La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU emitió este sábado una advertencia dirigida a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a actuar con cautela al considerar inversiones en Nicaragua. El comunicado se emite a raíz de la reciente aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo, que declara propiedad del Estado nicaragüense una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras nacionales, medida calificada por el gobierno estadounidense como una “confiscación masiva”.

Según la alerta difundida por dicha oficina de EEUU a través de la plataforma X, “la confiscación masiva por parte del régimen de Murillo-Ortega, de todas las tierras en un radio de 15 kilómetros dentro de las fronteras de Nicaragua, devasta decenas de comunidades y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas en toda la región”.

La embajada de Estados Unidos en Managua replicó la advertencia y agregó: “Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado”.

La Ley de Territorio Fronterizo, adoptada el martes pasado por la Asamblea Nacional de Nicaragua, fue promovida por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. La ley define como “territorio fronterizo” todo el espacio comprendido desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior, y establece que estos terrenos son propiedad exclusiva del Estado, bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua.

El contenido de la ley, que fue aprobada en un procedimiento expedito sin pasar por consulta en comisión, derogó la anterior Ley de Régimen Jurídico de Fronteras. Previamente, ese régimen especial regulaba el manejo territorial de la franja fronteriza terrestre, marítima y aérea, e incluía medidas para promover el desarrollo sostenible y salvaguardar la soberanía nacional.

El artículo 2 de la nueva normativa establece que “para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense”.

Diversas organizaciones de derechos humanos, así como movimientos de oposición y gobiernos de la región, han expresado preocupación por el posible impacto sobre propiedades privadas y comunales. Críticos de la ley, como el economista nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro, afirmaron que la designación estatal afecta no solo a ciudades y comunidades enteras, sino a negocios, cultivos y actividades productivas, incluyendo camaroneras y plantaciones de naranja.

La disposición legal carece de mecanismos claros de compensación o consulta previa a los afectados, lo que ha generado fuertes cuestionamientos. El Movimiento Campesino de Nicaragua, cuyos representantes se encuentran exiliados en Costa Rica y Estados Unidos, sostuvo que esta es “un proceso de confiscación más” que trastoca los territorios indígenas y afrodescendientes previamente demarcados y titulados.

La controversia también llegó al ámbito internacional. La ex comandante guerrillera Dora María Téllez, exiliada en España, denunció en su cuenta de X que la medida busca facilitar “una gran confiscación” dirigida a beneficiar negocios mineros desarrollados junto a empresas de China.

Pese a que el régimen nicaragüense ha asegurado a través de medios oficiales que la ley “no afecta” a los residentes en la franja fronteriza, opositores nicaragüenses en el exilio y diferentes sectores de la sociedad civil sostienen que se trata de una maniobra que pone en riesgo el patrimonio y el sustento de miles de personas.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua de 1985 a 1990 y en el poder nuevamente desde 2007, y Rosario Murillo, mantienen un control estrecho sobre la sociedad nicaragüense desde 2018, tras las protestas antigubernamentales que ese año dejaron más de 300 muertos según la ONU. Ortega y Murillo han atribuido esas movilizaciones a un supuesto “golpe de Estado” promovido por Washington.

(Con información de AFP y EFE)

El gobierno de transición de Haití decretó este sábado el estado de emergencia en los departamentos de Oeste, Artibonito y Centro, en respuesta a un repunte significativo de la violencia criminal durante el segundo trimestre de 2025. Según datos oficiales y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al menos 1.500 personas han muerto y 600 han resultado heridas en el periodo señalado, mientras que más de 620 han sido secuestradas y al menos 239.000 ciudadanos han abandonado sus hogares a causa de la inseguridad.

La decisión, anunciada oficialmente por el Ejecutivo de transición, señala que tiene como objetivo “continuar la lucha contra la inseguridad y responder a la crisis agrícola y alimentaria”, y busca otorgar mayores medios y tiempo a las autoridades para restituir la seguridad y la paz en el territorio nacional.

La violencia de las pandillas se ha desplazado progresivamente desde la capital, Puerto Príncipe, hacia la región centro y en especial al departamento de Artibonito, el mayor del país y conocido como el “granero” nacional. El gobierno subraya las “consecuencias negativas de la violencia para la vida de los ciudadanos y para los sectores de actividad del país”. La región, fundamental para la producción de arroz, ha experimentado ataques que han forzado a los agricultores a abandonar sus campos y a desplazarse, situación que ha agravado la crisis agrícola y alimentaria nacional, según la ONU.

A finales de abril, decenas de personas se vieron obligadas a cruzar a pie y a nado el río más grande de Haití, en un esfuerzo por huir de la actividad de los grupos armados. Las autoridades describen una escalada de la violencia, con asesinatos sistemáticos, secuestros y desplazamientos masivos.

El viernes, la administración interina designó a André Jonas Vladimir Paraison como nuevo director general interino de la Policía Nacional de Haití (PNH), en reemplazo de Normil Rameau. Paraison fue jefe de seguridad del Palacio Nacional durante seis años y estuvo presente como agente policial durante el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. La misión de Paraison es establecer un clima de seguridad que posibilite la celebración de elecciones previstas para febrero de 2026.

Paraison recalcó, en presencia del primer ministro Alix Didier Fils-Aime y el nuevo presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Laurent Saint-Cyr, la necesidad de “un gran plan de desarrollo para la PNH” y de “coherencia entre el plan nacional de desarrollo y el plan de seguridad de la Policía para ofrecer mejores resultados a la población”.

En la actualidad, las bandas armadas controlan hasta el 90% de la región metropolitana de Puerto Príncipe y han instalado controles en las carreteras hacia el interior del país.

Saint-Cyr instó al nuevo jefe policial a tomar “todas las medidas necesarias para restablecer la seguridad”, intensificar las operaciones en todos los frentes y liberar gradualmente los territorios ocupados por las bandas.

A pesar de la presencia de un contingente internacional liderado por Kenia y respaldado por la ONU, las operaciones para restablecer el orden han logrado algunos avances en la capital, pero no han conseguido contener la multiplicación de actividades de las pandillas en otras zonas. El Consejo Presidencial de Transición, establecido el año pasado, tiene como meta pacificar el país y organizar las primeras elecciones en una década.

La nueva estrategia del gobierno de transición tiene como prioridad restaurar la seguridad y responder lo antes posible a la emergencia alimentaria y humanitaria, con la expectativa de crear condiciones estables que permitan el proceso electoral y el retorno paulatino de los desplazados internos a sus comunidades de origen.

(Con información de AP, EFE y EP)

CINCINNATI, OHIO – Southwest Ohio residents are expressing outrage at local leadership after a viral street fight in their backyard that captured the nation’s attention. One resident, a local political activist, told Fox News Digital a «Democrat monopoly» is partially to blame.

The Saturday night violence in downtown Cincinnati on July 26, which left a woman knocked unconscious on the street at the hands of a male assailant, was the result of a city that wasn’t «prepared» due to political ideology, Price Hill native Adam Koehler told Fox News Digital. He added that the response to the fight was «not leadership.»

«Leadership comes out and says, ‘Hey, we’ve got a problem. Here’s my solution to fix it,’» Koehler said. «But instead, they want to be cowardly and hide the fact that crime is actually happening.»

Cincinnati’s mayor and other local officials have faced heated criticism in recent days over the perception they are not taking crime seriously. One elected Democrat, Councilwoman Victoria Parks, posted on social media saying that the victims of the fight «begged for that beatdown.»

CINCINNATI MAN WHO LOST EYE IN UNSOLVED RANDOM BEATING SAYS CRIME ‘OUT OF CONTROL’ AFTER BRUTAL VIRAL ASSAULT

«This is a Democrat monopoly they’ve got here,» Koehler, an entrepreneur and former candidate for Hamilton County commissioner, told Fox News Digital. «So, I mean they can just pretty much do whatever they want. And a lot of that kind of rhetoric is excused, right? It’s, you know, past injustices and you know now I feel like I can say whatever I want and it’s excused. And luckily there are some city council members that denounced the words that Victoria Parks said, which is great, but you’ve got other people that just want to stoke the flames.»

Holly, the woman brutally knocked out and bruised in the attack, told Fox News this week she is yet to receive a phone call from the mayor or top officials «just apologizing for what happened and for letting these thugs and criminals run the streets when they should have been in jail to begin with.»

Koehler told Fox News Digital that Democrats running the city «have an agenda» and «want to look a certain way» and «ignore the problem.»

«It’s a lot of these ideologies that come out of the universities, right?» Koehler said. «Every generation thinks they figured something out about crime and they’re soft-hearted people, they wanted to do things, but, you know, policies like what Giuliani did in New York, those kind of things work.»

CINCINNATI POLICE CHIEF SAYS OUT OF 100 PEOPLE WATCHING AND RECORDING VIOLENT ATTACK, ONLY 1 CALLED 911

(L-R) Jermaine Matthews, Dominique Kittle, DeKyra Vernon, Montianez Merriweather and Patrick Rosemond are facing various charges for their alleged roles in the viral beatdown in Cincinnati, Ohio, on July 26, 2025. (Hamilton County Sheriff’s Office; Fulton County Sheriff’s Office; Jay Black)

Koehler, who was speaking to Fox News Digital outside a GOP gubernatorial candidate Vivek Ramaswamy town hall event on Cincinnati’s west side, said figures like Ramaswamy, Sen. Bernie Moreno, and Ohio native VP JD Vance are reasons to be optimistic about addressing the crime spike downtown. 

«Those guys got power,» Koehler said. «I mean you start throwing the DOJ down here and start investigating some of the things that are happening, why wasn’t there more police there?»

Koehler added, «I mean there’s a lot of grifting that goes on whenever you have a one-party monopoly in any city. Obviously, you’re gonna have corruption. And it’s just, it’s festered here, and it’s culminated in what you see.»

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Sen. Bernie Moreno speaks at a press conference alongside Holly, a victim in the viral July 26 brawl in Cincinnati, at the Fraternal Order of Police headquarters in Ohio on Wednesday, Aug. 6, 2025.  (Julia Bonavita/Fox News Digital)

Moreno said this week he is introducing «Holly’s Act,» a move aimed at ending what he calls the justice system’s revolving door for repeat offenders.

«Let’s be honest, because a lot of times you guys are qualifying this as a brawl,» Moreno told reporters. «This was attempted murder of an innocent woman. And that person had a rap sheet a mile long. Nobody who has that rap sheet should be walking the streets of any Ohio city free.»

Fox News Digital’s Julia Bonavita and Peter D’Abrosca contributed to this report.