Mientras el presidente Donald Trump se preparaba para recibir a líderes conservadores latinoamericanos en una cumbre en Florida a principios de marzo, funcionarios estadounidenses publicaron un video de una explosión masiva, que mostraba la destrucción de lo que, según dijeron, era un campo de entrenamiento de narcotraficantes en la zona rural de Ecuador.

El vídeo pretendía mostrar que el ejército estadounidense, que durante meses ha bombardeado barcos que, según afirma, transportaban drogas desde Sudamérica, ahora estaba «bombardeando a narcoterroristas en tierra», escribió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en las redes sociales.

Sin embargo, una investigación de The New York Times plantea interrogantes sobre la operación que tanto Estados Unidos como Ecuador destacaron como parte de una nueva alianza militar contra los narcotraficantes.

Según entrevistas realizadas al propietario de la granja, a cuatro de sus trabajadores, a abogados de derechos humanos y a residentes y líderes de San Martín, la remota aldea agrícola del norte de Ecuador donde tuvo lugar la huelga, el ataque militar parece haber destruido una granja de ganado vacuno y lechero, y no un centro de narcotráfico.

Y aunque el Pentágono afirmó en su momento que había «ejecutado una acción selectiva» contra el lugar a petición de Ecuador, las tropas estadounidenses no tuvieron ninguna participación directa en el ataque que se muestra en el vídeo, según cuatro personas con conocimiento de la operación, tres de las cuales hablaron bajo condición de anonimato para tratar un asunto delicado.

En San Martín, ciudad que el Times visitó durante dos días este mes, los residentes contaron una historia diferente sobre el bombardeo y las acciones del ejército ecuatoriano en los días previos al ataque.

Trabajadores de la finca relataron al Times que soldados ecuatorianos llegaron en helicóptero el 3 de marzo, rociaron con gasolina varios refugios y cobertizos y les prendieron fuego tras interrogar a los trabajadores y golpear a cuatro de ellos con las culatas de sus armas.

Tres de los trabajadores, que pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias del gobierno, afirmaron que los soldados posteriormente los estrangularon y les aplicaron descargas eléctricas antes de dejarlos en libertad.

Los habitantes del pueblo relataron que helicópteros ecuatorianos regresaron a la finca tres días después, el 6 de marzo, y aparentemente arrojaron explosivos sobre los restos humeantes de la propiedad.

Fue entonces, según afirmaron, cuando soldados ecuatorianos grabaron las imágenes que, según funcionarios estadounidenses y ecuatorianos, captaron el bombardeo de un complejo de narcotraficantes.

El ejército ecuatoriano afirmó en un comunicado de prensa que la propiedad era utilizada por un grupo armado para ocultar armas y como lugar de descanso y entrenamiento para narcotraficantes.

El propietario de la finca y los residentes locales negaron las acusaciones.

Los residentes dijeron que el ataque formaba parte de una operación más amplia que duró varios días y que fue llevada a cabo por soldados ecuatorianos, quienes incendiaron dos casas abandonadas cercanas a principios de semana y luego bombardearon una de ellas desde un avión.

El Times visitó San Martín unos días después, en marzo, y trató de corroborar los relatos de los residentes con fotos y vídeos de la operación militar y sus consecuencias.

Ecuador no produce cocaína, pero es uno de los principales exportadores de cocaína de contrabando procedente de Colombia y Perú al resto del mundo.

Los cárteles ecuatorianos, aliados con cárteles extranjeros, han convertido recientemente a este país, antes pacífico, en uno de los más violentos de Latinoamérica.

También se sabe que grupos armados colombianos operan a lo largo de la frontera con Ecuador, donde la minería ilegal y el narcotráfico de cocaína han florecido.

Sin embargo, los residentes afirmaron que la granja lechera y otras viviendas que el ejército dinamitó no estaban vinculadas a actividades ilícitas.

El gobierno ecuatoriano afirmó en el comunicado de prensa que se había valido de la «inteligencia y el apoyo» de Estados Unidos para atacar la finca, que según indicó era un campamento utilizado para entrenar a «unos 50 narcotraficantes».

Según las autoridades, funcionarios ecuatorianos también afirmaron que se trataba de un «lugar de descanso» utilizado por el líder de Comandos de la Frontera, un grupo armado colombiano que trafica cocaína a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia.

Funcionarios ecuatorianos afirmaron que los soldados habían recuperado armas y otras «pruebas de actividad ilícita» en la propiedad.

El ejército ecuatoriano no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones, a pesar de que suele publicar fotografías de las drogas, armas y contrabando que incauta durante sus operaciones.

Las fuerzas armadas ecuatorianas remitieron las preguntas al presidente Daniel Noboa, quien no respondió a una lista detallada de preguntas.

Kingsley Wilson, secretario de prensa del Pentágono, dijo que el ataque del 6 de marzo se llevó a cabo «conjuntamente» con Ecuador, y agregó:

«Debido a la seguridad de las operaciones, no discutiremos tácticas específicas ni detalles sobre los objetivos».

Afirmó que el Pentágono está comprometido a trabajar con socios latinoamericanos porque «las redes de cárteles amenazan la estabilidad de nuestro hemisferio».

Dos funcionarios estadounidenses que solicitaron el anonimato para hablar sobre la operación indicaron que las Fuerzas Especiales de EE.UU. brindaron orientación a los ecuatorianos en el asalto a las dos casas abandonadas río arriba, las cuales, según creían ambos ejércitos, estaban vinculadas a un grupo de narcotraficantes.

Uno de los funcionarios agregó que el ejército estadounidense desplegó un helicóptero para apoyar el ataque de Ecuador a la finca, pero que no tuvo participación directa en el bombardeo.

Mario Pazmiño, coronel retirado y exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, afirmó que era «protocolo» destruir cualquier lugar utilizado por narcotraficantes colombianos en territorio ecuatoriano.

Pazmiño afirmó que altos mandos militares y de seguridad ecuatorianos le habían informado de que los militares habían llegado a la conclusión de que la propiedad había sido utilizada por el líder de los Comandos y miembros de su grupo como lugar para dormir.

Pazmiño proporcionó información de forma independiente que coincide con los relatos de los residentes.

Según él, las fuerzas ecuatorianas interrogaron a cuatro personas en la propiedad y utilizaron helicópteros para lanzar cohetes contra la finca.

Él también afirmó que, si bien Estados Unidos y Ecuador habían estado cooperando en otros lugares de Ecuador, el ejército estadounidense no había participado en el bombardeo de la finca.

“Lo que hizo el ejército fue atacar esa casa, o granja, y destruirla por completo”, dijo Pazmiño, refiriéndose a las fuerzas ecuatorianas.

Un representante de los Comandos declaró al Times en una entrevista telefónica que el grupo no había utilizado la propiedad como campamento ni como escondite.

Miguel, el propietario de la granja lechera, dijo que compró la finca de 350 acres hace unos seis años por 9.000 dólares, y que la amplió hasta tener más de 50 vacas destinadas a la producción de leche y carne.

Miguel, de 32 años, carpintero y padre de dos hijos, pidió ser identificado solo por su nombre de pila por temor a represalias del gobierno.

Mostró al Times el título de propiedad del terreno, donde figuraba como propietario, así como fotografías de la finca antes de su demolición.

Mientras Miguel permanecía entre los escombros, negó que su granja se utilizara como campo de entrenamiento y dijo estar desconcertado por la decisión de los militares de bombardear la propiedad.

Contuvo las lágrimas mientras explicaba lo que había allí antes: dos refugios de madera, un puesto de avanzada para hacer queso y cobertizos para sus herramientas. El potrero para caballos se salvó, pero el gallinero había desaparecido.

—Es indignante —dijo Miguel, pasando por encima de sus pollos muertos—. Es mentira que 50 personas entrenaran aquí. ¿Dónde iban a entrenar? ¿Aquí al aire libre? No tiene lógica.

Añadió: “Dondequiera que mires, hay animales: las vacas que ordeño, los terneros, los caballos”.

(FIN DEL RECORTE OPCIONAL.)

La Alianza por los Derechos Humanos, una coalición de grupos en Ecuador, presentó una denuncia de 13 páginas ante las autoridades ecuatorianas y las Naciones Unidas, alegando que las acciones de los militares fueron ataques contra la población civil.

“No ha venido ni un solo funcionario público a verificar lo sucedido”, dijo María Espinosa, abogada de derechos humanos.

Algunos residentes de San Martín se preguntaban si el gobierno había utilizado la huelga en la finca para recabar apoyo para su campaña contra las violentas bandas de narcotraficantes del país.

Este mes, una zona de la costa del Pacífico ha sido sometida a un toque de queda nocturno mientras las fuerzas de seguridad de Ecuador, con el apoyo de inteligencia de las fuerzas estadounidenses, combaten a las bandas criminales.

“Lo único que queremos es que se sepa la verdad”, dijo Vicente Garrido, vicepresidente del consejo municipal de San Martín. “Dicen que era un campo de entrenamiento, pero cada vez está más claro que solo eran casas”.

San Martín, un pueblo de dos docenas de familias en la selva amazónica, se asienta en las orillas pedregosas del río San Miguel, que separa Ecuador de Colombia.

Los habitantes viven en casas de madera y cultivan café y plátanos.

Se desplazan libremente entre Ecuador y Colombia, viajando a la escuela y al trabajo en canoa.

El miedo marca la vida cotidiana: Los residentes afirman que llevan mucho tiempo lidiando con una frágil convivencia con grupos armados a los que temen incluso nombrar, así como con patrullas militares que, según ellos, actúan con impunidad. Los agricultores declararon que se enfrentan a la constante desconfianza de los soldados, quienes creen que son cómplices de los grupos armados.

“Aquí sobrevivimos”, dijo José Fernández, de 62 años, residente de San Martín.

Comandos de la Frontera, el grupo dominante en la región, es uno de los más poderosos del sur de Colombia y se ha extendido a Ecuador, donde el ejército de ese país lo ha estado atacando desde el año pasado.

El 3 de marzo, más de una docena de soldados ecuatorianos llegaron en helicóptero cerca de la finca de Miguel.

Según cuatro de los cinco trabajadores agrícolas que se encontraban allí ese día, irrumpieron en la propiedad a punta de pistola. Los cuatro trabajadores describieron una secuencia de hechos similar en entrevistas separadas.

Los trabajadores, todos colombianos, dijeron que los soldados los separaron, les ataron las muñecas y los acusaron de esconder drogas y armas, y de colaborar con grupos armados por el simple hecho de ser colombianos.

El administrador de la granja, de 32 años, dijo que los soldados exigieron ver los «alijos ocultos» en la granja, a pesar de que él insistía en que la granja era simplemente una explotación agrícola.

Los trabajadores relataron que los soldados les preguntaron sobre personas específicas de las que nunca habían oído hablar. Según los trabajadores, los soldados dejaron ir a un trabajador de 66 años y luego comenzaron a golpear a los más jóvenes, todos de entre 20 y 30 años.

Un trabajador afirmó haberse desmayado dos veces después de que los soldados lo sumergieran de cabeza en un barril de agua y lo amenazaran con ahogarlo.

Según los trabajadores y un grupo de residentes que llegaron tras percatarse del alboroto, los soldados subieron a cuatro de los trabajadores a un helicóptero, rociaron con gasolina dos casas, cobertizos de herramientas y el edificio donde se elaboraba el queso, y prendieron fuego, quemando la mayor parte de las estructuras de la granja.

Según un vídeo grabado por otro residente, soldados ecuatorianos dispararon cinco veces en dirección al grupo cuando Garrido, vicepresidente de la junta vecinal, intentaba acercarse para obtener respuestas.

Los trabajadores agrícolas dijeron que los llevaron en avión a lo que creen que era una base militar a unos 20 minutos de distancia.

Allí, según relataron, los soldados los estrangularon con sus propias camisas y les aplicaron descargas eléctricas con pistolas paralizantes.

Los hombres dijeron que finalmente fueron liberados al amanecer y que les dijeron que regresaran a Colombia.

“Básicamente me dijeron que si ponía un pie en Ecuador, me matarían”, dijo un trabajador.

Tres días después, el 6 de marzo, el ejército ecuatoriano reapareció en helicópteros, según relataron los residentes. Arrojaron al menos dos explosivos sobre los restos humeantes de la finca, de acuerdo con los videos que los ejércitos ecuatoriano y estadounidense subieron a las redes sociales.

Más tarde ese mismo día, Ecuador proclamó que había “destruido” a Comandos de la Frontera.

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