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Harta de domadores

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Domadores: el opositor como alguien a someter. (Mario Sar)

No sé tú, pero yo no quiero vivir en un mundo de domadores y domados. Ignoro de dónde sale esa expresión: “Lo domó”, que ahora aparece multiplicada en las redes y en cualquier declaración. Vivimos en “la era de la humillación”, decía el historiador Natalio Botana en una entrevista con el diario La Nación este domingo. Humillados, domados. Luego, callados. Pero..

Ignoro, dije, de dónde sale la expresión, pero me pregunto qué imagen tiene de sí el que humilla, cómo se ve. Digo, la idea de “domador” viene con látigo y un cuerpo tirado a sus pies. ¿No es, acaso, una fantasía sadomasoquista elemental, más bien adolescente?

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O, si no se tratara del el domador sadomasquista, la figura podría ser la del circo. Desde arriba, con todas las de ganar, con un león que no tiene ninguna oportunidad, traje con brillos y galera. No, no debe ser así la autoimagen de los domadores sociales del siglo XXI, aunque desde afuera, a veces, así se los pueda ver.

El historiador Natalio Botana.
El historiador Natalio Botana.

La idea de “doma”, claro, pone al otro en el lugar de un animal. No se dialoga con ese otro, se lo somete. Es decir, no es que el diálogo fracase sino que, de partida, no se lo considera el modelo deseable. El diálogo no está en este menú, tal vez -hay que decir que en ninguna época a quienes ocuparon el poder nunca les ha gustado que los contradigan- el diálogo sea considerado un signo de “ñoñez” o de debilidad. El liberalismo que se manifestó en las democracias occidentales, dice Botana, se basó en el principio de tolerancia. Y “el principio de la tolerancia significa que no hay humillación; significa que hay diálogo, significa que hay transparencia, significa que hay cordialidad cívica”.

¿Vivimos tiempos terribles como nunca han sido? ¿Los peores tiempos de la Historia, según una hipérbole de moda? Bueno, Juan Bautista Alberdi, uno de los padres del liberalismo en la Argentina -y el pensador al que cita el presidente Javier Milei- escribió, ya en el siglo XIX: “El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte”. Digo, para calmarnos.

El tema es si nos da la fuerza y nos da la altura para reconocer al otro como humano, más o menos tan humano como uno. En estos días, circula en X un video de la psicoanalista Silvia Bleichmar, que murió en 2007, en el que parece hablar de cómo nos estamos tratando hoy. “Para que mis obligaciones éticas se constituyan respecto al otro, yo tengo que tener una noción de semejante que sea abarcativa”, dice. Y da un ejemplo sobrecogedor: “El jefe de un campo de concentración podía sentir culpa de no pasar la Navidad con los hijos, pero no de mandar a matar 200 niños. Ahí él definía el concepto de semejante respecto a los propios y no los ajenos”. ¿Se entendió? Estos eran prójimos, los otros, no. Pero ¿por qué no? Porque para hacer lo que quería hacer, por ese plan mejor que solucionaría los errores de la Historia, precisaba deshumanizarlos.

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La psicoanalista Silvia Bleichmar murió
La psicoanalista Silvia Bleichmar murió en 2007 y sus palabras siguen resonando.

¿Nos fuimos muy lejos? “Una de las formas primeras de ejercer la impunidad es la invisibilización de la víctima. La víctima deja de ser visible. Esto es lo que ha pasado con los excluidos”, dice Bleichmar. Se animaliza, o se cosifica, al otro, para no verlo como lo que es. Digo, como lo cercano que es.

Estamos viviendo una tormenta reaccionaria”, decía Botana en esa nota. “Esta violencia verbal, esta tormenta reaccionaria, no solo está en la Argentina, está en el mundo occidental”.

“Domar” es un intento de callar al que dice lo que no nos gusta y de callar por adelantado a quienes puedan tener algo que objetar. Porque mejor mudo que humillado, claro. No sé tú, pero yo no les creo su fuerza a los domadores, una fuerza proclamada a los gritos y, casi siempre, con el banquito en una mano y el arma en la otra. No les creo a los que nos tienen que contar que son los mejores de tal cosa y los mejores de tal otra. A los que usan términos desagradables, escatológicas, para impregnar al otro de esos sentidos. Sí, pienso en “meados”, una palabra que deja olor. No se usan porque sí esas palabras. Ni son intrascendentes.

Una de las ramas de la lingüística -la pragmática- enseña cómo influyen los contextos en lo que se dice y lo que se entiende. Las palabras no significan en el vacío, hay muchos sentidos no dichos, pero que el hablante entiende, que las rodean. El caso más sencillo es el de “hijo de puta”. ¿Es malo? Bueno, salvo que se diga algo como: “¡Mirá la jugada que hizo Messi, qué hijo de puta!” O el chiste: una chica dice una grosería y el novio, en una ronda de amigos dice: “Mamá, mi novia”. Claro que no se la está presentando a nadie, todo lo que está diciendo se entiende por contexto.

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Messi: el valor de las
Messi: el valor de las palabras. (Caean Couto-Imagn Images)

Lo sabemos desde la escuela: si a uno lo llaman de la Dirección, se acomoda el guardapolvo y el nivel de lengua. No hacerlo sería un desafío: te hablo sin reconocer tu lugar. Es lo que la sabiduría popular entendía cuando te decían: “Eh, no hables así que no es la cancha”: porque palabras que están bien acá y con ciertas personas están mal allá y con otras. O ni bien ni mal: lanzan mensajes diferentes.

¿Qué hace un funcionario cuando dice “meado”? Pasa un límite de contexto, nos habla sin reconocer quiénes somos, ciudadanos, y nos convierte en gente que ya “no controla”. Y de paso, les habla a unos -en el ejemplo, los jóvenes- aboliendo a los otros. Se corre, también, del lugar establecido y crea otro: el funcionario de algunos. Hoy serán los viejos, mañana los que no son “argentinos de bien”, pasado veremos. Una vez me asaltaron en la calle y, además de apuntarme, me insultaron. Entendí que esa catarata de groserías funcionaba como un escudo: golpeaba sin golpear y paralizaba. Bueno, eso.

La pregunta que sigue no es original: ¿qué forma de gobierno, qué gobierno del pueblo -es decir, qué democracia– es posible con estos principios? Cuando el poderoso hace “lo que no se hace” y lo hace abiertamente, ostensiblemente, lo que está haciendo es reforzar su poder. Lo hace porque puede. ¿Eso queremos? ¿Qué más puede, sin nuestro consentimiento? ¿O lo que prueban estas palabras es que, en el fondo, sí tiene nuestro consentimiento?

Y acá pienso que, a veces, haber caído a lugares indeseables nos hace declinar de algunos postulados que creíamos básicos. Hace un tiempo viajé a Emiratos Árabes Unidos y hablé con argentinos afincados allí. Me mostraron sus casas, sus camionetas, sus ingresos. Me hablaron de restricciones para opinar: un error podía sacarte del país en 48 horas. ¿Y pueden vivir en esas condiciones?, pregunté. Se rieron: “Dejame de joder…” Algo parecido me dijo un taxista, que tampoco era ciudadano. Le pregunté por la democracia: “Los príncipes deciden, y deciden bien”, me dijo, tranquilo. Es un modelo: no el de la Revolución Francesa, pero un modelo al fin.

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¿Es algo así lo que esperamos los argentinos, alguien que decida y acierte por nosotros, que nos tenga domados? Mientras, quizás, esto esté en el fondo de la cuestión, en la sociedad de todos los días abundan los domadores y somos muchos los ñoños que pensamos que, como decía la canción: “Si así es como nos tratamos esto va mal, muy mal”.

Somos muchos los que creemos en bajar un cambio, en un futuro que sea mejor que el pasado y donde los otros no sean el enemigo, donde no seamos lobos mordiéndonos por un pedazo de carne. Un futuro con otros humanos, no domables.

No sé tú pero yo creo que es posible.

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Tras acusar a Maduro de narcotraficante, Trump ordena al ejército perseguir a los carteles de la droga extranjeros

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El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.

La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña de la administración contra los cárteles. Indica la continua disposición de Trump a usar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.

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La orden sienta las bases oficiales para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles.

Oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones para perseguir a estos grupos, según informaron personas familiarizadas con las conversaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las delicadas deliberaciones internas.

Donald Trump junto a su vice, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: AP

Sin embargo, ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, como si se consideraría «asesinato» si fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente.

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No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones legales.

Este año, Trump ya ha desplegado la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera suroeste para frenar el flujo de drogas y de inmigrantes, y ha intensificado la vigilancia y las medidas de interdicción de drogas.

Cuando regresó al cargo en enero, Trump firmó una orden que instruía al Departamento de Estado a comenzar a etiquetar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.

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Trump ha atacado especialmente a organizaciones venezolanas y mexicanas. En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varias otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras, afirmando que constituían «una amenaza para la seguridad nacional que va más allá de la que representa el crimen organizado tradicional».

Recompensa por Nicolás Maduro

Hace dos semanas, el gobierno de Trump añadió al Cártel de los Soles de Venezuela a una lista de grupos terroristas globales especialmente designados, afirmando que está liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios de su administración.

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El jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado anunciaron que el gobierno estadounidense duplicará la recompensa —a 50 millones de dólares— por información que conduzca al arresto de Maduro, acusado de narcotráfico. El gobierno lo describió nuevamente como cabecilla de un cártel, y la fiscal general Pam Bondi afirmó que «no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes».

Al ser preguntada sobre la autorización de Trump para el uso de la fuerza militar contra los cárteles, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, declaró en un correo electrónico que «la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras».

El Departamento de Defensa se negó a comentar sobre la nueva directiva.

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Los ataques militares unilaterales contra los cárteles constituirían una marcada escalada en el largo camino para frenar el narcotráfico, colocando a las fuerzas estadounidenses en un papel de liderazgo en primera línea contra organizaciones a menudo bien armadas y bien financiadas.

Una campaña sostenida probablemente también plantearía más cuestiones relacionadas con el intento de Trump de utilizar a las fuerzas armadas de manera más agresiva para respaldar una variedad de sus políticas, a menudo frente a restricciones legales y constitucionales.

Antecedentes en América latina

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La participación militar estadounidense en operaciones antidrogas en Latinoamérica ha sobrepasado en ocasiones los límites legales. Sin embargo, dichas operaciones se enmarcaron como un apoyo a las autoridades policiales.

En 1989, el presidente George H.W. Bush envió más de 20.000 soldados a Panamá para arrestar a su líder, Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Antes de la operación, William P. Barr, quien entonces dirigía la Oficina de Asesoría Legal y fue fiscal general durante el primer mandato de Trump, redactó un memorando controvertido en el que afirmaba que Bush tenía la autoridad para ordenar arrestos de fugitivos en el extranjero por parte de las fuerzas del orden sin el consentimiento de otros estados.

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La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la acción de Panamá como una «flagrante violación del derecho internacional».

En la década de 1990, el ejército estadounidense colaboró con las actividades antidrogas de Colombia y Perú compartiendo información sobre vuelos civiles sospechosos de transportar drogas, como datos de radar e intercepciones de comunicaciones. Pero después de que esos gobiernos comenzaron a derribar esos aviones, la administración Clinton detuvo la asistencia durante meses en 1994.

La Oficina de Asesoría Legal emitió un dictamen que indicaba que los oficiales militares que proporcionaron dicha información, a sabiendas de que se utilizaría para derribar sumariamente dichas aeronaves, podrían estar exponiéndose a un posterior procesamiento judicial. El Congreso finalmente modificó la legislación estadounidense para permitir dicha asistencia.

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La Armada ha participado durante mucho tiempo en la interceptación de embarcaciones en aguas internacionales sospechosas de contrabandear drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, los buques de guerra suelen hacerlo como parte de una operación policial, bajo el mando de un oficial de la Guardia Costera estadounidense. Según una ley de 1878 llamada Ley Posse Comitatus, generalmente es ilegal utilizar a las fuerzas armadas para desempeñar funciones policiales.

Las fuerzas armadas estadounidenses también han realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento antidrogas con otros países, incluyendo tropas colombianas y mexicanas. Asimismo, proporcionaron equipo y aeronaves a antiguos escuadrones de la DEA que asesoraron y desplegaron, e incluso en ocasiones participaron en combates con, agentes antidrogas locales en países como Honduras. El programa finalizó en 2017.

Pero la nueva directiva de Trump parece prever un enfoque diferente, centrado en que las fuerzas estadounidenses capturen o asesinen directamente a personas involucradas en el narcotráfico.

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Etiquetar a los cárteles como grupos terroristas permite a Estados Unidos «utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, o lo que sea, para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo», declaró el jueves Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, en una entrevista con el medio católico EWTN.

«Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico».

Los especialistas legales afirmaron que, según la legislación estadounidense, imponer sanciones contra un grupo declarándolo entidad «terrorista» puede bloquear sus activos y dificultar que sus miembros realicen negocios o viajes, pero no otorga autoridad legal para realizar operaciones similares a las de tiempos de guerra contra él con la fuerza armada.

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Durante su primer mandato, Trump quedó fascinado por la idea de bombardear laboratorios de drogas en México, una idea que su entonces secretario de Defensa, Mark T. Esper, calificó posteriormente de absurda en sus memorias y que provocó la indignación de las autoridades mexicanas.

Sin embargo, la idea de usar la fuerza militar arraigó entre los republicanos y se convirtió en un tema de conversación en el ciclo electoral de 2024. Trump prometió durante la campaña desplegar tropas de Operaciones Especiales y fuerzas navales para, en sus propias palabras, declarar la guerra a los cárteles.

El contralmirante retirado James E. McPherson, quien se desempeñó como principal abogado uniformado de la Armada a principios de la década de 2000, afirmó que sería «una grave violación del derecho internacional» usar la fuerza militar en el territorio de otro país y sin el consentimiento de su gobierno, a menos que se cumplieran ciertas excepciones, pero que dichas limitaciones no se aplican a buques sin bandera en aguas internacionales.

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También existen restricciones legales internas. El Congreso autorizó legalmente el uso de la fuerza militar contra Al Qaeda tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero dicha autorización no se extiende a todos los grupos que el poder ejecutivo califica de terroristas.

Eso significa que la acción militar contra los cárteles aparentemente tendría que basarse en una alegación sobre la autoridad constitucional de Trump para actuar en defensa propia nacional, tal vez contra las sobredosis de fentanilo. McPherson señaló que el gobierno ha impulsado agresivamente una interpretación amplia del poder unilateral de Trump.

No está claro qué reglas de enfrentamiento regirían la acción militar contra los cárteles.

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Sin embargo, cualquier operación que pretendiera asesinar a personas basándose en su presunta condición de miembros de un cártel autorizado, y fuera del contexto de un conflicto armado, plantearía problemas legales relacionados con las leyes contra el asesinato y una orden ejecutiva de larga data que prohíbe los asesinatos, afirmó Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en el derecho internacional humanitario.

“Con la práctica tradicional del poder ejecutivo, sería difícil que un narcotraficante cualquiera cumpliera con los requisitos para la excepción de legítima defensa a la prohibición del asesinato”, afirmó.

Como alternativa, el ejército podría llevar a cabo operaciones de captura, reservando la fuerza letal para la legítima defensa si las tropas encontraran resistencia.

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Sin embargo, las capturas podrían plantear otros problemas legales complejos, añadió Finucane, incluyendo el alcance de la facultad del ejército para retener a prisioneros como detenidos de guerra sin autorización del Congreso. O bien, el ejército podría transferir a cualquier prisionero al Departamento de Justicia para su procesamiento en un tribunal civil.

c.2025 The New York Times Company

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WATCH: GOP senators divided over whether Epstein documents are a distraction or a needed reckoning

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

Republican senators offered a range of responses when pressed on how the Trump administration has been handling the Epstein files controversy, with some calling it a distraction and others arguing the American people are «entitled» to answers.

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Attorney General Pam Bondi announced the «first phase» of declassified files related to Jeffrey Epstein Feb. 27, noting the move was following through on President Donald Trump’s commitment to «lifting the veil» on Epstein and his co-conspirator’s actions. Bondi also said the same month she was in possession of an Epstein «client list.»

However, the February declassification contained mostly information and files that had already been publicly available, and the Justice Department subsequently indicated that no «client list» exists. Since then, a series of events, including a clash between FBI Deputy Director Dan Bongino and Attorney General Bondi, have led to mounting pressure on the Trump administration to release more files. 

‘NOT GOING AWAY’: INSIDE THE EPSTEIN DRAMA THAT’S THROWN HOUSE GOP INTO CHAOS

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Trump’s relationship with Epstein has come under more scrutiny after his DOJ under Attorney General Pam Bondi recently said there is no Epstein «client list.» (Getty Images)

«This is factual. Epstein trafficked a lot of young women, some of whom were minors. The American people are entitled to know who — if anyone — he trafficked these young women to, besides himself, and why they weren’t prosecuted,» John Kennedy, R-La., said. 

«Now that’s a very simple question that’s at the bottom of all of this. The Department of Justice is going to have to answer that question to the satisfaction of the American people.»

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TABLES TURN AS HOUSE GOP BLASTS DEMS FOR SUDDENLY DEMANDING EPSTEIN TRANSPARENCY FROM TRUMP ADMIN 

Kennedy’s call for transparency comes after the president described the Epstein situation as a «hoax» while blasting Democrats and other «weaklings» who continue to buy into it. 

«Their new SCAM is what we will forever call the Jeffrey Epstein Hoax, and my PAST supporters have bought into this ‘bull—-,’ hook, line, and sinker,» Trump wrote on his Truth Social platform last month amid mounting reports of internal division within the administration over its handling of the Epstein case 

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When asked about how the Trump administration was handling the Epstein furor, Sen. Markwayne Mullin, R-Okla., said he thought the situation was being used by Democrats to create a «distraction» from the ongoing investigations into former President Biden and others, like the probe related to Biden’s use of an autopen tool to sign important documents and the investigation into whether Obama-era officials manufactured evidence to accuse Trump of Russian collusion.

Sens. Markwayne Mullin and John Kennedy

Senators Markwayne Mullin, R-Okla., left, and John Kennedy, R-La., shared their takes on how the Trump administration is handling the Epstein controversy.  (Getty Images)

«Look what’s being investigated right now through the Biden administration. … So, what are they going to talk about now?» Mullin asked. «This is nothing but a distraction from the actual facts that is coming out about the Biden administration. Of course, the Democrats say, ‘Well, we’re just about transparency.’ Well, where was the transparency the last four years?»

Democrats have suggested Trump could be implicated in the files, but Mullin said that if such a circumstance were true, the information would have been leaked by the Biden administration. 

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Mullin’s counterpart in the Senate, Republican Oklahoma Sen. James Lankford took more of a middle ground in his response about how the administration has been handling the Epstein files.

Sens. James Lankford, R-Okla., and Susan Collins, R-Maine

Sen. James Lankford, R-Okla., left, and Sen. Susan Collins, R-Maine, talk as they head to the U.S. Capitol for votes July 31, 2025, in Washington, D.C. (Chip Somodevilla/Getty Images)

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«The challenge is there are people that are victims that are in it, and there are folks that are not criminals that are in it as well,» Lankford said. «And the challenge the Department of Justice has is you’ve got a girl that was 14, 16 years old and was abused. Well, now she’s, let’s say 26 or 30, married and has children. 

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«Maybe her family knows about this, maybe they don’t. I don’t know the situation, but we gotta figure out a way to be able to protect those folks that are genuine victims on all this as well as getting out as much information as you possibly can.»

For Sen. Susan Collins, R-Maine, the debate about the Epstein files was not something she was interested in talking about when approached by Fox News Digital.

«I’m going,» Collins responded when pressed on the matter outside the Capitol complex.

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El líder de la ONU advirtió sobre una “peligrosa escalada” tras la decisión de Israel de tomar la ciudad de Gaza

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António Guerres, secretario general de la ONU (EP/Archivo)

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó este viernes su preocupación tras la decisión de Israel de extender su ofensiva militar en la Franja de Gaza y asumir el control de la ciudad de Gaza, la mayor aglomeración del enclave palestino.

Según un comunicado leído por su portavoz adjunta, Stephanie Tremblay, Guterres considera que esta medida “marca una peligrosa escalada” en el conflicto y pone “aún más en peligro” a los civiles en la región, incluidos los rehenes en manos de terroristas palestinos.

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En palabras de Tremblay, Guterres “está profundamente alarmado por la decisión del Gobierno israelí sobre ‘tomar el control de la ciudad de Gaza’”, y advirtió que esto podría “agravar las ya catastróficas consecuencias de millones de palestinos”.

El secretario general subrayó que los palestinos en Gaza “siguen padeciendo una catástrofe humanitaria de proporciones terroríficas”, al tiempo que señaló que una nueva ofensiva podría “provocar un nuevo desplazamiento forzado, muertes y destrucción masiva, suponiendo un sufrimiento inimaginable a la población palestina”.

El conflicto en la Franja de Gaza se acerca a los dos años y, según declaraciones oficiales, la decisión del gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, añade tensión a la ya inestable situación.

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Palestinos corren para recoger ayuda
Palestinos corren para recoger ayuda humanitaria lanzada con paracaídas desde el aire, en la Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, el 7 de agosto de 2025 (AP Foto/Jehad Alshrafi)

El Consejo de Seguridad de la ONU anunció la convocatoria de una reunión de urgencia para este sábado, con el objetivo de abordar el nuevo plan israelí tras solicitudes de varios miembros, según informaron fuentes diplomáticas a la AFP. “Varios países en nuestro nombre y en el suyo propio están solicitando una reunión del Consejo de Seguridad”, declaró este viernes el representante palestino ante la ONU, Ryad Mansour.

Guterres reiteró su llamado a un alto el fuego y a facilitar la entrada de ayuda humanitaria, exhortando a las autoridades israelíes a cumplir con sus obligaciones conforme al Derecho Humanitario Internacional. “No habrá una solución sostenible a este conflicto sin el fin de la ocupación ilegal y una solución viable de dos Estados. Gaza es y debe seguir siendo parte integral de un Estado palestino”, afirmó el secretario general.

Adicionalmente, Guterres recordó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) exige a Israel “poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados –que abarca Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este– lo antes posible”.

En el ámbito humanitario, Tremblay confirmó el encuentro celebrado el miércoles entre personal de la ONU y representantes de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), entidad respaldada por Israel y Estados Unidos desde mayo para la distribución de alimentos en la zona. La portavoz explicó que la reunión, impulsada por la Misión de EEUU ante la ONU, abordó “la grave situación humanitaria en Gaza”.

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“Con prácticamente toda la población de Gaza al borde de la hambruna, damos la bienvenida a cualquiera que eleve su voz para llegar urgentemente con asistencia humanitaria a los civiles de Gaza. Pero ya tenemos un plan basado en principios humanitarios reconocidos globalmente”, explicó Tremblay.

Según el Ministerio de Sanidad palestino, cientos de personas han muerto por disparos del Ejército israelí o a consecuencia de disturbios cuando buscaban ayuda en los centros de la GHF, ubicados en áreas bajo control militar israelí. Una reciente investigación de Médicos Sin Fronteras (MSF) sostiene que estos centros ‘son lugares de asesinatos orquestados y deshumanización’ y pide su cierre. Además, un grupo de 25 relatores y expertos de la ONU solicitó esta semana el desmantelamiento de la GHF, creada por Israel en febrero de 2025 con apoyo de EEUU.

La ONU mantiene que su “plan funciona” y ofrece puntos de distribución en todo el territorio, donde las personas pueden recibir asistencia humanitaria de manera segura. Preguntada por los principios que rigen el trabajo de la GHF, Tremblay respondió: “Creo que puedes ver lo que está pasando en Gaza día a día”.

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El aumento de la ofensiva y el control de Israel sobre la ciudad de Gaza han avivado la preocupación internacional. Con el Consejo de Seguridad preparado para abordar la situación, la comunidad internacional aguarda las próximas decisiones respecto al futuro del enclave y la respuesta humanitaria en la región.

(Con información de AFP, EFE y EP)

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