(Desde San Pablo) Una veintena de organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos humanos se reunieron ayer en Brasilia con el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes en una audiencia pública en el marco de la ADPF de las Favelas. Se trata de una acción judicial presentada ante el STF en 2020 por estas organizaciones para limitar la violencia y los abusos de las operaciones policiales en las favelas de Río. La causa se inició durante la pandemia de Covid-19, cuando las incursiones militares estaban provocando un elevado número de muertes entre los residentes. Entre las peticiones figuraba en ese momento la suspensión de las operaciones policiales en las comunidades, salvo en casos “excepcionales”, petición que el juez Edson Fachin aceptó parcialmente, determinando que la policía de Río solo podía entrar en las favelas en situaciones extraordinarias y previa comunicación al Ministerio Público. La decisión también estableció obligaciones de transparencia, como la presentación de informes detallados sobre las operaciones y el respeto de los derechos humanos. La audiencia de ayer se programó tras la operación Contención de la policía civil de Río de Janeiro la semana pasada, en la que murieron 121 personas en el tiroteo entre delincuentes del Comando Vermelho (CV) y la policía de Río de Janeiro.

Entre el grupo de ONG reunidas ayer en Brasilia se encuentra también el Instituto Ángeles de la Libertad (Instituto Anjos da Liberdade en portugués), presidido, según el sitio web de noticias Metrópoles, por la abogada Flávia Pinheiro Fróes, quien la semana pasada declaró a la periodista Andreza Matais que ahora se ocupa “únicamente de la defensa de Marcinho VP”, uno de los líderes de CV, y no de otros miembros del grupo. Ayer, sin embargo, Fróes declaró que no representaba a Marcinho VP desde 2021 en su solicitud de reconsideración de la prohibición que Moraes le impuso sobre su participación en la audiencia pública. En el texto para justificar su decisión, Moraes escribió que los representantes de personas o instituciones condenadas penalmente por participar en una organización criminal no pueden participar en las audiencias convocadas por el Tribunal Supremo. “Hemos venido a Brasilia para participar porque hemos sido la única entidad que ha recopilado presencialmente material imprescindible para esta audiencia pública, que contiene pruebas de crímenes de tortura y ejecuciones sumarias. Más que abogados, somos testigos”, declaró Fróes al sitio web de noticias Metrópoles.

El Gobierno de Lula también está acelerando el tema de los derechos humanos. “El hecho concreto es que, desde el punto de vista del número de muertos, se podría considerar que la operación ha sido un éxito, pero desde el punto de vista de las acciones del Estado, ha sido desastrosa”, declaró hace unas horas Lula. En cuanto a la operación de Río, el presidente afirmó que es necesario “verificar las condiciones en las que se llevó a cabo, porque hasta ahora solo tenemos las versiones proporcionadas por la policía y el gobierno estatal”. Por ello, Lula propuso una investigación independiente con la participación de expertos forenses de la Policía Federal (PF). “La decisión del juez era una orden de detención, no una orden de masacre, pero se produjo una masacre”, afirmó.

Los habitantes de las favelas de Río piensan de otra manera, no solo los del Complexo da Penha y do Alemao, donde se llevó a cabo la operación el martes de la semana pasada. Según una encuesta de AtlasIntel, el 87,6% de ellos aprueba la operación, una media de casi 9 de cada 10 habitantes. Justo en los mismos días de la encuesta, inmediatamente después de la operación, el fiscal publicó las denuncias de torturas sufridas por la población de las favelas de Río de Janeiro a manos del Comando Vermelho: baños en agua helada, personas atadas a coches en movimiento cuando no asesinadas después de que los tribunales del crimen decretaran su muerte. Una violencia que el CV no solo inflige en Río, sino también en otros estados de Brasil. Un informe reciente del Núcleo de Inteligencia de la Policía Civil de Ceará ha revelado el fenómeno de las expulsiones forzadas de familias de sus hogares por orden de facciones criminales, entre ellas el CV, con 219 casos entre enero de 2024 y septiembre de 2025. Emblemático es el caso de Morada Nova, un pequeño pueblo de Ceará que se ha convertido en un pueblo fantasma precisamente a causa de una guerra entre facciones.

Mientras tanto, el gobierno de Río de Janeiro está planeando nuevas operaciones, al menos una decena según el gobernador Cláudio Castro, una de ellas en diciembre en la zona de Jacarepaguá, en el suroeste de la ciudad, con el objetivo de reconquistar los territorios. La próxima semana, la policía de Río de Janeiro también llevará a cabo operaciones diarias en la zona suroeste de la ciudad y en la Baixada Fluminense para retirar los cientos de barricadas que las facciones criminales han levantado en los últimos años en las entradas y callejones de las favelas. Fuentes policiales han declarado a Infobae que el Complexo do São Carlos podría ser uno de los próximos objetivos, junto con el Complexo da Maré. São Carlos, en particular, se ha convertido en un peligroso foco de delincuencia donde no se han llevado a cabo operaciones policiales importantes desde hace más de dos años. Esto ha permitido que se establecieran líderes de facciones procedentes de otros estados, como Minas Gerais.

En este contexto dramático, el tema de la seguridad, de social se ha convertido en político a pocos meses del comienzo de 2026, un año crucial porque Brasil decidirá quién será su próximo presidente. El martes, el Senado brasileño creó la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el Crimen Organizado, eligiendo como presidente al senador del Partido dos Trabalhadores, el PT de Lula, Fabiano Contarato. La elección de Contarato representa una victoria del Gobierno de Lula, obtenida tras modificaciones en la composición del colegio para asegurarse la mayoría. La oposición, liderada por Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, denunció la interferencia del Gobierno en la formación de la comisión, acusándolo de “asaltar” la CPI para asegurarse el control político. En su primera intervención, Contarato prometió “investigar con independencia, transparencia y valentía”, afirmando que la comisión “llegará hasta lo más alto de la cadena criminal para identificar y castigar no solo a los ejecutores, sino también a los líderes, financiadores y cómplices que se lucran con la violencia y la corrupción”.

Mientras tanto, en menos de una semana se han presentado 51 proyectos de ley al Congreso sobre este tema, una fragmentación que corre el riesgo de favorecer solo a la política y no a la lucha contra la delincuencia. Entre ellos se encuentra también el que clasifica las acciones de las facciones criminales como terroristas, pero que corre el riesgo de convertirse involuntariamente en un regalo para ellas, según magistrados y especialistas. De ser aprobada, la medida quitaría, de hecho, a la policía y a los Ministerios Públicos estatales, en particular a los grupos especiales de lucha contra el crimen organizado, los llamados GAECOS, la competencia en las investigaciones contra el crimen organizado, transfiriendo los casos a la justicia de Brasilia y a la Policía Federal.

El Gobierno también ha presentado su propuesta con el proyecto de ley antifacciones que Lula firmó la semana pasada y envió al Congreso. El texto establece penas más severas para los miembros de las facciones, con penas de hasta 30 años, el máximo consentido en Brasil. El texto no solo no incluye la definición de terrorista para las organizaciones criminales, como desearían los Estados Unidos, sino que está muy lejos de la ley antimafia italiana, considerada una de las mejores del mundo precisamente por la dramática historia de la mafia en ese país europeo. La cadena perpetua, el aislamiento dentro de la cárcel para los grandes líderes de las organizaciones criminales, la confiscación de bienes y penas más severas también por delitos de asociación criminal podrían ser un modelo útil para Brasil.

“Después de que el aumento de los aranceles de Estados Unidos haya vuelto a situar a Lula como favorito para la reelección, la crisis de seguridad pública en Río reaviva las vulnerabilidades políticas y podría modificar el equilibrio electoral en 2026”, escribe Carlos Pereira en O Estado de São Paulo. “La sociedad brasileña parece dispuesta a aceptar —e incluso a exigir— medidas más duras contra el crimen organizado, aunque ello implique costes en términos de derechos civiles o de métodos de actuación policial. En otras palabras, la ventana de la opinión pública, que en el pasado se cerraba ante las acciones represivas, ahora se ha abierto”, concluye Pereira.

En este contexto, preocupa la noticia publicada por el sitio web de noticias R7, según la cual la agencia de inteligencia brasileña, la ABIN, estaría evaluando la posibilidad de cerrar sus superintendencias estatales. El motivo sería la falta de fondos. Según R7, la agencia ha pasado de un presupuesto de 141 millones de reales en 2001 a 64 millones de reales este año (11,9 millones de dólares), su mínimo histórico. Muchos se preguntan por qué, en medio de una crisis de seguridad pública como la que está viviendo Brasil, el país está recortando una herramienta fundamental para combatir el crimen desde la raíz.

Sobre todo porque la delincuencia brasileña es cada vez más transnacional, como demuestra un video difundido tras la operación de Río de Janeiro, pero grabado dos semanas antes en Bolivia, en el que aparece el narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, conocido como “El Jugador”, uno de los más buscados del mundo. En el video aparece junto a miembros del PCC, la principal organización criminal de Brasil, mientras profiere amenazas directas a sus rivales y a las fuerzas policiales y habla de “desatar una guerra” en la frontera con Brasil. “Hoy puedo estar aquí, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro en Colombia. Esté donde esté, estamos listos para hacer la guerra a cualquiera, a la policía. No me importa nadie”, dice Marset.

Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que conduzca a su detención. Acusado de dirigir una red transnacional que ha traficado toneladas de cocaína desde Sudamérica a Europa, en 2024 Marset fue acusado en Estados Unidos de blanqueo de capitales, en el marco de la operación “A Ultranza PY”, la mayor investigación antidroga de la historia de Paraguay. Marset es considerado el líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU) y mantiene alianzas con el clan paraguayo Insfrán y con la ‘Ndrangheta italiana, activa en la distribución de cocaína en Europa. Sus relaciones con el PCC se remontan al período de detención entre 2013 y 2018 en la cárcel de Libertad (Uruguay), donde habría establecido los primeros contactos con miembros de la facción brasileña. Según Jalil Rachid, jefe de la agencia antidroga de Paraguay, la SENAD, la colaboración entre Marset y el PCC representa “una amenaza regional”, ya que el traficante está tratando de expandir sus operaciones aprovechando la poderosa estructura del grupo brasileño.

También preocupa un video que Philippe Marques Pinto, de 29 años, publicó en sus redes sociales mientras se entrena para la guerra en Ucrania. Según la prensa brasileña, Pinto es miembro del Comando Vermelho al servicio de un jefe del grupo en São Gonçalo, en las afueras de Río de Janeiro. Ante la internacionalización creciente del crimen brasileño, el Gobierno de Donald Trump envió el martes una carta al secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, Victor Santos. En el documento, firmado por James Sparks, representante de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, Washington expresa su pésame por la muerte de los cuatro policías en la operación de Río de Janeiro de la semana pasada y afirma que está “a disposición para cualquier apoyo que sea necesario”. “En este momento de duelo, reiteramos nuestro respeto y admiración por el incansable trabajo de las fuerzas de seguridad del estado y nos ponemos a disposición para cualquier tipo de ayuda que pueda ser necesaria”, reza el texto.

Mexican President Claudia Sheinbaum decided to press charges against a man who was seen groping and trying to kiss her while she was on a short walk in Mexico City on Tuesday.

In a post on X, Sheinbaum said that she would «review the legislation so that this crime is punishable in all 32 [Mexican] states.» 

In a video accompanying the post, she remarked that «if this can happen to the president, what can we expect for all the young women in our country?»

Sheinbaum, 62, was seen in a video that has since gone viral speaking with locals when a man approaches the president from behind and puts his hands on her body before leaning toward her face. The Mexican president later described the man as being «totally drunk.»

MEXICAN SENATORS BRAWL ON CAMERA DURING DEBATE OVER US TARGETING CARTELS

In the video, Sheinbaum, who is immediately and visibly startled, turns toward the man and gently pushes his hands away, while managing to maintain a stiff smile.

A government official is seen in the video quickly stepping in to separate the two as the president backs away. The man was then led off as onlookers watched in disbelief.

The incident reportedly took place as Sheinbaum was walking between Mexico’s National Palace and the Education Ministry. 

Mexico City Mayor Clara Brugada announced Tuesday night that the man had been arrested, The Associated Press reported.

JUDGE TELLS CUOMO TO STOP USING TAXPAYER MONEY TO ‘RESURRECT HIS PUBLIC IMAGE’ IN LEGAL CASE

Mexico’s President Claudia Sheinbaum attends a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, on Nov. 3, 2025.  (Henry Romero/Reuters)

While speaking at her daily news conference on Wednesday, Sheinbaum framed the moment as symbolic of a broader issue facing Mexican women.

«This is something I experienced as a woman, but it is something that all women in our country experience,» she said.

When addressing the video of the incident, Sheinbaum said that posting it was «completely unethical and immoral.»

SOCIAL MEDIA ERUPTS AFTER ILLEGAL IMMIGRANT SCREAMS DURING VIRAL DC ARREST: ‘WHAT I VOTED FOR’

Mexico’s President Claudia Sheinbaum speaks during a press conference in Mexico City, Mexico, on Feb. 3, 2025.  (Raquel Cunha/File Photo/Reuters)

In the wake of the incident, Sheinbaum announced a plan to launch a campaign to educate men on respecting women’s rights.

«This is an issue of dignity for women and of recognizing our rights,» she said. «We have published a women’s rights booklet, and this is connected to that. It’s a matter of defending all Mexican women.»

Sheinbaum, who took office in October 2024 as Mexico’s first female president, emphasized that the incident would not deter her from engaging directly with citizens.

«We cannot distance ourselves from the people,» she said. «That would be to deny where we come from and who we are.»

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Before becoming president, Sheinbaum was Head of Government of Mexico City until 2023.

Fox News Digital has reached out to Sheinbaum’s office for comment.

The Associated Press contributed to this report.

The Federalist Society’s National Lawyers Convention kicks off this week in Washington, D.C., where this year’s theme, «New Frontiers,» espouses everything from technological advances and the rise of AI to young people at the forefront of the conservative legal movement — hoping to underscore the importance of open debate, free speech and earnest engagement across the political aisle.

The event will spotlight law students from universities across the country, who are standing up for free speech and viewpoint diversity amid what they say is a rise in «cancel culture,» censorship issues and incidents of campus unrest that have prompted a crackdown on event speakers, or led to ostracization by peers or professors.

The students, who head up their local Federalist Society chapters at law schools across the U.S., face very different obstacles in advocating for free speech and open debate, though some more subtle than others.

As the next generation of lawyers prepares to join hundreds of fellow law students, future peers, and judges in D.C. for Thursday’s conference, each told Fox News Digital that they see the same challenge ahead for young conservatives: not just defending free speech, but redefining it — in an academic environment they say too often punishes dissent instead of encouraging open discussion.

CONTINUED COURT FIGHTS COULD PUT HARVARD IN UNWINNABLE POSITION VS TRUMP

Each of the students cited different attempts to intimidate speech or detract from attempts to engage with others in good faith that they’ve encountered — part of a broader pattern playing out at campuses nationwide. 

Last month, administrators for New York University Law School canceled a pro-Israel legal scholar, Ilya Shapiro, from speaking at an event hosted by the Federalist Society chapter on Oct. 7.

Administrators had originally suggested that the group postpone the event date, citing concerns of protest and anticipated unrest. The students resisted and insisted on keeping the date, saying instead that relocating or postponing would amount to «giving in to the heckler’s veto.»

Public backlash ensued, and eventually administrators agreed to allow Shapiro to speak at the event as planned.

The unrest has only intensified in recent years, and the students cited instances of attempts to intimidate them or ostracize members, ranging from the subtle to overt. 

At the University of Michigan, students gathered outside a Federalist Society event «taking notes of who was coming and going,» said Matthew Holmes, president of the chapter at the University of Michigan School of Law.

‘UNPRECEDENTED’ ANTISEMITISM PANEL TACKLES SURGING NATIONAL ISSUE

Anti-Israel protesters make their way down Fifth Avenue toward Washington Square Park in New York City on Friday, May 3, 2024.  (Rashid Umar Abbasi for Fox News Digital)

«There are groups that tell their members, ‘If you go there, you’re not welcome at ours,’» he added.

Other incidents have targeted Jewish speakers and conservative viewpoints, prompting some to call it a growing culture of intolerance.

«We’re entering a new legal frontier,» said Jordan Holmes, a law student at the University of Texas at Austin, in a nod to this year’s convention theme.

«From AI to the courts, everything’s changing,» said Holmes, who heads up the university’s Federalist Society chapter. «But if people stop talking to each other, that’s when violence starts. We can’t let that happen.»

David Huang, who leads the Federalist Society chapter at Yale, echoed much of the same. Each of the law students separately spoke about the impact of Charlie Kirk’s assassination. Kirk was killed while speaking onstage at a university in Utah. His death sent shockwaves across the U.S., and especially on college campuses nationwide, where administrators and students alike cited increased fears of an uptick in violence.

Federalist Society presidents and other young conservatives interviewed after Kirk’s death cited concerns for their own safety and fears of a broader chilling effect if they avoid hosting controversial speakers or events that invite spirited debate.

NYU BLOCKS OCT. 7 CAMPUS TALK BY JEWISH CONSERVATIVE, CITING SECURITY CONCERNS

A woman holds a sign as people attend a vigil hosted by Turning Point USA for slain conservative activist Charlie Kirk at Colorado State University, on what was supposed be the next stop on his speaking tour, in Fort Collins, Colorado, U.S. September 18, 2025.  (Cheney Orr/Reuters)

«I think that’s something that struck us all deeply,» Huang said of Kirk’s death, and the environment on campus.  «The threat of political violence — especially against conservatives in law school, and college campuses — it’s something that’s very troubling to have in the back of your mind.»

But, he added, those fears were quickly put to rest by an event that the Yale Federalist Society chapter hosted just one day later, focused on the contentious topic of birthright citizenship. «It was one of our most controversial events of the semester,» Huang said. «I was worried. I asked for more security, but things went well, and we actually had the highest attendance we’ve had in years.»

«There’s this sentiment that attendance equals endorsement,» said Holmes.

He said of Kirk, «I think one of his best quotes is, ‘When people stop talking, that’s when violence starts.’ And I see a lot of people that are just unwilling to engage, that they don’t even see the opposition’s ideas of worthy of legitimacy, worthy of acknowledgment.»

At the end of the day, Holmes said, «this idea that I can’t even talk to you because your ideas are so repulsive — that just can’t last if we’re going to have a democratic republic.»

«I think other FedSoc presidents are reporting similar things happening, as people are realizing the importance of channeling our disagreements — into debates, into events, into speech — as opposed to violence.»

To be sure, students say these efforts still have a ways to go.

Still, they struck an optimistic tone about the future. Lamb noted her dean’s leadership and Texas’s political climate, while Holmes pointed to new civil discourse funding at the University of Michigan aimed at bringing students from across the ideological spectrum together for structured, earnest dialogue.

Banners on the Harry Elkins Widener Memorial Library at the Harvard University campus in Cambridge, Massachusetts, on May 27, 2025.  (Sophie Park/Bloomberg)

«[What’s] so unique about the Federalist Society and its community is that people aren’t cynical towards looking towards the future,» Lamb said. «They’re energized. And in a world that so often tells young people to find something to be outraged about, it’s really refreshing to be around folks and students, attorneys, who are genuinely eager to think deeply about where the law is going and where we should go next.»

«Just this last week, we brought the Attorney General of Tennessee, Jonathan Scrametti, who had just won a landmark Supreme Court case regarding gender transition, surgeries, and chemicals for children,» Huang said. 

«People hung up posters, brought them to events, saying Fed Soc invites child killers, and you know, people are well within their rights to express that disagreement — but that kind of irresponsible rhetoric is the sort of thing that raises the temperature in the national political sphere,» he continued.

«And I think we’re all too well aware of the consequences that can follow. How I’d prefer people to express their disagreement is simple,» Huang said. «Come, show up to the event and ask hard questions.»

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That was echoed by each of the students, who will each be participating in this year’s conference in public-facing ways. 

The Federalist Society’s student division and rotating student chapter president will host a live event at this year’s conference where they interview judges about a passion, hobby, or interest — and its relation to the law. Holmes and Caroline Martin, the head of the Federalist Society’s chapter at the University of North Carolina School of Law, will host this year’s sit-downs. 

The hope, organizers said, is to help personalize judges beyond their day jobs, and drive home the fact that they are people, underneath the strict courtroom procedures and heavy black robes. 

«Come to the events, have your ideas challenged,» Holmes said of the Federalist Society chapters nationwide. «Feel free to push back. We really, really want to scrutinize ideas. Because when we do that, that’s when we draw the best conclusions.»