En el improbable pero profundo enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos y el migrante que ha captado la atención internacional, los tribunales han determinado de forma unánime que uno de ellos violó recientemente la ley. Y no fue el migrante.

Según jueces liberales y conservadores, incluyendo a la Corte Suprema, la administración del presidente Donald Trump infringió las normas al deportar a Kilmar Armando Ábrego García y debe intentar corregir el error. Sin embargo, Trump y su equipo intentan reescribir la narrativa para que se trate de una disputa sobre inmigración ilegal en lugar del Estado de derecho.

Es una disputa que Trump parece acoger con satisfacción. Su administración podría haberla evitado fácilmente, simplemente trayendo de vuelta a Ábrego García de El Salvador y siguiendo un proceso que podría haber resultado en su deportación de todos modos. En cambio, el Sr. Trump optó por redoblar sus esfuerzos, desafiando a los tribunales y revirtiendo la justificación de una deportación que su administración inicialmente reconoció como errónea.

En opinión del equipo del presidente, esto representa una victoria política para la gran mayoría de los votantes, un «problema de 80-20», como lo expresa su asesor Stephen Miller, refiriéndose a porcentajes teóricos.

Trump refuerza sus credenciales como un azote de inmigrantes malvados al tiempo que afirma que sus críticos se preocupan más por los asesinos y matones nacidos en el extranjero que por los estadounidenses respetuosos de la ley.

Sin embargo, en un momento en que el jefe de la Casa Blanca reclama un poder sin precedentes en tantos ámbitos, el caso de un migrante encarcelado ha cristalizado el debate sobre si el propio Sr. Trump es un estadounidense respetuoso de la ley.

El objetivo del presidente en los últimos días ha sido presentar al Sr. Ábrego García como un hombre tan peligroso que no importa si la deportación del gobierno fue ilegal, argumentando en efecto que el fin justifica los medios. Sin importar que el Sr. Ábrego García nunca haya sido condenado por ningún delito, la Casa Blanca ahora lo presenta como una amenaza singular para la seguridad pública sin molestarse en probar nada en un tribunal.

En una sesión con periodistas el viernes, sus asesores entregaron al Sr. Trump una hoja con viñetas que enumeraban varias acusaciones contra el Sr. Ábrego García, algunas basadas en hechos y otras distorsionadas. Es un «terrorista extranjero», alegó el Sr. Trump, y «no es una persona muy inocente», alguien cuyo «antecedente es increíblemente malo».

«Hablan de lo malvado que soy, de que este hombre sería expulsado de nuestro país», dijo el Sr. Trump sobre sus críticos. «Este hombre es, según las declaraciones certificadas que recibimos, una persona muy violenta. Y quieren que este hombre regrese a este país, donde pueda ser libre».

Luego citó a una «maravillosa madre ángel» cuya hija fue asesinada por un inmigrante que se encontraba en el país sin autorización. La Casa Blanca se aseguró de destacar su caso esta semana al traerla a la sala de prensa en medio de la disputa sobre qué hacer con Ábrego García. Pero la tragedia de su familia, indudablemente horrible y devastadora, no tenía relación con el salvadoreño deportado, quien no tuvo nada que ver, a pesar de que el presidente, en esencia, pareció confundir los asuntos.

“Donald Trump intenta desesperadamente cambiar el debate sobre el secuestro y la desaparición de Kilmar Abrego García porque está perdiendo en los tribunales y ante la opinión pública”, declaró Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Derecho Migratorio. “La gran mayoría de los estadounidenses valora el estado de derecho y la separación de poderes, y la opinión pública está respondiendo con vehemencia a estos crecientes ataques a nuestra democracia”, agregó.

Este caso ha tenido mayor repercusión, según algunos críticos del presidente, en parte porque Trump ha dejado claro que respeta pocos límites a su poder.

En los últimos días, Trump, quien es un delincuente convicto, ha llegado incluso a afirmar que contempla enviar a delincuentes violentos que son ciudadanos estadounidenses a El Salvador, donde las prisiones no se rigen por los estándares mínimos de Estados Unidos.

“Sean cuales sean los méritos de este caso individual, cada vez es más evidente para el público estadounidense que podría ser cualquiera de nosotros”, declaró Cecilia Muñoz, ex asesora de política nacional del presidente Barack Obama. “El presidente está yendo demasiado lejos, más allá de lo que prometió al público que haría durante la campaña y mucho más allá de lo que el país acepta”.

Algunos demócratas han buscado visibilizar el caso, en particular el senador Chris Van Hollen de Maryland, donde el Sr. Ábrego García trabajaba en la construcción y vivía con su esposa, ciudadana estadounidense, y sus tres hijos con necesidades especiales. El Sr. Van Hollen viajó a El Salvador esta semana para reunirse con el Sr. Ábrego García.

“Si quieren hacer acusaciones sobre el Sr. Ábrego García y la MS-13”, la pandilla, “deberían presentarlas en el tribunal, no en redes sociales ni en conferencias de prensa, donde simplemente se sueltan disparates”, declaró el Sr. Van Hollen tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles el viernes.

Trump tachó a Van Hollen de «tonto» y «fanfarrón». El aliado del presidente, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, intentó desacreditarlo publicando fotos de la visita, afirmando que el senador y el migrante encarcelado estaban «bebiendo margaritas» durante su reunión.

El Sr. Van Hollen afirmó que funcionarios del gobierno les pusieron las bebidas y que ninguno las tocó. «Es el máximo esfuerzo que el presidente Bukele está dispuesto a hacer para engañar a la gente sobre lo que está sucediendo», afirmó.

Sin embargo, algunos demócratas temen estar haciéndole el juego a Trump al centrarse en el caso, lo que le permite desviar la atención de las consecuencias de su guerra comercial global, que han desplomado el mercado, y otros asuntos que podrían ser más importantes para muchos estadounidenses.

“Esta es la distracción del día”, dijo esta semana el gobernador demócrata Gavin Newsom de California, al ser preguntado sobre el caso durante un evento que convocó para centrarse en los aranceles de Trump. “Este es el debate que quieren”. Añadió que los demócratas parecen estar “defendiendo a la MS-13” y a “alguien que no ve, no siente en El Salvador”.

Defender el Estado de derecho puede ser políticamente complejo, ya que a menudo involucra a personas con antecedentes penales deficientes que, bajo el sistema estadounidense, aún gozan del debido proceso. Abrego García ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2011 y fue arrestado en 2019. Dos jueces aceptaron la afirmación de las autoridades de que era miembro de la MS-13, aunque sus abogados han señalado que las pruebas presentadas públicamente en su contra son circunstanciales, como sus tatuajes o la gorra de los Chicago Bulls que llevaba.

Además, su esposa, Jennifer Vásquez Sura, presentó una solicitud de orden de protección contra él en 2021, alegando violencia contra ella. En un comunicado esta semana, afirmó que lo hizo «por si la situación se agravaba», pero «no se intensificó», y añadió que no siguió adelante con el proceso, sino que resolvió sus dificultades «en privado, en familia, incluso con terapia». Ha estado haciendo campaña públicamente por su liberación.

Como parte del esfuerzo por presentar al Sr. Ábrego García como un villano y no como una víctima, el Departamento de Seguridad Nacional publicó el viernes lo que denominó un «informe de investigación impactante» que sugería que era un «presunto traficante de personas». El informe se basó en un incidente ocurrido en 2022, cuando fue detenido por exceso de velocidad en Tennessee con otras ocho personas en su vehículo. Sin embargo, no fue acusado de trata de personas, sino que simplemente recibió una advertencia por conducir con una licencia vencida.

«La narrativa compasiva de los medios sobre este pandillero ilegal se ha desmoronado por completo», declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional. «Escuchamos demasiado sobre las historias falsas y tristes de los pandilleros y los delincuentes, y no lo suficiente sobre sus víctimas».

El Sr. Ábrego García nunca fue acusado de ser pandillero ni de ningún otro delito, y un juez en su caso de 2019 emitió una orden de «suspensión de deportación» que le prohibía ser deportado a su país de origen, El Salvador, debido a temores comprobados de peligro. No obstante, fue enviado a una prisión allí en marzo, en lo que la administración Trump calificó de «error administrativo».

La Corte Suprema ordenó a la administración Trump que «facilitara» su regreso de El Salvador, pero el presidente y su equipo han indicado que no planean tomar medidas al respecto. El caso ha preocupado no solo a los opositores liberales del presidente, sino también a varios conservadores prominentes, incluyendo escritores de National Review y la página editorial del Wall Street Journal.

Entre ellos se encuentra el juez J. Harvie Wilkinson III, de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito, quien emitió un duro dictamen contra la administración Trump el jueves. El juez Wilkinson, designado por Ronald Reagan, ha sido un firme defensor del conservadurismo durante décadas, y en su momento fue considerado finalista para la Corte Suprema por el presidente George W. Bush.

En su dictamen, emitido por unanimidad ante un panel de tres jueces, el juez Wilkinson reprendió a la administración Trump por afirmar que puede «encarcelar a residentes de este país en prisiones extranjeras» sin el debido proceso. “Esto debería impactar no solo a los jueces, sino también al sentido intuitivo de libertad que los estadounidenses, lejos de los tribunales, aún aprecian”, escribió.

Aun así, Trump se mantuvo firme. Arremeter contra los jueces se le ha vuelto casi tan atractivo como arremeter contra los inmigrantes. En lugar de ceder, el viernes dejó claro que planea atrincherarse en el encarcelamiento injusto de Ábrego García y que seguirá llevando su caso a la opinión pública.

“Estoy seguro de que es una victoria política”, dijo Jack L. Goldsmith, ex fiscal general adjunto del gobierno de Bush, sobre el argumento de la Casa Blanca.

Pero “la cuestión es que el gobierno está sujeto al estado de derecho”, dijo. “Y es de vital importancia que, al insistir en que otros, incluidos los inmigrantes, respeten el estado de derecho y las decisiones judiciales, el gobierno haga lo mismo”.