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El Supremo de Brasil inicia la votación que definirá el futuro de Bolsonaro en el juicio por intento de golpe de Estado

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El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro se ve a la entrada de su casa, donde está bajo arresto domiciliario, en Brasilia (AP Foto/Luis Nova)

El juicio oral por intento de golpe de Estado contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro y siete integrantes de su entorno entra, a partir de este martes, en su etapa clave en el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Cinco jueces expondrán sucesivamente sus votos para decidir si el ex mandatario y los demás acusados son responsables de conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2022, abriendo la posibilidad de una condena histórica que podría impactar en el mapa político nacional.

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El tribunal programó audiencias diarias hasta el viernes, buscando cerrar una causa que ha polarizado al país. La etapa final se puso en marcha la semana pasada con las presentaciones de la Fiscalía y las defensas: el Ministerio Público, representado por el fiscal general Paulo Gonet, pidió la condena de todos los acusados y responsabilizó a Bolsonaro de ser el “líder” de la conspiración, mientras que los abogados de la defensa argumentaron falta de pruebas y reclamaron la absolución.

Cinco jueces expondrán sucesivamente sus
Cinco jueces expondrán sucesivamente sus votos para decidir si el ex mandatario y los demás acusados son responsables de conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2022 (Europa Press)

La sesión de este martes estará marcada por el primer voto, que corresponderá al juez instructor Alexandre de Moraes. De perfil duro y convertido en el principal blanco de los seguidores de Bolsonaro y del propio Donald Trump —quien lo ha sancionado por presunta “caza de brujas”—, Moraes ya anticipó durante la apertura del juicio su postura de firmeza: calificó el complot golpista como un intento de instaurar “una verdadera dictadura”, dirigido a anular el proceso democrático y perpetuar el mandato de Bolsonaro mediante el uso de la fuerza.

Bolsonaro enfrenta cinco delitos vinculados al orden constitucional, por los que podría ser condenado hasta 40 años de prisión. Según la acusación, durante la transición de poder en 2022, el ex presidente impulsó la redacción de decretos para revertir su derrota y avaló, al menos en discusiones confidenciales, planes para asesinar a Lula y otras autoridades. Se alega además que su liderazgo directo resultó central para la coordinación de los episodios violentos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores irrumpieron en las sedes de los tres poderes en Brasilia, reclamando una intervención militar.

La sesión de este martes
La sesión de este martes estará marcada por el primer voto, que corresponderá al juez instructor Alexandre de Moraes (REUTERS/Jorge Silva)

El veredicto será definido por mayoría simple entre los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin. Tras el voto del instructor, expondrán sus argumentos Dino, Fux y Antunes; Zanin, ex abogado personal de Lula, será el encargado de proclamar el resultado final.

La exposición de Fux genera particular expectativa, dado que en ocasiones anteriores cuestionó la interpretación de Moraes sobre el papel de Bolsonaro en los hechos del 8 de enero.

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En caso de condena —que requiere al menos tres votos de cinco—, el tribunal debatirá la pena para los acusados. El ingreso en prisión no será inmediato: las sentencias pueden ser apeladas, y persiste la alternativa de que uno de los magistrados solicite un plazo extra de hasta 90 días para analizar la causa, lo que aplazaría la definición hasta diciembre.

El domingo, miles de simpatizantes
El domingo, miles de simpatizantes de Bolsonaro se manifestaron en diversas ciudades, con la mayor concentración en la Avenida Paulista de São Paulo, donde, según la Universidad de São Paulo, se congregaron unas 42.200 personas (REUTERS/Amanda Perobelli)

La tensión judicial se enmarca en una fuerte movilización política callejera. El domingo, miles de simpatizantes de Bolsonaro se manifestaron en diversas ciudades, con la mayor concentración en la Avenida Paulista de São Paulo, donde, según la Universidad de São Paulo, se congregaron unas 42.200 personas. Allí asistió Michelle Bolsonaro, esposa del ex presidente, quien manifestó: “Tengo la certeza de que toda la farsa caerá por tierra”. Desde Estados Unidos, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del líder ultraderechista y también investigado, aseguró que promoverá nuevas sanciones internacionales contra De Moraes y su entorno.

Bolsonaro, de 70 años, prevé seguir la sesión desde su domicilio en Brasilia por motivos de salud y mientras cumple arresto domiciliario por violar restricciones previas. El desenlace del juicio podría determinar si la figura central de la derecha brasileña queda formalmente condenada e inhabilitada, o si se mantiene el espacio para una futura disputa política en el país. El fallo del STF marcará un hito histórico en la democracia brasileña y sentará precedente sobre la responsabilidad de los líderes en la defensa del orden democrático.

(Con información de EFE y AFP)

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South America / Central America,Government / Politics,BRASILIA

INTERNACIONAL

Los aldeanos dicen que esta isla está maldita. Los inmigrantes vieron una oportunidad

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DAKAR, Senegal — Las coloridas embarcaciones de madera que bordean las costas de Gambia están construidas para la pesca local en las tranquilas y lentas mareas.

Sin embargo, durante la noche, algunas desaparecen para emprender uno de los viajes marítimos más peligrosos del mundo.

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Las embarcaciones de migrantes, repletas de cientos de personas, suelen partir de bulliciosas ciudades costeras de Marruecos, Mauritania y Senegal rumbo a Europa.

Sin embargo, ante la intensificación de los controles por parte de las autoridades de inmigración en esos conocidos puntos de partida, los migrantes y los traficantes han buscado rutas alternativas.

Ahora, muchos migrantes africanos están recurriendo a Gambia, y la remota isla pesquera de Jinack se está convirtiendo en un punto de interés.

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La isla tiene un encanto especial: los aldeanos locales dicen que está embrujada por sus ancestros, quienes, según se cuenta, traen desgracia a las autoridades extranjeras que intentan interferir.

La creencia en esta maldición está tan extendida que incluso algunos funcionarios locales dudan en ir a Jinack.

Cuando los migrantes y traficantes de personas en África Occidental se enteraron de esto, comenzaron a acudir en masa a la isla.

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“En el punto álgido, a finales del año pasado, los migrantes nos superaban en número en una proporción de 10 a 1”, dijo Yusupha Manneh, líder comunitario en Jinack Kajata, una de las cuatro aldeas dispersas en la estrecha isla.

A finales del año pasado, tres embarcaciones repletas de cientos de migrantes partieron de Jinack.

Una de ellas naufragó y las autoridades temen que las otras dos se hayan perdido en el mar.

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Decenas de migrantes han sido hallados muertos, la mayoría arrastrados a la costa por la marea, según Momodou Ceesay, director de operaciones de la agencia nacional de respuesta ante desastres.

Cientos de personas siguen desaparecidas.

Uno de ellos es Landing Manneh, quien dejó a su esposa, Suwadou, de 27 años, y a su bebé.

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«No hemos perdido la esperanza», dijo.

«Se lo dejamos a Alá».

Marea humana

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Según la Organización Internacional para las Migraciones, un organismo de las Naciones Unidas, el número de migrantes que intentaban cruzar desde África Occidental a las Islas Canarias españolas aumentó considerablemente en los últimos años antes de desplomarse el año pasado.

Según los analistas, el descenso se debió en parte a la brutal represión ejercida por los gobiernos del norte de África, que recibieron cientos de millones de dólares de la Unión Europea para bloquear la migración.

Según la OIM, el año pasado llegaron a las Islas Canarias unos 21.877 migrantes.

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«Si bien muchos de estos migrantes procedían de las costas de Marruecos o Mauritania, la costa de Gambia también se ha consolidado como punto de partida», indicó la agencia.

Ebrima Drammeh, activista por los derechos de los migrantes de Gambia, afirmó que de los 73 barcos que partieron de Gambia hacia Europa el año pasado, unos 21 lo hicieron desde Jinack.

Parte del atractivo de la isla reside en su ubicación; Jinack se encuentra justo donde el río Gambia desemboca en el océano Atlántico.

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Los barcos pueden escapar fácilmente al amparo de la noche y los densos manglares.

Y luego está la supuesta maldición.

«Los oficiales no vienen uniformados aquí», dijo Ousman Manneh, hijo del jefe de la aldea de Jinack.

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«Es una tradición. Nuestros espíritus no quieren oficiales porque nuestros antepasados ​​vinieron aquí buscando refugio de las guerras interminables».

Dado que las autoridades rara vez visitan la isla, el cannabis se ha cultivado y vendido abiertamente durante décadas, a pesar de ser ilegal en Gambia.

En 1999, el capitán Amadou Suwareh, comisionado regional, llevó a cabo una inusual redada antidrogas.

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Según los aldeanos, un enjambre de abejas lo rodeó cuando intentaba escoltar a los sospechosos fuera de la isla, obligándolo a huir aterrorizado. Fue destituido pocos días después.

Los aldeanos lo interpretaron como prueba de la maldición ancestral.

“Si para otras personas no tiene sentido, para nosotros sí lo tiene porque forma parte de nuestro sistema de creencias”, dijo Yusupha Manneh, el líder de la comunidad.

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Posta

En los meses previos a la partida de los tres barcos de la isla a finales del año pasado, los migrantes se habían hacinado en Jinack.

Algunos lugareños desalojaron sus habitaciones y las alquilaron por unos 10 dólares la noche.

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Los migrantes esperaron semanas antes de embarcarse en uno de los barcos pesqueros abarrotados.

Los residentes afirmaron que la policía y los agentes de inmigración visitaron la isla solo después de que las embarcaciones partieron.

Según ellos, los agentes no llevaban uniforme.

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“Nuestro enfoque en Jinack se centra más en la participación comunitaria que en las interceptaciones”, dijo Siman Lowe, portavoz del Departamento de Inmigración.

Los accidentes náuticos del año pasado marcaron un punto de inflexión para Jinack.

Los residentes se indignaron porque las autoridades no intervinieron y, potencialmente, no salvaron cientos de vidas.

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En enero, los aldeanos que consideraban que la partida de los migrantes había atraído una atención negativa hacia la isla decidieron apoderarse de dos embarcaciones que estaban equipadas para un viaje a Europa.

Según Lowe, detuvieron a los migrantes y los entregaron a la policía. Este mes, las autoridades antidrogas realizaron redadas en la isla, incendiando decenas de plantaciones ilegales de cannabis.

Pero es poco probable que tales medidas detengan las embarcaciones de migrantes, afirmó Drammeh, el activista por los derechos de los migrantes.

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Abandonó Gambia en 2013, viajó a Libia y finalmente llegó a Italia.

Regresó a Gambia por primera vez este año.

“Nada ha cambiado”, dijo.

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“Las condiciones que me obligaron a irme siguen existiendo”.

c.2026 The New York Times Company

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INTERNACIONAL

Bipartisan Senate bill to cap insulin for Americans at $35 has new momentum

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

A bipartisan group of senators is resurfacing legislation to cap many American patients’ insulin costs at $35 a month — the INSULIN Act of 2026 — reviving a push that previously stalled.

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The bill co-authored by Sens. Jeanne Shaheen, D-N.H., Susan Collins, R-Maine, Raphael Warnock, D-Ga., and John Kennedy, R-La., would bar group and individual health plans from imposing deductibles on selected insulin products and could not charge more than $35 for a 30-day supply starting in plan year 2027.

Beginning in 2028, patients would pay the lesser of $35 or 25% of the negotiated net price.

Congress had already mandated a Medicare-only cap of $35 in 2022, and President Donald Trump’s long-running agenda to lower prescription medicine costs gives the effort some momentum before the 2026 midterms, where Collins’ seat could be targeted for a Democrat flip amid the very narrow Republican Senate majority (53-47).

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SENATE QUIETLY WORKS ON BIPARTISAN OBAMACARE FIX AS HEALTHCARE CLIFF NEARS

Sen. Susan Collins, R-Maine, is helping to lead the effort to cap insulin costs on Americans at $35 per month. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

«We are the long-time chairs of the Senate Diabetes Caucus, and one of our top priorities is to make insulin more affordable,» Collins said in a Senate hearing last week.

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«Our INSULIN Act would impose out-of-pocket limits for patients with commercial insurance, tackle commercial pharmacy benefit managers, and ensure that patients are the ones who are benefiting from the savings that they negotiate, and encourage biosimilar competition in order to lower list prices.»

The bill, first introduced in 2023, has been reworked at Kennedy and Warnock’s urging to include some work to provide capped insulin prices even for the uninsured.

«Our bill also includes provisions to help uninsured Americans access affordable insulin,» Collins continued. «Just this week, I met with a young woman who, a few years ago, ended up in the hospital because she was stretching out her insulin, not taking as much as she was prescribed, because she simply couldn’t afford the cost.»

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REPORTER’S NOTEBOOK: GOP TARGETS AFFORDABILITY WITH RECONCILIATION 2.0 PLAN AHEAD OF MIDTERMS

The issue aligns with a 2024 Trump presidential campaign vow. Trump has already announced other initiatives to lower prescription drug prices, including an executive order last May on his «Most Favored Nation» (MNF) policy to take action on Big Pharma companies that are not offering the world’s lowest price on drugs to Americans.

«Americans should not be forced to subsidize low-cost prescription drugs and biologics in other developed countries, and face overcharges for the same products in the United States,» Trump’s policy ordered. «Americans must therefore have access to the most-favored-nation price for these products.»

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«My Administration will take immediate steps to end global freeloading and, should drug manufacturers fail to offer American consumers the most-favored-nation’s lowest price, my Administration will take additional aggressive action.»

Then, this December, Trump announced agreements with nine Big Pharma companies to lower prices on Americans under the MFN policy, including offering direct to the consumer lowest pricing on TrumpRx, the president’s new prescription drug portal.

GOP MUST RACE FOR NEW ‘BIG, BEAUTIFUL BILL’ TO SLASH COSTS BEFORE MIDTERMS, TOP HOUSE REPUBLICANS WARN

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TrumpRX lists Insulin Lispro from Eli Lilly for $25.

Sen. Jeanne Shaheen speaking at a podium

Sen. Janine Shaheen, D-N.H., announced last March that she would not be running for reelection. (Nathan Posner/Anadolu via Getty Images)

Collin and Shaheen’s legislation would also offer a limited cap on insulin for the uninsured — an issue reportedly driven by Warnock and Kennedy in the bipartisan group — creating a five-year pilot in 10 states to help uninsured patients get insulin for no more than $35 a month.

«We have already capped insulin for Medicare enrollees at $35 a month — this new INSULIN Act, which we plan to introduce next [this] week, will address insulin affordability for children, adults and those who are uninsured,» Shaheen said in a statement.

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«It will do, as the Medicare provision does, cap the cost of employer and private insurance coverage of insulin at $35 a month, create a pilot program to provide $35 a month insulin for uninsured diabetes patients, and it is a direct way to help American families facing economic pressures, and will make people healthier in the long run.»

TRUMP’S RX PLAN PROMISES SAVINGS, BUT ECONOMISTS SEE A HIDDEN TRADE-OFF

While Collins might need the bill for her 2026 midterm election hopes. Shaheen is serving out her final year in the Senate.

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«I would really like to be able to leave the Senate thinking that we had helped to address insulin costs for a lot of Americans: This is the most expensive chronic disease,» Shaheen told Semafor, noting Trump’s agenda for capping prices.

«This is something that he should support, because it is affordability.»

Affordability has been the Democrats’ buzzword for the midterms, but Republicans and Trump have argued it has only been an issue Democrats have made after years of inflation under former President Joe Biden.

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TRUMP ENDS BIDEN’S DRUG PRICE NIGHTMARE — AMERICANS GET REAL RELIEF WITH TRUMPRX

Louisiana Sen. John Kennedy sits in a hearing

Sen. John Kennedy, R-La., was a part of the bipartisan Senate group pushing the INSULIN Act of 2026 to include provisions to lower insulin costs for the uninsured, too. (Anna Moneymaker / POOL / AFP)

The bill authorizes $100 million for fiscal 2027 for cost-cutting and defines «affordable» insulin as out-of-pocket costs of no more than $35 for a one-month supply.

Collins framed the measure as a response to patients rationing medicine they need to survive.

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«I have heard far too many stories from people in Maine and across the country who have been forced to ration their insulin because of the cost, and that is simply unacceptable,» she told Semafor.

Beyond the consumer cap, the bill also tries to lower underlying costs by targeting pharmacy benefit manager practices and encouraging more competition from biosimilars and generics. It orders a federal study on delays in bringing insulin products to market and barriers to biosimilar uptake.

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The proposal now faces the harder political test: winning buy-in from Senate leadership and finding a path to must-pass legislation later this year. But after years of failed starts, backers say they finally have a bipartisan framework that could move.

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El gobierno de Chile le retiró el apoyo a Bachelet para la ONU: por qué beneficia al argentino Rafael Grossi

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En la frenética carrera para acceder al máximo cargo de las Naciones Unidas (ONU), el diplomático argentino Rafael Grossi parece haber recibido una buena noticia para sus pretensiones con la decisión de Chile de retirar el apoyo a la expresidenta trasandina Michelle Bachelet.

“Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”, esgrimió en un escueto comunicado el actual gobierno de José Antonio Kast.

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La candidatura de Bachelet seguirá adelante porque al momento de su lanzamiento contaba también con el apoyo de Brasil y México. Fue una astuta jugada del por entonces presidente Gabriel Boric a sabiendas de que existía la posibilidad de que el nuevo mandatario Kast hiciera lo que terminó haciendo: retirarle el apoyo.

Pese a las reiteradas críticas de Javier Milei al sistema multilateral en general y a la ONU en particular, el gobierno argentino se comprometió en apoyar y trabajar para impulsar la candidatura de Grossi, renombrado diplomático que en la actualidad encabeza el trascendental Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA).

La Cancillería argentina designó a un equipo especial para acompañar la candidatura de Rafael Grossi. (Foto: REUTERS/Tomas Cuesta)

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Durante el lanzamiento formal de su candidatura en la Argentina en diciembre del año pasado, TN pudo confirmar que la Cancillería a cargo de Pablo Quirno designó a un grupo de diplomáticos que desde Buenos Aires monitorearía el proceso junto con la representación permanente de nuestro país en la sede de la ONU en Nueva York.

La retirada del apoyo por parte de Chile podría leerse como un contundente mensaje de que Bachelet no puede lograr un consenso interno ni siquiera en esta importante postulación, lo que podría debilitar su carrera. De todos modos, Brasil es un país de peso que busca tener una banca en una hipotética –y compleja- reforma del Consejo de Seguridad.

Leé también: Rafael Grossi busca convertirse en el primer argentino en liderar la ONU: lanza su candidatura en Buenos Aires

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Además de Grossi y Bachelet, los otros candidatos que están en carrera para convertirse en secretario general de la ONU son: la argentina Virginia Gamba, impulsada por Maldivas; Rebeca Grynspan Mayufis, apoyada por su país Costa Rica; y el senegalés Macky Sall, que cuenta con el respaldo de Burundi.

Existe una regla no escrita que el próximo secretario general debe ser latinoamericano. Sólo hubo uno en la historia. El peruano Javier Pérez de Cuéllar ocupó ese cargo durante dos períodos entre 1982 y 1991.

La costarricense Grynspan Mayufis es una de las que, a priori, podría competir cabeza a cabeza con Grossi si la candidatura de Bachelet termina perdiendo peso.

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La costarricense Rebeca Grynspan es otra de las favoritas para el máximo cargo de la ONU. (Foto: REUTERS/Mayela Lopez)

La costarricense Rebeca Grynspan es otra de las favoritas para el máximo cargo de la ONU. (Foto: REUTERS/Mayela Lopez)

La clave está en la decisión de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido), quienes tienen que seleccionar a uno de los candidatos para postularlo frente a la Asamblea General. Será una única opción la que salga desde el máximo órgano de la ONU.

Por ello, es necesario esquivar un veto de estos países. Con que uno sólo decida vetar un nombre, esa persona no podrá continuar en carrera. El perfil dialoguista pero firme de Grossi gusta en el ámbito de la diplomacia internacional. A lo largo de los últimos años pudo demostrar su capacidad de negociar con Putin en el Kremlin, con Zelenski en Kiev o con representantes iraníes el desarrollo de su programa nuclear.

Con las audiencias y exposiciones públicas que los candidatos tendrán en los próximos meses se empezará a dilucidar con mayor claridad las posibilidades reales de cada uno. Puertas adentro de la Casa Rosada, la quita del apoyo de Kast a Bachelet fue leída como una buena noticia para Grossi.

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