la creación de consensos a nivel del Congreso, para continuar deslastrando los viejos riesgos de corrupción y despilfarro. Así, por ejemplo, habrá que prestar atención a su efectividad para consolidar alianzas en el Legislativo y la cantidad de nuevas leyes que efectivamente se aprueben este año. Si ellos logran esas dos cuestiones, creo que vamos estar frente a una mejora sustancial en el desempeño del Ejecutivo y, sobre todo, en la percepción de la gente, que finalmente verá que el Gobierno está haciendo lo que prometió que iba a hacer. Pero como todo, es un proceso lento, que demanda tiempo.
– Casualmente, Arévalo propone cambios que tardan tiempo en implementarse e, incluso, cuyos resultados posiblemente no se vean en su mandato. Basándose en su actual índice de popularidad, ¿cree que conseguirá una base de apoyo suficiente para un próximo término que dé continuidad a sus políticas?
– Todo va a depender de lo que puedan lograr en estos dos años y medio que les quedan. Si logran subsanar problemas logísticos y que generan frustración en la gente, y continuar con las reformas, el Gobierno tendrá una clara oportunidad de que el pueblo vote a favor de una continuidad de esta “Primavera Democrática” que quiere el Presidente. Él ha estado promocionando desde temprano que Guatemala y que su Gobierno van a tratar de que retorne la Primavera Democrática al país. Si bien desde mediados de los ochenta se está viviendo -entre comillas- en un sistema democrático, es todavía una democracia naciente, una democracia con muchos lastres, y solamente el tiempo y la ejecución van a poder determinar si el pueblo guatemalteco da una segunda oportunidad a lo que es el programa de gobierno del Movimiento Semilla y del presidente Arévalo o si, por el contrario, vuelve a buscar algunos candidatos o alternativas tradicionales, como las que vivió el país, hasta hace muy poco.
– ¿Qué rol ocupan el sector privado y las inversiones extranjeras en el plan de gobierno de Arévalo?
– Son fundamentales. Guatemala es uno de los países en los cuales el sector privado puede construir carreteras. Eso es algo muy particular dado que, en la región, en su mayoría, las cosas no funcionan así. Las carreteras son nacionales y son hechas y mantenidas por el gobierno. Guatemala tiene esa particularidad y eso te habla de que hay un sector privado que está muy interesado en que las cosas realmente mejoren, de que el tema de infraestructura vaya adelante, porque es un rubro en el cual se puede generar dinero. Hoy en día, las manufacturas también están en franco proceso de expansión y eso da cuenta de que, si logra alinear esos vectores de gobernabilidad, de ejecución y modernización de leyes, Guatemala va a ser un país completamente distinto. Y, para ello, la inversión extranjera y el sector privado van a ser cruciales.
– ¿Cuál es la situación actual de la inversión extranjera directa en Guatemala?
– La inversión extranjera directa en el país está por debajo de lo que es la norma de la región pero, actualmente, con el Gobierno de Arévalo, hay una tremenda oportunidad, tanto para el inversionista extranjero como para el inversionista local, de continuar aprovechando las oportunidades que existen a nivel nacional.
– ¿Qué medidas concretas se están tomando para promoverla?
– Está por determinarse, por ejemplo, una legislación de asociaciones público-privadas, que va a pasar este año a manos del Congreso, y que va a terminar de deslastrar las cosas. A su vez, está la legislación sobre el sistema ferrocarrilero del país y otras sobre las cuales se avanzará en el futuro próximo.
– También está el proyecto de conseguir una calificación de grado de inversión para un crédito soberano, antes del 2028. ¿Se trata de una iniciativa ambiciosa o posible?
– Definitivamente es muy, muy posible. Está al alcance de la mano, prácticamente. Guatemala tiene algo característico: su capacidad de crecer de manera sostenida. Lo ha venido haciendo en los últimos 15 años. Tiene un manejo fiscal ultraconservador, donde el Banco Central no le puede prestar al gobierno y, en efecto, no lo hace; donde la inflación está controlada y como consecuencia, el tipo de cambio se ha mantenido extraordinariamente estable por más de dos décadas y media. Es decir, los fundamentos macroeconómicos y de manejo en general de política monetaria y económica son sorprendentemente sólidos, son una excepción en la región. Entonces, para poder cumplir con las aspiraciones de la población y de los empresarios, hace falta mucho y poco al mismo tiempo. Las bases están, simplemente requieren de unos toques maestros de modernización e implementación. Pero el Gobierno está comprometido en poder lograr el grado para 2028 y hasta creó una comisión público-privada para, justamente, hacer los cambios necesarios, que puedan conducir a ello.
– ¿Cuáles son las alianzas clave de Guatemala en estos momentos?
– Guatemala está trabajando de cerca con Estados Unidos y Taiwan Semiconductor, que tiene proyectos en el país. A su vez, México, en particular, es clave por el hecho de formar parte del Triángulo del Norte (México, Guatemala, El Salvador) y por lo que puede lograr en materia de desarrollo y creación de una zona franca y una zona de desarrollo allí. En la frontera, de hecho, ya hay compañías del sector automotor que están operando y más del 65% de las manufacturas que se producen en toda América Latina se producen en México. Es por ello que, mientras más cerca se esté geográficamente de ese núcleo, mejores capacidades y beneficios económicos existen. En tercer término, la comunicación y las alianzas con Europa también son esenciales. El primer viaje de Arévalo al exterior fue a Europa porque desea no solo que se incrementen las relaciones comerciales sino, también, poder atraer a empresas europeas para que inviertan en Guatemala.
– ¿Hasta qué punto puede Guatemala todavía confiar en Estados Unidos como su principal aliado, dada la imprevisibilidad de las políticas de la Administración Trump?
– En realidad, esa alianza es algo que está sucediendo. El grado de cooperación que existe hoy en día entre los dos países no tiene precedente, hay una relación diplomática muy pragmática, que hace que el vínculo fluya de manera muy rápida. Estos gobiernos tienen unos puntos de conexión inesperados, lo que demuestra que las instituciones, el Departamento de Estado, las Cancillerías de ambos países, la asesoría técnica que le ofrece el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos a Guatemala y toda la cooperación en términos de seguridad y combate del narcotráfico, son independientes a los cambios en las cúpulas de los gobiernos. Las relaciones entre los dos países están en su mejor momento.
– ¿Qué proyectos están en curso entre Estados Unidos y Guatemala?
– Estados Unidos posiblemente va a ejecutar la expansión de dos puertos que son fundamentales en el Pacífico y en el Atlántico. También va a construir una línea férrea que conecte esos dos puertos y, a su lado, va a haber una autopista de cuatro vías que permita facilitar el transporte de mercancías desde los dos extremos del país. Este mes van a estar firmando un memorándum de entendimiento y programas de contrato de ejecución para comenzar a hacer los trabajos de expansión de estos puertos. Si efectivamente se logra que el sector internacional participe de manera activa en esos proyectos, va a abrir la puerta a una gran oportunidad de inversión en el país y va a haber una gran derrama de inversión. Por otro lado, Estados Unidos mantiene su apoyo activo a Guatemala en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico… es patente, es muy importante en términos de asistencia técnica.
– ¿Qué impacto podría tener en la región el éxito del programa de gobierno de Arévalo, especialmente en un contexto marcado por el avance de gobiernos corruptos e, incluso, autoritarios?
– Yo creo que va a ser ejemplar si Guatemala logra modernizar a su Estado, si logra actualizar la capacidad del gobierno de poder cumplir con las expectativas y las funciones más básicas de cualquier Estado. Si ellos logran eso, va a ser un modelo a seguir para muchos países en la región que hoy se enfrentan a la disyuntiva de ‘necesitamos a un autócrata para que las cosas realmente funcionen’ o ‘todavía, la democracia como modelo de gobierno, como sistema de sociedad, es viable’. Es conducente a una mejora de la sociedad y es definitivamente el modelo a seguir porque es perfeccionable, porque se pueden corregir los errores, las falencias, los desafíos que pueda tener cualquier sistema democrático en la región. Además, es definitivamente un modelo viable para muchos países vecinos. Si lo logran, sumado a esta estabilidad macroeconómica y a un país que va a lograr grado de inversión y mejoras en áreas clave como educación, seguridad e infraestructura, va a ser el inicio de un capítulo completamente nuevo para Guatemala. Quizá, inclusive, si el resto de la región presta atención, también pueda serlo para buena parte de América Latina. El hecho de que se puedan lograr a través de los canales existentes, fortalecer, renovar y perfeccionar el funcionamiento de un Estado democrático va a ser ejemplarizante.
– “(Una vez más) seremos testigos de la primavera democrática cuando rescatemos de manera tangible a las instituciones de las acciones corruptas del Estado y las pongamos a trabajar para aquello para lo que fueron creadas”, le dijo Arévalo durante su visita a Guatemala. ¿Logrará seguir el legado de su padre, Juan José Arévalo, el primer presidente electo democráticamente tras la Revolución de Octubre de 1944?
– Todo apunta a que va a ser posible. Todo me lleva a pensar que han pasado ya el estadio inicial, los errores típicos de poder romper con la fricción que tuvieron con el Ministerio Público y con el Poder Legislativo, y pasar entonces a un estadio en el cual efectivamente comiencen a ver germinar esos primeros retoños, terminar las obras… que sean visibles. Yo estoy convencido de que tienen esa oportunidad clara. Ahora, simplemente tienen que ejecutar, que todo esto se concrete, que el país pueda, finalmente, volver al estadio que tuvieron a finales de la década de los 40, cuando Juan José Arévalo fue elegido como primer presidente democrático, y que puedan reconectarse con ese pasado, para tener un futuro mucho más promisorio y mucho más alentador.
INTERNACIONAL
Minnesota bill would ban warrants allowing police to collect data from devices near a crime scene
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A bipartisan group of Minnesota lawmakers has proposed a bill seeking to ban warrants allowing law enforcement to gather data revealing which cellphones and other devices that were near a crime scene at a specific time.
Democrat state Sen. Erin Maye Quade introduced a Senate bill to ban those warrants in most cases, with Sens. Omar Fateh, also a Democrat, and Eric Lucero, a Republican, joining as original sponsors.
The bill would also allow anyone whose information was obtained during the search to sue law enforcement.
Lawmakers argue the warrants should be prohibited except in emergency situations. They said reverse location warrants, sometimes called «geofence» or «dragnet» warrants, are too broad and violate Fourth Amendment protections against unreasonable searches and seizures.
YOUR PHONE IS NOW A CRIME SCENE IN YOUR POCKET
Lawmakers argue the warrants should be prohibited except in emergency situations. (Getty Images)
Critics of the warrants say authorities can gather data on thousands of people near a particular area, including those who attended an event that could be of interest to law enforcement, such as a protest.
«We do believe that we have to balance our constitutional rights and public safety so that we’re not essentially sending law enforcement in to search for a needle in a haystack by exponentially increasing the size of the haystack,» Maye Quade said during a hearing on March 9.
Law enforcement groups, including the Minnesota Chiefs of Police Association and the Bureau of Criminal Apprehension, contend that the bill is too broad, although both have suggested a willingness to negotiate with lawmakers about data privacy concerns.
«We recognize and share the Legislature’s commitment to protecting individual privacy and civil liberties. However, as drafted, this bill would impose an outright prohibition on investigative tools that are lawful, court-supervised, and, in many cases, critical to solving serious crimes and protecting public safety,» the Minnesota Chiefs of Police Association said in a letter to lawmakers.
Senate lawmakers first discussed the bill in the Senate Judiciary and Public Safety Committee on March 9. House lawmakers discussed a companion bill, originally proposed by Rep. Sandra Feist, a Democrat, in the Judiciary Finance and Civil Law Committee on Feb. 24.
This comes amid an ongoing case at the national level, in which the U.S. Supreme Court will hear oral arguments in April on the constitutionality of reverse location warrants.
Between 2018 and 2020, the number of reverse location warrants in Minnesota jumped from 22 to 173.
The Senate bill would allow anyone whose information was obtained during the search to sue law enforcement. (Kurt «CyberGuy» Knutsson)
In 2023, Google said it would stop storing location data in a way that would make it susceptible to reverse location warrant requests. By July of last year, the company said all location history data previously stored on its servers had been wiped or moved to on-device storage.
But groups such as the American Civil Liberties Union and Electronic Frontier Foundation have raised concerns about whether that change is enough.
The warrants appear to still be used in Minnesota, as law enforcement groups argue they play a key role in solving investigations.
Bureau of Criminal Apprehension Superintendent Drew Evans said a ban on those warrants «would have a major detrimental effect on public safety in Minnesota.»
«There are numerous examples of case investigations where reverse location data has saved lives, even just recently,» Evans said in a letter to lawmakers, although he added that he supports «reasonable safeguards for data privacy protections» and would be «more than willing to collaborate on possible solutions to implement more safeguards while still preserving such an important technological tool.»
As written, the Senate bill would prohibit warrants to collect information on devices that searched for a specific keyword, phrase or website. It would also ban similar collection of GPS coordinates, cell tower and Wi-Fi connectivity data.
GRASSLEY: BIDEN DOJ BYPASSED CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS BY SUBPOENAING SENATOR PHONE RECORDS
Minneapolis police in tactical gear arrive on the street in downtown Minneapolis as protesters gather on Jan. 17, 2026, in Minneapolis, Minnesota. (Jim Vondruska/Getty Images)
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Lucero said during the March 9 hearing that the bill should not be viewed as anti-law enforcement, arguing it promotes pro-constitutional principles.
«We simply want to make sure that those time-tested principles are protected in the new digital realm,» Lucero said.
Lucero referenced the Fourth Amendment, which protects against unreasonable searches and seizures unless a warrant specifies a particular place and the person or thing to be seized.
«Reverse search warrants are the antithesis of that,» he said.
The Associated Press contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Ante la escasez de mano de obra agrícola, el gobierno de Donald Trump ahora recurre a los migrantes
Durante años, el sector agrícola se ha enfrentado a un mercado laboral escaso, ya que los trabajadores agrícolas envejecen y cada vez son menos los nuevos migrantes y los estadounidenses más jóvenes dispuestos a trabajar en los campos. Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump prometieron que las deportaciones masivas ayudarían, y darían lugar a “salarios más altos con mejores prestaciones” y a una “mano de obra 100 por ciento estadounidense”.
Pero el gobierno ha reconocido discretamente en los últimos meses que sus redadas de migración y la represión en la frontera han agravado el problema. Así que ha recurrido a una fuente alternativa, al abaratar la contratación de trabajadores agrícolas migrantes con visados temporales.
Leé también: El plan de deportaciones masivas de Trump choca con el ejército de un millón de campesinos indocumentados
Muchos agricultores han celebrado esos cambios, introducidos en un programa de visados cada vez más popular conocido como H-2A, y señalaron la dificultad de contratar a trabajadores estadounidenses y las duras condiciones económicas del sector. Pero tanto los defensores de una política migratoria más estricta como los sindicatos se oponen, al argumentar que la medida solo aumentará la proporción de trabajadores extranjeros y perjudicará a los trabajadores locales y reducirá sus salarios.
El debate latente subraya cómo algunos de los principales objetivos del gobierno de reducir la migración, mantener bajos los precios de los alimentos y ayudar a los trabajadores estadounidenses pueden entrar inevitablemente en conflicto. Los intereses contrapuestos en juego muestran también los efectos indirectos del enfoque de línea dura de Trump respecto a la migración legal e ilegal.
Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, dijo en un comunicado que el gobierno estaba promulgando “reformas reales para aliviar las cargas normativas y reducir los costos laborales”. Maria, una trabajadora que lleva tres décadas en una granja en Idaho, y que no está autorizada a trabajar por el gobierno de EE.UU., prepara tamales que vende para compensar los ingresos perdidos debido a que los agricultores utilizan más trabajadores con visa H-2A. (Foto: Loren Elliott/The New York Times)
“La economía agrícola se encuentra en una situación difícil, y el presidente Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que los agricultores tengan lo que necesitan para tener éxito”, dijo.
Solo el 0,4% de los agricultores de California declararon haber perdido trabajadores debido a las redadas agrícolas, según una nueva encuesta de la Oficina Agrícola de California y la Universidad Estatal de Míchigan. Pero más del 14 por ciento dijo que las redadas y la ansiedad general en torno a la intensificación de la aplicación de las leyes de migración provocaron la escasez de trabajadores. Entre los cultivos que requieren mucha mano de obra, como la fruta y la verdura, esa cifra era de casi el 20 por ciento.
En un documento normativo sobre la reforma del programa H-2A en octubre, el Departamento de Trabajo reconoció las dificultades para encontrar trabajadores: “El cese casi total de la afluencia de extranjeros ilegales, combinado con la falta de mano de obra legal disponible provoca importantes trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses”.
Estas dificultades, advirtió la agencia, solo aumentarán a la luz del proyecto de ley de política interior de Trump, que plantea la posibilidad de disuadir a unos 225.000 trabajadores. “Esta amenaza crecerá a medida que se desplieguen las herramientas que el Congreso proporcionó en la HR 1, un grande y hermoso proyecto de ley, para mejorar la aplicación de las leyes de migración de la nación”, continuó la agencia.
Debido a los nuevos cambios, la agencia ajustó la forma de calcular los salarios pagados a los trabajadores agrícolas H-2A, lo que redujo efectivamente las tarifas por hora entre 1 y 7 dólares según el estado, de acuerdo con algunas estimaciones. Los propietarios de granjas también pueden incluir ahora el alojamiento como parte del paquete de compensación que ofrecen a los trabajadores agrícolas invitados.
La reducción salarial ha provocado una demanda de la Unión de Campesinos de América, que representa a miles de trabajadores del campo. Sostiene que la norma perjudicará a los trabajadores agrícolas estadounidenses al reducir también sus salarios o expulsarlos totalmente del mercado laboral.
“Estas medidas van a desplazar a los trabajadores agrícolas nacionales, que llevan décadas trabajando en los campos y poniendo comida en las mesas, y van a traer una mano de obra aún más vulnerable a los abusos”, dijo en una entrevista Teresa Romero, presidenta del sindicato, y señaló que los trabajadores H-2A suelen ser víctimas de explotación y la trata.
Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Migración, que apoya niveles más bajos de migración y una mayor aplicación de la ley, estuvo de acuerdo. Es probable que los cambios fomenten una mayor migración extranjera y desincentiven la automatización en la agricultura, escribió en un ensayo de opinión en noviembre, “dos consecuencias contrarias a los objetivos declarados del gobierno”.
Pero para Bruce Talbott, quien opera un huerto de melocotones y un viñedo en Colorado, la medida reducirá su factura salarial y le permitirá contratar a más trabajadores, haciendo que la economía de la agricultura sea un poco más viable. Talbott ha recurrido al programa H-2A durante más de una década, a medida que la reserva de mano de obra disponible localmente se reducía y llegaba a cuentagotas. Bruce Talbott, que usó el programa H-2A por más de una década para contratar trabajadores para sus campos de durazno y uva. (Foto: Rachel Woolf / The New York Times)
Dado que la industria hortofrutícola de Colorado es estacional, dijo que no podía ofrecer empleo durante todo el año como las granjas de California, lo que hace que el ya agotador trabajo de podar árboles y recoger fruta resulte menos atractivo para los trabajadores locales. Un año, al no poder contratar a suficientes trabajadores locales y mientras esperaba que se aprobaran los visados H-2A, el huerto perdió unas 18 toneladas de fruta.
La granja de Talbott emplea anualmente entre cuatro y cinco decenas de trabajadores agrícolas invitados, la inmensa mayoría de los cuales son trabajadores recurrentes y procedentes de México, y solo media decena de trabajadores locales.
“¿Hay estadounidenses muy trabajadores? Por supuesto que los hay”, dijo, “y están en la construcción, en el petróleo y el gas, y en trabajos profesionales. No están en la agricultura estacional”.
El argumento de Talbott sobre la falta de trabajadores domésticos se refleja en los datos. Según el programa H-2A, los empresarios también deben demostrar su incapacidad para contratar a trabajadores estadounidenses. En 2025, solo 182 de los más de 415.000 puestos anunciados recibieron un solicitante nacional.
En las dos últimas décadas, el número de puestos con visado H-2A certificado ha aumentado considerablemente, hasta casi 400.000 en el año fiscal 2025, frente a unos 50.000 en 2005. Estos trabajadores temporales representan ahora el 15 por ciento de todos los trabajadores agrícolas. (Alrededor del 40 por ciento de los trabajadores agrícolas son inmigrantes no autorizados y aproximadamente un tercio son ciudadanos estadounidenses, según las últimas estimaciones del gobierno).
El caso de María, una inmigrante que no está autorizada a trabajar en EE.UU.
María, una trabajadora agrícola de casi tres décadas en Idaho que no quiso compartir su apellido porque no está autorizada a trabajar en Estados Unidos, dijo en una entrevista que había sido testigo directo del crecimiento del programa. En los últimos cuatro años, ha pasado cada vez menos semanas plantando y cosechando cebollas, frijoles, alfalfa y trigo a medida que llegaban más y más trabajadores H-2A.
Para compensar las horas perdidas, María ha recurrido a la venta de tamales, mientras que otros trabajadores locales han aceptado segundos empleos. Y su hijo de 17 años, nacido en Estados Unidos, no ha podido encontrar trabajo en los campos y le han dicho que ya no se buscan adolescentes, dada la disponibilidad de trabajadores H-2A.
Este año, como consecuencia de los recortes salariales a los trabajadores H-2A, María también puede ver cómo sus ingresos por hora bajan de 17 a 11 dólares, una reducción que le ha hecho plantearse abandonar Idaho para buscar trabajo en otra parte.
“No me parece justo que nos bajen tanto el sueldo”, dijo María, señalando que, aunque se acercaba a la edad de jubilación, no podía permitirse dejar de trabajar.
La difícil situación a la que se enfrentan María y su hijo subraya un argumento de los economistas: bajar los salarios de los trabajadores H-2A no hará que haya más trabajadores estadounidenses en la agricultura ni que aumenten los salarios de los trabajadores nativos.
El Instituto de Política Económica, un grupo de reflexión de tendencia izquierdista, calculó que los cambios metodológicos supondrían un recorte de 2000 millones de dólares en los salarios anuales de los trabajadores agrícolas invitados, y de 3000 millones de dólares para los trabajadores agrícolas estadounidenses.
Philip Martin, economista especializado en el trabajo agrícola y profesor emérito de la Universidad de California, Davis, dijo que era escéptico respecto a las afirmaciones del gobierno sobre una inminente escasez masiva de mano de obra agrícola. Sea cual sea la justificación, señaló que las medidas no aumentarían el número de trabajadores estadounidenses en la agricultura.
“Se trata de una cuestión económica básica”, dijo, y añadió: “Si hay escasez de algo como la energía -gas y petróleo-, se sube el precio para dar a la gente un incentivo para salir a buscar más, ¿no?”
Reducir los salarios, dijo, significará en cambio que los agricultores estadounidenses dependerán cada vez más de la mecanización, de trabajadores agrícolas invitados y de la importación de alimentos.
El Congreso también está considerando cambios más radicales en el programa. Un proyecto de ley bipartidista presentado el año pasado agilizaría el proceso de solicitud, reduciría costos y lo ampliaría a empleadores que trabajan durante un año y que actualmente no cumplen los requisitos, como los productores lácteos. (El proyecto de ley también establecería una vía hacia la legalización para los trabajadores agrícolas no autorizados que ya se encuentran en Estados Unidos).
Talbott, operador de la huerta en Colorado, elogió los cambios introducidos por la administración en el programa H-2A y dijo que esperaba que el Congreso pudiera hacerlo más transparente y fácil de utilizar. Aun así, le preocupaba que las medidas fueran “demasiado poco y demasiado tarde”, y señaló que varios cultivadores de su zona ya estaban cerrando sus negocios este año.
“La mano de obra es un componente importante de por qué la gente dice que esta actividad no es viable, ya no me dedico a esto”, dijo.
Por eso, para Talbott, el programa H-2A es esencial. “No podemos cultivar sin volver” a los trabajadores invitados, dijo.
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Charo Henríquez colaboró con traducciones.
Linda Qiu es una reportera que se especializa en verificar declaraciones de políticos y figuras públicas. Ha estado informando y verificando datos sobre figuras públicas durante casi una década.
Charo Henríquez colaboró con traducciones.
Donald Trump, migrantes, agricultura, Estados Unidos
INTERNACIONAL
La Unión Europea sancionó a 16 funcionarios y tres entidades iraníes más por la represión de las protestas de enero
IRGC/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Handout via REUTERS
La Unión Europea amplió este lunes su lista de sancionados por la represión en Irán con 16 nuevos funcionarios y tres entidades, entre ellos comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, miembros del poder judicial y el responsable del sistema penitenciario del país. El Consejo de la UE aprobó las medidas en Bruselas en respuesta a la participación directa de estos actores en la supresión violenta de las protestas de enero de 2026, que se saldaron con miles de muertos según diversas estimaciones internacionales.
Las nuevas designaciones elevan a 263 el número de personas y a 53 el de entidades sometidas a medidas restrictivas en el marco del régimen de sanciones que la UE mantiene sobre Irán por violaciones de derechos humanos, vigente desde 2011 y prorrogado hasta el 13 de abril de 2026.
Entre los recién incluidos figura el viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad y Orden Público, así como varios comandantes de ramas locales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés). El Consejo también sancionó al Cuerpo Mohammad Rasulullah, encargado de coordinar las fuerzas del IRGC y de la milicia Basij en Teherán, y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Imam Reza, rama provincial del IRGC en Jorasán Razaví, donde la represión fue, según el comunicado, “especialmente brutal”.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, desencadenadas por el colapso del rial iraní y décadas de malestar político acumulado. Lo que empezó como una movilización de comerciantes en Teherán se extendió a más de un centenar de ciudades, convirtiéndose en el mayor levantamiento popular desde la revolución islámica de 1979. El régimen respondió con una violencia sin precedentes: las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes, con las masacres más mortales los días 8 y 9 de enero, según documentó Amnistía Internacional.
Las cifras de víctimas permanecen en disputa. Las autoridades iraníes reconocieron oficialmente 3.117 muertos. La Relatora Especial de la ONU sobre Irán estimó que el número real podría superar los 5.000 fallecidos. La revista Time, citando documentos del Ministerio de Salud iraní, elevó esa cifra a hasta 30.000 personas solo en los días 8 y 9 de enero, dato que no pudo verificarse de forma independiente dado el bloqueo de internet impuesto por las autoridades desde ese mismo día.
Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
La nueva lista incluye también a jueces y fiscales que participaron en procesos contra manifestantes, activistas, periodistas y opositores, algunos responsables de obtener confesiones bajo coacción y dictar condenas severas. Figura asimismo el director de la Organización de Prisiones, bajo cuya gestión se documentaron torturas, detenciones arbitrarias, aplicación de la pena de muerte a menores y violencia sexual contra reclusas.
En el ámbito tecnológico, el Consejo sancionó a Naji Research and Development Company (NRDC), empresa que desarrolló la aplicación Nazer, utilizada por las fuerzas del orden como herramienta de vigilancia ciudadana, y al jefe de la Policía Cibernética de Teherán, responsable de la censura en internet.
Esta ronda se produce en el marco de una escalada sostenida. El 19 de febrero, el Consejo formalizó la inclusión del IRGC en la lista de organizaciones terroristas de la UE. El 11 de marzo, una ronda previa designó a otras 19 personas y entidades, entre ellas el ministro del Interior Eskandar Momeni y el fiscal general Mohammad Movahedi Azad. Teherán calificó esas medidas de “ilegales” e “inmorales” y acusó a la UE de complicidad con lo que describió como una agresión exterior contra el país.
Con Irán sometido simultáneamente a una ofensiva militar exterior y a una crisis de legitimidad interna, la acumulación de designaciones europeas traza un mapa de responsabilidades que, tarde o temprano, alguien tendrá que responder.
Defense,Middle East
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