INTERNACIONAL
El dólar extiende su caída tras débil informe de empleo en Estados Unidos
El dólar prolongó su declive el lunes tras el débil informe de empleo estadounidense del viernes, que prácticamente consolidó un recorte de las tasas de interés este mes, incluso cuando el yen se depreció después de que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunciara su renuncia durante el fin de semana.
En Europa, el euro mostró poca reacción a la noticia de que el parlamento francés votó a favor de destituir al primer ministro François Bayrou el lunes. El parlamento derrocó al gobierno por sus planes para controlar la creciente deuda nacional, hundiendo a la segunda economía más grande de la eurozona en una crisis política aún más profunda.
La moneda común europea subió un 0,2% en el día frente al dólar, a 1,1751 dólares.
Los analistas afirmaron que el resultado de la votación era esperado.
En Japón, Ishiba anunció el domingo su dimisión, lo que marca el comienzo de un período potencialmente prolongado de incertidumbre política para la cuarta economía más grande del mundo, el país industrializado más endeudado. Esto presionó al yen a la baja en general y, a media mañana, el dólar subía solo un 0,2% frente a la moneda japonesa, situándose en 147,695, tras haber subido hasta un 0,8% durante el día.
Sin embargo, la atención del mercado seguía centrada en el dólar estadounidense tras el impacto de las nóminas no agrícolas del viernes, que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal reanudará el recorte de las tasas de interés en una reunión de política monetaria a finales de este mes.
“El motor del mercado cambiario sigue siendo el dólar y la evolución de Estados Unidos”, declaró Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Forex en Nueva York.
“Se puede hablar de política japonesa, pero el verdadero factor que impulsa la relación dólar/yen no es la política japonesa ni las tasas de interés japonesas. Son las tasas de interés estadounidenses, y con el mercado descontando una probabilidad de aproximadamente el 10% de un recorte de 50 puntos básicos, el dólar está cayendo”. Los futuros de los fondos federales prevén un 90% de probabilidad de un recorte estándar de 25 puntos básicos este mes y un 10% de probabilidad de una disminución de 50 puntos básicos en las tasas, según estimaciones de LSEG.
El informe de nóminas no agrícolas mostró que el crecimiento del empleo en EEUU se desplomó en agosto y la tasa de desempleo aumentó a un máximo de casi cuatro años del 4,3%.
El índice del dólar bajó un 0,4%, hasta 97,51, tras haber caído más del 0,5% el viernes.
Frente al franco suizo, el dólar cayó a su nivel más bajo desde el 24 de julio, y cerró con una baja del 0,5%, en 0,7937.
“Creemos que existe la posibilidad de un repunte sorpresivo del dólar, especialmente si las cifras inflacionarias, como el IPP (índice de precios al productor) y el IPC (índice de precios al consumidor), muestran un panorama en el que los precios simplemente se están descontrolando”, declaró Juan Pérez, director de operaciones de Monex USA en Washington.
En otros pares de divisas, el yen se depreció frente al euro, alcanzando su nivel más bajo en más de un año. El euro subió un 0,4%, situándose en 173,40 yenes.
Los inversores también están atentos a la posibilidad de que el presidente japonés, Ishiba, sea reemplazado por alguien que promueva una política fiscal y monetaria más flexible, como el veterano del Partido Liberal Democrático, Sanae Takaichi, quien ha criticado las subidas de tipos de interés del Banco de Japón. Las acciones japonesas subieron previamente, mientras que los bonos del Estado (JGB) se mantuvieron estables, aunque los rendimientos de los JGB a largo plazo rondaron máximos históricos. El yen apenas reaccionó a los datos del lunes que muestran que la economía japonesa se expandió mucho más rápido de lo estimado inicialmente en el segundo trimestre.
Por otra parte, la libra esterlina subió un 0,3% frente al dólar, hasta los 1,3545 dólares, tras haber subido más del 0,5% el viernes.
Los dólares australiano y neozelandés subieron un 0,5%, hasta los 0,6590 dólares estadounidenses, y un 0,8%, hasta los 0,5938 dólares estadounidenses, respectivamente.
También el viernes pasado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió un nuevo escrutinio de la Reserva Federal, incluyendo su facultad para fijar los tipos de interés, a medida que la administración Trump intensifica sus esfuerzos por ejercer control sobre el banco central.
El presidente Donald Trump está considerando a tres finalistas para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien ha criticado durante todo el año por no recortar los tipos como él mismo ha exigido.
(Reuters)
Financials (TRBC level 1),Currencies / Foreign Exchange Markets,South America / Central America,BOGOTA
INTERNACIONAL
Hong Kong citó al cónsul panameño por el fallo que anuló la concesión de puertos de CK Hutchison
Medios de Hong Kong y portales en chino reportaron que el gobierno hongkonés convocó al Cónsul General de Panamá en la ciudad, José Ramón de Jesús Varela Fábrega, para expresar su rechazo a la decisión judicial panameña que anuló el contrato de CK Hutchison para operar dos puertos vinculados al tránsito del Canal de Panamá.
Según esos reportes, el encuentro fue encabezado por el Secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah. Yau comunicó una “fuerte insatisfacción” con el fallo. También sostuvo que la medida afecta la confianza de inversionistas. Y que impacta las reglas del comercio internacional.
La citación se produjo después de pronunciamientos difundidos en China sobre posibles “graves consecuencias” para Panamá, en el marco de la reacción por la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
En esa línea, autoridades de Hong Kong señalaron que CK Hutchison había realizado inversiones y generado empleos durante años, y reclamaron un entorno de negocios “justo e imparcial” para empresas que operan legalmente.
El planteamiento incluyó una petición para que Panamá respete el “espíritu del contrato” y garantice “trato y protecciones” a compañías de Hong Kong.
El origen de la controversia está en el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el marco que sostenía la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).
La sentencia anuló el contrato y sus extensiones. El argumento central, según lo reportado públicamente, fue que el esquema otorgaba privilegios exclusivos y exenciones fiscales incompatibles con disposiciones constitucionales.
La concesión se estructuró en 1997 como un paquete que agrupó la operación de ambos puertos bajo un solo operador. Ese diseño —que colocó en un mismo bloque activos en los dos extremos del Canal— es el que ahora el Ejecutivo panameño asegura que no volverá a repetirse.
Tras el fallo, el presidente José Raúl Mulino afirmó que, en adelante, los contratos no se otorgarán a un único operador como un “monopolio” o un esquema de control concentrado. Y anunció que el objetivo es concesionar por separado Balboa y Cristóbal.
En el trasfondo del caso también figura la auditoría impulsada por la Contraloría General sobre la concesión, un proceso que fue parte de la presión institucional para revisar el contrato y sus renovaciones.
La discusión sobre la concesión se mantuvo activa en el país por señalamientos de irregularidades y por el impacto de los beneficios contractuales vinculados a exenciones. Ese proceso alimentó acciones legales que terminaron elevando el caso al máximo tribunal.
En paralelo a la disputa judicial, CK Hutchison mantenía un proceso para desprenderse de activos portuarios, incluyendo los asociados a Panama Ports Company, dentro de una transacción global negociada con un consorcio liderado por BlackRock.
Ese plan incluyó desde el inicio una operación de gran escala que abarcaba decenas de terminales. Sin embargo, la propuesta enfrentó el rechazo de China, que exigió revisiones y objetó la estructura del acuerdo por consideraciones estratégicas relacionadas con la infraestructura portuaria y la cadena logística global.
Luego de ese rechazo, se planteó la posibilidad de incorporar a la naviera estatal china COSCO como parte del consorcio, en un intento por atender las objeciones y destrabar la transacción.
Aun así, el panorama cambió tras el fallo panameño: la venta de los puertos que incluyen Balboa y Cristóbal quedó bajo mayor incertidumbre, mientras se define el alcance práctico de la sentencia, el futuro administrativo de los activos y el nuevo modelo de concesión.
Tras la anulación del contrato, CK Hutchison decidió impugnar el desenlace por la vía del arbitraje internacional, y su filial Panama Ports Company inició procedimientos bajo ese mecanismo. La disputa abre un frente legal que puede prolongarse en el tiempo. Y coloca bajo presión la transición administrativa de dos terminales consideradas parte del engranaje logístico panameño por su rol en el movimiento de contenedores y el transbordo regional.
El presidente Mulino, por su parte, afirmó que la decisión de la Corte es definitiva. Y sostuvo que Panamá no aceptará amenazas de ningún país.
La Cancillería panameña también respondió a las advertencias provenientes de China, en un contexto en el que el gobierno ha insistido en la independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho como marco para la relación con inversionistas y operadores extranjeros.
Dentro del plan de transición anunciado por el Ejecutivo, Mulino indicó que, una vez se concrete la salida de CK Hutchison, el grupo Maersk, a través de su filial APM Terminals, asumirá la operación de forma interina para evitar interrupciones.
Esa administración temporal se mantendría mientras el Estado organiza un nuevo proceso de concesión. Y mientras define el esquema bajo el cual Balboa y Cristóbal se licitarán de manera individual, en lugar de un solo paquete como el de 1997.
El episodio ha escalado a un pulso diplomático y económico donde convergen Panamá, Hong Kong y China, con el componente adicional del arbitraje y la transacción global en la que participan actores financieros y navieros. En el corto plazo, el centro de la discusión está en la implementación del fallo. En el mediano, en el modelo de concesión que sustituirá el esquema anulado. Y en el impacto que la disputa tendrá sobre la continuidad operativa de dos puertos que Panamá considera parte de su plataforma logística.
Corporate Events,South America / Central America
INTERNACIONAL
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Nueva ola
La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Ana Fábrega, y otros funcionarios, por presuntos delitos vinculados a abuso sexual, maltrato a menores e incumplimiento de deberes de servidores públicos.
La acción se produjo tras una visita de inspección realizada por la comisión legislativa al CAI de Tocumen, un albergue estatal ubicado al este de la Ciudad de Panamá. Tras el recorrido, Brenes reportó “irregularidades” relacionadas con el estado de la infraestructura, la falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos dentro del mismo espacio, un punto que, según dijo, no se ajusta a estándares de protección.
Brenes sostuvo que la denuncia se fundamenta en correos, informes y reportes internos que, según explicó, ya habían sido enviados a niveles jerárquicos de la institución y advertían sobre presuntas situaciones de negligencia y vulneración de derechos.
La diputada pidió al Ministerio Público “celeridad” en el trámite y llamó a que los funcionarios que conozcan hechos de este tipo denuncien, al advertir que el silencio puede convertirse en complicidad por omisión.
Junto a la diputada compareció César Augusto Pérez, identificado en reportes de prensa como exdirector de Prevención del SENNIAF y encargado del CAI de Tocumen, quien aseguró haber sido separado del cargo por “pérdida” o “falta de confianza” luego de elevar alertas internas sobre supuestas irregularidades.
Pérez dijo que sus comunicaciones fueron presentadas “por escrito” y que no buscaban atacar a la institución, sino mejorar condiciones para los menores bajo custodia estatal.
SENNIAF, por su parte, respondió públicamente que la visita de la comisión al CAI se desarrolló con normalidad y conforme a procedimientos establecidos para la protección de niños, niñas y adolescentes.
La entidad indicó que ese tipo de recorridos se han venido realizando desde diciembre, incluyendo inspecciones a albergues privados en Santiago, Coclé y Chiriquí, y que durante el recorrido en Tocumen los diputados fueron acompañados por la directora general, Ana Fábrega, además de personal técnico y administrativo.
En su posición institucional, SENNIAF también recordó que los albergues se rigen por disposiciones específicas de funcionamiento y resguardo, y que las visitas deben coordinarse previamente con listados de visitantes (nombre, cargo e identificación) para las verificaciones correspondientes, priorizando el bienestar y la confidencialidad de los casos y evitando cualquier forma de exposición de los menores.
Mientras avanza el trámite de la denuncia, Brenes anunció que la comisión elaborará un informe con observaciones del recorrido y lo remitirá a las instancias correspondientes, además de enviar notas para que la Comisión de Presupuesto evalúe la situación del centro. La diputada recordó que SENNIAF está adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y pidió atención directa al tema.
El caso vuelve a colocar en el debate público el funcionamiento de albergues estatales y los mecanismos de supervisión. En los próximos días, el curso del proceso dependerá de las actuaciones del Ministerio Público y de la documentación que, según la diputada, fue incorporada como sustento de su denuncia, así como de los hallazgos que la comisión legislativa formalice en su informe técnico.
Entre 2021 y 2023 ya se habían conocido alertas e investigaciones vinculadas a irregularidades en albergues supervisados por el Estado y la SENNIAF, que motivaron acciones de control y pronunciamientos públicos.
En febrero de 2021, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Asamblea Nacional que se remitieran informes preliminares sobre maltratos a menores en albergues bajo la supervisión de la entidad, lo que dio paso a investigaciones sobre presuntas vulneraciones de derechos en varias instalaciones destinadas a niños y adolescentes.
Un escándalo similar marcó los primeros meses de 2021, cuando un informe parlamentario reveló condiciones “infrahumanas” en centros de acogida para menores supervisados por la SENNIAF, donde se documentaron casos de abusos físicos, sexuales y psicológicos hacia decenas de niños y adolescentes. La comisión legislativa que investigó esos hechos trasladó conclusiones a la Procuraduría General de la Nación para que se abriera una investigación penal, y surgieron cuestionamientos sobre la capacidad institucional para garantizar seguridad y protección en los albergues estatales.
Además, en 2023 la Procuraduría General de la Nación confirmó una condena de 60 meses de prisión a una exfuncionaria de la SENNIAF por el delito de maltrato a un menor en un albergue, como parte de casos que han transitado en el sistema judicial.
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