INTERNACIONAL
El mayor juicio por espionaje en Reino Unido expuso la red rusa de agentes secretos en Europa

Seis ciudadanos búlgaros fueron declarados culpables por conspirar para recabar información de utilidad para Rusia y por poner en riesgo la seguridad nacional del Reino Unido, según un veredicto emitido el lunes por el jurado de la Corte Criminal Central de Londres, conocida como Old Bailey. Este proceso judicial, el mayor juicio por espionaje celebrado en el país, permitió acceder a detalles inéditos sobre las tácticas del Kremlin durante la guerra en Ucrania, según la evidencia presentada por la fiscalía y los testimonios recogidos durante el proceso.
Los acusados fueron arrestados el 8 de febrero de 2023 en una operación coordinada por la unidad antiterrorista y contraespionaje de Scotland Yard, cuando se preparaban para trasladar vehículos equipados con tecnología de vigilancia militar desde el este de Inglaterra hasta la base estadounidense Patch Barracks, cerca de Stuttgart, Alemania. Su misión, según los fiscales, era interceptar identificadores de teléfonos de soldados ucranianos que presuntamente se entrenaban allí en el uso de sistemas de defensa aérea Patriot.
Durante los procedimientos previos al juicio, tres de los acusados se declararon culpables. El 7 de marzo de 2025, tras un juicio de tres meses, los otros tres fueron condenados por “conspirar para recoger información que pudiera ser útil, directa o indirectamente, a un enemigo del Estado” y por “poner en peligro la seguridad pública”.
La operación frustrada formaba parte de una red de espionaje estructurada como una cadena de contratistas, sin agentes de inteligencia con formación tradicional, sino con una jerarquía de operadores privados subcontratados. El cabecilla identificado fue Orlin Roussev, un búlgaro residente en Great Yarmouth, experto en tecnologías de vigilancia. Roussev actuaba como “gerente de país” en el Reino Unido, bajo la dirección del ex ejecutivo de Wirecard, Jan Marsalek, fugitivo desde 2020 y presuntamente refugiado en Rusia, quien ejercía de intermediario con los servicios de inteligencia rusos FSB y GRU.
Según la fiscal principal, Alison Morgan, el esquema surgió como una respuesta a la necesidad del Kremlin de llenar el vacío de operativos tras las expulsiones de diplomáticos rusos en Europa en 2018, después del intento de asesinato de Sergei Skripal. Marsalek habría ofrecido sus servicios a los servicios secretos rusos, articulando una red informal de espionaje a través de Roussev.
El equipo operativo incluía al subalterno de Roussev, Biser Dzhambazov, un mensajero médico que reclutó a su pareja, una asistente de laboratorio, y a varios conocidos sin formación en inteligencia: una esteticista, un luchador de artes marciales mixtas y un pintor, todos también búlgaros. Recibían pagos cuantiosos por sus acciones; Dzhambazov llegó a repartir alrededor de 215.000 dólares entre sus colaboradores.

En el juicio se presentaron más de 80.000 mensajes de Telegram, registros financieros y de viajes, y pruebas de equipo confiscado que incluía interceptores de identidad de teléfonos (IMSI catchers) valorados en 250.000 dólares, drones, cámaras ocultas en objetos cotidianos y documentos falsificados de múltiples países europeos. Según Scotland Yard, Roussev había montado una “fábrica de espías” en su residencia, donde fabricaba y probaba estos dispositivos.
La red utilizaba el Reino Unido como centro logístico para operar en al menos cinco países: España, Alemania, Austria, Hungría y Montenegro. Entre 2020 y 2023, llevó a cabo operaciones de seguimiento contra opositores del Kremlin, intentos de manipulación mediática y misiones de recopilación de inteligencia militar. Las prioridades del Kremlin, según se desprende de la evidencia, evolucionaron tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
Entre diciembre de 2020 y principios de 2023, las operaciones de la red liderada por Roussev y Marsalek se centraron inicialmente en la vigilancia de críticos del Kremlin. Según el portal War on the Rocks, el primer objetivo documentado fue Christo Grozev, periodista búlgaro y entonces principal investigador de Rusia en el colectivo Bellingcat, quien había expuesto operaciones encubiertas rusas, incluida la implicación del FSB en el envenenamiento de Alexei Navalny.
Según los registros presentados ante el tribunal, Marsalek solicitó a Roussev investigar a Grozev pocas horas después de que Bellingcat publicara una investigación sobre ese envenenamiento. A lo largo de los tres años siguientes, el equipo subcontratado por Roussev siguió los movimientos de Grozev en Austria, Bulgaria, Montenegro y España, analizando sus rutinas y buscando formas de comprometerlo. Entre los planes discutidos figuraban intentos de robo de dispositivos electrónicos, campañas de desprestigio mediático y hasta la posibilidad de secuestrarlo. Roussev llegó a proponer su captura y traslado a Moscú, citando como referencia el caso del secuestro del nazi Adolf Eichmann por parte del Mossad en 1960.
El juicio también reveló planes similares contra Roman Dobrokhotov, editor de The Insider, otro medio independiente ruso. En noviembre de 2021, una de las operativas del grupo lo filmó encubiertamente durante un vuelo entre Budapest y Berlín. En agosto de 2022, Marsalek sugirió su posible secuestro, y Roussev propuso métodos de acción que incluían desde operaciones marítimas hasta asesinatos con agentes tóxicos como el VX, utilizado por Corea del Norte en 2017.
A pesar de lo extremo de las propuestas, ninguna de estas misiones llegó a concretarse. Aun así, la fiscalía argumentó que el seguimiento persistente y la elaboración de escenarios violentos demostraban la voluntad de los contratistas de llevar a cabo acciones con consecuencias potencialmente letales, siguiendo las prioridades estratégicas del Kremlin. Otros blancos asignados al grupo fueron un investigador ruso exiliado en Montenegro y un disidente kazajo radicado en Londres.

Tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, las tareas asignadas a la red de Roussev cambiaron sustancialmente. Dejaron de centrarse exclusivamente en opositores del Kremlin para abarcar operaciones con fines propagandísticos, manipulativos y de recopilación de inteligencia militar. Según las pruebas expuestas en el juicio, Moscú comenzó a utilizar a este grupo para crear realidades favorables a sus intereses estratégicos y narrativos, tanto dentro como fuera de Rusia.
Uno de los primeros encargos tras la invasión fue una campaña de grafitis y pegatinas en Austria y Alemania, diseñada para asociar a Ucrania y al presidente Volodimir Zelensky con el extremismo de derecha. Las acciones incluyeron mensajes como “I love Azov”, en referencia al Batallón Azov, y fueron colocadas en lugares simbólicos, como el Museo Judío de Viena, con el objetivo de generar rechazo. Paralelamente, la red distribuyó material gráfico con mensajes supuestamente anti-rusos —como imágenes de cerdos tachados con la palabra “Russian”— en monumentos soviéticos y negocios rusos. La intención, según la fiscalía, era simular una campaña ucraniana de rusofobia, que pudiera ser utilizada por el Kremlin como justificación propagandística de sus acciones militares.
En septiembre de 2022, la red planeó una operación más elaborada en Londres: una protesta falsa frente a la embajada de Kazajistán, diseñada para parecer obra de opositores kazajos en el exilio. La idea era crear una falsa amenaza contra el gobierno kazajo, que luego Rusia explotaría para ofrecerse como aliado protector y ganar influencia regional. Se asignó al grupo la tarea de lanzar sangre falsa contra el edificio diplomático y de distribuir mensajes acusando al régimen kazajo de crímenes contra su propio pueblo. Marsalek incluso coordinó una campaña de cartas a funcionarios europeos y estadounidenses solicitando sanciones contra Kazajistán, con el propósito de presentar la falsa protesta como auténtica y generar una reacción política internacional.
En octubre de ese mismo año, Moscú incrementó sus exigencias. Marsalek contactó nuevamente a Roussev con un pedido concreto: utilizar los IMSI catchers en Alemania para espiar a soldados ucranianos en la base militar Patch Barracks, sede del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y del Mando de Operaciones Especiales en Europa (SOCEUR). El objetivo era identificar los teléfonos móviles de militares ucranianos que se entrenaban con sistemas de defensa aérea Patriot.
Roussev aceptó la misión. Primero envió a Dzhambazov e Ivanova a Stuttgart para realizar tareas de reconocimiento. A su regreso, comenzó la modificación de vehículos: varios Chryslers y una Mercedes Viano fueron equipados con lunas tintadas, matrículas clonadas y dos interceptores IMSI alimentados por las baterías de los automóviles. La intención era estacionar los vehículos en zonas cercanas a la base durante varios meses, interceptando señales de móviles y recolectando información que pudiera permitir ataques dirigidos por parte de Rusia contra las baterías Patriot o su personal operativo.
El operativo fue desbaratado pocos días antes de su ejecución. El 8 de febrero de 2023, Scotland Yard arrestó simultáneamente a Roussev, Dzhambazov, Ivanova y los otros tres miembros del grupo en diferentes puntos del Reino Unido. La fiscalía argumentó que la misión frustrada tenía “el potencial de dañar los intereses de Estados Unidos, sus aliados y de Ucrania en un momento crucial”.

El juicio en el Old Bailey no solo permitió desactivar una operación de alto riesgo, sino que dejó al descubierto un modelo emergente en el panorama del espionaje internacional: la tercerización de inteligencia por parte del Kremlin. Según los hallazgos del proceso, Rusia no solo habría externalizado tareas de vigilancia o sabotaje a través de esta red informal, sino que habría diseñado una estructura de espionaje basada en relaciones comerciales, con contratistas privados que competían por misiones secretas.
La figura de Jan Marsalek, ex ejecutivo de Wirecard prófugo desde 2020, fue central para entender el funcionamiento de esta red. Su papel consistía en captar encargos de los servicios de inteligencia rusos y subcontratar a operadores como Orlin Roussev, quien, a su vez, delegaba las tareas a equipos informales y sin entrenamiento formal. Esta arquitectura fragmentada, según la fiscalía, no estaba pensada para garantizar negación plausible, sino para cubrir las bajas capacidades operativas del Kremlin tras la expulsión de espías oficiales de suelo europeo.
La red contaba con medios técnicos sofisticados y acceso a fondos significativos, pero su composición —formada por amateurs vinculados entre sí por lazos personales y sentimentales— generó un entorno propenso a errores, filtraciones y descontrol. A juicio de los investigadores, fue precisamente esa combinación de alta ambición y baja profesionalidad lo que condujo al fracaso de la operación.
En paralelo al juicio, se conocieron planes futuros que estaban en fase de diseño por parte de Marsalek y Roussev. Entre ellos, figuraban nuevas campañas de desinformación, intentos de comprometer a grupos que investigan los abusos contra los uigures en China, y la posible venta a Beijing de tecnología capturada en el campo de batalla. Aunque estas ideas no llegaron a ejecutarse, demuestran que el modelo de espionaje por contrato estaba diseñado para operar como un mercado internacional de servicios encubiertos.
bulgarian nationals spying court case## pa2023
INTERNACIONAL
Punto por Punto: en qué consiste el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y el grupo terrorista Hamas llegaron a un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros, en el marco de la primera fase de un plan global para la finalización de la guerra en Gaza.
El plan, estructurado en 20 puntos, establece los pasos a seguir en la zona de Medio Oriente. El primer punto del esquema establece que Gaza debe convertirse en “una zona desradicalizada y libre de terrorismo para que no represente una amenaza para sus vecinos”. La segunda cláusula agrega que el enclave “será reconstruido para beneficio de su población, que ha sufrido más que suficiente”.
El tercer apartado fija la condición de que, si ambas partes aceptan, “la guerra terminará inmediatamente”. Israel deberá retirarse a la línea acordada para preparar la liberación de los cautivos, mientras se congelan las operaciones militares. El cuarto punto impone un plazo estricto: “Dentro de las 72 horas de que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y muertos, serán devueltos”.

El quinto punto establece el componente recíproco: tras la liberación de los rehenes, Israel pondrá en libertad a “250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños”.
También se estipula que, por cada rehén fallecido que se devuelva, Israel entregará “los restos de 15 gazatíes”.
El sexto punto aborda el tratamiento de los combatientes de Hamas. Quienes se comprometan a la “coexistencia pacífica y a entregar sus armas” recibirán amnistía, y quienes deseen salir de Gaza contarán con un pasaje seguro hacia otros países.
El séptimo compromiso abre la puerta a la asistencia humanitaria: “Al aceptarse este acuerdo, la ayuda ingresará inmediatamente en Gaza”, con volúmenes mínimos iguales a los pactados en el acuerdo del 19 de enero de 2025, incluyendo reparación de infraestructuras esenciales.
Según el octavo apartado, la distribución de esa ayuda quedará en manos de la ONU, la Cruz Roja y otras instituciones neutrales. El cruce de Rafah se abrirá en ambas direcciones bajo el mismo mecanismo del acuerdo de enero.
El noveno punto crea un gobierno provisional: Gaza quedará bajo la administración de un “comité tecnocrático palestino, apolítico, con supervisión internacional de una ´Junta de Paz´, encabezado por Donald Trump y figuras como Tony Blair”, encargado de la financiación de la reconstrucción hasta que la Autoridad Palestina pueda asumir el control.
El décimo punto introduce un “plan económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza”, a cargo de expertos en desarrollo urbano del Medio Oriente. El undécimo crea una “zona económica especial con tarifas preferenciales y acceso negociado con países participantes”. El duodécimo apartado garantiza que “nadie será forzado a salir de Gaza”, aunque quienes deseen emigrar pueden hacerlo con derecho de retorno.
El punto trece excluye al grupo terrorista Hamas del futuro político del enclave: “Hamas y otras facciones acuerdan no tener ningún papel en el gobierno de Gaza, directa o indirectamente”. Todo el arsenal militar será destruido bajo supervisión internacional, con un programa de recompra de armas y reintegración financiado por donantes externos. El decimocuarto punto asegura la participación de actores regionales en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones para garantizar que “la nueva Gaza no represente una amenaza”.

El decimoquinto establece una Fuerza Internacional de Estabilización, que “se desplegará de inmediato en Gaza” para entrenar a la policía local y cooperar con Egipto e Israel en el control fronterizo. El decimosexto compromete a Israel a no ocupar ni anexar el territorio, con una retirada progresiva en función de la desmilitarización, conservando solo un perímetro de seguridad transitorio.
El decimoséptimo apartado prevé medidas de ayuda y reconstrucción en zonas “libres de terrorismo” bajo control internacional en caso de que Hamas dilate o rechace el plan.
El decimoctavo punto impulsa “un proceso de diálogo interreligioso basado en la tolerancia y la coexistencia”. El decimonoveno sugiere que “al avanzar la reconstrucción y cumplirse el programa de reforma de la Autoridad Palestina”, podrían darse condiciones para avanzar hacia “la autodeterminación y el Estado palestino”.
El vigésimo y último punto establece que Estados Unidos “abrirá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera”.
(Con información de AFP y EFE)
Domestic,Politics,North America,Government / Politics
INTERNACIONAL
A dizzying ride on the Hill: Lawmakers debate in circles as shutdown enters week two

NEWYou can now listen to Fox News articles!
It must be something about October and two-year intervals in Congress.
Congress was paralyzed for more than three weeks without a leader two years ago this October as the House unceremoniously ousted former Speaker Kevin McCarthy, R-Calif.
And Congress is paralyzed again this October – unable to find the votes to re-open the government.
«There’s nothing for us to negotiate,» said House Speaker Mike Johnson, R-La. «We did the job to keep the government open. And now it’s on the Senate Democrats.»
OMINOUS RED AND ORANGE SKIES HAD CAPITOL HILL TAKE NOTICE AS SHUTDOWN LOOMED
But Democrats say that’s the problem. There haven’t been negotiations. Save for a brief White House meeting last week between President Trump and the top four bipartisan, bicameral Congressional leaders a day before the shutdown.
«The Majority Leader in the Senate, John Thune, R-S.D., talks about, ‘we’ll have conversations.’ We need more than conversations. We need a real negotiation,» said Sen. Mark Kelly, D-Ariz., on Fox.
So there are no talks. And the sides are seemingly talking past each other.
It seems as though Congress is positively heading nowhere as shutdown negotiations drag on. (Elizabeth Frantz/Reuters)
So, they’ve turned to handicapping.
Sen. John Kennedy, R-La., gamed out that the shutdown would run another week.
«It won’t end until everybody in the Senate takes their ego out back and shoots it. And then it’ll end,» predicted Kennedy.
It always is, and always will be about the math.
Senate Republicans can conjure up the votes of 55 senators to break a filibuster on the House-passed bill to fund the government. But they need 60 yeas. And Republicans are determined to stick to their playbook.
«I can tell you there’s more than five Democrats in the Senate who know that (Senate Minority Leader) Chuck Schumer, D-N.Y. has led them into a box canyon with this Schumer shutdown,» said Sen. Tom Cotton, R-Ark., on Fox. «But the consequences will start to pile up.»
REPORTER’S NOTEBOOK: SENATE REVOTES TODAY ON ENDING GOVERNMENT SHUTDOWN
White House spokeswoman Karoline Leavitt wouldn’t directly answer a question about what would trigger federal firings. But Leavitt made clear that jobs hung in the balance.
«We don’t want to see people laid off. But unfortunately, if this shutdown continues, layoffs are going to be an unfortunate consequence of that,» said Leavitt.
Democrats excoriated the Trump Administration for hinting it would cut programs and jobs in agencies important to Democrats.
«Americans really hate bullies. And this kind of bullying from the White House is going to backlash because they understand that an authoritarian president uses grants to New York for infrastructure, laying off workers, deliberately inflicting pain,» predicted Sen. Richard Blumenthal, D-Conn. «Don’t inflict unnecessary pain and then boast about it.»
Some Republicans practically reveled in the White House approach.
«All’s fair in love and war. I think that there’s a price to pay for the Democrats shutting this down,» said Sen. Roger Marshall, R-Kan. «These will be part of the consequences.»

Sen. Peter Welch, D-Vt., argued that the shutdown is «collective punishment» and undercuts Republicans equally harshly. (Tierney L. Cross/Getty Images)
But one Democrat argued that the Trump administration’s gambit would also undercut Republicans and voters who supported the president. Even in blue states.
«There’s a lot of folks in Vermont, there’s lot of folk in Illinois who voted for President Trump. So this sort of collective punishment,» said Sen. Peter Welch, D-Vt., on Fox. «I think it’s a really bad idea.»
But the president is coy about when the shutdown could trigger federal layoffs.
«It could,» said the president. «At some point it will.»
Transportation Secretary Sean Duffy noted that his department saw «a slight uptick» in aviation safety employees who were calling out sick during the shutdown – since they weren’t being paid.
«They’re thinking about how am I going to get a paycheck? How do I make a car payment,» said Duffy.
WHITE HOUSE ESCALATES SHUTDOWN CONSEQUENCES AS DEMOCRATS SHOW NO SIGNS OF BUDGING: ‘KAMIKAZE ATTACK’
But if you squint, you can see a few signs of bipartisanship.
Johnson is discussing Obamacare subsidies with one prominent Democrat.
«I had I think a fruitful discussion, with Sen. Patty Murray, D-Wash., about two days ago, a day or so ago,» said Johnson on efforts to address looming Obamacare premium spikes. «Whatever the conference committee comes up with, I will put on the floor. I’m ready to go.»
But Schumer is skeptical about the Speaker’s promises.
«Delay has always been Speaker Johnson’s MO. Speaker Johnson has survived by kicking the can down the road,» said Schumer. «When Johnson says later, they know he means never.»

Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., insists Democrats are «playing a losing game.» (Alex Brandon/AP Photo)
Tension is building as the shutdown barrels into its second week as lawmakers spin in circles.
«I realize that my Democrat colleagues are facing pressure from members of their far left base. But they’re playing a losing game here,» said Thune.
But each side is now engaged in a game of parliamentary chicken. Republicans won’t budge from their demand that Senate Democrats approve their funding plan. And Democrats won’t relent from their insistence that the sides shore up Obamacare subsidies.
«I’m not going to vote to reopen the government until I see a way that we can do that,» said Sen. Chris Coons, D-Del.
Even some Republicans worry about Obamacare price spikes.
«There are some folks in what is the new part of the Republican Party, which is blue-collar workers,» said Rep. Jeff Van Drew, R-N.J., on Fox Business. «We have to be careful how we do this. We just shouldn’t cut it. We should make sure we use a scalpel and not a sledgehammer.»
SHUTDOWN IGNITES STRATEGIST DEBATE: WILL TRUMP AND GOP PAY THE POLITICAL PRICE IN 2026?
But even if bipartisan senators were to forge a deal, the plan may slam into a brick wall in the House.
«Republicans have spent most of their careers being against Obamacare. Why would they expand it and add a subsidy on top of a subsidy?» asked House Appropriations Committee Chairman Tom Cole, R-Okla.
A debate is now raging over which side will cave. Or which party faces political consequences.
Naturally, Republicans believe Democrats will pay a price.
«Their radical base just wants to see them up here fighting Donald Trump, not over any particular issues,» said House Majority Leader Steve Scalise, R-La.
But Democrats don’t see a political downside.
«Are you concerned in any way about the political ramifications that voters might blame your side down the road?» yours truly asked House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y.
«The American people are crystal clear on who shut down the government. Crystal clear,» replied Jeffries.

House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., suggested Americans are «crystal clear» on who shoulders the blame for the shutdown. (Kevin Lamarque/Reuters)
However, some lawmakers doubt that voters care about who «shut down the government.»
«My constituents don’t care about the finger pointing. They just want us to govern,» said Rep. Madeleine Dean, D-Pa.
As the impasse deepens, the Senate shifted from parliamentary posturing to ecumenical intercession.
«On this third day of the government shutdown, inspire them to work for your glory in all they think, say, and sow,» prayed Senate Chaplain Barry Black during his invocation of the Senate last week.
HERE’S WHAT TRUMP WANTS TO DO TO RESHAPE THE FEDERAL GOVERNMENT DURING THE SHUTDOWN
And then there are the sideshows. The White House sent out a meme portraying Budget Director Russ Vought as the Grim Reaper. And the president trolled Jeffries with an AI-generated social media video, casting Jeffries in a sombrero and a mustache with mariachi music playing in the background.
At the same time, Republicans warned about grave shutdown consequences.
«Real pain is being endured by real people,» said Johnson.
But in the next breath, the Speaker defended the president making light of circumstances, describing the trolling as «entertainment.»
«That’s what President Trump does. And people are having fun with this,» said Johnson.
I didn’t let that go.
«On one hand, you say this is very serious. That people have jobs on the line. On the other hand, you say, ‘oh, this is just fun and games and they’re trolling.’ Which is it?» I inquired.
«What they’re trying to have fun with, trying to make light of, is to point out the absurdity of the Democrats’ position,» answered Johnson.

House Speaker Mike Johnson, R-La., defended President Trump’s making light of current circumstances as «entertainment.» (Kevin Dietsch/Getty Images)
So we don’t know if or when Vought will drop the anvil on federal workers. But one senator who caucuses with the Democrats and voted for the GOP plan, signaled his support could wane if Republicans overplay their hand.
«If they start firing thousands of people or clawing back other kinds of programs, I think, it could hurt their chances of getting this resolved,» said Sen. Angus King, I-Maine.’
The Senate has now blocked the House-approved spending package on six separate occasions. The sides are having casual conversations. But nothing has happened.
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It’s as though Congress is on a merry-go-round to nowhere, just going around and around. Everyone’s getting dizzy. And just wants to dismount.
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INTERNACIONAL
Europa, entre la guerra de Ucrania, el acoso ruso y la crisis política en Francia, que amenaza al euro

Francia, un caso sistémico
Júpiter se esfumó
¿Y ucrania?
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