En Brasil, los 44.127 homicidios registrados en 2024 supusieron una reducción del 5,4% con respecto al año anterior. Con una media de 22,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, se trata de la tasa más baja de los últimos 11 años. En comparación con 2017, la disminución fue del 27,7%. Este cambio ha sido revelado por el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2025, publicado esta semana, que también ha destacado el aumento de los fraudes y los delitos cibernéticos. Sin embargo, hay que recordar que el índice de homicidios no incluye los robos con resultado de muerte, un fenómeno cada vez más frecuente, lamentablemente, sobre todo en las grandes ciudades brasileñas. Tampoco incluye las lesiones corporales seguidas de muerte, las muertes por causas indeterminadas o los asesinatos a manos de la policía, datos que revelarían una realidad mucho más compleja, como demuestra el caso de la capital financiera del país, San Pablo. De hecho, en esta ciudad, mientras que la tasa de homicidios en 2023 era de 6,4 por cada 100.000 habitantes, si se hubieran incluido todas las muertes violentas intencionadas, la tasa habría ascendido a 11,2, casi el doble. Además, desde una perspectiva global, la situación de Brasil sigue siendo crítica. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el gigante latinoamericano presenta una tasa de muertes violentas intencionadas significativamente superior a la media de América Latina y el Caribe (19,2 en 2022) y casi cuatro veces superior a la media mundial de 5,8. Con aproximadamente el 3% de la población mundial, Brasil es responsable de alrededor del 10% de todos los homicidios cometidos en el mundo.

Las ciudades más violentas del país se concentran principalmente en el noreste. Entre los 20 municipios de la lista, los 12 primeros se encuentran precisamente en esta amplia región. La ciudad símbolo de esta emergencia de seguridad es Maranguape, en el estado de Ceará. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, es la ciudad más violenta del país, con una tasa de 79,9 muertes por cada 100.000 habitantes. El principal factor que explica esta escalada en una ciudad de poco más de 100.000 habitantes es el conflicto en curso entre dos facciones criminales, el conocido Comando Vermelho (CV), originario de Río de Janeiro, y los Guardianes del Estado (Guardiões do Estado, GDE en portugués). Nacido en 2015 como una disidencia del Primer Comando de la Capital (PCC), el principal grupo criminal de Brasil, el GDE es una facción local de Ceará con vínculos internacionales, en particular con el Cartel de Cali en Colombia, del que recibe drogas a través de rutas en Bolivia y Perú. Entre 2016 y 2019, el GDE colaboró temporalmente con el PCC, pero hoy en día considera tanto al PCC como al CV como sus principales rivales.

La violencia relacionada con las facciones en Ceará no es un fenómeno nuevo. En 2019, las tensiones se intensificaron como consecuencia de las políticas más estrictas en las cárceles introducidas por el secretario de la administración penitenciaria, Mauro Albuquerque, que prohibió la separación de los reclusos por facciones y la entrada de teléfonos móviles. Esto desencadenó una ola de ataques en la capital, Fortaleza, y en la región metropolitana, con incendios de vehículos, interrupciones del transporte público y suspensión de servicios esenciales, lo que requirió incluso la intervención de la Fuerza Nacional.

La lucha por el control del narcotráfico ha convertido a Maranguape en una zona de alto riesgo, con episodios de violencia que han incluido masacres, como la del distrito de Anamari en 2023, donde cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada, fueron asesinadas. Las facciones imponen su dominio también a través del control de actividades económicas, como los proveedores de Internet, y obligan a los residentes a obedecer sus reglas, bajo pena incluso de expulsión del territorio. La situación se ve agravada por la proximidad geográfica con la ciudad de Maracanaú, también afectada por conflictos similares, y por la posición estratégica de Maranguape para el tráfico de drogas hacia el puerto de Pecém, un punto clave para la exportación a África y Europa. Además de Maranguape y Maracanaú, otras tres ciudades de Ceará figuran entre las 20 más violentas de Brasil en 2024. Se trata de Caucaia, Itapipoca y Sobral. En los demás estados del noreste, entre las ciudades más violentas se encuentran Camaçari, en el estado de Bahía, donde la empresa china BYD ha construido su fábrica para producir coches eléctricos, y la ciudad turística de Cabo de Santo Agostinho, en el estado de Pernambuco.

A pesar de la reducción general de los índices de violencia en Brasil, la sensación de inseguridad entre la población sigue siendo elevada. Según una encuesta de Quaest, la violencia es la principal preocupación para el 30% de los brasileños. “Hay delitos más visibles que influyen más en nuestra sensación de seguridad en la vida cotidiana. Los robos, las violaciones, los hurtos, los robos de vehículos, las invasiones de propiedades: son estos los que permanecen en el inconsciente colectivo. Muchos de estos delitos han registrado una reducción mínima, mientras que las violaciones, incluso, han aumentado”, declaró Celeste Leite dos Santos, del Ministerio Público de San Pablo y presidenta del Instituto Pro Víctima, al sitio web de noticias Gazeta do Povo.

Según los datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, Brasil registró un récord histórico de casos de violación en 2024, con un total de 87.545 víctimas, lo que equivale a una víctima cada seis minutos. Esta cifra representa un aumento del 0,9% con respecto a 2023, lo que supone el valor más alto desde el inicio de la serie histórica en 2011. El 76,8% de los casos registrados se refiere a violaciones de menores de 14 años. De ellas, el 61,3% tenían hasta 13 años, y el grupo de edad entre 10 y 13 años es el que concentra el mayor número de casos.

Las mujeres negras representan el 55,6% del total de víctimas, lo que pone de manifiesto una desproporción significativa en términos de vulnerabilidad racial. La violencia sexual se produce principalmente en el ámbito familiar, ya que el 65,7% de las violaciones se cometen en el domicilio de la víctima.

A pesar de que una resolución de la ONU de hace 40 años obliga a los países a adoptar políticas de acogida de las víctimas de delitos violentos, en Brasil aún no existe un sistema estructurado de asistencia médica, psicológica o material para estas personas. La aprobación del Estatuto de la Víctima en la Cámara de Diputados a finales de 2024 supone un paso adelante, pero la medida aún está pendiente de aprobación en el Senado.

Los delitos digitales también aumentaron un 17% con respecto a 2023. En 2024 se produjeron al menos 281.200 delitos de estafa por medios electrónicos en Brasil, lo que supone un aumento del 17% con respecto al año anterior, cuando se registraron 222.700 casos. Según otro informe, “Panorama de amenazas para América Latina 2024”, Brasil es el segundo país del mundo en número de ciberataques, con más de 700 millones de ataques registrados en 12 meses, lo que equivale a 1.379 por minuto. Entre las técnicas más comunes se encuentra el vishing, un tipo de phishing que utiliza recursos vocales para engañar a las víctimas y que representa el 90% de los ataques. Gracias a la inteligencia artificial, los delincuentes pueden imitar las voces de famosos, autoridades o incluso familiares, lo que aumenta la eficacia de los fraudes. Ni siquiera las grandes instituciones están a salvo de la amenaza de los ciberataques.

El miércoles, el Banco Central de Brasil (BC) y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) revelaron un incidente de seguridad informática ocurrido entre el domingo y el lunes pasado, que supuso accesos no autorizados al Sistema de Búsqueda de Bienes del Poder Judicial (Sisbajud), gestionado por el CNJ. El incidente afectó a los datos personales de más de 11 millones de personas, lo que equivale a aproximadamente el 7% de las personas físicas registradas con una clave Pix, el sistema de pago instantáneo brasileño. Los datos a los que tuvieron acceso los criminales eran de carácter personal, incluyendo el nombre del banco, la agencia y el número de cuenta. Sin embargo, el Banco Central ha precisado que no se han expuesto datos sensibles, como contraseñas, información sobre movimientos o saldos financieros, ni otra información cubierta por el secreto bancario.

Este es el segundo ataque cibernético en pocas semanas después del ocurrido a principios de julio, considerado el mayor de la historia de Brasil, en el que se robaron al menos 800 millones de reales (143,7 millones de dólares) a través del acceso a C&M Software, que conecta a los bancos con el sistema de pago Pix. Con la ayuda del Banco Central, la policía logró rastrear parte de las transacciones. Una parte del dinero se transfirió a una institución de criptomonedas en Contagem, en el estado de Minas Gerais, y otra a una empresa de importación y exportación de cosméticos con sede en Brasilia. Posteriormente, se transfirió una suma a dos empresas fintech en los estados de Rio Grande do Sul y Paraná. Estas, finalmente, según informó el diario brasileño O Globo, transfirieron los fondos a Jackson Aquino de Souza, que es corredor de bienes raíces y hasta ayer asistente parlamentario de un diputado del estado de Roraima, en la frontera con Venezuela. Es aquí donde el misterio se intensifica. Durante el interrogatorio con la Policía Federal, el hombre declaró que no tenía conocimiento del origen ilícito del dinero y que había sido contactado por un “garimpeiro” venezolano, es decir, una persona que se dedica a la extracción minera ilegal en el país vecino, identificado como “Dionny”, para comprar una granja por 3 millones de reales (539.006 dólares). La intención era “figurar como comprador formal de la finca y, una vez completado el pago, transferir la propiedad a Dionny”. Quién es esta persona y, sobre todo, a qué grupos criminales de Venezuela está vinculada es el misterio que ahora deberán descubrir los investigadores brasileños.