PENÍNSULA DE LA GUAJIRA, Colombia — Un estruendo atronador resonó en el aire tranquilo de la tarde.

Segundos después, una columna de humo comenzó a elevarse del mar como si el horizonte estuviera en llamas.

El 6 de noviembre, mientras observaba desde la orilla, Erika Palacio Fernández sacó su teléfono, dijo, grabando sin querer el único video verificado e independiente conocido hasta la fecha de las consecuencias de un ataque aéreo en la campaña de la administración Trump contra lo que llama «narcoterroristas«.

Dos días después, en esa misma orilla, apareció una embarcación calcinada de nueve metros de eslora.

Luego, dos cuerpos destrozados.

Después, bidones carbonizados, chalecos salvavidas y docenas de paquetes que fueron observados por The New York Times y que eran similares a otros encontrados tras operativos antinarcóticos en la región.

La mayoría de los paquetes estaban vacíos, aunque en el revestimiento de algunos se encontraron restos de una sustancia con aspecto y olor a marihuana.

El conjunto de restos quemados parece ser la primera evidencia física de la campaña estadounidense, que ha destruido 30 buques y causado la muerte de más de 100 personas en el Caribe y el Pacífico oriental.

Se presume que todos los demás barcos afectados se hundieron junto con su tripulación y carga.

El ejército estadounidense no ha presentado pruebas de que los barcos destruidos transportaran sustancias ilícitas ni pertenecieran a redes criminales.

Un análisis del Times comparó los restos del barco con los que aparecían en un video publicado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la noche del 6 de noviembre, horas después de que Palacio grabara el suyo.

Hegseth describió el ataque como un buque en el Caribe operado por una «organización terrorista designada» no identificada.

Añadió que el ataque causó la muerte de tres personas y tuvo lugar en aguas internacionales.

El análisis del Times del video de Palacio indica que el ataque tuvo lugar en el Golfo de Venezuela, donde Colombia y Venezuela disputan desde hace tiempo su frontera marítima.

El análisis no pudo determinar la ubicación exacta del ataque.

La forma de los restos, un diseño esbelto típico de las lanchas rápidas, coincide con la de la embarcación atacada en el video compartido por el Departamento de Defensa, según el análisis del Times, y muestra daños en el casco y la estructura interior, consistentes con el impacto de un ataque aéreo.

El video militar muestra la embarcación explotando e incendiándose bajo una gran columna de humo.

El hecho de que evidencia tan poco común y tangible salga a la luz casi dos meses después del ataque de principios de noviembre demuestra tanto la lejanía de la península de La Guajira, donde se encontraron los restos, como la falta de una presencia significativa del Estado colombiano en la zona.

La región está gobernada de forma semiautónoma por una comunidad indígena, los wayuu, cuyos más de medio millón de habitantes se extienden a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela.

La campaña del ejército estadounidense contra las embarcaciones que, según la administración Trump, trafican drogas, se ha centrado principalmente en el Pacífico desde noviembre.

El ataque del 6 de noviembre frente a la península de La Guajira tuvo lugar durante una fase anterior, cuando la campaña parecía estar dirigida contra embarcaciones venezolanas, no colombianas.

Diversos expertos legales afirman que los ataques estadounidenses son ilegales porque el ejército tiene prohibido atacar deliberadamente a civiles, incluso si se cree que han cometido un delito, a menos que representen una amenaza inmediata.

Venezuela desempeña un papel menor en el narcotráfico mundial que otros países de la región.

En privado, funcionarios de la administración Trump afirman que su principal objetivo es expulsar del poder al líder venezolano, Nicolás Maduro.

La árida Península de la Guajira es la extensión terrestre más septentrional de Sudamérica y, desde hace tiempo, ha sido conocida como plataforma de lanzamiento para diversos contrabandistas, desde café hasta productos electrónicos y drogas ilícitas.

Para llegar por tierra es necesario atravesar un laberinto de caminos de tierra llenos de baches y sin señalizar, lo que imposibilita el paso sin un guía local.

Los buitres merodean el cielo y las serpientes de cascabel se esconden entre la maleza.

Los restos de la lancha y luego los dos cuerpos fueron encontrados el 8 de noviembre por pescadores que llamaron a Aristótele Palmar García, inspector de policía wayuu responsable de ese tramo de playa.

Palmar comentó que tiene poca capacitación y herramientas, y que cuando llegó a la playa solo tenía guantes médicos porque su hermana trabajaba en una clínica local.

“El barco mismo olía a carne quemada”, recordó Palmar, de 31 años.

“Y los cuerpos… tuvimos que enterrarlos porque los buitres y los perros callejeros empezaban a comérselos”.

Dijo que llamó a la policía regional, “pero no pasó nada durante días, o incluso semanas”.

Un cuerpo quedó reducido a piel y huesos, dijo Palmar.

Describió al otro como hinchado, descolorido por el sol y con quemaduras graves, sin orejas y con un brazo amputado a la altura del codo.

Palmar dijo que él y los pescadores locales usaron palos para empujar los restos hacia tumbas de 1.5 metros de profundidad que habían cavado en la playa.

Siguiendo la tradición wayuu, rociaron chirrinchi, un licor local destilado de caña, sobre las tumbas.

Luego, colocaron cactus espinosos sobre ellas para evitar que los perros las desenterraran.

La directora regional de Medicina Legal, la red nacional de laboratorios forenses del gobierno colombiano, Erika Patricia Vargas Sánchez, declaró al Times que los restos de dos personas fueron exhumados en la misma zona descrita por Palmar y transferidos a la custodia de Medicina Legal en la ciudad de Barranquilla los días 16 y 17 de diciembre, cinco semanas después de que aparecieran en la costa.

Añadió que aún no se les había realizado la autopsia a ninguno de los cuerpos.

Los paquetes de plástico que aparecieron en Castilletes, una comunidad playera a pocos kilómetros al sur del naufragio, justo en la frontera con Venezuela, dejaron a los lugareños confundidos.

La mayoría de los que vieron los periodistas del Times que viajaron a la zona estaban parcialmente quemados o derretidos y estaban vacíos, salvo por la arena.

Estaban reforzados con cinta adhesiva y parecían tener etiquetas desteñidas.

Varios paquetes contenían restos de marihuana en su interior, incluyendo uno alojado en un chaleco salvavidas quemado.

Una funcionaria de la policía antinarcóticos de Colombia en Bogotá, la capital, quien pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizada a hablar con la prensa, afirmó que ni ella ni sus homólogos en La Guajira con quienes habló tenían conocimiento alguno de los paquetes.

Expertos en el narcotráfico local afirmaron que el contrabando conjunto de marihuana y cocaína era común en la península de La Guajira y otras zonas costeras colombianas.

El transporte conjunto de ambas drogas, señalaron, a menudo indicaba que los contrabandistas operaban a menor escala, en lugar de formar parte de grandes cárteles.

Al menos media docena de interdicciones de embarcaciones de contrabando realizadas por las autoridades colombianas durante el último año han encontrado ambas drogas, según informes de prensa locales.

“El mercado de cocaína y marihuana en La Guajira es operado tanto por pequeños emprendimientos comunitarios como por grupos armados”, dijo Estefanía Ciro, quien dirige un instituto de investigación colombiano que estudia el narcotráfico.

“Esta narrativa de los cárteles, de Pablo Escobar, no nos permite ver que en muchos lugares esto es la vida cotidiana. Un día traen marihuana, otro cocaína, otro pescado”.

Sin embargo, la mayoría de los habitantes de La Guajira no están vinculados al narcotráfico, sino que se dedican a la pesca y la ganadería.

Mexi Misael Rincón, pescador, utiliza una embarcación casi idéntica a la del buque accidentado el 6 de noviembre, anclada a pocos metros de donde se encontraban los restos en la playa.

Desde el ataque, solo se ha atrevido a adentrarse en aguas poco profundas, donde captura langostas.

La madre de Rincón, Carmelena González, de 76 años, dijo que desde que el barco chocó, cuatro de sus otros hijos, que también pescan, se habían ido de La Guajira a centros urbanos lejanos para buscar otras maneras de ganarse la vida.

Esto se debe en parte a que los peces, esenciales para ganarse la vida, se encuentran más lejos.

“En tiempos normales, salíamos ocho, diez o doce millas a buscar el atún que se vende mejor”, dijo Vicente Fernández, otro pescador de la zona y tío de Palacio, quien grabó el video de las consecuencias de la huelga.

“Hemos dejado nuestras redes ahí fuera durante semanas porque nos da miedo recuperarlas”.

Fernández dijo que el precio de los mariscos en los mercados locales se había desplomado porque los lugareños, debido a las supersticiones, tenían miedo de consumir cualquier animal que pudiera haber comido carne humana.

Tampoco, añadió, iba a arriesgarse a navegar más allá de unas pocas millas de la costa.

Dijo que en las semanas transcurridas desde el ataque de noviembre, ocasionalmente había visto drones sobrevolando su barco.

“Parecen avioncitos”, dijo, usando un término coloquial para referirse a pequeños aviones.

“Parecen pájaros rastreando a su presa”.

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