INTERNACIONAL
Esto dice la nueva ley de solidaridad que espera el veto de Daniel Noboa
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 7 de junio de 2025 la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, un cuerpo legal que crea un régimen jurídico especial para enfrentar el conflicto armado interno que vive el país y que fue decretado en enero de 2024.
La norma establece medidas excepcionales de carácter tributario, penal, económico y de seguridad pública y ahora está en manos del presidente Daniel Noboa, quien deberá vetarla parcialmente, totalmente o promulgarla. Fue Noboa quien envió el proyecto de ley al congreso donde ser realizaron varios cambios.
Según el texto aprobado, el objetivo principal de la ley es garantizar la sostenibilidad del sistema económico y financiero del país, fortalecer a las fuerzas del orden —Fuerzas Armadas y Policía Nacional— y proteger a la población civil. Lo hace bajo el reconocimiento del conflicto armado interno como un régimen jurídico especial, distinto del estado de excepción, en aplicación de principios del Derecho Internacional Humanitario. Aunque esto consta en el texto legal, los expertos han adelantado que la propuesta no superará la evaluación constitucional por tener contradicciones.
Uno de los aspectos centrales de la norma es el reconocimiento oficial del conflicto armado interno por parte del presidente de la República, lo que le permitirá adoptar medidas operativas, financieras y tributarias de manera inmediata. Se definen como requisitos para este reconocimiento la existencia de grupos armados organizados y una intensidad de violencia verificable, siguiendo criterios internacionales, como lo ha señalado la Corte Constitucional en varios dictámenes.
En materia económica y fiscal, la ley permite que personas naturales y jurídicas donen bienes inmuebles, equipamiento y suministros nuevos a las fuerzas del orden, con un beneficio tributario de hasta el 30% de rebaja en el impuesto a la renta. Además, establece incentivos para pequeños productores, actores de la economía popular y jóvenes emprendedores de zonas afectadas por el conflicto, así como medidas especiales de protección a víctimas, con énfasis en salud mental, desplazamiento forzado y violencia sexual.
Desde el punto de vista penal, se reforman múltiples artículos del Código Orgánico Integral Penal. Se crean tipos penales específicos para delitos cometidos en el contexto del conflicto armado interno, se endurecen las penas para el tráfico de combustibles, el uso indebido de uniformes, el lavado de activos, el reclutamiento de menores, el sicariato y el testaferrismo y se introduce un procedimiento penal especial para el juzgamiento de estos casos. Esta vía procesal concentra todas las etapas del juicio en una sola audiencia, permite la participación de jueces especializados y restringe el acceso a medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Otro punto polémico de la ley es la posibilidad de otorgar indultos presidenciales con efecto diferido en casos excepcionales vinculados directamente al conflicto. Esta figura podrá aplicarse a procesados por hechos relacionados con operativos de seguridad si colaboran significativamente con la justicia o si padecen enfermedades graves. Sin embargo, se excluye a quienes estén imputados por delitos de corrupción, genocidio, tortura o desaparición forzada.
Asimismo, la ley autoriza la incautación inmediata de bienes muebles e inmuebles utilizados por los grupos armados organizados o relacionados con economías criminales, los cuales serán administrados por el Estado. Si no se reclama su propiedad lícita en 90 días, pasarán a manos del Estado de forma definitiva.
La normativa también define qué bienes pueden ser considerados objetivos militares en el marco del conflicto armado interno. Entre ellos se incluyen inmuebles usados para el narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas o secuestros. Esta disposición ha generado debate entre juristas y defensores de derechos humanos, quienes han advertido sobre la necesidad de que su aplicación respete estrictamente los principios de distinción, proporcionalidad y protección de civiles.
El texto de la ley incorpora reformas a más de cinco cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley de Compañías, la Ley de Movilidad Humana y la Ley de Prevención de Lavado de Activos. En este último punto, se otorgan nuevas atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que priorice la detección de flujos ilícitos vinculados a economías criminales y grupos armados.
Además, se autoriza a los gobiernos autónomos descentralizados a destinar hasta el 10% de su presupuesto anual para apoyar directamente a las fuerzas del orden con equipamiento, instalaciones y logística, siempre que sea en el marco de sus competencias.
Uno de los elementos más debatidos es el establecimiento de un marco de legalidad que permite el uso directo de la fuerza armada sin que exista estado de excepción, siempre que el conflicto haya sido oficialmente reconocido por decreto presidencial. En los dictámenes 1-24-EE/24 y 2-24-EE/24 de la Corte Constitucional se indica que la existencia de un conflicto armado no depende de su declaratoria sino de hechos verificables como la organización y la intensidad de las hostilidades.
South America / Central America,Government / Politics,QUITO
INTERNACIONAL
Al menos cinco muertos y diez heridos en un ataque israelí en la frontera entre Líbano y Siria
Al menos cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas en un ataque perpetrado este jueves por el Ejército de Israel en el paso fronterizo de Masnaa, que se encuentra en la gobernación libanesa de Becá (este), a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.
El Ministerio de Sanidad de Líbano informó a través de un breve comunicado recogido por la agencia de noticias NNA de que se trata de un balance preliminar y sostiene que “el ataque del enemigo israelí” tuvo como objetivo un vehículo ubicado en la carretera de Masnaa. Por el momento, el Ejército de Israel no se ha pronunciado al respecto.
Por otro lado, la cartera ministerial confirmó también la muerte de una persona en un ataque aéreo en la localidad de Kfardan, en la gobernación de Baalbek, que se encuentra en el extremo nororiental del país.
Israel justifica este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúa contra actividades del grupo terrorista Hezbollah y que, por ello, no viola el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.
El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbollah debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas, que exige el fin de este despliegue.
Por otra parte, el Consejo de Ministros de Líbano aprobó este jueves la propuesta de Estados Unidos sobre el desarme de Hezbollah. El anuncio se produjo tras una sesión celebrada en el Palacio de Baabda, en la que el gabinete libanés avaló los objetivos presentes en el documento presentado por el enviado estadounidense Tom Barrack.
El ministro de Información, Paul Morcos, declaró que “el gabinete ha concluido el debate del primer punto de su sesión y ha aprobado los objetivos establecidos en la introducción del documento estadounidense para consolidar el acuerdo de cese de hostilidades”.
Morcos señaló que el gobierno sigue “a la espera de un plan de implementación del Ejército” y afirmó: “Hemos acordado poner fin a la presencia armada en todo el país, incluido Hezbollah, y desplegar el Ejército libanés en las zonas fronterizas”, según declaraciones recogidas por NNA.
El documento estadounidense propone que Líbano adopte medidas que extiendan su soberanía sobre todo su territorio, incluyendo el monopolio estatal sobre la decisión de guerra y paz, así como sobre el uso de las armas. Plantea la progresiva eliminación de la presencia armada de todas las facciones no estatales, incluido Hezbollah, la movilización del ejército en puntos clave de la frontera y la retirada de Israel de las zonas libanesas que ocupa actualmente.
El plan insta a resolver los puntos pendientes con Israel mediante “negociaciones indirectas y medios diplomáticos”, y contempla el retorno de los residentes desplazados a sus localidades afectadas por el conflicto. También reclama una delimitación “permanente y visible” de las fronteras de Líbano con Israel y Siria. Washington ha propuesto una conferencia económica internacional para reconstruir la economía libanesa y canalizar más apoyo a las fuerzas de seguridad del país, vinculando estos pasos a la visión del expresidente Donald Trump para el desarrollo económico nacional.
El enviado estadounidense, Tom Barrack, afirmó este jueves que el gobierno libanés tomó una decisión “histórica” esta semana al avanzar hacia el desarme de Hezbollah, respaldado por Irán, tal como ha solicitado Washington.
NEWYou can now listen to Fox News articles!
While she is shutting down her sanctuary state’s migrant shelters, critics are accusing Democratic Massachusetts Gov. Maura Healey of simply shifting the costs over to a program that makes migrants eligible to receive at least $30,000 in housing assistance over two years.
The Boston Herald reported in June that the Healey administration had increased spending in Massachusetts’ HomeBASE program to $97 million in 2025, up from $9.5 million in 2022, according to state data.
The outlet reported that eligible families in the Massachusetts-run shelter system were being provided with $30,000 in rental assistance over two years. According to the Herald, the total caseload for HomeBASE increased under Healey from 1,473 in January 2023 to 7,767 in April 2025, more than a 400 percent increase. The outlet also said that some eligible families could qualify for an additional $15,000 in a third year of assistance but that state officials planned to pause third year assistance in July.
After that report, Massachusetts GOP Chair Amy Carnevale commented that the HomeBASE program amounted to being «shelters by another name.»
DHS SCOOPS UP CRIMINAL ILLEGAL IMMIGRANT SUSPECTED OF KILLING MAN ON LAWNMOWER: ‘SENSELESS TRAGEDY’
As Massachusetts Democratic Governor Maura Healey closes down the sanctuary state’s migrant shelters, she is facing criticism for simultaneously shifting costs to dramatically increase spending on a program that detractors say makes immigrants eligible to receive $30,000 in housing assistance. (Photo by Jonathan Wiggs/The Boston Globe via Getty Images and Joseph Prezzioso/AFP via Getty Images)
«Taxpayers are giving migrant families nearly limitless free rental assistance. Meanwhile, federal action means these families won’t be receiving work permits anytime soon,» she went on, adding, «The migrant shelter crisis is not over, and cost-shifting is not leadership.»
This month, Healey announced the closure of all remaining hotel shelters in the Bay State amid the formal termination of her executive emergency focused on the state’s Biden-era migrant influx.
In a statement emailed to Fox News Digital, Carnevale said that «friends, favors, and failures continue to emerge even as she declares that the migrant crisis is over.»
«Healey should rip off the Band-Aid and tell the public whether these same oversights are occurring in the HomeBASE program,» she continued.
TOM HOMAN PUTS SANCTUARY CITIES ‘ON NOTICE’ AS TRUMP ADMINISTRATION CRACKS DOWN ON IMMIGRATION
A security guard patrols the emergency overflow shelter for migrants at the Melnea A. Cass Recreation Complex in Boston. (Craig F. Walker/The Boston Globe via Getty Images)
«The abuse of taxpayer dollars, coupled with a stunning lack of oversight by Maura Healey and her administration, will define her legacy as governor.»
Meanwhile, Jon Fetherston, a former Massachusetts migrant shelter director who blew the whistle about rampant crime and abuse taking place in the system, commented that «instead of creating stability, HomeBase has become a revolving door of short-term rental assistance.»
He said that because migrants often spend the bulk of their $30,000 on upfront costs, many become unable to sustain their housing within months.
«The Healey Administration’s expansion of the HomeBASE program was sold to the public as a solution, one that would save money, reduce shelter dependence, and help migrant families become self-sufficient. But the reality is far different,» he explained. «HomeBASE is now a bloated, mismanaged program that’s failing both the taxpayers who fund it and the migrants it claims to help.»
ICE RAID TIPOFFS FROM DEM LAWMAKER COULD MEAN CHARGES, SAYS DHS REP: ‘LOOKS LIKE OBSTRUCTION’
Boston Mayor Michelle Wu and Gov. Maura Healey tour a Boston facility housing over 300 migrant families. (John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images)
«HomeBASE, in its current form, is a broken promise,» he said. «Taxpayers are footing a nearly $100 million bill with little transparency, no measurable outcomes and no end in sight. The promise of savings from closing hotel shelters is being quietly replaced with backdoor spending that still lacks accountability.
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«This isn’t a hand-up; it’s a setup for failure.»
Fox News Digital reached out to Healey’s office for comment but did not receive a response by the time of publication.
Fox News Digital’s Charles Creitz contributed to this report.
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INTERNACIONAL
Estos son los siete países que más plástico producen y buscan a toda costa evitar un tratado global para prohibirlo
Una enormee mancha de petróleo, en una manifestación de Greenpeace, en Ginebra. Foto: EFECumbre en Ginebra
Montañas de residuos plásticos, en Pakistán. Foto: APLas trabas de los países petroleros
Plásticos acumulados en la Cinta Costera, en la bahía de Ciudad de Panamá. Foto: EFE
Pulseada en Ginebra
Residuos plásticos en una playa en Panamá. Foto: EFEContaminación,Medio Ambiente
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