Estados Unidos duplicará, hasta alcanzar los 40.000 millones de dólares, su compromiso de proporcionar garantías de reaseguro a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, con la incorporación de nuevos socios aseguradores, entre ellos AIG y Berkshire Hathaway.

Esta medida, anunciada el viernes, representa el último esfuerzo estadounidense por aliviar la preocupación por esta vía marítima vital y fomentar la reanudación del tráfico, a pesar del bloqueo iraní y la persistencia de las hostilidades en la guerra que ya dura cinco semanas.

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) anunció el mes pasado un programa de reaseguro de 20.000 millones de dólares. El viernes, la agencia informó que Travelers, Liberty Mutual Insurance, Berkshire Hathaway, AIG, Starr y CNA se unirán a Chubb para aportar 20.000 millones de dólares adicionales en reaseguro para su programa marítimo.

El anuncio del viernes constituye la primera información relevante que la DFC ha revelado públicamente sobre su programa de reaseguro desde la creación del proyecto hace casi un mes. El cierre efectivo del estrecho, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado, ha convulsionado los mercados y desencadenado una amplia crisis energética.

“Junto con Chubb, estas aseguradoras estadounidenses líderes aportan una amplia experiencia en la suscripción de pólizas marítimas y de guerra marítima, lo que fortalece nuestros esfuerzos para ayudar a restablecer la confianza en el comercio marítimo”, declaró Ben Black, director ejecutivo de la DFC, en un comunicado.

El viernes, Trump reiteró su frustración por el cierre del estrecho y la falta de apoyo de sus aliados para reabrir la vía marítima.

“Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos”, publicó Trump en redes sociales. No quedó claro de inmediato qué medidas estaba considerando el presidente.

Sin embargo, las navieras siguen mostrándose escépticas ante un regreso generalizado al estrecho de Ormuz, incluso después de la promesa de Trump de proteger a los buques y su discurso del miércoles en horario estelar, en el que reiteró que la guerra pronto terminará. La principal preocupación sobre el tránsito por esta ruta marítima es que pone en riesgo la vida de las tripulaciones, ya que Irán continúa amenazando a los buques con ataques de drones, misiles y minas acuáticas.

La DFC también indicó en el comunicado que la agencia y sus socios aseguradores determinarán qué buques son elegibles para el programa de reaseguro. Para calificar, la DFC exige a los solicitantes que proporcionen, entre otros datos, el país de origen y destino del buque; los principales beneficiarios finales del buque y su domicilio; el propietario de la carga y su domicilio; e información sobre las entidades financieras que financian los buques.

Recuperar la confianza de los transportistas dispuestos a transitar por el Estrecho de Ormuz es uno de los objetivos más urgentes de Estados Unidos. Los precios mundiales de la energía han aumentado debido a la escasez de una línea de suministro de petróleo esencial para los países. India, el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo y un importante comprador de gas, se ha visto particularmente afectada por la crisis.

En Estados Unidos, los precios de la gasolina han superado los 4 dólares por galón por primera vez desde 2022, lo que agrava aún más la situación de los consumidores estadounidenses, que ya enfrentan dificultades económicas.

Si bien duplicar el compromiso de reaseguro amplía las garantías financieras, el programa aún carece de la promesa de escoltas navales que, en teoría, brindarían protección a las tripulaciones de los buques. E incluso así, podría no ser suficiente para convencer a los buques de reanudar las expediciones a través del estrecho.

“Las primas de los seguros bajarán —y la disposición de los operadores comerciales a asegurar y enviar cargamentos a través del estrecho aumentará— solo después de que se debiliten las capacidades militares de Irán», declaró Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, una consultora con sede en Washington, a Bloomberg News a principios de esta semana.

(Bloomberg)

Attorneys in Colorado are claiming that the state’s court e-file system is requiring them to certify they won’t share personal information to assist ICE or federal immigration enforcement.

Multiple attorneys on X reported an electronic notification citing the Protect Civil Rights Immigration Status Act, a state law passed in 2025 that prohibits collection or disclosure of information pertaining to immigration status in health care, education and government.

Covenant Law founder Ian Speir posted screenshots of an alleged electronic form that he was required to accept to access Colorado’s court filing system.

BLOCKING ICE COOPERATION FUELED MINNESOTA UNREST, OFFICIALS WARN AS VIRGINIA REVERSES COURSE

The page in question is not public-facing and appeared to be only accessible by attorneys registered in Colorado, Fox News Digital’s review of the website revealed.

«I certify under penalty of perjury that I will not use or disclose personal identifying information, as defined by [the act] obtained from this database for the purpose of investigating for, participating in, cooperating with, or assisting in federal immigration enforcement, including enforcement of civil immigration laws and 8 U.S.C. Sec. 1325 or 1326, unless required by federal or state law or to comply with a court-issued subpoena, warrant, or order,» the message says, asking attorneys to «accept» or «decline.»

MINNESOTA SUES TRUMP ADMIN OVER SWEEPING IMMIGRATION RAIDS IN TWIN CITIES

«Colorado is now requiring lawyers in the state, as a condition of logging into its court e-filing system, to promise not to cooperate with federal authorities in enforcing federal immigration law,» Speir said in response on X.

Speir added he doesn’t practice immigration nor criminal law, and nothing in his cases would be relevant to the law. But he «cannot log into the state’s official e-filing system without saluting ‘The Resistance’.»

DHS TORCHES NEW JERSEY’S PROFANE ‘F— ICE ACT’ AS ASSAULTS ON AGENTS SKYROCKET 1,300%

«I now cannot represent my clients, file lawsuits, access cases, file documents in existing cases,» he said, adding he chose the «accept» option «under protest.»

«The bottom line here is that Colorado seems to be unlawfully coopting private attorneys across the state to further its anti-federal sanctuary policies,» Speir told Fox News Digital later Friday.

Attorney and former law professor Matt Barber added on X that the oath the state expects lawyers to take is «indefensible.»

The announcement Barber received said the the Colorado Judicial Department deployed an «updated certification process» as of March 30 to comply with the new law.

TRUMP ADMIN SUES ILLINOIS GOV. PRITZKER OVER LAWS SHIELDING MIGRANTS FROM COURTHOUSE ARRESTS

The original implementation was paused in September amid «additional review,» the agency said in its notice.

«The majority of CCE information remains public; this requirement only impacts access to nonpublic personal identifying information as defined by statute,» the agency said in its new terms, adding that attorneys who choose to decline the agreement must complete a «brief certification» to proceed.

«Democrats going back to their Confederacy roots,» another critic quipped, citing a screenshot of the 1956 law outlining «seditious conspiracy» as opposing federal authority by force or «hinder[ing] … execution of any law of the United States.»

Fox News contributor Guy Benson added, «Big lawsuits: Now.»

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Fox News Digital reached out to the Colorado Judicial Department, Gov. Jared Polis and the U.S. Department of Homeland Security for comment.

The 2025 law, authored by Sen. Julie Gonzales, D-Denver, and Sen. Mike Weissman, D-Aurora, also prevents civil arrests of people present at courthouses and «military force[s]» from other states from entering Colorado without executive permission unless acting upon federal orders.

And it repeals requirements that applicants for college admission or driver’s licenses must sign an form pledging they’ve applied for lawful presence in the U.S.

Cuba comenzó a liberar presos este viernes horas después de haber anunciado un indulto a 2.010 personas como «gesto humanitario» por Semana Santa, su segunda medida de este tipo en menos de un mes en medio de la presión de Estados Unidos.

De la cárcel La Lima, en el este de La Habana, salió al amanecer una veintena de detenidos. Los liberados se abrazaron y lloraron con familiares que esperaban fuera de la prisión. «Gracias al Papa», gritaron algunos de ellos que también se persignaron.

Estas liberaciones ocurren poco después de que el gobierno estadounidense alivió el bloqueo petrolero que estableció en enero sobre Cuba, al permitir esta semana el ingreso de un buque con crudo de Rusia.

El 12 de marzo, el gobierno cubano había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de «buena voluntad» hacia el Vaticano, mediador histórico entre La Habana y Washington.

Estados Unidos dijo estar al tanto de las excarcelaciones y reclamó a La Habana «la liberación inmediata de los cientos de otros valientes patriotas cubanos que permanecen injustamente detenidos», según un portavoz del Departamento de Estado.

El gobierno cubano no dio los nombres de las personas indultadas ni especificó los delitos que abarca el indulto, pero señaló que las liberaciones tienen en cuenta el tipo de crimen, la conducta en prisión, motivos de salud y el tiempo transcurrido en la cárcel.

«Gracias por esta oportunidad que nos dieron», declaró a la AFP Albis Gaínza, de 46 años, quien purgaba seis años de cárcel por robo y cumplió tres.

«Hace falta que esto siga» y «suelten a más» presos, dijo Gaínza, que afirmó que no pudo dormir desde que se enteró de los indultos.

Entre los indultados hay «jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años», así como «extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior», según el texto oficial.

«Esta es una oportunidad que solo la dan una vez en la vida» y «uno ha sufrido demasiado y las madres de uno», dijo Brian Pérez, de 20 años y que cumplía una sanción por lesión.

Damián Fariñas, también de 20 años, dijo que su liberación es «una bendición muy grande» que «llena de felicidad» a su familia. A este joven le faltaban 14 meses para cumplir su pena por robo.

El indulto descarta a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y robo con violencia o fuerza con la utilización de armas», así como «corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes».

El grupo de defensa de los derechos humanos Justicia 11J consideró «especialmente preocupante la mención de los llamados ‘delitos contra la autoridad’, que incluyen figuras como atentado, resistencia y desacato».

En un comunicado, esta ONG llamó la atención de que esas figuras delictivas son usadas por las autoridades cubanas para «criminalizar» la actividad opositora.

Según Justicia 11J, Cuba tiene 775 personas detenidas por razones políticas.

Pasado el mediodía de este viernes, la ONG Cubalex, con sede en Miami, no había podido confirmar la liberación «de ningún preso político», según declaró a la AFP su directora Laritza Diversent.

Cubalex cuestionó la «falta de transparencia en este proceso» y recordó que «históricamente, el uso del indulto en Cuba ha servido como una herramienta de canje político y propaganda, más que como un acto de justicia».

El presidente Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, considerada por Washington una «amenaza excepcional» para la seguridad nacional de Estados Unidos por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

El gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció hace dos semanas que mantiene conversaciones con Estados Unidos.

«Hay todo un discurso y una puesta en escena» como si el indulto «no tuviera nada que ver con las negociaciones, cuando claramente sí tiene que ver», dijo a la AFP Andrés Pertierra, historiador de Cuba en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos.