INTERNACIONAL
El mayor juicio por espionaje en Reino Unido expuso la red rusa de agentes secretos en Europa
Seis ciudadanos búlgaros fueron declarados culpables por conspirar para recabar información de utilidad para Rusia y por poner en riesgo la seguridad nacional del Reino Unido, según un veredicto emitido el lunes por el jurado de la Corte Criminal Central de Londres, conocida como Old Bailey. Este proceso judicial, el mayor juicio por espionaje celebrado en el país, permitió acceder a detalles inéditos sobre las tácticas del Kremlin durante la guerra en Ucrania, según la evidencia presentada por la fiscalía y los testimonios recogidos durante el proceso.
Los acusados fueron arrestados el 8 de febrero de 2023 en una operación coordinada por la unidad antiterrorista y contraespionaje de Scotland Yard, cuando se preparaban para trasladar vehículos equipados con tecnología de vigilancia militar desde el este de Inglaterra hasta la base estadounidense Patch Barracks, cerca de Stuttgart, Alemania. Su misión, según los fiscales, era interceptar identificadores de teléfonos de soldados ucranianos que presuntamente se entrenaban allí en el uso de sistemas de defensa aérea Patriot.
Durante los procedimientos previos al juicio, tres de los acusados se declararon culpables. El 7 de marzo de 2025, tras un juicio de tres meses, los otros tres fueron condenados por “conspirar para recoger información que pudiera ser útil, directa o indirectamente, a un enemigo del Estado” y por “poner en peligro la seguridad pública”.
La operación frustrada formaba parte de una red de espionaje estructurada como una cadena de contratistas, sin agentes de inteligencia con formación tradicional, sino con una jerarquía de operadores privados subcontratados. El cabecilla identificado fue Orlin Roussev, un búlgaro residente en Great Yarmouth, experto en tecnologías de vigilancia. Roussev actuaba como “gerente de país” en el Reino Unido, bajo la dirección del ex ejecutivo de Wirecard, Jan Marsalek, fugitivo desde 2020 y presuntamente refugiado en Rusia, quien ejercía de intermediario con los servicios de inteligencia rusos FSB y GRU.
Según la fiscal principal, Alison Morgan, el esquema surgió como una respuesta a la necesidad del Kremlin de llenar el vacío de operativos tras las expulsiones de diplomáticos rusos en Europa en 2018, después del intento de asesinato de Sergei Skripal. Marsalek habría ofrecido sus servicios a los servicios secretos rusos, articulando una red informal de espionaje a través de Roussev.
El equipo operativo incluía al subalterno de Roussev, Biser Dzhambazov, un mensajero médico que reclutó a su pareja, una asistente de laboratorio, y a varios conocidos sin formación en inteligencia: una esteticista, un luchador de artes marciales mixtas y un pintor, todos también búlgaros. Recibían pagos cuantiosos por sus acciones; Dzhambazov llegó a repartir alrededor de 215.000 dólares entre sus colaboradores.
En el juicio se presentaron más de 80.000 mensajes de Telegram, registros financieros y de viajes, y pruebas de equipo confiscado que incluía interceptores de identidad de teléfonos (IMSI catchers) valorados en 250.000 dólares, drones, cámaras ocultas en objetos cotidianos y documentos falsificados de múltiples países europeos. Según Scotland Yard, Roussev había montado una “fábrica de espías” en su residencia, donde fabricaba y probaba estos dispositivos.
La red utilizaba el Reino Unido como centro logístico para operar en al menos cinco países: España, Alemania, Austria, Hungría y Montenegro. Entre 2020 y 2023, llevó a cabo operaciones de seguimiento contra opositores del Kremlin, intentos de manipulación mediática y misiones de recopilación de inteligencia militar. Las prioridades del Kremlin, según se desprende de la evidencia, evolucionaron tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
Entre diciembre de 2020 y principios de 2023, las operaciones de la red liderada por Roussev y Marsalek se centraron inicialmente en la vigilancia de críticos del Kremlin. Según el portal War on the Rocks, el primer objetivo documentado fue Christo Grozev, periodista búlgaro y entonces principal investigador de Rusia en el colectivo Bellingcat, quien había expuesto operaciones encubiertas rusas, incluida la implicación del FSB en el envenenamiento de Alexei Navalny.
Según los registros presentados ante el tribunal, Marsalek solicitó a Roussev investigar a Grozev pocas horas después de que Bellingcat publicara una investigación sobre ese envenenamiento. A lo largo de los tres años siguientes, el equipo subcontratado por Roussev siguió los movimientos de Grozev en Austria, Bulgaria, Montenegro y España, analizando sus rutinas y buscando formas de comprometerlo. Entre los planes discutidos figuraban intentos de robo de dispositivos electrónicos, campañas de desprestigio mediático y hasta la posibilidad de secuestrarlo. Roussev llegó a proponer su captura y traslado a Moscú, citando como referencia el caso del secuestro del nazi Adolf Eichmann por parte del Mossad en 1960.
El juicio también reveló planes similares contra Roman Dobrokhotov, editor de The Insider, otro medio independiente ruso. En noviembre de 2021, una de las operativas del grupo lo filmó encubiertamente durante un vuelo entre Budapest y Berlín. En agosto de 2022, Marsalek sugirió su posible secuestro, y Roussev propuso métodos de acción que incluían desde operaciones marítimas hasta asesinatos con agentes tóxicos como el VX, utilizado por Corea del Norte en 2017.
A pesar de lo extremo de las propuestas, ninguna de estas misiones llegó a concretarse. Aun así, la fiscalía argumentó que el seguimiento persistente y la elaboración de escenarios violentos demostraban la voluntad de los contratistas de llevar a cabo acciones con consecuencias potencialmente letales, siguiendo las prioridades estratégicas del Kremlin. Otros blancos asignados al grupo fueron un investigador ruso exiliado en Montenegro y un disidente kazajo radicado en Londres.
Tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, las tareas asignadas a la red de Roussev cambiaron sustancialmente. Dejaron de centrarse exclusivamente en opositores del Kremlin para abarcar operaciones con fines propagandísticos, manipulativos y de recopilación de inteligencia militar. Según las pruebas expuestas en el juicio, Moscú comenzó a utilizar a este grupo para crear realidades favorables a sus intereses estratégicos y narrativos, tanto dentro como fuera de Rusia.
Uno de los primeros encargos tras la invasión fue una campaña de grafitis y pegatinas en Austria y Alemania, diseñada para asociar a Ucrania y al presidente Volodimir Zelensky con el extremismo de derecha. Las acciones incluyeron mensajes como “I love Azov”, en referencia al Batallón Azov, y fueron colocadas en lugares simbólicos, como el Museo Judío de Viena, con el objetivo de generar rechazo. Paralelamente, la red distribuyó material gráfico con mensajes supuestamente anti-rusos —como imágenes de cerdos tachados con la palabra “Russian”— en monumentos soviéticos y negocios rusos. La intención, según la fiscalía, era simular una campaña ucraniana de rusofobia, que pudiera ser utilizada por el Kremlin como justificación propagandística de sus acciones militares.
En septiembre de 2022, la red planeó una operación más elaborada en Londres: una protesta falsa frente a la embajada de Kazajistán, diseñada para parecer obra de opositores kazajos en el exilio. La idea era crear una falsa amenaza contra el gobierno kazajo, que luego Rusia explotaría para ofrecerse como aliado protector y ganar influencia regional. Se asignó al grupo la tarea de lanzar sangre falsa contra el edificio diplomático y de distribuir mensajes acusando al régimen kazajo de crímenes contra su propio pueblo. Marsalek incluso coordinó una campaña de cartas a funcionarios europeos y estadounidenses solicitando sanciones contra Kazajistán, con el propósito de presentar la falsa protesta como auténtica y generar una reacción política internacional.
En octubre de ese mismo año, Moscú incrementó sus exigencias. Marsalek contactó nuevamente a Roussev con un pedido concreto: utilizar los IMSI catchers en Alemania para espiar a soldados ucranianos en la base militar Patch Barracks, sede del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y del Mando de Operaciones Especiales en Europa (SOCEUR). El objetivo era identificar los teléfonos móviles de militares ucranianos que se entrenaban con sistemas de defensa aérea Patriot.
Roussev aceptó la misión. Primero envió a Dzhambazov e Ivanova a Stuttgart para realizar tareas de reconocimiento. A su regreso, comenzó la modificación de vehículos: varios Chryslers y una Mercedes Viano fueron equipados con lunas tintadas, matrículas clonadas y dos interceptores IMSI alimentados por las baterías de los automóviles. La intención era estacionar los vehículos en zonas cercanas a la base durante varios meses, interceptando señales de móviles y recolectando información que pudiera permitir ataques dirigidos por parte de Rusia contra las baterías Patriot o su personal operativo.
El operativo fue desbaratado pocos días antes de su ejecución. El 8 de febrero de 2023, Scotland Yard arrestó simultáneamente a Roussev, Dzhambazov, Ivanova y los otros tres miembros del grupo en diferentes puntos del Reino Unido. La fiscalía argumentó que la misión frustrada tenía “el potencial de dañar los intereses de Estados Unidos, sus aliados y de Ucrania en un momento crucial”.
El juicio en el Old Bailey no solo permitió desactivar una operación de alto riesgo, sino que dejó al descubierto un modelo emergente en el panorama del espionaje internacional: la tercerización de inteligencia por parte del Kremlin. Según los hallazgos del proceso, Rusia no solo habría externalizado tareas de vigilancia o sabotaje a través de esta red informal, sino que habría diseñado una estructura de espionaje basada en relaciones comerciales, con contratistas privados que competían por misiones secretas.
La figura de Jan Marsalek, ex ejecutivo de Wirecard prófugo desde 2020, fue central para entender el funcionamiento de esta red. Su papel consistía en captar encargos de los servicios de inteligencia rusos y subcontratar a operadores como Orlin Roussev, quien, a su vez, delegaba las tareas a equipos informales y sin entrenamiento formal. Esta arquitectura fragmentada, según la fiscalía, no estaba pensada para garantizar negación plausible, sino para cubrir las bajas capacidades operativas del Kremlin tras la expulsión de espías oficiales de suelo europeo.
La red contaba con medios técnicos sofisticados y acceso a fondos significativos, pero su composición —formada por amateurs vinculados entre sí por lazos personales y sentimentales— generó un entorno propenso a errores, filtraciones y descontrol. A juicio de los investigadores, fue precisamente esa combinación de alta ambición y baja profesionalidad lo que condujo al fracaso de la operación.
En paralelo al juicio, se conocieron planes futuros que estaban en fase de diseño por parte de Marsalek y Roussev. Entre ellos, figuraban nuevas campañas de desinformación, intentos de comprometer a grupos que investigan los abusos contra los uigures en China, y la posible venta a Beijing de tecnología capturada en el campo de batalla. Aunque estas ideas no llegaron a ejecutarse, demuestran que el modelo de espionaje por contrato estaba diseñado para operar como un mercado internacional de servicios encubiertos.
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INTERNACIONAL
Elecciones en Honduras: la izquierda busca retener el poder y frenar el avance de la derecha en la región
La izquierda democrática latinoamericana no quiere perder a su bastión centroamericano.
Rixi Moncada, heredera de la presidenta saliente Xiomara Castro, buscará este domingo mantener la hegemonía progresista en Honduras en unas elecciones presidenciales marcadas por denuncias cruzadas de intentos de fraude, la violencia de las pandillas y la sombra del narcotráfico.
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Pero no le será fácil. A pesar de un leve favoritismo para la candidata del oficialista Partido Libre, debe enfrentar a dos duros oponentes de derecha: Salvador Nasralla (Partido Liberal, PL) y Nasry Asfura (Partido Nacional, PN), el favorito de Donald Trump. Los últimos sondeos muestran un triple empate técnico.
Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya (2006/09), no puede aspirar a la reelección y termina su mandato el 27 de febrero próximo. Su delfina, Rixi Moncada, fue su ministra de Finanzas y de Defensa antes de lanzarse como candidata.
La elección se define con mayoría simple. Ganará quien saque el mayor número de votos sin necesidad de una segunda vuelta. En total, unos 6,5 millones de hondureños están habilitados para elegir presidente, vice, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y 298 concejos municipales.
¿Qué puede pasar en Honduras?
Rolando Sierra, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en Honduras, dijo a TN que las elecciones de este domingo se realizan en un marco de elevada polarización.
“Honduras llega a este proceso electoral inmerso en una crisis crónica que se acentuó tras el golpe de Estado de 2009 (que derrocó a Manuel Zelaya). Ahora está en juego la continuidad o no de un proyecto político (de izquierda) encabezado por el Partido Libre. Las distintas vertientes de la oposición tienen el respaldo de empresarios y otros sectores”, afirmó.
La presidenta hondureña Xiomara Castro (Foto: REUTERS/Fredy Rodriguez)
La coyuntura no es la mejor. Se calcula que un 60% de los 11 millones de hondureños vive en la pobreza y hay una palpable sensación de elevada corrupción en todos los niveles de la vida pública y empresarial.
Con una inflación interanual del 4,55% y un desempleo del 5,2%, el Banco Central de Honduras prevé un crecimiento de la economía entre el 3,5 % y el 4 % para este año.
En este marco, la migración está detenida. El gobierno de Donald Trump deportó este año a unos 27.000 hondureños y revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) a otros 51.000. Fue un golpe durísimo para un país que en 2024 recibió 10.000 millones de dólares en remesas, lo que representa un 27% del PIB.
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Además, los tres partidos mayoritarios están salpicados por denuncias de vínculos con el narcotráfico. Incluso, el expresidente Juan Orlando Hernández (Partido Nacional, el mismo de Asfura) fue extraditado y condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por convertir al país en un “narcoestado”. Según denuncias, los carteles locales Los Cachiros y los Valle influyen en la política hondureña.
Pero la mayor preocupación es la violencia de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que han convertido al país en uno de los más violentos de la región. Datos oficiales registran 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes (contra 3,8 de la Argentina).
A mediados de 2023, la presidenta Castro “bukelizó” el combate a las pandillas bajo el modelo de “mano dura” impuesto por el controvertido mandatario de El Salvador Nayib Bukele. Así, impulsó la mlitarización de las cárceles, allanamientos masivos, toques de queda y un estado de excepción. El resultado, según el gobierno, fue exitoso: el país alcanzó el índice de homicidios más bajo de su historia, afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. La tasa de crímenes cayó 25% en 2024 en relación con el año anterior, según datos oficiales.
Pero los pandilleros siguen con sus extorsiones a transportistas y comerciantes. Además, la ONG defensora de derechos humanos Cristosal denunció que el estado de excepción creó un caldo propicio para torturas y abusos de poder.
Acusaciones cruzadas y el fantasma de un fraude
Estas elecciones están marcadas por denuncias cruzadas de fraude. Los tres principales candidatos se acusan entre sí y buscan desacreditarse mutuamente. Así, Moncada tilda a sus rivales de derecha como “títeres de la oligarquía golpista”. Nasralla y Asfura tachan a la postulante de Libre de “comunista” por la cercanía ideológica del gobierno con Cuba y Venezuela.
Las acusaciones de fraude están en el aire. La OEA y la Unión Europea enviaron observadores y llamaron a respetar el voto.
Incluso, las Fuerzas Armadas, las mismas que derrocaron a Zelaya y hoy son cercanas al gobierno de izquierda, pidieron tener acceso a las actas electorales para verificar el recuento de votos. Pero esta inesperada petición fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Un simpatizante del partido oficialista Libre ondea una bandera partidaria en Tegucigalpa (Fopto: REUTERS/Fredy Rodriguez)
Quién son los tres candidatos favoritos
Si bien son cinco los candidatos presidenciales, solo tres tienen posibilidades de ganar, según vaticinan distintos sondeos. Fuera de carrera estarían Jorge Ávila Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, y Mario Rivera Callejas, del Partido Demócrata Cristiano.
Los tres favoritos para suceder a Xiomara Castro son:
- Rixi Ramona Moncada Godoy. Candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre). Abogada y exjueza, buscará llegar a la presidencia a los 60 años. Fue ministra de Finanzas y de Defensa del actual gobierno. Muy cercana al expresidente Manuel Zelaya, se desempeñó como su secretaria de Trabajo y Seguridad Social. Ahora, promete aumentar impuestos a los ricos. Se la señala por formar parte del “familión”, como se llama al clan de los Castro.
La candidata presidencial del partido gobernante, Rixi Moncada, asiste a su mitin de cierre de campaña en San Pedro Sula, Honduras, el sábado 22 de noviembre de 2025. (Foto AP/Delmer Martínez)
- Nasry Asfura. Postulante del Partido Nacional. El empresario de la construcción, de 67 años, fue diputado y alcalde de la capital, Tegucigalpa, entre 2014 y 2022. Representa a la corriente conservadora hondureña. Se lo conoce como Tito y también por el curioso apodo de “Papi a la orden”. Será su segundo intento de alcanzar el poder. En 2021 fue derrotado por Xiomara Castro. De llegar al gobierno, prometió atraer inversiones. Trump pidió votar por él: “Es el único verdadero amigo de la libertad”.
Nasry Asfura habla en el cierre de campaña en Tegucigalpa (Foto: REUTERS/Leonel Estrada)
- Salvador Nasralla. El líder del Partido Liberal, de 72 años, tiene una gran popularidad en el país y admira a Javier Milei. Como relator de fútbol y presentador de concursos de belleza, es una estrella de la televisión local. Fue vicepresidente del gobierno actual, pero se distanció. “La gente no quiere comunismo”, dijo en campaña. Representa una derecha moderada y prometió impulsar la producción y romper vínculos con Venezuela. “Tiene muchas posibilidades de ganar por su gran popularidad”, dijo Sierra.
Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, celebra el cierre de su campaña en San Pedro Sula, Honduras, el domingo 23 de noviembre de 2025. (Foto AP/Delmer Martínez)
El ganador de estas elecciones asumirá el poder el 27 de febrero.
Honduras, Xiomara Castro
INTERNACIONAL
Elecciones en Honduras: los ciudadanos acudirán a votar en medio de la polarización y las acusaciones de posible fraude
Este domingo, los hondureños concurren a las urnas para definir quién será su próximo presidente en una elección marcada por la polarización y denuncias de posible fraude. La contienda enfrenta a una candidata que promueve la continuidad del gobierno actual y a dos aspirantes con apoyo opositor, ambos distanciados de sus partidos tradicionales y con el objetivo de obtener el poder tras una tensa campaña.
Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso un despliegue especial de fuerzas de orden para garantizar un ambiente pacífico, una medida respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y observadores internacionales, quienes han destacado la importancia de la transparencia en este proceso decisivo.
Más de sesi millones de hondureños están habilitados para votar en más de 18.000 centros distribuidos en todo el territorio, en una jornada que definirá no solo la presidencia sino también la renovación del Congreso y gobiernos municipales.
De acuerdo con las últimas encuestas, tres de los cinco aspirantes presidenciales llegan prácticamente igualados: Rixi Moncada, abogada y figura cercana a la presidenta Xiomara Castro, compite por el oficialista Libertad y Refundación (Libre); el presentador Salvador Nasralla, quien busca la presidencia por cuarta vez, en esta ocasión representando al Partido Liberal; y el empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
CNE aprueba reglamento del TREP para dar a conocer los resultados preliminares
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio luz verde este sábado al reglamento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que se pondrá en marcha durante las elecciones generales de este domingo.
El reglamento define cómo se organizarán los equipos, las funciones asignadas y los procedimientos operativos necesarios para que las actas de cierre sean transmitidas de forma digital directamente desde los centros de votación hasta el sistema central encargado del procesamiento y publicación de los resultados preliminares.
america/america-latina/2025/11/30/nasry-asfura-rixi-moncada-y-salvador-nasralla-los-tres-candidatos-que-buscan-suceder-a-xiomara-castro-en-honduras/
El jefe de la misión de la OEA augura unas elecciones de “paz y tranquilidad” en Honduras
Eladio Loizaga, excanciller de Paraguay y titular de la misión de la OEA para la observación de los comicios, auguró una jornada de “paz y tranquilidad” en el país. A su vez, explicó que seguirá el proceso a través de la información que le remitan sus observadores.
“Auguramos que todo esto camine dentro de un marco de paz, de tranquilidad y responsabilidad por parte de la ciudadanía que va a asistir a ejercer un derecho constitucional muy importante, en la que definirán los próximos cuatro años de gobierno en la República de Honduras”, señaló Loizaga.
Los datos clave de la elección presidencial
Este año, el padrón electoral hondureño está conformado por 6.522.577 ciudadanos habilitados para sufragar, de los cuales 6.026.477 residen en el país y 496.307 en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Para este proceso, se habilitarán 5.744 centros de votación en todo el territorio nacional, y en Estados Unidos se abrirán centros en 12 ciudades para que los hondureños que viven allí puedan ejercer su derecho al voto.
El CNE informó que los centros de votación abrirán a las 7:00 a. m. y cerrarán a las 5:00 p. m., aunque las personas que lleguen antes del cierre y permanezcan en la fila tendrán garantizado su derecho a votar. En caso de fuerza mayor que impida el inicio a tiempo, las Juntas Receptoras de Votos podrán extender la jornada hasta las 6:00 p. m.
El único requisito para votar es presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI). Quienes necesiten confirmar el centro de votación y la mesa correspondiente pueden hacerlo en el sitio web del CNE, ingresando los números del DNI sin guiones y la fecha de nacimiento.
Elecciones en Honduras: la máxima autoridad electoral pidió a todos los candidatos respetar los resultados
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, subrayó que el CNE es la única voz autorizada para anunciar el ganador
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, instó a los candidatos a la presidencia a demostrar madurez política en las elecciones generales del próximo domingo, presentando propuestas sólidas y comprometiéndose a reconocer los resultados oficiales. Durante una entrevista con la agencia EFE, Hall subrayó que el CNE es la única voz autorizada para anunciar resultados y señaló la importancia de que todos los participantes respeten el proceso y sus resultados.
La sanción por incumplir la ley seca
Durante esta jornada electoral, Honduras implementará la ley seca, una medida que prohíbe temporalmente la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el país. Esta restricción estará vigente desde las 6:00 a. m. del sábado 29 de noviembre hasta las 6:00 p. m. del lunes 1 de diciembre
Aquellas personas que violen esta disposición podrán ser sancionadas con multas que van desde cuatro hasta diez salarios mínimos. El objetivo de la ley seca es contribuir a un clima de tranquilidad y orden durante el proceso electoral.
Durante una sesión extraordinaria de la OEA, Estados Unidos exigió al gobierno de Honduras que garantice la transparencia de los comicios del 30 de noviembre
El vicecanciller Chris Landau reclamó que la presidenta Castro y las Fuerzas Armadas hondureñas “respeten los roles definidos por la Constitución” y resguarden “los materiales electorales sin involucrarse en el conteo de votos”
(Desde Washington, Estados Unidos) El vicecanciller de Estados Unidos, Chris Landau, exigió hoy durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que la presidenta Xiomara Castro y las Fuerzas Armadas garanticen la transparencia de las elecciones del próximo 30 de noviembre.
Las Fuerzas Armadas desplegaron el material electoral
El Ejército de Honduras inició el jueves 21 de noviembre la distribución del material necesario para llevar adelante los comicios. El despliegue comenzó en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa, desde donde partieron camiones cargados con urnas, papeletas, tinta indeleble y otros insumos electorales, destinados a diferentes regiones del país, incluidas zonas de complejo acceso.
El proceso se llevó a cabo en un contexto de creciente atención internacional y reiteradas advertencias sobre la importancia de proteger la independencia y la integridad de los organismos responsables de la organización electoral.
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INTERNACIONAL
Bolivia inicia la carrera para las elecciones regionales en las que renovará más de 5.000 cargos públicos
El proceso electoral subnacional en Bolivia está en marcha tras la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fijó como fecha para los comicios el 22 de marzo de 2026. En esa elección se renovarán más de 5.000 cargos públicos —entre gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas regionales— en los nueve departamentos del país.
Aunque aún no se han registrado los frentes ni las candidaturas que van a participar, ya hay señales de competencia abierta: decenas de partidos y agrupaciones políticas comienzan a moverse buscando alianzas y candidatos para configurar el mapa político del próximo quinquenio, luego de las elecciones nacionales.
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, declaró su intención de presentar “candidatos propios” a través de una sigla política que aún no obtuvo personería jurídica, por lo que no se descarta que busque alianzas con otras fuerzas políticas, lo que podría marcar un escenario de tensión con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el que llegó al poder.
En la previa de las elecciones también asoman algunas caras conocidas que habían estado alejadas de la arena política en los últimos años, como el ex alcalde de La Paz, Luis Revilla. En enero de 2022, el ex alcalde se declaró en la clandestinidad, luego de que un dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) le iniciara un proceso penal en su contra por un supuesto sobreprecio en la compra de buses para el transporte público.
“Quiero decir que estamos volviendo con las manos limpias, estamos volviendo a demostrar nuestra inocencia ahora que la justicia ya no está influída por el poder político, vamos a poder presentar nuestras pruebas y vamos a demostrar nuestra inocencia”, declaró ante los medios tras su arribo a la sede de Gobierno. Sobre su futuro político, no descartó la posibilidad de participar en las elecciones subnacionales y dijo que antes hará una evaluación con los militantes de Soberanía y Libertad.
En Santa Cruz de la Sierra, la ex alcaldesa Angélica Sosa —que estuvo presa y envuelta en múltiples denuncias de corrupción— también señaló que su frente Santa Cruz Para Todos va a participar en las elecciones regionales, pero no confirmó oficialmente su postulación. “Nuestro compromiso va a ser solucionar todo y lo que me pida a mí el pueblo (…) nunca voy a decirle no a mi pueblo”, afirmó en un video.
En tanto, el gobernador y ex líder cívico Luis Fernando Camacho manifestó que buscará ser reelegido como máxima autoridad del departamento de Santa Cruz, luego de haber pasado más de la mitad de su mandato detenido preventivamente en la cárcel por acusaciones relacionadas con las movilizaciones sociales previas a la renuncia de Evo Morales en 2019.
Camacho recuperó su libertad en agosto, al igual que el ex líder cívico Marco Antonio Pumari, que enfrentaba los mismos cargos y que anunció su candidatura a la gobernación de Potosí.
El arranque de esta carrera electoral promete un periodo intenso de negociaciones, estrategias territoriales y definición de candidaturas para renovar el poder local en Bolivia.
El mandato de las autoridades que resulten electas coincidirá con el del nuevo presidente Rodrigo Paz, quien ha prometido reducir el centralismo y fortalecer la autonomía regional mediante la distribución de recursos en un programa que ha denominado “50-50”, por lo que estas elecciones pueden ser decisivas para una reorganización fiscal más equilibrada.
La semana pasada, el TSE confirmó que más de 200 agrupaciones ciudadanas regionales y 14 partidos políticos están habilitados para disputar los comicios y fijó el 22 de diciembre como fecha límite para la inscripción de candidaturas.
En el ínterin, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe designar nuevos vocales electorales mediante un proceso de convocatoria abierta. Las autoridades electorales actuales —que condujeron las últimas seis votaciones— concluyen su mandato el 18 de diciembre.
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